Mientras el debate político se concentraba en el cambio de gobierno que llevó a Gustavo Petro a la Casa de Nariño el 7 de agosto de 2022, al interior de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional se ejecutaba uno de los presupuestos más sensibles del Estado colombiano.
Cuatro años después con recursos cercanos al billón de pesos, el resultado evidencia un aumento exponencial de los grupos criminales. Hoy es país tiene 540 organizaciones criminales de las cuales 190 están operando en grandes aglomeraciones urbanas, a esto se suma la delincuencia común.
No era un presupuesto destinado a carreteras, escuelas o infraestructura. Eran recursos reservados para producir inteligencia estratégica, financiar operaciones encubiertas, proteger fuentes humanas, pagar informantes y recompensas, sostener capacidades tecnológicas y anticipar las amenazas que representaban las organizaciones criminales para la seguridad nacional.
Informes clasificados, documentos oficiales, testimonios de miembros de inteligencia, entre otros, recopilados y en poder de la Agencia de Periodismo Investigativo, API, permiten reconstruir con nivel de detalle poco conocido cómo se distribuyeron esos recursos durante el último año fiscal del gobierno de Iván Duque y parte del gobierno de Gustavo Petro.
Lejos de limitarse a revisar cifras presupuestales, se evidencian las prioridades operacionales de cada fuerza, cómo entendía el Estado colombiano la inteligencia militar y policial antes del cambio de política de seguridad, de gobierno y cuáles fueron los resultados que, según las entidades que manejan los gastos reservados, justificaron la utilización de estos recursos excepcionales.
La inteligencia militar y sus cambios
En el gobierno Duque, las Fuerzas Militares mantenían una estructura de inteligencia profundamente articulada. Con el cambio de gobierno, y con recursos significativos, el esquema cambió. La salida de varios generales de la República y el advenimiento de varios civiles sin experiencia en asuntos de inteligencia, o uniformados con mando y sin experiencia, convirtió a la Dirección Nacional de Inteligencia, DNI, en el eje de trabajo del gobierno saliente.
No obstante, las operaciones se redujeron, entre otros aspectos, por supuestas negociaciones de paz con diferentes organizaciones criminales, asunto que, según señalan informes de inteligencia y diversos testimonios no tuvieron éxito. Por el contrario, los Grupos Armados Organizados, GAO, los Grupos de Delincuencia Organizada, GDO, los Grupos de Delincuencia Común Organizados, GDCO y las bandas en barrios y comunas se extendieron.
Así las cosas, en la región Pacífica, departamentos de Chocó, Cauca, Valle del Cauca y Nariño; el Catatumbo en Norte de Santander; el Bajo Cauca, Nordeste Antioqueño, Sur de Bolívar, la Amazonía y en la Orinoquía, en los departamentos de Putumayo, Caquetá y Guaviare, creció la delincuencia exponencialmente.
Con otro agravante, como lo expresó un oficial de inteligencia a esta Agencia, “en centros urbanos como Bogotá, Medellín, Cali y Cartagena, ahora operan cientos de Grupos Delictivos Organizados, GDO.
“Estos operan con una administración horizontal, no hay cabecillas visibles, son grupos en donde desaparece uno pero es reemplazado de inmediato por otro, y si bien dominan negocios de narcotráfico y minería ilegal, en los ámbitos urbanos son los dueños en comunas y barrios del microtráfico y otras actividades como robo de celulares y comercio al detal”, precisó otro agente de inteligencia.
Una realidad que cambio en los últimos años porque anteriormente cada institución tenía funciones específicas, pero todas respondían a un mismo propósito: obtener información estratégica que permitiera anticipar amenazas, orientar operaciones militares y apoyar la toma de decisiones de los altos mandos.
No se trataba únicamente de interceptaciones o seguimiento de objetivos. El concepto de gastos reservados comprendía actividades de inteligencia humana, contrainteligencia, protección de instalaciones estratégicas, infiltración de organizaciones criminales, adquisición de información, pago de colaboradores, mantenimiento de equipos especializados y desarrollo tecnológico, entre muchas otras actividades cuya divulgación pública comprometería la seguridad nacional.
Dentro de ese engranaje, el Comando General de las Fuerzas Militares ocupaba un lugar central porque coordinaba la inteligencia conjunta del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Por ejemplo, durante 2022 ejecutó exactamente $8.698 millones correspondientes al ciento por ciento del presupuesto asignado para gastos reservados.
Sin embargo, la distribución de esos recursos revela un comportamiento diferente al observado en otras entidades. Se evidenció que apenas el 14 % fue destinado directamente a operaciones de inteligencia y otro 14 % al pago de información.
La mayor parte del presupuesto, equivalente al 69 %, se concentró en el concepto de adquisición de bienes y servicios, mientras el dos por ciento restante correspondió a otros gastos operacionales. Dentro de ese rubro sobresalían el mantenimiento de material técnico, la adquisición de equipos especializados, el pago de asesores y analistas, así como diferentes servicios de apoyo indispensables para mantener operativa la infraestructura de inteligencia conjunta.
Para citar un año, la comparación con vigencias anteriores muestra un cambio significativo. Mientras las operaciones de inteligencia aumentaron un 76,18 %, la ejecución en adquisición de bienes y servicios disminuyó frente a 2021, aunque continuó siendo el principal destino de los recursos del Comando General.
El papel del Gaula Militar y el Ejército
Una lógica completamente distinta se observó en el Comando General del GAULA Militar. Su presupuesto fue mucho menor inicialmente: $1.000 millones. No obstante, la forma de distribuir ese dinero permite entender cuál era la prioridad operacional de la unidad encargada de combatir el secuestro y la extorsión.
El 95% de los recursos fue ejecutado en operaciones de inteligencia. El 8% se destinó al pago de información y apenas el 2% al pago de recompensas. No hubo recursos dirigidos a protección, asistencia, adquisición de bienes y servicios ni otros conceptos.
La estructura presupuestal continuó privilegiando la producción de inteligencia operacional sobre cualquier otro tipo de gasto, una decisión coherente con la naturaleza de una unidad cuya efectividad depende, en gran medida, de la calidad de la información obtenida antes de ejecutar operaciones contra secuestradores y extorsionistas.
La tercera entidad con mayor presupuesto reservado del Estado fue el Ejército Nacional. Para citar un año, en 2022 ejecutó $31.823. millones, cifra que confirma el peso estratégico que continuaba teniendo la inteligencia militar terrestre dentro del sistema nacional de seguridad.
La distribución refleja con claridad cuáles eran las prioridades institucionales. El 63% de los recursos fue destinado a operaciones de inteligencia. El 13% correspondió al pago de recompensas. El 9% financió el pago de información. Un 3% por ciento fue asignado a protección y asistencia y el restante porcentaje se distribuyó entre adquisición de bienes y servicios y otros conceptos.
En ese año, el Ejército produjo 93.133 productos de inteligencia y contrainteligencia, definidos como insumos requeridos para apoyar el proceso militar de toma de decisiones frente a amenazas internas y externas que afectaban la seguridad y la defensa nacional.
Cada uno de esos productos implicaba recolección, procesamiento, análisis y validación de información destinada a comandantes militares y responsables de operaciones.
El sistema de recompensas también ocupó un lugar importante. Un informe reservado evidenció en solo un año 75 solicitudes de pago de las cuales cincuenta y nueve fueron aprobadas, por un valor total de $4.172 millones. El documento precisa que 44 de esas solicitudes correspondían a recompensas inferiores a cien millones de pesos cada una.
De igual forma, Departamento de Inteligencia y Contrainteligencia del Ejército, contrató con gastos reservados, asesorías técnicas especializadas, ingeniería electrónica, mantenimiento de sistemas tecnológicos, diseño de modelos, desarrollo científico para operaciones de inteligencia, adquisición de servicios de internet, actualización del sistema Sigar, capacitación especializada y compra de componentes tecnológicos destinados a fortalecer las capacidades de inteligencia militar.
La Armada y las recompensas como principal herramienta de inteligencia
Si el Ejército concentraba la inteligencia terrestre, la Armada Nacional dirigía sus esfuerzos hacia el control de los corredores marítimos utilizados por organizaciones narcotraficantes. Para ello ejecutó $20.699 millones en gastos reservados.
A diferencia del Ejército, la Armada dio prioridad absoluta al sistema de recompensas. El 53% terminó destinado a ese concepto, mientras que el 39% correspondió a operaciones de inteligencia. El resto fue distribuido entre adquisición de bienes y servicios, pago de información y otros gastos menores.
Una parte importante de esos recursos permitió financiar operaciones desarrolladas por la Jefatura de Inteligencia Naval y por las distintas unidades ejecutoras de gastos reservados distribuidas en el territorio nacional.
En cuanto al pago de información y recompensas, llama la atención lo que se destinó durante un año. Se desembolsaron $460 millones de pesos por concepto de pago de información y se realizaron pagos de recompensas por $11.360 millones.
Además, fueron registrados $471.476.785 pesos correspondientes a acreedores varios, monto autorizado por el Comité Central de Pagos de Recompensas e Informaciones de la Jefatura de Inteligencia Naval.
La Agencia de Periodismo Investigativo, API tiene en su poder documentación que, según la propia Armada, las actividades financiadas con gastos reservados permitieron incautar más de 200 toneladas de clorhidrato de cocaína, equivalentes a una producción potencial valorada en cientos de millones de dólares.
Otro informe detalla que con esos recursos también se reportó la destrucción de laboratorios clandestinos, la incautación de armas largas, armas cortas, granadas, explosivos, minas antipersonal, cordón detonante, detonadores eléctricos, motores, embarcaciones, laboratorios para procesamiento de estupefacientes, equipos de comunicación, computadores, teléfonos satelitales y dinero en efectivo, entre otros elementos empleados por organizaciones criminales.
De igual forma señala la Inteligencia Naval que durante un año produjo 124 misiones de trabajo y elaboró boletines, informes especiales y documentos orientados a fortalecer la detección de amenazas nacionales e internacionales, así como la identificación de riesgos que afectaran la seguridad nacional.
Fuerza Aeroespacial vs Policía Nacional
Los gastos reservados y su uso presentan situaciones disímiles. La Fuerza Aeroespacial tiene un bajo presupuesto anual tiempo que la Policía Nacional tiene uno superior en más de 25 veces.
La Fuerza Aeroespacial Colombiana— administró un presupuesto considerablemente menor: $2.410 millones. Aun así, la estructura del gasto revela una institución enfocada casi exclusivamente en inteligencia operacional. El 86% de los recursos fue destinado a operaciones de inteligencia y contrainteligencia. El 8% financió el pago de recompensas y 6% en pago de información.
En contraste, ninguna entidad administró tantos recursos reservados en los últimos años como la Policía Nacional. Para citar en un solo año, la institución ejecutó $52.425 millones, equivalentes al 29,64% de todos los gastos reservados del Estado colombiano.
La distribución del presupuesto confirma que la Policía privilegiaba un modelo basado tanto en la producción de inteligencia como en la obtención permanente de información proveniente de fuentes humanas.
El 56,34 % fue destinado a operaciones de inteligencia; el 29,85 % al pago de información y el 13,78 % al pago de recompensas. Apenas un 0,03 % correspondió al rubro de protección y asistencia, mientras que no se ejecutaron recursos en adquisición de bienes y servicios ni en otros conceptos.
Aunque todas las entidades que usan cuantiosos gastos reservados y la inteligencia y contrainteligencia resaltan la importancia estratégica de infiltrar y combatir la inteligencia criminal y de obtener información para combatir organizaciones dedicadas al narcotráfico, el crimen organizado y otras formas de delincuencia que afectaban la seguridad pública, los resultados de los últimos años muestran más sombras que luces en la lucha contra la criminalidad en todas sus formas en Colombia.
Espere mañana tercera entrega: El otro frente de los gastos reservados y la perspectiva.
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