Mientras Abelardo de la Espriella consolidaba su victoria nacional en la segunda vuelta presidencial del 21 de junio de 2026, en buena parte de las principales cárceles colombianas ocurrió un fenómeno distinto: los internos habilitados para votar se inclinaron mayoritariamente por la fórmula integrada por Iván Cepeda Castro y Aída Quilcué.
Los resultados contenidos en las actas E-14 de las mesas instaladas en establecimientos penitenciarios del país muestran que, en la mayoría de los centros de reclusión analizados, Cepeda obtuvo más votos que De la Espriella. La tendencia se repitió en Bogotá, Barranquilla, Valledupar, Popayán, Florencia, Riohacha, Leticia y Cómbita.
La explicación jurídica es clave: en Colombia no todos los presos pueden votar. Solamente pueden hacerlo las personas privadas de la libertad que se encuentran sindicadas, es decir, sin sentencia condenatoria ejecutoriada. Los condenados pierden temporalmente sus derechos políticos y quedan excluidos del censo electoral.
Según la Registraduría, para estas elecciones fueron habilitadas mesas en más de un centenar de establecimientos penitenciarios y cerca de 17.000 sindicados podían ejercer el sufragio.
En La Picota
La Picota: amplia ventaja para Cepeda
En la Penitenciaría La Picota de Bogotá votaron 143 personas. Cepeda obtuvo 102 votos, mientras que De la Espriella alcanzó 37. Además, se registraron cuatro votos en blanco.
La diferencia fue de 65 votos a favor de Cepeda, una de las más amplias observadas entre los centros de reclusión revisados.
La Picota, oficialmente Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Bogotá (COMEB), está ubicada en la localidad de Usme, al sur de Bogotá. Es uno de los mayores establecimientos penitenciarios del país con más de 8.000 privados de la libertad.
La Modelo
La Modelo también favoreció a Cepeda
En la Cárcel Distrital Judicial La Modelo, en Bogotá, participaron 132 votantes. Cepeda consiguió 81 votos y De la Espriella 47. Se contabilizaron cuatro votos en blanco.
La diferencia fue de 34 votos.
La Modelo es una de las cárceles más emblemáticas y sobrepobladas del país. Datos oficiales citados recientemente indican que fue diseñada para 2.662 internos y alberga 5.000 personas privadas de la libertad aproximadamente.
Cárcel Distrital
La Cárcel Distrital registró la mayor votación de Bogotá
En la Cárcel Distrital de Bogotá sufragaron 157 internos habilitados.
Iván Cepeda se impuso con 116 votos, mientras que Abelardo de la Espriella: 39 votos, los votos en blanco fueron 2.
El Buen Pastor
El Buen Pastor de Bogotá: victoria contundente de Cepeda
La Reclusión de Mujeres El Buen Pastor registró 55 sufragios, Cepeda con 37 votos y De la Espriella: 13 votos. En blanco 3 y nulos 2. La diferencia fue de 24 votos.
La cárcel femenina está ubicada en la localidad de Barrios Unidos y constituye el principal centro penitenciario para mujeres del país.
Cárceles de Barranquilla
En Barranquilla, la ventaja de Iván Cepeda se repitió en los dos establecimientos penitenciarios habilitados para la votación.
En el Centro de Rehabilitación Femenino El Buen Pastor participaron 64 internas, de las cuales 50 respaldaron la fórmula de Cepeda y Aída Quilcué, mientras que 13 votaron por Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo. Además, se registró un voto nulo.
La tendencia también se observó en el Centro de Rehabilitación Masculino El Bosque, donde sufragaron 120 personas. Allí Cepeda obtuvo 77 votos frente a 40 de De la Espriella, con dos votos en blanco y un voto nulo.
Valledupar
En Valledupar, los dos centros de reclusión analizados arrojaron resultados similares.
En la Cárcel Judicial votaron 107 personas, de las cuales 68 apoyaron a Cepeda y 32 a De la Espriella. También se contabilizaron cinco votos en blanco y dos nulos.
Por su parte, en el Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad, La Tramacúa sufragaron 98 internos. Cepeda obtuvo 64 votos, mientras que De la Espriella alcanzó 27. En esta mesa se registraron siete votos en blanco.
En Popayán
La ventaja de Cepeda también fue amplia en la Cárcel de Hombres San Isidro de Popayán.
Allí participaron 89 votantes y el candidato consiguió 63 sufragios, frente a 23 obtenidos por De la Espriella.
Además, se registraron tres votos en blanco. La diferencia entre ambos candidatos fue de 40 votos.
Ganador en Florencia, Caquetá
Una de las votaciones más numerosas se presentó en la cárcel El Cunduy de Florencia, donde acudieron a las urnas 124 internos habilitados.
Cepeda obtuvo 82 votos y De la Espriella 37. El escrutinio también registró tres votos en blanco, un voto nulo y un voto no marcado.
Primero en Riohacha y Leticia
En la cárcel de Riohacha votaron 44 personas. De ellas, 31 respaldaron a Cepeda y 12 a De la Espriella. El único sufragio restante fue declarado nulo.
La diferencia más estrecha entre los establecimientos analizados se registró en la cárcel de Leticia.
Allí participaron 54 internos, de los cuales 34 votaron por Cepeda y 19 por De la Espriella. También se contabilizó un voto nulo.
Aunque Cepeda se impuso, la distancia entre ambos candidatos fue de apenas 15 votos, la menor observada en este grupo de cárceles.
Cárcel de Cómbita
La menor participación se presentó en la cárcel de Cómbita, Boyacá, donde únicamente 31 personas estaban habilitadas para votar. En este establecimiento Cepeda obtuvo 22 sufragios, De la Espriella ocho y se registró un voto en blanco.
La Estrella
La única excepción a la tendencia general favorable a Cepeda se observó en la Cárcel Municipal La Estrella, en Antioquia.
Allí el resultado fue prácticamente un empate. Cepeda consiguió 16 votos frente a 14 de De la Espriella, mientras que un sufragio fue depositado en blanco. La diferencia final entre ambos candidatos fue de apenas dos votos.
En conjunto, las 14 mesas instaladas en los establecimientos penitenciarios analizados dejaron un balance de 843 votos para Iván Cepeda, 361 para Abelardo de la Espriella y 40 sufragios clasificados entre votos en blanco, nulos y no marcados.
Los resultados muestran que, pese a la victoria nacional de De la Espriella, la mayoría de los sindicados habilitados para votar en estas cárceles se inclinó por la fórmula encabezada por Cepeda.
Cepeda obtuvo cerca del 70% de los votos válidos emitidos en estos establecimientos penitenciarios, frente al 30 % alcanzado por De la Espriella.
La Constitución y la legislación electoral colombiana establecen que las personas privadas de la libertad sin condena ejecutoriada conservan sus derechos políticos y pueden participar en elecciones. Por esa razón se habilitan mesas especiales dentro de los establecimientos penitenciarios.
En cambio, quienes cumplen una pena con sentencia en firme pierden temporalmente el ejercicio del sufragio y son excluidos del censo electoral.
La Registraduría reiteró para las elecciones de 2026 que únicamente los sindicados inscritos en los respectivos centros penitenciarios podían votar.
El resultado de estas mesas muestra que, aunque Abelardo de la Espriella ganó la Presidencia en el consolidado nacional, entre los internos que conservan el derecho al voto predominó una preferencia distinta: en casi todas las cárceles examinadas, la mayoría de los sufragios fue para Iván Cepeda.
Del programa de gobierno denominado “La Patria Milagro”, la propuesta de Abelardo de la Espriella en materia de seguridad tiene implicaciones directas para la población privada de la libertad, aunque el documento dedica relativamente poco espacio a desarrollar una política penitenciaria integral.
El eje central de su planteamiento es la recuperación del control territorial del Estado mediante una estrategia de confrontación frontal contra organizaciones criminales, narcotráfico y economías ilegales.
En ese contexto, el candidato plantea que “con los criminales no habrá negociación” y sostiene que la denominada Paz Total impulsada por el gobierno anterior representó una forma de debilitamiento institucional frente a estructuras armadas ilegales.
La propuesta contempla la erradicación de las más de 330.000 hectáreas de coca mediante una combinación de fumigación aérea, erradicación manual, persecución patrimonial, extinción de dominio y extradición.
También propone recuperar el monopolio estatal de las armas, desmontar milicias y estructuras coercitivas paralelas, fortalecer la inteligencia y la judicialización, así como reforzar a la Fuerza Pública.
De concretarse estas medidas, es previsible un aumento de las operaciones policiales y militares contra organizaciones criminales, lo que podría traducirse en un incremento de capturas y, por ende, en una mayor presión sobre el sistema penitenciario colombiano, que históricamente ha enfrentado problemas de hacinamiento.
En materia carcelaria, el programa menciona expresamente la necesidad de “recuperar el sistema carcelario”, aunque no desarrolla un plan detallado sobre ampliación de cupos, construcción de nuevos establecimientos, resocialización o reformas al modelo penitenciario.
La referencia aparece dentro del capítulo de seguridad, junto a otras medidas orientadas a combatir la criminalidad.
Esto sugiere que la visión del sistema penitenciario está concebida principalmente como una herramienta de seguridad pública y de cumplimiento de penas, más que como un componente de reintegración social.
Otro elemento que podría tener efectos significativos sobre la población privada de la libertad es la propuesta de fortalecer la inteligencia criminal, la investigación judicial y los mecanismos de persecución contra las economías ilegales.
El documento plantea la destrucción de redes de extorsión, narcotráfico y lavado de activos, así como una ofensiva contra los capitales de origen ilícito. En la práctica, esto podría derivar en un aumento de procesos penales contra integrantes de organizaciones criminales y, eventualmente, en una mayor demanda de infraestructura penitenciaria y de servicios de custodia.
La iniciativa también incluye la creación de un Bloque de Búsqueda contra la Extorsión y una Primera Línea de Seguridad integrada por veteranos y reservistas, medidas que buscan fortalecer la respuesta estatal frente a delitos que, según el programa, han mostrado un crecimiento preocupante en los últimos años.
Aunque estas propuestas se enfocan en la prevención y persecución del delito, también tendrían repercusiones sobre el sistema penitenciario al aumentar la capacidad operativa del Estado para identificar, capturar y judicializar presuntos responsables.
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