A menos de un mes de culminar el gobierno Petro, este viernes a instancias del Departamento Nacional de Planeación, DNP, y en las oficinas de la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Terrorial, Enterritorio, se hizo la adjudicación de 99 proyectos de infraestructura por cerca de $.1.3 billones en medio de polémica y denuncias sobre supuesto pago de comisiones.
Recursos procedentes del Sistema General de Regalías destinados a municipios que han soportado el conflicto armado, la presencia de economías ilegales, el desplazamiento, el aislamiento geográfico y una débil presencia institucional.
La sesión prevista para este viernes 17 de julio de 2026 no aparece como un trámite menor dentro del cierre de Gobierno.
Detrás de la decisión hay 99 proyectos que superaron la etapa de cumplimiento de requisitos y que, de acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación, DNP, quedaron en condiciones de ser sometidos a consideración del Órgano Colegiado de Administración y Decisión Paz, Ocad Paz.
La publicación fue expedida el 8 de julio, apenas nueve días antes de la fecha señalada para la sesión. El documento contiene cuatro páginas de cifras, códigos BPIN, subregiones PDET, valores y puntajes.
No incluye, sin embargo, los nombres completos de las iniciativas, los municipios concretos en todos los casos, las entidades que quedarían encargadas de ejecutar los recursos ni la descripción detallada de las obras que se buscan financiar.
Lo que sí permite establecer es la dimensión de la decisión. La suma de los valores incluidos en el listado se acerca a $1,71 billones, es decir, aproximadamente $410.000 millones por encima de la bolsa de $1,3 billones que se pretende comprometer.
La diferencia anticipa una competencia interna. No todos los proyectos que llegaron a la fase definitiva podrían recibir recursos. Aunque las 99 iniciativas superaron las verificaciones exigidas, la disponibilidad presupuestal obligará a seleccionar unas y dejar otras pendientes o por fuera.
Ese proceso se realizó rápidamente mientras el reloj político avanza hacia el 7 de agosto. La administración que apruebe los proyectos no será necesariamente la misma que vigile la totalidad de su contratación y ejecución.
Buena parte de las obras continuará durante el próximo Gobierno, pero las decisiones esenciales —qué se financia, cuánto se asigna y qué entidad asume la ejecución— podrían quedar adoptadas antes de la transición presidencial.
Denuncia de pagos
Pero más allá de las características de las obras, su ejecución y ubicación de cada proyecto, una fuente de alta credibilidad puso en conocimiento de la Agencia de Periodismo Investigativo, API, una grave alerta sobre la carrera contra el reloj para comprometer cerca de $1,3 billones del Ocad Paz.
Según su versión, alrededor de varios proyectos se estaría exigiendo un pago equivalente al 14 % de su valor para garantizar que sean aprobados favorablemente en la sesión prevista para este 17 de julio.
La fuente aseguró que ese porcentaje no incluiría eventuales cobros en los territorios y que las sumas tendrían que ser entregadas antes de la decisión.
La denuncia también advierte sobre la presunta utilización de fondos mixtos para dejar asegurada la ejecución contractual de los proyectos una vez sean aprobados.
De acuerdo con el relato, esas entidades cobrarían alrededor del 3 % por la administración o ejecución formal de los recursos, mientras que el supuesto porcentaje exigido para obtener la financiación circularía por una vía distinta.
Otra fuente, quien por obvias razones pidió reserva de su identidad, mencionó reuniones y movimientos en sectores próximos al hotel Hilton y Corferias, en Bogotá, y sostuvo que personas vinculadas al entorno de las decisiones sobre regalías estarían participando en la recolección del dinero.
El señalamiento sitúa el episodio dentro de una operación más amplia que, según la fuente, reuniría varias convocatorias y bolsas de recursos del Sistema General de Regalías en las últimas semanas de la administración saliente.
Afirmó que las comisiones, estimadas entre el 12 % y el 14 %, serían cobradas anticipadamente y que el proceso estaría siendo acelerado antes de la posesión del nuevo Gobierno.
Aunque estas acusaciones no aparecen demostradas en los documentos oficiales y deberán ser verificadas por los organismos de control, la advertencia adquiere especial gravedad por el monto en juego, la cercanía del cambio presidencial y el destino social de los recursos, concebidos para transformar las regiones más afectadas por el conflicto armado.
Beneficiarios
El documento del DNP señala que entre el 26 de marzo y el 30 de junio de 2026 se desarrolló la etapa denominada “Cumplimiento de requisitos para la presentación al Ocad Paz”. Esa revisión correspondió a los proyectos incluidos en una lista de elegibles que había sido publicada el 25 de marzo.
Para avanzar, las propuestas debían cumplir satisfactoriamente la verificación de requisitos, contar con un concepto técnico único sectorial, CTUS, favorable y vigente al 30 de junio, y disponer de un certificado de concordancia expedido por la Agencia de Renovación del Territorio, ART.
Solo después de superar esos filtros fueron incorporadas en la relación del 8 de julio. El DNP fue explícito: “Estos proyectos serán sometidos a consideración del Ocad Paz”.
La frase marca el paso de una etapa técnica a una decisión con efectos presupuestales. Los proyectos ya no aparecen como simples propuestas en formulación. Llegaron al punto en el que el órgano colegiado puede definir cuáles reciben financiación con cargo a la Asignación para la Paz.
La lista está organizada por subregiones PDET y no por ministerios, departamentos o sectores. Allí aparecen Alto Patía y Norte del Cauca, Arauca, Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño, Catatumbo, Chocó, Cuenca del Caguán y Piedemonte Caqueteño, Macarena-Guaviare, Montes de María, Pacífico Medio, Pacífico y Frontera Nariñense, Putumayo, Sierra Nevada-Perijá, Sur de Bolívar, Sur de Córdoba, Sur del Tolima y Urabá Antioqueño.
Son territorios que concentran una parte sustancial de las brechas sociales, económicas y de infraestructura del país. También son regiones donde la inversión pública suele quedar expuesta a riesgos adicionales: capacidad institucional limitada, dificultades para ejercer control sobre las obras, presencia de organizaciones armadas, presión de actores políticos y problemas históricos en la ejecución de regalías.
El Alto Patía y Norte del Cauca abre el listado con diez proyectos. En conjunto, las iniciativas de esa subregión solicitan aproximadamente $156.642 millones.
La de mayor valor requiere $26.716 millones. Las demás oscilan entre $6.342 millones y $19.282 millones. El proyecto que ocupa el primer lugar en el documento obtuvo 66,30 puntos y solicita $19.282 millones.
El segundo alcanzó 63,80 puntos, por $16.136 millones, y el tercero recibió una calificación de 60,70, con una petición de $16.827 millones.
El último proyecto de esa subregión figura con 39,10 puntos y busca $13.175 millones. La diferencia de casi 27 puntos entre el primero y el décimo muestra que haber superado los requisitos no significa que todas las iniciativas lleguen con la misma fortaleza técnica o prioridad.
En Arauca aparecen tres proyectos por cerca de $77.923 millones. Dos tienen exactamente la misma calificación: 53,80 puntos. Uno solicita $22.613 millones y el otro $5.272 millones. Ambos están marcados con un asterisco.
El documento explica que cuando persiste un empate después de aplicar los criterios previstos en los términos de referencia y los proyectos pertenecen a la misma entidad territorial, será esa entidad la que determine el orden de presentación ante el Ocad
Arauca, Bajo Cauca y Catatumbo
La tercera iniciativa de Arauca es una de las más cuantiosas de toda la lista: $50.037 millones. Pese a su valor, obtuvo 49,10 puntos, una calificación inferior a la de los dos proyectos empatados.
En el Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño figuran cuatro propuestas que suman alrededor de $63.919 millones. La primera obtuvo 71 puntos y requiere $7.314 millones. Las demás solicitan $18.138 millones, $15.106 millones y $23.361 millones.
La presencia de un proyecto de menor valor en el primer lugar evidencia que el orden no depende exclusivamente del monto solicitado. La evaluación integral incluye elementos técnicos, territoriales y de impacto, aunque el listado resumido no permite conocer cómo se distribuyó la puntuación en cada componente.
El Catatumbo concentra siete iniciativas por cerca de $127.789 millones. Es uno de los bloques territoriales de mayor relevancia por las condiciones de seguridad, la crisis humanitaria, los cultivos de uso ilícito y las dificultades para desarrollar infraestructura estatal.
El proyecto mejor calificado del Catatumbo obtuvo 76,50 puntos y busca $25.985 millones. El segundo alcanzó 70,75 puntos, con una solicitud de $24.592 millones. Dos propuestas quedaron empatadas en 69,30 puntos: una por $10.619 millones y otra por $14.902 millones.
Las otras tres iniciativas requieren $16.933 millones, $28.796 millones y $5.960 millones. Esta última recibió 45,60 puntos, la menor calificación de la subregión.
La competencia por recursos dentro del Catatumbo resume el problema que enfrentará el Ocad Paz. Incluso en un territorio reconocido como prioritario para la implementación del Acuerdo Final, la suma de las solicitudes puede superar el dinero disponible. El órgano colegiado deberá decidir no solo entre regiones, sino también entre proyectos de una misma región.
Chocó presenta cinco iniciativas por aproximadamente $96.524 millones. El proyecto mejor evaluado obtuvo 81 puntos y solicita $18.538 millones. Es una de las calificaciones más altas del listado completo.
Otro proyecto, por $18.537 millones, alcanzó 71,50 puntos. Los tres restantes solicitan $12.324 millones, $20.147 millones y $26.976 millones, con calificaciones de 68,10, 56,60 y 56,30, respectivamente.
La Cuenca del Caguán y Piedemonte Caqueteño llega con diez proyectos por cerca de $123.535 millones. Los montos van desde $3.622 millones hasta $28.437 millones.
Otros proyectos y líos
El proyecto de mayor calificación obtuvo 65,83 puntos y solicita $16.877 millones. Otro, por $28.437 millones, quedó apenas 0,43 puntos por debajo. Al final de ese bloque aparecen propuestas con calificaciones de 41 y 37,70 puntos, pese a haber cumplido los requisitos para ser presentadas.
Macarena-Guaviare cuenta con seis iniciativas por aproximadamente $110.519 millones. La de mayor valor solicita $32.562 millones y recibió 68,80 puntos. Las otras buscan $15.282 millones, $16.406 millones, $10.532 millones, $18.166 millones y $17.568 millones.
Montes de María presenta seis proyectos por cerca de $77.446 millones. El primero obtuvo 64 puntos y pide $9.980 millones. La iniciativa de mayor cuantía, por $25.679 millones, quedó en segundo lugar, con 63,20 puntos.
Los restantes proyectos solicitan $7.642 millones, $14.328 millones, $10.719 millones y $9.096 millones. Las diferencias de puntaje entre el primero y el último son relativamente pequeñas, lo que podría hacer especialmente sensible cualquier criterio utilizado para escogerlos.
Pacífico Medio solo aparece con dos propuestas, pero una de ellas es la más grande y la mejor calificada de toda la relación. Se trata de una iniciativa por $62.757 millones que obtuvo 82,40 puntos.
La segunda requiere $1.795 millones y alcanzó 70 puntos. Entre ambos proyectos existe una diferencia de casi $61.000 millones, lo que revela la diversidad de escalas y alcances que concurren en la misma convocatoria.
El Pacífico y Frontera Nariñense tiene cuatro propuestas por alrededor de $68.178 millones. Las dos primeras lograron 77,20 y 75,08 puntos y solicitan $15.632 millones y $20.506 millones. Las otras requieren $17.458 millones y $14.580 millones, con 63,34 y 54,80 puntos.
Putumayo concentra ocho iniciativas por cerca de $95.947 millones. Las solicitudes van desde $7.492 millones hasta $14.865 millones. Los mejores puntajes fueron 76,50 y 73,50.
En Sierra Nevada-Perijá aparecen trece proyectos por aproximadamente $158.681 millones. Es una de las subregiones con mayor número de iniciativas.
Los valores oscilan entre $7.191 millones y $19.234 millones. El proyecto con mejor calificación obtuvo 68 puntos y solicita $15.452 millones. El último quedó con 37 puntos, pese a requerir $18.500 millones.
Sur de Bolívar presenta once proyectos y concentra cerca de $243.429 millones, uno de los valores agregados más altos de toda la convocatoria.
La primera iniciativa requiere $22.457 millones y obtuvo 72,30 puntos. La segunda solicita $24.697 millones, con 71,50. Más adelante aparecen proyectos por $38.126 millones, $28.852 millones y uno de $50.000 millones.
Ese último recibió 52,30 puntos. La magnitud del monto significa que, por sí solo, podría absorber casi el 4 % de la bolsa de $1,3 billones que se busca aprobar.
Dos proyectos del Sur de Bolívar quedaron empatados en 61 puntos. Uno solicita $17.228 millones y el otro $11.702 millones. Como sucede en Arauca y Catatumbo, será necesario aplicar las reglas de orden previstas para estos casos.
El Sur de Córdoba tiene cuatro proyectos por aproximadamente $76.643 millones. El mejor puntuado obtuvo 62,50 y solicita $32.942 millones. Las otras iniciativas buscan $10.473 millones, $5.487 millones y $27.739 millones.
Sur del Tolima aparece con dos solicitudes que suman $68.379 millones. Una es por $38.715 millones y obtuvo 52,30 puntos. La otra requiere $29.663 millones, con una calificación de 48,50.
Urabá Antioqueño cierra la lista con cuatro proyectos por cerca de $108.199 millones. El primero solicita $32.767 millones y recibió 65,50 puntos. Los siguientes requieren $25.716 millones, $19.362 millones y $30.352 millones.
Recursos billonarios
La suma de los 99 proyectos ronda $1,71 billones. Ese total no significa que todo el dinero vaya a aprobarse. El documento del DNP solamente identifica el valor de cada iniciativa con cargo a la Asignación para la Paz y señala que serán sometidas al Ocad.
La bolsa que se busca comprometer, según el contexto de la sesión del 17 de julio, es de aproximadamente $1,3 billones. En consecuencia, incluso en el supuesto de que no existan ajustes de valor, deberán quedar sin financiación inmediata proyectos por cerca de $410.000 millones.
La diferencia convierte el orden de presentación, la priorización y los criterios de decisión en aspectos centrales. No se trata solamente de confirmar que cada iniciativa cuenta con concepto técnico favorable. El órgano colegiado deberá escoger cuáles entran en el límite presupuestal y cuáles deberán esperar una nueva disponibilidad.
El documento también indica que algunos proyectos fueron viabilizados en sesiones anteriores y participaron nuevamente en esta convocatoria. En esos casos, conservaron el puntaje obtenido.
Eso significa que la relación combina proyectos evaluados recientemente con otros que ya habían avanzado en oportunidades anteriores. La antigüedad del código BPIN confirma esa mezcla: en el listado aparecen iniciativas registradas en 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 y hasta 2026.
La permanencia de proyectos antiguos puede obedecer a que, pese a haber sido viabilizados, no recibieron financiación en convocatorias previas. También muestra que la necesidad de los territorios no nació en la recta final del Gobierno. Varias iniciativas llevan años transitando por el sistema.
Lo que sí ocurre ahora es una concentración de la decisión. A pocos días del cambio presidencial, el Gobierno saliente puede dejar comprometida una de las mayores bolsas recientes de la Asignación para la Paz.
Formalmente, el documento no utiliza la expresión “adjudicar contratos”. El Ocad Paz considera proyectos, los prioriza y los aprueba. La contratación vendrá después y estará a cargo de las entidades ejecutoras correspondientes.
Sin embargo, la aprobación es el momento en el que los recursos adquieren una destinación concreta. Una vez un proyecto recibe respaldo y se designa su ejecución, el siguiente Gobierno hereda una decisión presupuestal avanzada y con menor margen para reorientar el dinero.
Entrega veloz
La velocidad del cierre contrasta con los tiempos largos de la convocatoria. La lista de elegibles fue publicada el 25 de marzo. La verificación de requisitos se extendió desde el 26 de marzo hasta el 30 de junio. El listado definitivo para presentación salió el 8 de julio. La sesión quedó prevista para este viernes 17 de julio.
Entre la terminación de la verificación y la publicación transcurrieron ocho días. Entre la publicación y la sesión, nueve. Todo el paso final se concentró en menos de tres semanas.
El elemento político no invalida el proceso. El Gobierno conserva todas sus competencias hasta el último día del mandato y no existe una prohibición general para aprobar proyectos de inversión durante una transición.
Pero el tamaño de la bolsa, la cercanía del relevo y la limitada información pública contenida en el listado obligan a un escrutinio mayor.
El documento revela el código BPIN, la subregión, el valor y la calificación. No explica en sus cuatro páginas el nombre de la obra, su localización exacta, el número de beneficiarios, el presupuesto desagregado, el plazo, el sector, la entidad ejecutora propuesta ni los antecedentes de quienes estructuraron la iniciativa.
Para un ciudadano de cualquiera de las subregiones, la información resulta insuficiente para saber qué se construirá con decenas de miles de millones de pesos. Un código BPIN permite ubicar técnicamente el proyecto dentro de los sistemas oficiales, pero no reemplaza una descripción comprensible y accesible.
Tampoco es posible determinar en el listado cuáles de las iniciativas por $30.000 millones, $50.000 millones o $62.000 millones tendrán mayor impacto social, cuántas personas beneficiarán o qué indicadores justifican su costo.
Los puntajes tampoco siguen una escala uniforme de corte visible. En el documento hay proyectos con más de 80 puntos, pero también con 37, 39,10, 40,10 y 41 puntos. Todos quedaron habilitados para ser sometidos a consideración del Ocad Paz porque cumplieron las condiciones de esta etapa.
La aprobación, por tanto, no puede reducirse a recorrer la tabla desde el puntaje más alto hasta agotar el dinero, salvo que los términos de referencia así lo determinen expresamente. El documento solo informa el resultado de la evaluación técnica integral y las reglas aplicables cuando persisten empates.
Otros dineros
La administración saliente no está movilizando únicamente la bolsa del Ocad Paz. De manera paralela, avanza otro circuito de recursos del Sistema General de Regalías: el Plan Bienal de Convocatorias correspondiente al 5 % del mayor recaudo.
Aunque se trata de una fuente distinta, los procesos confluyen en el mismo cierre político y presupuestal. La Resolución 40599, expedida el 19 de diciembre de 2025 por el Ministerio de Minas y Energía, estableció una disponibilidad de $518.688.198.871 para financiar proyectos de emprendimiento y generación de empleo durante el bienio 2025-2026.
Ese dinero provino de dos incorporaciones. El Decreto 0379 de 2025 agregó $483.578.893.805 como disponibilidad inicial y otros ingresos del sistema. El Decreto 0380 incorporó $35.109.305.066 procedentes del mayor recaudo generado durante el bienio 2023-2024.
La suma quedó destinada a actividades económicas diferentes de la explotación de recursos naturales no renovables. La finalidad declarada fue ofrecer alternativas de trabajo y producción en territorios dependientes de la minería o los hidrocarburos y afectados por una reducción en sus niveles de explotación.
La resolución definió cinco líneas de inversión. La primera corresponde a energía eléctrica y transición energética justa, bajo liderazgo del Ministerio de Minas y Energía. La segunda contempla vías terciarias y quedó en cabeza del Ministerio de Transporte.
La tercera está orientada al desarrollo del sector agropecuario y los emprendimientos rurales. La cuarta cubre el desarrollo empresarial del turismo. La quinta se enfoca en el impulso comunitario mediante mejoramiento de vivienda.
La distribución establecida fue equivalente entre las cinco líneas: 20 % para cada convocatoria. Eso representa alrededor de $103.737 millones por sector.
El documento muestra que el Gobierno nacional diseñó, desde diciembre, una arquitectura para repartir más de medio billón de pesos mediante convocatorias dirigidas por diferentes ministerios. El Ministerio de Minas y Energía y el Departamento Nacional de Planeación quedaron encargados de la coordinación general del plan.
En la convocatoria de vías terciarias, el Ministerio de Transporte confirmó una disponibilidad exacta de $103.737.639.774. Cada proyecto podía aspirar a un máximo de $6.000 millones y la financiación se realizaría hasta agotar los recursos, siguiendo el orden de calificación de la lista de elegibles.
El proceso recibió 170 postulaciones. Una fue retirada por la entidad territorial, 21 resultaron rechazadas y 57 no superaron la primera revisión de requisitos. Noventa y un proyectos llegaron a la evaluación de criterios específicos y 59 obtuvieron al menos 80 puntos para integrar la lista preliminar de elegibles.
Rubro transporte
La depuración muestra la diferencia entre esa convocatoria y la lista del Ocad Paz. En Transporte se definió un umbral de 80 puntos para acceder al listado preliminar.
En el documento de la Convocatoria 3 del Ocad Paz aparecen proyectos con puntajes considerablemente inferiores, debido a que corresponden a procesos y metodologías diferentes.
Los criterios empleados por Transporte fueron impacto regional, evaluación técnica, impacto socioeconómico, conectividad, índice de ruralidad, componente ambiental, emprendimiento femenino y cofinanciación.
Cuando dos proyectos obtenían la misma nota, el desempate se resolvía primero por mayor impacto regional, después por puntaje técnico, luego por impacto socioeconómico y, finalmente, por la fecha y hora de radicación o terminación de la subsanación.
El informe también estableció una prevención jurídica: aparecer en la lista de elegibles no generaba un derecho adquirido ni obligaba al Estado a financiar el proyecto. La decisión definitiva dependía de las demás etapas del ciclo de inversión y de la disponibilidad presupuestal.
Una advertencia similar resulta aplicable al listado del Ocad Paz. Haber cumplido requisitos y disponer de CTUS favorable no equivale automáticamente a recibir recursos. La decisión final depende de la deliberación y aprobación del órgano colegiado.
Ese margen decisorio es justamente el que adquiere relevancia en la carrera contra reloj.
La administración nacional llega a la sesión con una demanda de $1,71 billones y una bolsa estimada de $1,3 billones. Debe tomar decisiones que comprometerán recursos por varios años, mientras su permanencia en el poder se cuenta en días.
Cada proyecto aprobado abrirá una nueva etapa: incorporación de recursos, designación de ejecutor, procesos contractuales, interventorías, desembolsos y ejecución física. La mayor parte de ese camino ocurrirá después del 7 de agosto.
La herencia
El Gobierno entrante recibirá proyectos aprobados, pero deberá vigilar que las obras se contraten correctamente, que no se modifiquen sin fundamento, que los presupuestos no sufran adiciones injustificadas y que los recursos lleguen efectivamente a las comunidades.
La concentración en regiones PDET aumenta la responsabilidad. Estos recursos no forman parte de una inversión ordinaria. La Asignación para la Paz fue concebida para cerrar brechas en los municipios más golpeados por el conflicto y respaldar la transformación territorial asociada al Acuerdo Final.
En el Alto Patía, Catatumbo, Chocó, Putumayo, Sur de Bolívar o Urabá, una obra fallida no representa únicamente un detrimento económico. Puede significar que una comunidad continúe sin acceso vial, agua, energía, educación, salud o condiciones para sustituir economías ilegales.
Por eso la velocidad administrativa debe ir acompañada de información pública completa. Antes de aprobar $1,3 billones, el país debería conocer el nombre y objeto de cada proyecto, el municipio beneficiado, su valor discriminado, los indicadores de resultado, el número de personas atendidas, la entidad ejecutora propuesta y las razones de la priorización.
También debería conocerse la disponibilidad exacta por subregión y el método que se utilizará para escoger entre solicitudes que superan el presupuesto.
La diferencia entre $1,71 billones solicitados y $1,3 billones disponibles no es un detalle contable. Representa decenas de proyectos que podrían quedar aplazados. También implica que el orden de decisión puede favorecer a unas regiones y reducir la participación de otras.
Si la aprobación se concentra en los proyectos más costosos, el número de iniciativas financiadas será menor. Si se privilegian propuestas de menor valor, la bolsa podrá llegar a más territorios, aunque no necesariamente a las obras de mayor impacto.
El proyecto de $62.757 millones del Pacífico Medio, por ejemplo, equivale a más de diez iniciativas de $6.000 millones. El proyecto de $50.037 millones de Arauca y el de $50.000 millones del Sur de Bolívar representan juntos $100.037 millones.
Tres decisiones podrían absorber más de $162.000 millones, cerca del 12,5 % de la bolsa de $1,3 billones.
Sur de Bolívar, con solicitudes por más de $243.000 millones, podría recibir una proporción importante de los recursos si se aprueba buena parte de sus proyectos. Sierra Nevada-Perijá presenta iniciativas por cerca de $158.000 millones y el Alto Patía y Norte del Cauca por más de $156.000 millones.
Fin de gobierno
La distribución territorial final revelará las prioridades reales de la sesión. No bastará con anunciar el número de proyectos aprobados. Será necesario comparar los montos por subregión, los puntajes, los valores y las iniciativas que quedaron excluidas.
La fecha también obliga a preguntarse por qué la decisión se concentra al final del mandato, cuando el ciclo comenzó meses atrás y algunos proyectos llevan años registrados.
El documento del DNP no responde esa pregunta. Se limita a describir la ruta que comenzó el 25 de marzo y terminó su fase de requisitos el 30 de junio. Tampoco menciona que la sesión de aprobación se produzca en medio de una transición presidencial.
Los tiempos administrativos están formalmente explicados. El contexto político no.
La Resolución 40599 muestra que el Gobierno conocía desde diciembre de 2025 la existencia de $518.688 millones del mayor recaudo y tenía la obligación de poner en marcha cinco convocatorias. El listado del Ocad Paz, por su parte, evidencia que la revisión de la Convocatoria 3 se extendió hasta el 30 de junio de 2026.
El resultado es una convergencia: durante las últimas semanas de Gobierno avanzan tanto las decisiones del Ocad Paz como la asignación sectorial del mayor recaudo.
No son la misma bolsa ni siguen exactamente las mismas reglas. Mezclarlas sería incorrecto. Pero ambas pertenecen al Sistema General de Regalías y ambas comprometen recursos que continuarán ejecutándose después del cambio de mando.
La primera tiene como eje los territorios PDET y la implementación de la paz. La segunda busca reactivación económica, empleo, vías terciarias, energía, agricultura, turismo y vivienda en municipios vinculados a la explotación de recursos naturales no renovables.
Solo esas dos rutas, de acuerdo con los documentos examinados, involucran una demanda de alrededor de $1,71 billones en proyectos del Ocad Paz y una disponibilidad adicional de $518.688 millones en el plan del 5 % del mayor recaudo.
No significa que todo vaya a adjudicarse en una sola jornada ni que ambas fuentes formen una única convocatoria. Significa que el cierre del Gobierno está marcado por decisiones que, sumadas, superan ampliamente los $2 billones.
La aprobación del 17 de julio será apenas el comienzo de una etapa que deberá ser seguida proyecto por proyecto. Lo cierto es que cada uno de ellos aprobado es un cheque al portador y una herencia que el gobierno Petro de deja al mandato de Abelardo de la Espriella con más dudas que certezas.
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