Durante años sus nombres estuvieron asociados con dos extremos diferentes de la geografía colombiana. Uno, con el Catatumbo, una región de montañas, selva, frontera y extensos cultivos de coca en Norte de Santander.
El otro, con Putumayo, otro territorio fronterizo convertido durante décadas en corredor estratégico para organizaciones dedicadas al narcotráfico y escenario de sucesivas disputas entre grupos armados.
Willinton Henao Gutiérrez, conocido como “Mocho Olmedo”, y Geovany Andrés Rojas, alias “Araña”, construyeron sus trayectorias en organizaciones diferentes.
No obstante, sus historias terminaron encontrándose en Bogotá en febrero de 2025. Ambos eran dirigentes de estructuras armadas que habían abierto canales de negociación con el Gobierno del presidente Gustavo Petro y ambos quedaron detenidos por requerimientos de la justicia de Estados Unidos.
La Agencia de Periodismo Investigativo, API reconstruyó la historia de los dos señalados por narcotráfico y terrorismo en momentos en que el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella se apresta a autorizar su extradición a Estados Unidos.
El primero
En el caso de “Mocho Olmedo” existe, además, una precisión necesaria. Aunque algunas referencias lo han asociado con otras estructuras de las disidencias, los registros oficiales consultados identifican a Willinton Henao Gutiérrez como integrante y dirigente del Frente 33, organización con presencia en el Catatumbo.
La propia Policía Nacional lo incluyó entre los más buscados de Norte de Santander bajo el nombre “Willinton Henao Gutiérrez” y el alias “Mocho Olmedo”.
La Fiscalía también lo ubicó expresamente dentro del Frente 33. En un informe de resultados contra la criminalidad organizada relacionó a Henao, junto con Javier Alonso Velosa García, alias “Jhon Mechas”; Farby Edison Parra Parra, alias “Richard”; y Carlos Eduardo García Téllez, alias “Andrey”, dentro de investigaciones por el reclutamiento ilícito de menores ocurrido en medio de la confrontación que estalló en el Catatumbo en enero de 2025.
Su trayectoria está ligada a una región donde la desaparición de las antiguas Farc como estructura armada después del Acuerdo de Paz de 2016 no significó la desaparición de las economías ilegales ni del control armado.
El Frente 33 había formado parte de las antiguas Farc y operaba históricamente en Norte de Santander. Después de la dejación de armas, diferentes estructuras aparecieron o se reorganizaron alrededor de antiguos combatientes, nuevos reclutas y redes relacionadas con las economías ilegales.
En ese escenario adquirió relevancia “Mocho Olmedo”. Las autoridades lo identificaron como uno de los hombres con capacidad de mando dentro del Frente 33.
En febrero de 2025, cuando se produjo su detención, fue descrito como segundo al mando de esa estructura y como uno de los hombres que tenía influencia sobre el territorio del Catatumbo.
Su nombre también había aparecido en expedientes relacionados con hechos violentos ocurridos en la región. Informaciones basadas en reportes de las autoridades lo vincularon con investigaciones por secuestros, extorsiones y homicidios.
Además fue relacionado por las autoridades con el secuestro de aproximadamente 180 militares que participaban en labores de erradicación de cultivos ilícitos en octubre de 2021 y con la investigación por el asesinato de la fiscal especializada Esperanza Navas, ocurrido el 9 de junio de ese mismo año en Tibú.
Estas menciones corresponden a señalamientos e investigaciones de las autoridades y deben diferenciarse de condenas judiciales en firme. Pero sería el narcotráfico el que llevaría su nombre más allá de las fronteras colombianas.
Expediente de Estados Unidos
Estados Unidos comenzó a consolidar un expediente en el que Henao aparecía presuntamente vinculado con operaciones para producir y comercializar cocaína desde el Catatumbo.
Según documentos conocidos durante el trámite de extradición, una fuente utilizada en la investigación sostuvo una reunión en Cartagena el 2 de septiembre de 2021 con una mujer que habló sobre la posibilidad de vender entre 1.000 y 2.000 kilogramos de cocaína.
Al día siguiente, según el expediente, esa persona habría señalado que uno de los laboratorios involucrados estaba ubicado en el Catatumbo y que Henao era uno de sus propietarios.
El expediente reconstruyó además una comunicación del 1.º de julio de 2022. Ese día, de acuerdo con la información presentada dentro del proceso, “Mocho Olmedo” habría participado mediante una videollamada de WhatsApp en conversaciones relacionadas con una operación de cocaína.
Las autoridades estadounidenses terminaron reclamándolo por su presunta participación en delitos relacionados con concierto para delinquir, tráfico de drogas y lavado de activos. La solicitud inicial de extradición fue enviada el 21 de julio de 2023 y posteriormente formalizada el 19 de febrero de 2025.
Para entonces, sin embargo, la situación de Henao había cambiado. El Catatumbo atravesaba una de las crisis humanitarias más graves de los últimos años. Desde enero de 2025 se intensificó la confrontación entre el ELN y el Frente 33, una guerra que provocó desplazamientos masivos, confinamientos, homicidios y una nueva carrera por el control territorial.
“Mocho Olmedo” quedó en medio de esa ofensiva. Sobrevivió a un ataque atribuido al frente Nororiental del ELN y el 12 de febrero de 2025 terminó en poder de las autoridades después de salir del territorio donde se desarrollaban los combates.
Su llegada a manos del Estado no fue una captura convencional producto de una operación militar. Henao buscaba incorporarse como interlocutor a los acercamientos que adelantaba el Gobierno con su estructura y su salida del Catatumbo estuvo acompañada por gestiones relacionadas con el proceso de paz.
Pero sobre él pesaba el requerimiento estadounidense. La Fiscalía procedió entonces a materializar su detención con fines de extradición. El hecho resultaba particularmente sensible porque Henao había adquirido la condición de vocero del Frente 33 dentro de los acercamientos con el Gobierno.
Mientras el Estado colombiano intentaba convertir a un comandante armado en interlocutor, Estados Unidos pretendía llevarlo ante un tribunal.
Corte Suprema y paz total
La Sala de Casación Penal emitió concepto favorable a su extradición después de estudiar la documentación presentada dentro del procedimiento. El expediente volvió a poner sobre la mesa las acusaciones relacionadas con el tráfico de cocaína desde el Catatumbo y las supuestas conexiones de Henao con redes dedicadas al envío de droga.
Pero un concepto favorable de la Corte no significa automáticamente que la persona sea entregada. En Colombia, después del pronunciamiento de la Corte Suprema, corresponde al Ejecutivo adoptar la decisión que jurídicamente proceda sobre la entrega. Y allí apareció nuevamente la paz total.
En julio de 2025, el Gobierno suspendió la extradición de “Mocho Olmedo” mientras mantuviera su participación efectiva en el proceso de paz. La decisión convirtió a Henao en ejemplo de una figura que el Ejecutivo de Gustavo Petro utilizó para intentar impedir que los requerimientos internacionales desarticularan negociaciones con organizaciones armadas.
Araña en Cali
A cientos de kilómetros del Catatumbo, otra historia había avanzado de manera paralela. Geovany Andrés Rojas, alias “Araña”, desarrolló su trayectoria en el sur del país.
Nacido en Cali, según perfiles reconstruidos a partir de información de las autoridades, llegó desde niño al Putumayo, departamento en el que terminaría desarrollando buena parte de su vida y de su actividad criminal.
Su historia resulta especialmente significativa porque Comandos de la Frontera no puede entenderse simplemente como la continuación automática de una estructura de las antiguas Farc.
El grupo surgió en medio de la fragmentación del mapa criminal del sur colombiano después del Acuerdo de Paz y reunió diferentes redes armadas y del narcotráfico que disputaron territorios, corredores, cultivos ilícitos y laboratorios.
Con el paso de los años, Comandos de la Frontera consolidó presencia en Putumayo y zonas próximas a las fronteras con Ecuador y Perú.
“Araña” terminó convertido en uno de sus principales dirigentes y en 2021 ya era identificado como máximo líder de la organización.
Su trayectoria judicial, sin embargo, había comenzado mucho antes. De acuerdo con sus antecedentes, Rojas fue condenado en Colombia a 29 años de prisión por homicidio, concierto para delinquir agravado, fabricación y tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas.
El negociador de paz
Después aparecería nuevamente al frente de una estructura armada. Comandos de la Frontera llegó a mantener vínculos con la Segunda Marquetalia, organización encabezada por antiguos comandantes de las Farc que regresaron a las armas después del Acuerdo de Paz.
Posteriormente, la estructura de “Araña” tomó distancia de ese proyecto y terminó integrada en un nuevo escenario de conversaciones con el Estado.
Así nació la participación de Rojas en los diálogos de paz. Comandos de la Frontera se incorporó a la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, una agrupación de estructuras que abrió una mesa de conversaciones con el Gobierno.
El jefe que durante años había sido perseguido por las autoridades comenzó a sentarse frente a delegados estatales.
Pero simultáneamente avanzaba una investigación en Estados Unidos. El 7 de marzo de 2025, la Fiscalía Federal del Distrito Sur de California reveló públicamente una acusación sustitutiva contra Geovany Andres Rojas, identificado expresamente como “Araña”.
La justicia estadounidense señaló que inicialmente había sido acusado de conspiración internacional para distribuir cocaína. Según la acusación, Rojas habría acordado distribuir cocaína en Colombia, Ecuador y otros lugares con conocimiento de que la droga sería importada ilegalmente a Estados Unidos. Posteriormente el expediente escaló. El gran jurado federal agregó un cargo de narcoterrorismo.
La acusación en poder de la Agencia de Periodismo Investigativo, API, sostiene que Rojas habría proporcionado deliberadamente elementos de valor económico a personas u organizaciones que sabía que estaban involucradas en actividades terroristas.
La investigación fue desarrollada con participación de la DEA y el FBI dentro de una estrategia contra organizaciones transnacionales de narcotráfico.
La dimensión de las penas posibles muestra la importancia que Washington atribuyó al expediente. Por la conspiración internacional para distribuir cocaína, la legislación estadounidense contempla en el caso presentado contra Rojas una pena mínima obligatoria de diez años y una máxima de cadena perpetua.
Por el cargo de narcoterrorismo, el mínimo señalado por el Departamento de Justicia es de veinte años y la pena también puede llegar hasta prisión perpetua.
Detenido
Su detención ocurrió en circunstancias que hicieron el episodio todavía más controvertido. En febrero de 2025, Rojas estaba en Bogotá participando en el proceso de negociación con el Gobierno. Al finalizar un ciclo de conversaciones, agentes del CTI de la Fiscalía llegaron hasta el hotel en el que se encontraba.
Allí le notificaron el requerimiento internacional. “Araña”, el negociador, pasó a ser “Araña”, el detenido con fines de extradición.
La paradoja fue inmediata: mientras una dependencia del Estado colombiano lo reconocía como interlocutor para intentar conseguir el desarme de una organización, otra debía responder a los mecanismos de cooperación judicial internacional activados en su contra.
La captura produjo cuestionamientos desde la propia mesa de conversaciones y abrió una discusión sobre las garantías que tenían los negociadores. Y el expediente no desapareció con el paso del tiempo.
La extradición de Rojas siguió siendo un asunto sensible para las relaciones entre Bogotá y Washington. En febrero de 2026, el caso todavía aparecía entre los asuntos pendientes entre ambos países, mientras el Gobierno colombiano defendía la necesidad de preservar las conversaciones con Comandos de la Frontera.
Narcotráfico
Las investigaciones estadounidenses, además, han relacionado a Rojas con redes transnacionales de tráfico de drogas. Informaciones conocidas posteriormente dieron cuenta de contactos investigados entre “Araña” y operadores internacionales del narcotráfico en Putumayo, dentro de un escenario que conecta las zonas productoras colombianas con organizaciones capaces de sacar cargamentos del país.
El Putumayo resulta fundamental para comprender ese poder. Su ubicación permite conectar áreas productoras de coca con Ecuador, Perú y rutas fluviales y terrestres utilizadas históricamente por organizaciones criminales.
La economía de la coca ha convivido allí durante décadas con guerrillas, paramilitares, narcotraficantes y estructuras surgidas después de la desmovilización de las Farc.
Controlar territorio en Putumayo significa mucho más que dominar municipios. Significa intervenir sobre cultivos, laboratorios, corredores, pasos fronterizos y rutas que permiten conectar la producción de cocaína con mercados internacionales.
La Fiscalía ha documentado, por ejemplo, investigaciones sobre redes que desviaban armas y municiones hacia Comandos de la Frontera y que también traficaban sustancias utilizadas en actividades relacionadas con el narcotráfico en Putumayo.
Es en ese escenario donde “Araña” construyó su poder. Y es también allí donde su historia comenzó a transformarse nuevamente. Los diálogos con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano avanzaron más que otros procesos de la paz total.
En Nariño y Putumayo se establecieron compromisos de transformación territorial, desminado, sustitución de economías ilegales y concentración de integrantes de algunas estructuras.
Comandos de la Frontera terminó protagonizando uno de los episodios más particulares del proceso: integrantes de la organización avanzaron hacia la dejación de armas y la concentración en una Zona de Ubicación Temporal.
Para entonces, sin embargo, el futuro judicial de “Araña” seguía dependiendo de decisiones que iban mucho más allá de Putumayo.
Un mismo camino
Las historias de Willinton Henao y Geovany Andrés Rojas terminan pareciéndose pese a haber comenzado en territorios diferentes.
“Mocho Olmedo” se consolidó en el Frente 33, en el Catatumbo. “Araña” construyó su poder en Comandos de la Frontera, en Putumayo. Uno quedó atrapado en la guerra territorial entre el Frente 33 y el ELN. El otro llegó a dirigir una estructura surgida de la recomposición criminal posterior al Acuerdo de Paz.
Los dos terminaron convertidos en interlocutores del Gobierno. Y los dos fueron reclamados por Estados Unidos por acusaciones relacionadas con el tráfico internacional de cocaína.
Sus expedientes exponen una de las dificultades centrales de cualquier negociación con las estructuras armadas que surgieron o se fortalecieron después del Acuerdo de 2016: la frontera entre insurgencia, control territorial y narcotráfico se volvió cada vez más difícil de establecer.
Para Estados Unidos, los expedientes son fundamentalmente judiciales. En el caso de “Araña”, el Departamento de Justicia habla de conspiración internacional para distribuir cocaína y narcoterrorismo.
En el de “Mocho Olmedo”, el procedimiento de extradición examinó acusaciones relacionadas con narcotráfico y lavado de activos y terminó con concepto favorable de la Corte Suprema.
Para el Gobierno colombiano, en cambio, ambos hombres adquirieron además otra condición: la de posibles piezas para conseguir que organizaciones armadas abandonaran las armas. Esa diferencia explica buena parte de la controversia.
Detrás de los alias hay dos expedientes judiciales, pero también dos mapas. El de “Mocho Olmedo” conduce al Catatumbo, a los cultivos de coca, a la frontera venezolana, al Frente 33 y a la guerra con el ELN.
El de “Araña” conduce hacia Putumayo, Ecuador, los corredores del narcotráfico y Comandos de la Frontera. Ambos mapas terminan, sin embargo, en un mismo lugar: los tribunales estadounidenses y las decisiones del Gobierno colombiano sobre si la búsqueda de la paz puede justificar que se suspenda o postergue la entrega de hombres reclamados por narcotráfico.
Dos alias, dos fronteras, dos negocios; la guerra y el narcotráfico, y dos extradiciones a Estados Unidos autorizadas por la Corte Suprema. Estas suspendidas temporalmente. Ahora para el nuevo gobierno serán dos de los primeros envíos a Norteamérica para que respondan por sus delitos.
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