Durante décadas los gastos reservados han sido uno de los capítulos más discretos del presupuesto colombiano. Son recursos cuyo destino específico permanece protegido por ley debido a que financian operaciones de inteligencia, contrainteligencia, protección de fuentes humanas, pago de recompensas, infiltraciones, manejo de informantes, operaciones encubiertas y actividades que, de conocerse públicamente, podrían comprometer la seguridad nacional. Por esa razón pocas veces es posible conocer cómo se ejecutan estos dineros.
Sin embargo, informes, documentos, testimonios, análisis, bases de datos e información clasificada recaudada por la Agencia de Periodismo Investigativo, API, en múltiples fuentes permitieron elaborar una radiografía completa de la ejecución de los recursos secretos para combatir el crimen organizado.
No se trata de una auditoría cualquiera. Es, probablemente, la fotografía más completa del funcionamiento financiero de la inteligencia colombiana justo en el momento en que terminaba el gobierno de Iván Duque y comenzaba la administración de Gustavo Petro.
Hoy, cuando el país se prepara para un nuevo relevo presidencial hacia el gobierno de Abelardo de la Espriella, la información clasificada como secreta adquiere un valor determinante en el antes, ahora y después de las actividades de inteligencia.
Estos recursos fueron ejecutados cuando, Colombia enfrentaba amenazas persistentes derivadas del narcotráfico, las disidencias de las Farc, el Eln, el Clan del Golfo y otras organizaciones criminales que a cifras de 2025 han aumentado exponencialmente.
Criminalidad que crece
Informes de diversas fuentes y organismos indican que existen más de 540 organizaciones, incluyendo más de 190 grupos identificados operando específicamente en grandes aglomeraciones urbanas, a ello se suma la delincuencia común.
El panorama criminal está encabezado por unas pocas estructuras de alto impacto, y se divide principalmente en tres categorías: Grupos Armados Organizados (GAO): Son los más grandes y tienen presencia en múltiples regiones. Entre ellos destacan el Clan del Golfo (o Autodefensas Gaitanistas de Colombia) que cuenta con al menos 8.945 miembros, el Eln con cerca de 6.450 combatientes, y las disidencias de las Farc (como el Estado Mayor Central).
También están los Grupos de Delincuencia Organizada (GDO): Existen alrededor de 60 grupos de alcance regional o local, dedicados al narcotráfico, la extorsión y el control de economías ilícitas (como "La Oficina" en el Valle de Aburrá).
Y finalmente los Grupos de Delincuencia Común Organizados (GDCO): Hay más de 130 de estas bandas operando a nivel de barrios o comunas controlando el microtráfico y la delincuencia local.
La arquitectura financiera de los gastos reservados estaba diseñada precisamente para anticipar esas amenazas mediante inteligencia estratégica, operaciones encubiertas, pago de informantes y producción de información reservada. Tres años después el panorama nacional es diferente.
El debate público sobre la política de Paz Total, el crecimiento territorial de organizaciones ilegales y el fortalecimiento de economías criminales convirtió nuevamente a la inteligencia del Estado en uno de los principales temas de seguridad nacional.
En ese contexto, la información se convierte en una herramienta que muestra cómo estaba organizado el sistema estatal antes del deterioro posterior de la seguridad y antes del replanteamiento estratégico anunciado por el nuevo gobierno.
Tres dimensiones y los que gastaron
La documentación obtenida permite establecer si cada peso reservado ha sido utilizado conforme a los objetivos de inteligencia y contrainteligencia. Por ello, el cumplimiento financiero, operativo y de objetivos estratégicos permiten establecer la lucha del Estado contra las organizaciones criminales.
Si bien se advierte que el uso de los gastos reservados estuvieron dirigidos a los fines para los cuales fueron creados, la adquisición de bienes y servicios para actividades inteligencia y contrainteligencia deja dudas. A este respecto otro documento establece que hubo aumento en la utilización de dineros, haciendo caso omiso a las recomendaciones que se efectuaron para un mejor uso de los dineros.
Para citar un solo año, el 2022, el estado colombiano uso como gastos reservados del presupuesto nacional $176.864 millones. De estos, la Policía Nacional usó $52.425 millones, seguido de la Fiscalía General $52.092 millones y el Ejército Nacional: $31.823 millones.
De igual forma, la Armada Nacional $20.699 millones, la Dirección Nacional de Inteligencia: $7.680 millones, el Comando General FF.MM $8.698 millones, el Gaula Militar: $1.000 millones, y la Fuerza Aérea (hoy Fuerza Aeroespacial) $2.410 millones y la Unidad de Información y Análisis Financiero, Uiaf $34 millones
La primera conclusión es evidente. Más del 59 % de todos los gastos reservados del Estado colombiano terminaron concentrados únicamente entre la Policía Nacional y la Fiscalía General.
La segunda conclusión es estratégica. Las Fuerzas Militares, sumadas en conjunto, continuaban administrando cerca de un tercio del total de estos recursos. En este contexto, el Estado siguió privilegiando las operaciones de inteligencia como principal herramienta para enfrentar amenazas criminales.
La prioridad absoluta: las operaciones de inteligencia
La información recaudada, después de revisar miles de operaciones presupuestales concluyó que la mayor parte del dinero continuaba concentrándose en un solo concepto: operaciones de inteligencia, detalladas como las actividades de mayor atención e inversión para un efectivo desempeño.
De hecho, este concepto permaneció como el principal destino de los gastos reservados durante todo el cuatrienio 2019-2022. Mientras otros rubros crecían o disminuían, las operaciones de inteligencia continuaban absorbiendo la mayor parte del presupuesto nacional reservado.
Estos recursos $176.864 millones, fueron usados en protección de testigos e informantes, investigación criminal, identidad de cobertura, uso de infraestructura, recompensas, financiamiento de reubicación, cambios de identidad, manutención y seguridad de personas que suministran información determinante, entre otras actividades de inteligencia y contrainteligencia, no obstante, pese a la cantidad de recursos la criminalidad sigue creciendo en Colombia.
Espere mañana segunda entrega: Así funcionó el aparato de inteligencia; miles de millones para operaciones encubiertas, informantes, recompensas y guerra contra las organizaciones criminales.
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