Al tiempo que las Fuerzas Militares y la Policía concentraron buena parte de los gastos reservados en operaciones de inteligencia para enfrentar amenazas armadas y organizaciones criminales, otras tres entidades cumplieron en los últimos años funciones muy distintas, pero igualmente estratégicas para la seguridad del Estado con una sustancial disminución de las actividades y reducción de resultados.
La Fiscalía General de la Nación perseguía las estructuras criminales desde la investigación judicial; la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) producía inteligencia estratégica para el Presidente de la República, y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) seguía el rastro del dinero proveniente del narcotráfico, el lavado de activos y otras economías ilícitas.
Se trata de tres entidades claves en el Sistema Nacional de Inteligencia. Sin embargo, en el remate del gobierno Duque y particularmente los últimos cuatro años del gobierno Petro, hubo sustanciales modificaciones en las actividades de inteligencia, especialmente en la UIAF y la DNI.
Si bien la Policía Nacional fue la entidad que más recursos reservados ejecutó durante 2022, la Fiscalía General ocupó el segundo lugar con $52.092 millones, una cifra prácticamente equivalente a la de la institución policial y que representó cerca del 30% del total nacional destinado a gastos reservados. En los años subsiguientes hasta el presente, la cifra se incrementó con variaciones que fueron reportadas en informes de inteligencia y contrainteligencia.
En este contexto, mientras Ejército, Armada y Fuerza Aérea concentraban la mayor parte de sus recursos en operaciones de inteligencia, la Fiscalía orientó buena parte del presupuesto hacia el sostenimiento de las investigaciones judiciales y el desarrollo de actividades indispensables para obtener evidencia dentro de procesos penales.
Un 63% del presupuesto fue ejecutado en operaciones de inteligencia e investigación. Otro 27% correspondió al pago de información, mientras que el 10% restante financió principalmente recompensas y otros conceptos autorizados por la normatividad vigente. Otro reporte oficial detalla que los recursos respaldaron investigaciones relacionadas con organizaciones dedicadas al narcotráfico, grupos armados organizados, estructuras de crimen organizado, corrupción, terrorismo y demás fenómenos delictivos cuya investigación exige el manejo reservado de fuentes humanas y actividades especiales de policía judicial.
Sin embargo, el uso de los gastos reservados y sus labores se congelaron parcialmente tras el cambio en la Fiscalía. Finalizó el mandato de cuatro años Francisco Barbosa y el 22 de marzo de 2024 asumió Luz Adriana Camargo, actual fiscal general de la Nación.
Al respecto, un funcionario de inteligencia de la Fiscalía relató que: “Cuando asumió la fiscal Camargo y mientras conformó su equipo, muchas operaciones de inteligencia con gastos reservados quedaron prácticamente paralizadas para que ellos conocieran lo que se estaba haciendo y a la espera de sus instrucciones, de ello pasó un poco más de un año para retomarlas, varias de ellas clave en la lucha contra la criminalidad”.
Los cambios en la DNI
Si existe una entidad que simboliza el carácter reservado del sistema colombiano de inteligencia, esa es la Dirección Nacional de Inteligencia. La DNI no desarrolla investigaciones judiciales ni dirige operaciones militares. Su misión consiste en producir inteligencia estratégica para el Presidente de la República y apoyar el proceso de toma de decisiones en materia de seguridad nacional.
Durante 2022 administró $7.680 millones en gastos reservados y en los cuatro años siguientes su presupuesto en este rubro se aumento significativamente, llegando a casi los $50.000 millones. La mayor parte de esos recursos fue destinada al desarrollo de operaciones de inteligencia y contrainteligencia, así como a la obtención de información estratégica relacionada con amenazas internas y externas que pudieran afectar la estabilidad institucional del país.
Las actividades financiadas comprendían la producción de inteligencia estratégica, la protección de información clasificada, el fortalecimiento de capacidades institucionales y la ejecución de actividades propias de la misión asignada a la Dirección Nacional de Inteligencia por la Ley 1621 de 2013. Sin embargo, casi desde el comienzo de la administración Petro se hizo un redireccionamiento de las labores y comenzaron los líos.
La primera gran crisis estalló en 2023 con el denominado caso de Laura Sarabia. La investigación reveló que Marelbys Meza, exniñera de la entonces jefa de Gabinete de la Presidencia, fue sometida a una prueba de polígrafo tras la desaparición de una suma de dinero de la residencia de Sarabia.
Posteriormente se conoció que tanto Meza como otra persona fueron incluidas de manera irregular dentro de investigaciones relacionadas con estructuras criminales, lo que permitió realizar interceptaciones telefónicas. Aunque las pesquisas se concentraron principalmente en integrantes de la Policía Nacional y la Fiscalía estableció varias líneas de investigación, el episodio terminó proyectando dudas sobre los mecanismos de control del Sistema Nacional de Inteligencia y sobre la posibilidad de que herramientas reservadas del Estado hubieran sido utilizadas para resolver asuntos de carácter personal. La DNI negó haber participado en esas actuaciones, pero el episodio abrió un amplio debate sobre los límites legales de la actividad de inteligencia.
A esta controversia se sumó la inestabilidad en la dirección de la entidad. Durante el cuatrienio pasaron por la jefatura de la Dirección Nacional de Inteligencia varios directores, entre ellos Manuel Alberto Casanova, Carlos Ramón González, hoy prófugo de la justicia y asilado en Nicaragua, Jorge Lemus y, en la recta final del gobierno, René Guarín como director encargado.
Los cambios permanentes en la conducción del organismo fueron interpretados por diversos analistas como un síntoma de falta de estabilidad institucional en una entidad cuya función exige continuidad, reserva y confianza entre las diferentes agencias que conforman el sistema de inteligencia del Estado.
Pegasus, filtraciones y Pitufo
Otro de los episodios que mantuvo a la DNI en el centro de la discusión pública fue el relacionado con el software Pegasus. El presidente Gustavo Petro denunció en varias oportunidades que ese programa israelí, diseñado para infiltrarse en teléfonos celulares, habría sido adquirido y utilizado durante el gobierno anterior para realizar interceptaciones ilegales.
Sin embargo, con el paso de los meses el debate tomó un nuevo rumbo cuando surgieron versiones sobre posibles actividades de espionaje dentro del propio Gobierno y cuestionamientos acerca de quién tenía realmente el control de esa tecnología y cuál había sido su utilización efectiva. Las denuncias motivaron investigaciones judiciales, solicitudes de cooperación internacional y una intensa discusión política que se prolongó durante buena parte del cuatrienio sin que se esclarecieran completamente todos los hechos.
Las filtraciones de información reservada constituyeron otro de los frentes que golpearon la imagen de la DNI. Diversos documentos en poder de la Agencia de Periodismo Investigativo, API, dan cuenta de la circulación de documentos de inteligencia, informes estratégicos y datos sensibles que terminaron siendo conocidos por terceros.
En algunos casos se mencionaron posibles filtraciones relacionadas con operaciones contra grupos armados ilegales, mientras que en otros aparecieron referencias a información sobre altos funcionarios del Estado. Estos episodios motivaron investigaciones internas y aumentaron las preocupaciones acerca de la capacidad de la entidad para proteger información clasificada, uno de los pilares de cualquier organismo de inteligencia.
La controversia también alcanzó a la DNI con el denominado caso de Diego Marín Buitrago, conocido como alias "Papá Pitufo", señalado por las autoridades como uno de los principales articuladores de redes de contrabando en el país. Las investigaciones incluyeron referencias a presuntas relaciones con funcionarios públicos, posibles filtraciones de información y la divulgación de audios que motivaron nuevas indagaciones. Aunque las responsabilidades individuales continúan siendo materia de investigación judicial, el episodio volvió a ubicar a la inteligencia estatal bajo escrutinio.
Más allá de los episodios puntuales, informes técnicos, de inteligencia, expertos en seguridad y defensa señalaron que durante el gobierno Petro, la DNI experimentó un cambio en sus prioridades estratégicas. Mientras el Ejecutivo promovió una visión orientada hacia la seguridad humana, la construcción de paz y la protección de los derechos humanos, algunos especialistas consideraron que la entidad perdió capacidad para concentrarse en amenazas tradicionales como el narcotráfico, el crimen organizado transnacional, el espionaje extranjero y las labores de contrainteligencia.
Al concluir la actual administración, la DNI deja un balance marcado por la exposición pública de una institución que, por naturaleza, debería operar bajo altos niveles de reserva, como las investigaciones relacionadas con interceptaciones ilegales, las controversias por Pegasus, las filtraciones, los cuestionamientos derivados del caso "Papá Pitufo", entre otras.
“La alta rotación de directores y las acusaciones de utilización política de la inteligencia configuraron un escenario complejo para la entidad que perdió credibilidad institucional y decayó en resultados”, puntualiza otro informe en poder de esta Agencia.
La UIAF: seguir la ruta del dinero
Dentro del sistema nacional de inteligencia existe una institución cuyo trabajo rara vez producía titulares, pero resulta determinante para combatir el crimen organizado. La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) no persigue directamente a narcotraficantes ni ejecuta operaciones militares. Su misión consiste en seguir el dinero. Analizar movimientos financieros. Detectar operaciones sospechosas. Identificar redes de lavado de activos y reconstruir las estructuras económicas que sostienen organizaciones criminales.
Aunque si bien la entidad se creó en 1999 como adscrita al ministerio de Hacienda, mantuvo su perfil técnico por una década. No obstante, en 2010 durante el gobierno de Uribe ganó oscuro protagonismo y su director Mario Aranguren fue procesado por seguimientos financieros a magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
En los años subsiguientes intentó recuperar condición de organismo de inteligencia con recursos insuficientes. Una cifra lo refleja. En 2022 la UIAF administró $34.082.519 en gastos reservados, la cifra más baja de todas las entidades autorizadas para ejecutar este tipo de recursos en desarrollo de actividades relacionadas con inteligencia financiera y análisis especializado.
No obstante, en el gobierno Petro la entidad fue eje de filtraciones de informes que nuevamente minaron su credibilidad e importancia en labores de inteligencia financiera en personas y organizaciones criminales.
Con una particularidad, varios de los informes filtrados tenían como objetivo evidenciar a personas o asuntos que en algún momento tenían controversias con el gobierno. Para citar algunos casos, se entregaron e hicieron públicos informes de la UIAF sobre la magistrada Cristina Lombana, el exembajador Roy Barreras y la Esap y hasta de un escolta del secretario general de la Cámara de Representantes, Jaime Luis Lacouture Peñaloza.
También fueron públicos informes reservados de la entidad sobre los movimientos financieros de Ricardo Roa presidente de Ecopetrol, además del exdirector de la Policía, el general William Salamanca, del exdirector del DNI y del Dapre Carlos Ramón González e incluso sobre una EPS en momentos en que arreciaba el debate sobre la reforma a la salud.
Un exfuncionario de la UIAF señaló a esta Agencia: “los informes de inteligencia eran selectivamente filtrados en varios casos no se sabe con que fines específicos, aunque se supone que gozan de reserva legal.
Suspensión del Grupo Egmont
Pero el golpe más significativo para la entidad durante la actual administración fue la suspensión del acceso de Colombia al Grupo Egmont, la red internacional que reúne a cerca de 180 Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) de todo el mundo para intercambiar información confidencial sobre lavado de activos, financiación del terrorismo y otros delitos financieros.
La decisión fue adoptada por el Grupo Egmont el 23 de septiembre de 2024, después de que el presidente Gustavo Petro hiciera pública, durante una alocución presidencial, información confidencial suministrada por la Unidad de Inteligencia Financiera de Israel (IMPA) relacionada con la presunta compra del software espía Pegasus durante el gobierno de Iván Duque. El documento había sido remitido a la UIAF colombiana bajo estrictas reglas de confidencialidad y únicamente podía compartirse con las autoridades autorizadas por el organismo que lo emitió.
En su comunicación oficial, el Grupo Egmont explicó que la suspensión obedecía a la "divulgación no autorizada de información proporcionada por uno de nuestros miembros", una actuación que contravenía el Principio 32 de esa organización internacional, el cual obliga a las unidades de inteligencia financiera a preservar la confidencialidad de la información recibida de sus homólogas. Como consecuencia, Colombia perdió el acceso al Egmont Secure Web (ESW), la plataforma segura utilizada para intercambiar inteligencia financiera con cientos de países.
El entonces director de la UIAF, Luis Eduardo Llinás, reconoció posteriormente que el documento no podía hacerse público sin autorización expresa de la autoridad israelí. Explicó que la entidad había solicitado permiso para compartirlo únicamente con la Fiscalía General de la Nación, pero que el presidente decidió divulgarlo durante una intervención pública.
La suspensión representó uno de los mayores reveses internacionales sufridos por la inteligencia financiera colombiana en los últimos años, pues limitó temporalmente la capacidad de la UIAF para recibir y compartir información reservada con otras unidades de inteligencia financiera, un mecanismo considerado fundamental para rastrear operaciones de lavado de activos, movimientos del narcotráfico, financiación del terrorismo y redes criminales transnacionales.
Ante esa situación, el Gobierno emprendió un plan para recuperar la confianza del Grupo Egmont. En 2026 la UIAF elaboró un decreto reglamentario destinado a reforzar las reglas sobre manejo, uso y confidencialidad de la información recibida de otras unidades de inteligencia financiera, con el propósito de cumplir el Principio 32 y solicitar oficialmente el levantamiento de la suspensión. La entidad informó que había cumplido el plan de acción acordado con el Grupo Egmont y que esperaba la restitución plena del acceso al sistema seguro de intercambio de información.
Los movimientos financieros de Petro
Otro de los episodios de mayor repercusión ocurrió cuando salió a la luz un informe reservado elaborado por la propia UIAF sobre los movimientos financieros del presidente Gustavo Petro. El documento contenía un análisis de operaciones bancarias, consignaciones, transferencias, retiros y otros movimientos realizados entre 2022 y 2025.
“Más allá del contenido del informe, el verdadero debate se concentró en cómo un documento protegido por la reserva legal terminó circulando fuera de los canales autorizados y quién pudo haber tenido acceso a una pieza de inteligencia financiera cuya divulgación está restringida por la legislación colombiana”, destaca un informe de inteligencia.
La filtración abrió un amplio cuestionamiento sobre la seguridad de la información administrada por la UIAF. Expertos en prevención del lavado de activos recordaron que los reportes producidos por la entidad no constituyen pruebas judiciales sino productos de inteligencia financiera destinados exclusivamente a apoyar a autoridades competentes como la Fiscalía General de la Nación. Por esa razón, la aparición pública del documento generó interrogantes acerca de la cadena de custodia de la información, los controles internos y la eventual responsabilidad disciplinaria o penal de quienes hubieran facilitado su divulgación.
A este episodio se sumaron los cambios en la entidad. Durante el gobierno Petro, Jorge Lemus asumió la dirección de la UIAF después de haber estado al frente de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). Su llegada despertó atención debido a que provenía de una institución que ya enfrentaba cuestionamientos derivados de diferentes controversias relacionadas con la inteligencia del Estado.
Meses después, el propio Gobierno solicitó su renuncia, decisión que volvió a poner sobre la mesa el debate sobre la estabilidad institucional de una agencia cuya labor depende de la continuidad técnica y de la confianza de los organismos nacionales e internacionales con los que intercambia información financiera.
La gestión de Lemus también quedó bajo escrutinio por con reuniones sostenidas cuando dirigía la Dirección Nacional de Inteligencia. De hecho se conocieron encuentros con personas posteriormente vinculadas a procesos por narcotráfico, contrabando y otras investigaciones de alto impacto.
Aunque el exfuncionario defendió esas reuniones argumentando que hacían parte de labores institucionales relacionadas con inteligencia y acercamientos para procesos de paz, las revelaciones incrementaron el debate público sobre la conveniencia de su permanencia al frente de la principal agencia de inteligencia financiera del país.
Durante el cuatrienio, la UIAF también desempeñó un papel relevante en investigaciones relacionadas con corrupción, contrabando, narcotráfico y delincuencia organizada. Su participación técnica en numerosos procesos de alto impacto incrementó la exposición mediática de una entidad acostumbrada a trabajar bajo estrictos criterios de confidencialidad. Ese protagonismo también aumentó la presión sobre sus sistemas de protección de la información y sobre la capacidad institucional para garantizar la reserva de los análisis financieros que produce diariamente.
Especialistas en cumplimiento normativo y prevención del lavado de activos coincidieron en que las controversias registradas durante el gobierno Petro evidenciaron la necesidad de fortalecer los mecanismos internos de seguridad de la información, mejorar los controles de acceso a los reportes reservados, reforzar los sistemas de ciberseguridad y blindar aún más la autonomía técnica de la entidad frente a cualquier presión política. Para los expertos, la credibilidad de la UIAF depende precisamente de la confianza que generan la confidencialidad de sus análisis y la imparcialidad con la que desarrolla su labor.
Lo que viene
El panorama que recibe el nuevo gobierno es complejo en materia de inteligencia y sobre el uso efectivo de los gastos reservados. Es claro, como se precisó en esta serie de tres reportajes de la Agencia de Periodismo Investigativo, API que las entidades que hacen labores en la materia como la Policía, las Fuerzas Militares, la Fiscalía, la DNI y la UIAF tienen cuestionamientos, al tiempo que las organizaciones criminales crecieron en los últimos años hasta superar las 540 con mayor poder financiero, economías ilícitas diversificadas, alcance transnacional y ampliar su presencia en múltiples zonas del territorio nacional.
Por eso informes, documentos y especialistas en inteligencia argumentan que se debe replantear el modelo de producción de inteligencia estratégica, fortalecer el talento humano, consolidar la coordinación entre las distintas agencias del Estado y construir una visión de largo plazo que permita anticipar las amenazas antes de que se conviertan en crisis de seguridad.
Entre las principales recomendaciones figura la necesidad de recuperar una inteligencia con capacidad de anticipación. Mientras durante años gran parte del esfuerzo institucional se concentró en responder a amenazas inmediatas, el nuevo contexto exige desarrollar análisis prospectivos capaces de identificar tendencias criminales, riesgos geopolíticos, nuevas economías ilegales y amenazas híbridas con horizontes de cinco, diez y hasta quince años. “En los principales sistemas de inteligencia del mundo, la capacidad de prever escenarios tiene un peso equivalente a la respuesta operativa frente a los riesgos presentes”, señaló a esta Agencia un oficial experto en inteligencia.
Otro de los aspectos considerados prioritarios es la despolitización del sistema de inteligencia. Además el fortalecimiento del liderazgo institucional también aparece como un elemento central de la discusión. A esto se suma la articulación entre las distintas entidades del Estado que hacen inteligencia porque la existencia de sistemas fragmentados y compartimientos institucionales limita la construcción de una visión integral sobre las amenazas. La propuesta plantea avanzar hacia una arquitectura nacional de inteligencia que facilite el intercambio permanente de información y elimine duplicidades.
Un informe adicional destaca la necesidad de acelerar la modernización tecnológica del sistema sin relegar el papel de la inteligencia humana. Herramientas como la inteligencia artificial, el análisis masivo de datos, la explotación de imágenes satelitales, la inteligencia financiera y el monitoreo de fuentes abiertas representan capacidades indispensables para enfrentar las nuevas modalidades del crimen organizado.
La evaluación del desempeño institucional constituye otro de los cambios propuestos. En lugar de medir el éxito por el número de informes elaborados o por el volumen de productos de inteligencia generados, se plantea establecer indicadores asociados al impacto real sobre la seguridad nacional, como la prevención de atentados, la desarticulación de organizaciones criminales, la afectación de sus finanzas, la recuperación del control territorial o la disminución de los niveles de violencia.
Contrainteligencia
En ese mismo contexto se resalta la importancia de fortalecer la contrainteligencia, entendida como el conjunto de medidas destinadas a proteger al propio sistema de inteligencia frente a infiltraciones, espionaje o ataques contra sus capacidades operativas. La protección del personal, las fuentes confidenciales, las bases de datos, las comunicaciones y la infraestructura crítica es considerada un requisito indispensable para garantizar la eficacia institucional.
El crecimiento de las economías ilícitas urbanas también demanda, según el análisis, un modelo especializado de inteligencia. Redes de microtráfico, extorsión, lavado de activos, ciberdelincuencia, mercados ilegales digitales y organizaciones criminales con estructuras horizontales representan fenómenos distintos a los grupos armados tradicionales, por lo que requieren metodologías específicas de análisis e investigación.
La cooperación internacional ocupa igualmente un lugar destacado dentro de las recomendaciones. El crimen organizado opera hoy mediante alianzas transnacionales que comparten rutas, recursos financieros, tecnologías y redes logísticas. En consecuencia, fortalecer el intercambio de inteligencia con agencias extranjeras y desarrollar equipos conjuntos de investigación se considera un componente esencial para enfrentar amenazas que ya trascienden las fronteras nacionales, siempre bajo criterios de reciprocidad, confianza y respeto por la soberanía.
El análisis plantea la necesidad de recuperar una verdadera cultura estratégica de inteligencia, basada en la formación permanente de analistas, la preservación de la memoria institucional, la investigación aplicada y la consolidación de procesos de toma de decisiones sustentados en evidencia técnica más que en apreciaciones coyunturales.
Paralelamente, a la discusión sobre los gastos reservados ha cobrado relevancia tras conocerse informes sobre su ejecución en diferentes entidades estatales. Lejos de cuestionar la existencia de estos recursos, el análisis sostiene que constituyen un instrumento indispensable para el funcionamiento de cualquier sistema moderno de inteligencia y contrainteligencia, debido a la naturaleza confidencial de numerosas operaciones relacionadas con la seguridad nacional.
“Se advierte que el carácter reservado de estos recursos exige fortalecer los mecanismos internos de control para garantizar simultáneamente la eficacia operativa, la transparencia institucional y la adecuada administración del patrimonio público”, puntualizó otro especialista en inteligencia.
Es la radiografía de la inteligencia, la contrainteligencia y el uso de los gastos reservados en Colombia, otra de las tareas titánicas que tiene que asumir con prioridad y replantear el nuevo gobierno, en momentos críticos para la seguridad de todos los colombianos.
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