Cali todavía cuenta muertos, heridos, viviendas averiadas, edificios que deberán ser demolidos y familias que perdieron sus casas después del terremoto del pasado 10 de agosto, pero, en paralelo a la emergencia que transformó las prioridades de la ciudad, Empresas Municipales de Cali (EMCALI) mantiene en marcha uno de los procesos contractuales más grandes de los últimos años: la búsqueda de un aliado estratégico para modernizar, expandir, operar y mantener el alumbrado público, una operación cuyo valor de inversión está calculado en $452.711 millones y que comprometerá la prestación del servicio durante las próximas dos décadas.
La fecha que concentraba la atención era el 26 de agosto, prevista, según la información suministrada sobre la actualización del proceso, para la recepción de ofertas. Pero, tras advertirse alertas públicas, Roger Mina, gerente de Emcali, anunció que se amplió hasta el próximo 15 de septiembre.
Esto será 37 días después del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el occidente colombiano y golpeó con particular fuerza a Cali, donde colapsaron edificaciones, quedaron centenares de estructuras averiadas y se produjeron interrupciones y daños en infraestructura y servicios esenciales.
El contraste abre un interrogante inevitable para la ciudad: si las condiciones físicas, económicas y presupuestales de Cali cambiaron después del terremoto, ¿deben mantenerse sin una revisión integral los estudios y supuestos con los que fue estructurado antes de la tragedia un negocio de más de $452.000 millones?.
No se trata de discutir la necesidad de modernizar el alumbrado público. Buena parte de las luminarias de la capital del Valle requiere renovación y la tecnología LED ofrece menores consumos de energía, mayor capacidad de control y reducción de costos operativos.
La discusión está en el momento, las condiciones, el modelo financiero y la conveniencia de comprometer recursos a largo plazo cuando la ciudad acaba de sufrir una emergencia que modificó sus necesidades de inversión.
Proceso y valores
El proceso tiene nombre y número: Invitación Pública 500-CCE-001-2026. Emcali lo publicó el 26 de junio para seleccionar un aliado con el cual prestará conjuntamente el servicio de alumbrado público y realizará inversiones destinadas a modernización, expansión, reposición, incorporación de desarrollos tecnológicos, administración, operación y mantenimiento.
El proyecto contempla intervenir 101.037 luminarias que todavía utilizan tecnologías tradicionales, instalar inicialmente 3.945 nuevos puntos de iluminación e incorporar sistemas de telegestión para controlar el parque lumínico.
La inversión prevista alcanza los $452.711.749.778 y la modernización tendría un plazo máximo de 24 meses.
Antes del terremoto, la compañía presentaba la iniciativa como una de sus grandes apuestas estratégicas. En febrero de 2026 anunció que la segunda fase de modernización comprendería aproximadamente 101.000 luminarias y más de 3.000 nuevos puntos, con una inversión superior a $400.000 millones.
La empresa calculó que el cambio tecnológico podría generar ahorros cercanos a $17.000 millones anuales en consumo de energía.
Cuatro meses después, cuando avanzó la estructuración definitiva, la cifra se acercó a $450.000 millones. El gerente general de Emcali, Roger Mina, defendió públicamente el proyecto y aseguró que el procedimiento sería abierto, competitivo y acompañado preventivamente por los organismos de control.
Pero el proceso comenzó a mostrar una dimensión distinta cuando los potenciales interesados tuvieron acceso a las condiciones.
Rosario de observaciones
La propia empresa reconoció oficialmente que, hasta el 15 de julio, más de 25 interesados formularon más de 700 observaciones sobre la Invitación Pública 500-CCE-001-2026. El volumen fue tan alto que la empresa tuvo que alterar el cronograma.
No fue una modificación aislada. El 21 de julio se publicó la Adenda 001 para ampliar el plazo destinado a responder las observaciones. Un día después apareció la Adenda 002 para corregir una omisión en el cronograma.
El 24 de julio se expidió la Adenda 003 y nuevamente se cambiaron las fechas porque la compañía reconoció que todavía no había terminado de analizar y responder las inquietudes recibidas.
El documento oficial fue explícito: la empresa necesitaba ampliar el plazo debido al volumen de cuestionamientos.
Una semana después llegó otra modificación.
Mediante la Adenda 004, del 31 de julio, Emcali volvió a reconocer que necesitaba tiempo adicional para “culminar su análisis y consolidación”, emitir respuestas sustentadas y determinar si correspondía introducir nuevos ajustes a los documentos del proceso.
La secuencia resulta significativa porque uno de los argumentos centrales de quienes han cuestionado la contratación es precisamente que un proyecto de esta magnitud requiere una revisión técnica, jurídica y financiera que no deje dudas sobre las condiciones de competencia, la rentabilidad proyectada y las obligaciones que asumirá la ciudad.
Entre los críticos más visibles ha estado el concejal Roberto Ortiz, quien ha denunciado públicamente la posible existencia de requisitos que, a su juicio, podrían restringir la participación y favorecer a determinados interesados. Sus señalamientos sobre supuestos “pliegos sastre” han sido rechazados por la administración.
La respuesta de la empresa
Roger Mina ha respondido que no existe prueba de un direccionamiento y sostiene que las reglas permiten la participación de empresas nacionales e internacionales. También ha negado que la operación constituya una privatización del alumbrado público.
La discusión, sin embargo, va más allá de quién pueda resultar seleccionado. Otro punto de controversia es la duración económica de la alianza.
Según las explicaciones entregadas por la gerencia, el aliado realizará una inversión cercana a $450.000 millones durante los primeros 24 meses. Hay versiones que dicen que se habría disminuido este tiempo a solo18 meses.
A cambio, durante aproximadamente 20 años recibiría la remuneración correspondiente a esa inversión, además de los recursos asociados a la operación y mantenimiento del sistema.
Mina ha explicado que la remuneración de la inversión durante esas dos décadas estaría alrededor de $1,7 billones, calculada bajo una tasa de retorno de 12,09 %, además de los pagos correspondientes a operación y mantenimiento. La administración sostiene que, bajo ese modelo, Emcali conservaría ingresos superiores a $1 billón.
Incluso Mina reiteró este viernes que fue ampliado el plazo hasta el próximo 15 de septiembre para recibir propuestas, “Queremos que participen los mejores oferentes, nacionales e internacionales, porque estamos hablando de un proyecto estratégico para el futuro de Cali”, y aseguró que el proceso de expansión del alumbrado público cuenta con el acompañamiento de expertos jurídicos, técnicos y financieros para estructurar una invitación pública sólida y transparente.
El debate
Los opositores al esquema hacen una lectura diferente. Consideran que comprometer durante 20 años los flujos provenientes del alumbrado exige demostrar que la alianza resulta más conveniente que financiar directamente la modernización directa o mediante otras alternativas.
Ese debate tiene un antecedente que agrega otro elemento a la discusión. En octubre de 2024, el propio Roger Mina planteaba que Emcali debía recuperar capacidad operativa directa sobre el alumbrado público.
Durante un foro institucional pidió al alcalde Alejandro Eder que desde 2025 la empresa operara directamente una de las zonas de alumbrado con cuadrillas propias.
Ahora el modelo escogido contempla un aliado estratégico encargado de realizar la inversión y asumir funciones de operación y mantenimiento sobre la infraestructura instalada, aunque la compañía sostiene que seguirá administrando el servicio, supervisando técnica y financieramente la alianza y atendiendo las solicitudes de los usuarios.
Desde el Concejo también se han planteado reparos al modelo. Mauricio Zamora ha defendido que la empresa puede asumir directamente la modernización sin entregar durante dos décadas parte de la operación a un aliado.
Roberto Ortiz ha concentrado sus cuestionamientos en las condiciones de selección. Otros concejales han solicitado mayor vigilancia sobre las decisiones relacionadas con el alumbrado.
Personas conocedoras de la situación han identificado en los pliegos exigencias como las de un perfil “Profesional de Desarrollos tecnológicos: Ingeniero electricista o ingeniero eléctrico o ingeniero electrónico, con estudios a nivel de postgrado en áreas de tecnología e innovación o ciudades inteligentes, con experiencia como líder o jefe o director o ingeniero en alumbrado público con al menos tres (3) años de experiencia y en un municipio que cuente con al menos el 50% de las luminarias requeridas para el presente proyecto, un ítem difícil o casi imposible por cumplir, salvo para alguien. Sumando además un certificado “retilap” a la telegestión que afirman “lo tiene una persona o dos en Colombia máximo”.
Vuelve y juega
Los reparos tampoco comenzaron en 2026. A finales de 2025 ya se había producido una controversia alrededor de la estructuración de una alianza para el servicio. Entonces trascendieron observaciones relacionadas con la planeación y con el estado de una consultoría destinada a actualizar el Plan Maestro de Alumbrado Público.
Ese episodio llevó a detener el esquema que se estudiaba en ese momento y obligó a Emcali a replantear el procedimiento.
La empresa respondió posteriormente anunciando una nueva estructuración. En febrero de este año sostuvo que las actuaciones adelantadas durante 2025 no constituían parte del nuevo procedimiento de selección y aseguró que cualquier oferta recibida anteriormente solo serviría como insumo para el estudio de mercado.
Así comenzó el proceso que hoy vuelve a estar en el centro de la discusión. La compañía ha insistido durante todo el año en las ventajas de la modernización. Cali cuenta con aproximadamente 186.000 luminarias y durante 2024 y 2025 avanzó en la conversión de cerca del 30 % del parque a tecnología LED.
La segunda etapa busca completar prácticamente la totalidad del sistema. Desde el punto de vista técnico, el proyecto ofrece beneficios concretos. Las nuevas luminarias consumirían menos energía, incorporarían sistemas de telegestión, permitirían detectar fallas en tiempo real y facilitarían el mantenimiento.
La empresa también relaciona una mejor iluminación con seguridad, movilidad y recuperación del espacio público. Ese proyecto fue concebido, calculado y estructurado antes de las 7:34 de la mañana del 10 de agosto. A esa hora la realidad de Cali cambió.
Sismo real y contractual
El terremoto de magnitud 7,4, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, golpeó el occidente del país y produjo en Cali una emergencia que todavía no termina. Edificios colapsaron, hospitales resultaron afectados, viviendas quedaron inhabitables, redes y servicios sufrieron interrupciones y miles de personas tuvieron que abandonar temporal o definitivamente sus hogares.
Las evaluaciones posteriores han encontrado además una vulnerabilidad estructural que supera los daños visibles de las primeras horas.
Unas 200 edificaciones enfrentan la posibilidad de demolición, mientras especialistas estudian el comportamiento de construcciones levantadas antes de la entrada en vigencia de normas sismorresistentes más estrictas.
La emergencia también golpeó infraestructura crítica. Los primeros balances reportaron interrupciones de energía, agua y telecomunicaciones y afectaciones al sistema de transporte. La ciudad tuvo que concentrar personal, maquinaria y recursos en búsqueda y rescate, atención hospitalaria, evaluación de edificaciones y restablecimiento de servicios.
Ese nuevo escenario es el que ahora convive con la licitación del alumbrado. La cuestión ya no es solamente si la capital del Valle del Cauca necesita 101.037 luminarias LED. Las necesita.
La cuestión es determinar si los estudios económicos, financieros, técnicos y operativos construidos antes del 10 de agosto siguen reflejando las prioridades de una ciudad que después del terremoto deberá destinar cuantiosos recursos a reconstrucción, reforzamiento estructural, recuperación de infraestructura pública y atención de miles de damnificados.
También debe establecerse si la infraestructura sobre la cual fueron realizados los inventarios y diseños conserva las mismas condiciones después del movimiento sísmico.
El terremoto puede haber afectado postes, canalizaciones, redes eléctricas, vías, espacios públicos y sectores urbanos incluidos en la planeación original. Además, las eventuales demoliciones, reconstrucciones y modificaciones del espacio urbano pueden alterar necesidades previamente calculadas.
Reparos
Una contratación pública de esta dimensión parte necesariamente de una realidad física y económica determinada. Cuando esa realidad cambia de manera extraordinaria antes de seleccionar al contratista, revisar los supuestos que sustentaron la estructuración se convierte en un asunto central para establecer la conveniencia de continuar bajo las mismas condiciones.
Y hay otro elemento: las más de 700 observaciones no fueron formuladas después del terremoto. Llegaron antes. Es decir, el proceso ya enfrentaba cuestionamientos técnicos, jurídicos y financieros cuando Cali todavía era la ciudad sobre la cual se habían elaborado los estudios iniciales.
La tragedia agregó una variable que no existía cuando se diseñaron los documentos del proceso. Emcali, precisamente, había reconocido antes del sismo que necesitaba más tiempo para analizar las observaciones. Las adendas muestran cómo el cronograma original fue desplazándose mientras los equipos técnicos y jurídicos revisaban cientos de inquietudes.
La empresa sostiene que esas modificaciones demuestran que no existe afán y que, por el contrario, el procedimiento ha sido ajustado cada vez que ha sido necesario para garantizar respuestas de fondo.
Sus críticos interpretan la misma secuencia de otra manera: consideran que cuatro modificaciones del calendario y más de 700 observaciones constituyen razones suficientes para extremar la revisión antes de comprometer recursos por dos décadas.
Ahora existe una circunstancia que ninguno de los interesados podía anticipar cuando presentó sus observaciones el 15 de julio. Un terremoto. La ciudad sobre la cual fueron proyectadas las inversiones de junio ya no es exactamente la ciudad que llegará al cierre del proceso en agosto.
Cali deberá reconstruir viviendas, recuperar infraestructura hospitalaria, evaluar edificios, intervenir vías y servicios, determinar qué estructuras deben demolerse y establecer cuánto costará recuperar las zonas más golpeadas.
Redefinición
El Distrito deberá redefinir prioridades presupuestales y Emcali, como empresa responsable de acueducto, alcantarillado, energía y telecomunicaciones, tendrá un papel fundamental en esa reconstrucción.
Por eso la discusión alrededor de los $452.711 millones dejó de ser exclusivamente contractual.
Se convirtió también en una discusión sobre prioridades. Suspender, modificar, continuar o reestructurar el proceso corresponde a las autoridades competentes y exige fundamentos técnicos y jurídicos.
Pero después del 10 de agosto existe una pregunta adicional que no estaba escrita en ninguno de los cientos de cuestionamientos formulados durante julio: si el proyecto que fue diseñado para la Cali anterior al terremoto sigue siendo, bajo exactamente las mismas condiciones, el proyecto que necesita la Cali que quedó después del terremoto.
Emcali tiene argumentos para defender la modernización. El parque lumínico necesita renovación, la tecnología LED reduce consumo, la telegestión facilita el mantenimiento y la ciudad requiere completar un proceso que comenzó años atrás.
No obstante, una inversión pública de esta magnitud también exige responder por qué debe conservarse su estructura económica y contractual después de una emergencia que modificó necesidades urbanas y fiscales.
Y el reloj sigue corriendo. Mientras los organismos de socorro terminan búsquedas, los ingenieros determinan qué edificios pueden seguir en pie y centenares de familias esperan saber si podrán regresar a sus viviendas, el calendario de uno de los negocios más importantes de Emcali continúa avanzando.
El 15 de septiembre aparece así como algo más que una fecha contractual. Es el punto en el que pueden encontrarse dos ciudades: la Cali para la cual fue estructurado un proyecto de $452.711 millones destinado a transformar 101.037 luminarias y la Cali que emergió de los escombros del terremoto del 10 de agosto.
Antes de comprometer recursos durante los próximos 20 años, la discusión ya no consiste únicamente en determinar quién puede ejecutar la modernización, cuánto recibirá o qué tecnología instalará.
La pregunta que quedó después del terremoto es anterior a todas ellas: si los estudios, diseños, presupuestos, prioridades y condiciones financieras sobre los cuales nació la contratación todavía corresponden a las necesidades reales de Cali.
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