A cinco días de las elecciones presidenciales de segunda vuelta, la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, sostuvo una reunión con representantes de varias organizaciones sindicales de la entidad en la que presentó una serie de proyectos y decisiones que impactarán directamente la estructura de personal, los concursos de carrera, los encargos y la organización interna de la Fiscalía General de la Nación.
El encuentro, realizado el pasado 16 de junio, se produjo en un momento de tensión institucional por los cuestionamientos que durante los últimos meses han formulado distintos sectores de funcionarios frente al concurso de méritos de la Fiscalía, particularmente en relación con el periodo de prueba, los criterios de evaluación y las decisiones adoptadas por la administración respecto a los procesos de carrera.
La reunión contó con la participación de la Fiscal General, el vicefiscal Gilberto Javier Guerrero Díaz, el fiscal delegado ante la Corte Suprema Juan Carlos Arias, el subdirector de Apoyo a la Comisión de Carrera Especial, Carlos Humberto Moreno Bermúdez, y el subdirector de Talento Humano encargado, José Ignacio Angulo Murillo, además de sus respectivos equipos de trabajo.
Según nueve organizaciones sindicales, la alta dirección socializó varias iniciativas consideradas estratégicas para el futuro de la entidad.
Fin de las “escaleras” o encargos
Uno de los anuncios más relevantes fue la terminación del sistema de encargos, conocido internamente como las “escaleras”, mecanismo mediante el cual numerosos servidores han venido ocupando cargos superiores de manera temporal.
La Fiscal General explicó que la decisión está asociada al proyecto de ampliación de la planta de personal en 5.000 cargos, iniciativa que, según la administración, busca enfrentar la congestión procesal y el aumento de cargas laborales en la entidad.
De acuerdo con lo expuesto en la reunión, la Fiscalía contempla dos rutas para materializar ese crecimiento.
La primera es una vía administrativa ante el Consejo de Estado. La administración solicitó un concepto a la Sala de Consulta y Servicio Civil con el propósito de establecer si la ampliación de la planta puede realizarse bajo los parámetros de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, evitando así la necesidad de tramitar una ley ante el Congreso.
Dentro de esa expansión, 2.100 cargos estarían destinados a unidades de descongestión para atender procesos de la Ley 906 de 2004 anteriores a 2021.
La segunda consiste en la presentación de tres proyectos de ley durante la legislatura que comenzará el próximo 20 de julio. Según lo expuesto por Camargo, las iniciativas buscarán crear cargos en la Dirección de Protección y Asistencia, la Dirección de Extinción de Dominio y la Unidad Especial de Investigación de delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes, con énfasis en el aumento de fiscales y asistentes.
La eliminación de los encargos implicará que los directivos nacionales y seccionales evalúen a quienes actualmente ocupan esas posiciones para determinar si permanecen mediante nombramientos provisionales o si las vacantes son asignadas a otros funcionarios.
Asimismo, los servidores de carrera que desempeñan cargos en encargo deberán decidir entre renunciar a sus derechos de carrera para asumir una vacante provisional de mayor jerarquía o regresar a sus cargos en propiedad. También se abrió la posibilidad de vincular personal externo para proveer vacantes de menor nomenclatura.
Otro de los temas centrales fue la presentación de un nuevo sistema de evaluación para el periodo de prueba de los ganadores del concurso de méritos.
La propuesta, según un comunicado, privilegiará criterios cualitativos sobre los cuantitativos y estará dividida en tres componentes: una calificación funcional equivalente al 60 %, una evaluación comportamental correspondiente al 20 % y una calificación de formación que representará el 20 % restante.
La evaluación funcional estará relacionada con las cargas laborales y el tipo de funciones desempeñadas por cada fiscal.
La comportamental medirá aspectos asociados al liderazgo y a la gestión del despacho. Por su parte, el componente de formación implicará la reactivación de la denominada Universidad de la Fiscalía y comprenderá dos semanas de capacitación presencial sin carga laboral.
Durante la primera semana se impartirán contenidos sobre gerencia estratégica del despacho, administración de justicia y toma de decisiones, incluyendo la construcción de programas metodológicos.
En la segunda semana se desarrollarán cursos orientados a fomentar la innovación y nuevas formas de resolución de problemas jurídicos y operativos.
La Fiscalía también definió metas misionales para los despachos durante el periodo de prueba. Entre ellas figuran la elaboración de inventarios de casos, la actualización de programas metodológicos, el fortalecimiento de los registros en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA), la descongestión de procesos mediante mecanismos legales, el mejoramiento de la atención a las víctimas y el fortalecimiento de las estrategias de litigio.
Reorganización del CTI
En materia de planta de personal, la administración anunció una reorganización del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI).
Según lo explicado a los sindicatos, la Fiscalía pretende fortalecer la Dirección de Análisis Criminal tanto en el nivel central como en las seccionales. Para ello contempla movimientos de funcionarios provenientes de áreas delegadas y administrativas.
Entre las medidas proyectadas figura el retorno a funciones investigativas de servidores del CTI que actualmente cumplen labores de seguridad en la Dirección de Protección y Asistencia, así como la reasignación a actividades misionales de más de 400 integrantes de policía judicial que hoy desempeñan funciones administrativas.
Descongestión y fortalecimiento regional
La Fiscal General también presentó un plan para fortalecer las 35 seccionales del país mediante la definición de una planta mínima considerada inamovible.
La propuesta incluye mecanismos de coordinación con la Rama Judicial y la Defensoría del Pueblo para enfrentar la congestión procesal, así como la creación de programas temporales de descongestión mediante la vinculación de servidores temporales bajo esquemas similares a los utilizados por la Rama Judicial.
Durante la reunión, Camargo manifestó que uno de los principales objetivos de su administración es dejar completamente provista el área de fiscalías mediante el sistema de carrera especial antes de concluir su periodo constitucional, garantizando que la estabilidad laboral repose en criterios de mérito.
Concurso para el CTI en 2027
La administración también informó que proyecta realizar un concurso específico para el CTI durante 2027.
Según la explicación entregada a los sindicatos, la entidad revisará los perfiles profesionales exigidos para la investigación criminal y solicitará a los equipos de trabajo identificar profesiones que hayan quedado excluidas de convocatorias anteriores con el fin de incorporarlas al profesiograma institucional.
La reunión ocurre en un contexto particularmente sensible para la Fiscalía. Durante los últimos meses, diversos funcionarios y aspirantes han expresado reparos frente a varios aspectos del concurso de méritos y de los procesos de carrera, generando una controversia interna que ha derivado en cuestionamientos a la administración de Luz Adriana Camargo.
Por esa razón, el encuentro celebrado apenas cinco días antes de la jornada electoral de segunda vuelta ha despertado comentarios y suspicacias entre sectores de funcionarios que consideran que la dirección de la entidad busca recomponer relaciones con organizaciones sindicales en medio del debate sobre los concursos, los encargos y el futuro de la carrera especial.
El comunicado fue suscrito por Osinal, Sinalfi, Acolcicti, Asjudfgn, Asotrabcol, Atraes, Profiscalia, Serfigen y Acep Nacional.
Las organizaciones señalaron que presentaron observaciones a las propuestas de la administración y que la Fiscal General se comprometió a convocar una segunda mesa de trabajo para hacer seguimiento a los temas discutidos y evaluar el cumplimiento de las directrices anunciadas.
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