Mientras el país concentra su atención en el fallido empalme presidencial y en la llegada del nuevo gobierno, en el Ministerio de Justicia desarrolla una intensa actividad administrativa que hasta ahora había pasado prácticamente inadvertida.
Entre el 17 y el 24 de julio de 2026, el Gobierno del presidente Gustavo Petro y su ministra de Justicia Cielo Rusinque, firmaron una cadena de decretos mediante los cuales designó notarios interinos en algunas de las notarías más importantes del país, ubicadas en Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali y Chía, además de crear una nueva notaría en Rionegro, Antioquia.
Vista de manera aislada, cada designación corresponde a una facultad legal del Gobierno Nacional. Sin embargo, el análisis conjunto de los decretos revela un denominador común: varios de los beneficiarios tienen reconocidas trayectorias políticas, cercanías con congresistas o dirigentes regionales y, en uno de los casos, antecedentes documentales que lo vinculan con uno de los expedientes empresariales más sonados de la última década, relacionado con la intervención de Link Global por captación masiva e ilegal de recursos.
Las notarías han sido históricamente uno de los cargos más apetecidos dentro del Estado colombiano. Aunque ejercen una función pública, son despachos con autonomía administrativa y financiera que administran miles de escrituras, autenticaciones, sucesiones, registros civiles y otros actos que generan importantes ingresos. Precisamente por ese peso económico y político, la entrega de notarías ha sido objeto de controversias durante distintos gobiernos.
Beneficiarios y antecedentes
La primera designación que alcanzó notoriedad pública fue la de Karina Margarita Vásquez Buelvas, nombrada como notaria sexta interina de Cartagena mediante el Decreto 0706 del 7 de julio de 2026. Su llegada al cargo despertó cuestionamientos en distintos sectores políticos de la capital de Bolívar debido a sus vínculos familiares y políticos.
Karina Vásquez es hermana del dirigente José Julián Vásquez y prima del exalcalde Manuel Vicente "Manolo" Duque. José Julián Vásquez fue capturado dentro de la investigación relacionada con el proceso de elección de la contralora distrital de Cartagena y durante varios años fue considerado uno de los hombres con mayor influencia política dentro de la administración de Duque.
Las críticas también apuntan a la cercanía de la nueva notaria con el exrepresentante a la Cámara Fernando Niño, dirigente del Pacto Histórico en Bolívar, quien fue mencionado por el hoy presidente electo Abelardo de la Espriella dentro del listado de personas cuya actuación electoral pidió investigar durante la segunda vuelta presidencial. Fernando Niño negó esos señalamientos.
Sin embargo, la revisión de los decretos firmados durante los últimos días del Gobierno Petro muestra que el caso de Cartagena no fue un hecho aislado.
Implicado en un caso polémico
El 24 de julio fueron expedidos, entre otros, los decretos que designaron a Karyme Adrana Cotes Martínez como notaria sexta de Medellín; a Yoel David Elguedo Jiménez como notario séptimo de Barranquilla; a Juan David Ortega Jiménez como notario doce de Barranquilla; a Jhon Jairo Cortés Gómez como notario segundo de Chía; a José León Bermúdez como notario catorce de Cali, y a José Gregorio Beltrán Pérez como notario sesenta y uno de Bogotá.
De todos ellos, el nombramiento que mayores interrogantes plantea corresponde precisamente al de José Gregorio Beltrán Pérez.
Su nombre aparece desde hace más de una década vinculado a uno de los expedientes empresariales derivados del caso Link Global.
Los documentos de la Superintendencia de Sociedades muestran que Beltrán Pérez fue uno de los socios fundadores de Insignia Jurídica S.A.S., sociedad creada en 2012 junto con el entonces exfiscal general Mario Germán Iguarán Arana, el coronel retirado Pablo Emilio Gómez Suárez, el abogado Fabián Darío Parada Sierra y el empresario Luis Carlos Crispín Velasco, quien figuraba como socio capitalista.
Lo que inicialmente se presentó como una firma dedicada a la asesoría jurídica terminó convirtiéndose en una pieza dentro del proceso adelantado por la Superintendencia de Sociedades contra Link Global.
La investigación estableció que Insignia Jurídica recibió 1.026 millones de pesos provenientes de Link Global, empresa intervenida desde 2013 por presuntas actividades de captación ilegal de dinero del público.
Según el auto de intervención, esos recursos fueron utilizados para financiar la operación de Insignia Jurídica, adecuar oficinas, cubrir gastos administrativos y efectuar pagos a varios de sus socios, entre ellos José Gregorio Beltrán Pérez, Mario Germán Iguarán Arana y Pablo Emilio Gómez Suárez.
La Superintendencia concluyó, además, que Insignia Jurídica carecía de ingresos propios suficientes y que los recursos provenientes de Link Global no respondían a un propósito económico legítimo, razón por la cual consideró que la sociedad terminó funcionando como un vehículo para canalizar recursos provenientes de la captación ilegal atribuida a esa organización.
El expediente adquirió una enorme repercusión nacional cuando, dentro del proceso de liquidación judicial, la Superintendencia ordenó incorporar a la masa de bienes un apartamento del exfiscal general Mario Iguarán, inmueble que debía destinarse a responder por las reclamaciones formuladas por quienes resultaron afectados con el esquema financiero investigado.
Iguarán siempre sostuvo públicamente que él y los demás abogados abandonaron la sociedad cuando conocieron los cuestionamientos sobre Luis Carlos Crispín Velasco, dueño de Link Global, y negó haber participado en cualquier actividad de captación ilegal.
Esa explicación quedó incorporada dentro del expediente administrativo de la Superintendencia, donde el exfiscal afirmó que Insignia Jurídica nunca se dedicó a captar recursos del público y que su retiro obedeció precisamente a los problemas que comenzaron a rodear al socio capitalista.
Aunque el proceso administrativo no constituye una condena penal contra Beltrán Pérez, sí representa un antecedente de evidente interés público, especialmente tratándose de un funcionario que ahora administrará una de las notarías de mayor movimiento económico de Bogotá.
Cercana al gobierno en el Congreso
Otro de los nombramientos que llama la atención corresponde a Karyme Adrana Cotes Martínez, representante a la Cámara por Sucre para el período 2022-2026, elegida por el Partido Liberal y una de las congresistas que acompañó varias de las iniciativas del Gobierno Petro durante el cuatrienio. El decreto expedido por el Ejecutivo la designó como notaria sexta del círculo de Medellín.
En Barranquilla fueron designados Yoel David Elguedo Jiménez como notario séptimo y Juan David Ortega Jiménez, expersonero de Puerto Colombia, como notario doce.
En Cali fueron nombrados José León Bermúdez para la Notaría Catorce y Nancy Edith Ojeda Tirado para la Notaría Séptima. En el caso de esta última, los registros públicos muestran que venía desempeñándose en la Superintendencia de Notariado y Registro antes de asumir la nueva función notarial.
También fue designado Jhon Jairo Cortés Gómez para la Notaría Segunda de Chía.
Simultáneamente, el Gobierno creó mediante decreto una tercera notaría en Rionegro, Antioquia, decisión sustentada en estudios técnicos que concluyeron que el crecimiento inmobiliario y el incremento sostenido de los actos notariales justificaban ampliar la oferta del servicio en ese municipio del Oriente antioqueño.
En total, durante las últimas semanas del Gobierno de Gustavo Petro, fueron firmados al menos catorce actos administrativos relacionados con el mapa notarial del país.
Nombres y decretos
Por Decreto, 0706, mediante el cual fue designada Karina Margarita Vásquez Buelvas en la Notaría Sexta de Cartagena.
El Decreto 0771, que nombró a Nancy Edith Ojeda Tirado en la Notaría Séptima de Cali; el Decreto 0775, con el que fue designada Martha Lucía Medina Cárdenas en la Notaría Primera de Zipaquirá.
El Decreto 0791, que llevó a Jorge Armando Ruiz Viveros a la Notaría Veinte de Cali; el Decreto 0805, mediante el cual se efectuó el nombramiento en la Notaría Segunda de Barranquilla.
El Decreto 0806, que designó a José León Bermúdez en la Notaría Catorce de Cali; el Decreto 0807, que nombró a Karyme Adrana Cotes Martínez en la Notaría Sexta de Medellín.
El Decreto 0808, con el que fue designado Jhon Jairo Cortés Gómez en la Notaría Segunda de Chía; el Decreto 0809, que designó a Juan David Ortega Jiménez en la Notaría Doce de Barranquilla.
El Decreto 0810, mediante el cual fue nombrado Yoel David Elguedo Jiménez en la Notaría Séptima de Barranquilla; y el Decreto 0812, que llevó a José Gregorio Beltrán Pérez a la Notaría Sesenta y Uno de Bogotá.
Paralelamente, el Decreto 0811 creó la Notaría Tercera del Círculo de Rionegro, Antioquia, mientras que el Decreto 0790 formalizó el retiro por edad de Óscar Fernando Martínez Bustamante como notario veintiséis de Bogotá.
La concentración de estos decretos en un corto periodo de tiempo, a pocos días del relevo presidencial, deja un amplio número de notarías de primera categoría bajo designaciones en interinidad adoptadas por la administración saliente, mientras la provisión definitiva de esos despachos continuará dependiendo de los concursos de mérito previstos en la legislación.
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