La denuncia pública de la senadora animalista Andrea Padilla abrió una nueva controversia alrededor del programa de conservación del caimán llanero, una de las especies más emblemáticas y amenazadas de Colombia.
Lo que inicialmente se conoció como una alerta por presunto maltrato animal derivó en un intercambio de responsabilidades entre entidades ambientales, universidades y administradores de centros de conservación, mientras salen a la luz documentos que describen un escenario de hacinamiento, deficiencias alimentarias y muertes de ejemplares bajo cuidado humano.
En el centro de la polémica se encuentra la Estación de Biología Tropical Roberto Franco, de la Universidad Nacional de Colombia, ubicada en Villavicencio, considerada durante décadas uno de los principales bastiones para la conservación ex situ del caimán llanero (Crocodylus intermedius), especie catalogada en peligro crítico de extinción.
Sin embargo, la institución reconoció en mayo de 2025 que enfrentaba una situación financiera y logística que amenazaba la continuidad del programa alimentario para cientos de ejemplares mantenidos bajo custodia.
En una comunicación enviada a la ministra de Ambiente, Lena Yanina Estrada, la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional advirtió que los recursos disponibles para la alimentación de los animales solo alcanzarían hasta septiembre de ese año.
“Actualmente, la Universidad está costeando la alimentación de 350 caimanes bajo condiciones de cuidado especializado”, señaló la decana Lucy Gabriela Delgado Murcia en la carta dirigida al Ministerio.
Allí también alertó que las instalaciones ya estaban sobrepasadas por la cantidad de animales albergados y que los ejemplares permanecían en condiciones de hacinamiento debido a que las albercas disponibles habían alcanzado su capacidad máxima.
La advertencia que antecedió a la crisis
La comunicación enviada por la Universidad Nacional describió un panorama preocupante. Según el documento, el presupuesto destinado al sostenimiento de la fauna bajo cuidado alcanzaba los $460 millones para 2025, pero resultaba insuficiente para cubrir las necesidades alimentarias de todos los ejemplares durante el año completo.
La situación era particularmente delicada porque el programa no solo atendía animales en la Estación Roberto Franco. También incluía ejemplares ubicados en instalaciones de la Universidad de los Llanos y del Parque Agroecológico Merecure.
Los registros reportados por la institución indicaban la presencia de 181 caimanes en la Estación Roberto Franco, 12 en la Universidad de los Llanos y 183 en Merecure, para un total de 376 ejemplares distribuidos en tres centros de manejo. El costo promedio mensual de alimentación superaba los $88 millones.
La Universidad solicitó entonces tres medidas urgentes al Ministerio de Ambiente: apoyo económico para garantizar el suministro alimentario, la construcción de un plan nacional de emergencia y el liderazgo de un programa de liberación y reubicación de animales para aliviar la presión sobre las instalaciones.
“El caimán llanero no solo es un símbolo de la biodiversidad colombiana, sino una especie que representa el compromiso de todos por evitar la extinción”, advirtió la institución en su llamado al Gobierno Nacional.
Las inspecciones que confirmaron las alertas
La controversia tomó fuerza cuando Cormacarena respondió un derecho de petición presentado por la senadora Andrea Padilla y reveló los resultados de varias visitas técnicas realizadas entre 2025 y 2026.
Según la autoridad ambiental, la primera alerta formal se produjo tras una inspección efectuada el 5 de diciembre de 2025. Los técnicos encontraron un escenario que calificaron como de “riesgo crítico generalizado” para la supervivencia de los animales.
Los hallazgos incluyeron hacinamiento severo, interrupción del suministro de alimento y deficiencias en infraestructura.
En la Estación Roberto Franco se documentó una densidad poblacional superior a la capacidad de carga de los estanques. En uno de los casos revisados, un estanque diseñado para albergar 16 individuos contenía 42 ejemplares.
Los inspectores también registraron que algunos animales habían permanecido hasta quince días sin recibir alimento. Entre los neonatos se observó una mortalidad cercana al 20%, asociada a infecciones respiratorias y cuadros de desnutrición.
Adicionalmente, el informe señaló signos de estrés térmico provocados por la exposición prolongada al sol debido a la ausencia de coberturas de sombra en varias áreas de manejo.
En la sede Barcelona de la Universidad de los Llanos, los doce ejemplares allí alojados presentaban un ayuno superior a 50 días y condiciones corporales consideradas deficientes.
Mientras tanto, en el Parque Agroecológico Merecure, los inspectores reportaron que los animales acumulaban cerca de 70 días sin alimentación y mostraban signos visibles de delgadez. También advirtieron sobre problemas de seguridad debido a una cerca perimetral inferior al estándar requerido.
Los caimanes que murieron
Uno de los aspectos más delicados del informe de Cormacarena es el relacionado con la mortalidad registrada durante la crisis.
La entidad reportó que entre septiembre de 2025 y abril de 2026 se documentaron 15 muertes de caimanes llaneros en los diferentes centros vinculados al programa de conservación. Trece de esos fallecimientos ocurrieron en la Estación Roberto Franco y dos en Merecure.
Las muertes
Entre las causas señaladas aparecen infecciones del ombligo en neonatos, agresiones intraespecíficas derivadas de la convivencia en espacios reducidos, hepatomegalia, cardiopatías y varios casos catalogados como de causa indeterminada.
Aunque Cormacarena aclara que no todas las muertes pueden atribuirse directamente a la falta de alimento, reconoce que ocurrieron dentro de un contexto de crisis alimentaria y hacinamiento que afectó el bienestar de los animales.
El resumen oficial registra: Cinco muertes por causas indeterminadas. Tres neonatos fallecidos por onfalitis o infección umbilical. Dos ejemplares muertos por agresiones entre individuos. Una muerte asociada a hepatomegalia. Una por cardiopatías. Una por afecciones hepáticas. Dos hembras adultas fallecidas en Merecure.
La disputa por las responsabilidades
La respuesta de Cormacarena también revela una diferencia de criterios respecto a quién debe asumir la responsabilidad principal por la alimentación y manejo de los animales.
La autoridad ambiental recordó que el Programa Nacional para la Conservación del Caimán Llanero asigna a la Universidad Nacional, a través de la Estación Roberto Franco, funciones relacionadas con la cría, reproducción, mantenimiento en cautiverio, atención veterinaria y liberación de ejemplares.
Cormacarena sostiene que emitió varios requerimientos formales entre diciembre de 2025 y mayo de 2026 exigiendo acciones inmediatas para superar la crisis y garantizar el bienestar de los animales.
La corporación afirma además que, durante los últimos siete años, invirtió más de $569 millones en convenios con la Universidad Nacional para fortalecer las acciones de conservación.
Sin embargo, la Universidad Nacional ha insistido en que la magnitud del programa excede su capacidad presupuestal actual y que la conservación de una especie en peligro crítico requiere un esfuerzo conjunto del Estado y de las entidades que integran el sistema ambiental.
La recuperación parcial
Las visitas realizadas en mayo de 2026 mostraron una mejoría respecto a las condiciones observadas meses atrás.
Cormacarena informó que en la Estación Roberto Franco los animales presentaban recuperación física, alimentación restablecida y mejoras en el manejo de los estanques. También se habían redistribuido ejemplares para disminuir el hacinamiento en algunos sectores.
No obstante, la situación seguía siendo crítica en la sede Barcelona de la Universidad de los Llanos, donde los inspectores reportaron mucosas pálidas, baja condición corporal y ausencia de suministro alimentario por varios meses.
En Merecure, aunque la alimentación había sido retomada parcialmente, persistían dificultades para garantizar un esquema estable de manejo.
Una especie al borde del abismo
La controversia trasciende el debate administrativo porque involucra la supervivencia de una especie emblemática de los Llanos Orientales.
El caimán llanero es considerado uno de los cocodrilianos más amenazados del planeta. Durante décadas, los programas de reproducción en cautiverio desarrollados por la Universidad Nacional y otras instituciones han sido fundamentales para evitar su desaparición definitiva.
Por eso, las denuncias impulsadas por la senadora Andrea Padilla generaron alarma entre organizaciones animalistas y conservacionistas, que exigen respuestas inmediatas sobre las condiciones de bienestar de los ejemplares y sobre el futuro del programa nacional de conservación.
⚠️ Increíble 😱
❌ En el @MinAmbienteCo sabían desde hace un año que 350 caimanes quedarían sin comida en septiembre del año pasado. Definitivamente les quedó grande. Mucho evento internacional, poco interés por la vida y por lo nuestro @PGN_COL
🐊 #CaimanesMuriendo pic.twitter.com/JNAtrB6X1Y— Andrea Padilla Villarraga 🪽🐾 (@andreanimalidad) June 2, 2026
Mientras continúan los señalamientos cruzados entre entidades, los documentos oficiales dejan una conclusión difícil de ignorar: las advertencias sobre falta de alimento, sobrepoblación y deterioro de las condiciones de manejo fueron conocidas por las autoridades meses antes de que la situación se convirtiera en un escándalo público.
Y aunque algunas medidas correctivas comenzaron a implementarse, la muerte de al menos 15 caimanes llaneros se convirtió en el símbolo de una crisis que hoy pone bajo escrutinio uno de los programas de conservación más importantes del país.
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