El tiempo apremia y la situación de Canacol Energy Colombia S.A.S, la segunda productora de gas de Colombia y sus filiales CNE Oil & Gas S.A.S, Canta Energy Sucursal Colombia y CNEOG Colombia Sucursal Colombia, deja más dudas que certezas, esto adportas de cumplirse el primer año de su anunció para entrar en proceso de insolvencia.
Un eventual aumento de los precios del gas, la reducción en la producción de gas en el país, la terminación de los contratos vigentes y la ausencia de decisiones de fondo sobre su futuro en Canadá y Colombia en donde afronta sendos procesos, tiene en incertidumbre a 471 acreedores de 12 sectores, en seis países, a los que la empresa colombo canadiense adeuda US$819 millones.
La Agencia de Periodismo Investigativo, API, revela quiénes son los principales acreedores de la compañía gasífera, el monto de sus acreencias, el país de origen y los sectores a los que pertenecen, que esperan una decisión definitiva del Tribunal del Rey Alberta de Canadá y en Colombia de la Superintendencia de Sociedades en el proceso de insolvencia transfronteriza. Cifras, hasta hoy ocultas, que evidencian una debacle empresarial que parece no ser advertida con rigor en diversos estamentos.
Y es que la crisis financiera de Canacol Energy dejó al descubierto una red de obligaciones que se extiende por seis países y compromete a bancos internacionales, compañías de exploración petrolera, transportadores de gas, contratistas industriales, proveedores de servicios, entidades públicas y organizaciones comunitarias.
El listado de acreedores conocidos, elaborado por KPMG con corte al 18 de noviembre de 2025, registra deudas por US$819.007.078,28, una cifra que permite dimensionar el alcance financiero de las dificultades de una de las compañías que ha tenido participación en el abastecimiento de gas natural en Colombia.
Detrás de esa suma aparecen grandes instituciones financieras estadounidenses, empresas colombianas vinculadas a la cadena de producción y transporte de hidrocarburos, firmas canadienses de ingeniería y consultoría, compañías de servicios profesionales de Panamá, Suiza y Brasil, además de obligaciones con trabajadores.
La relación comprende 471 registros de acreencias. De ellos, 406 corresponden a direcciones registradas en Colombia, 38 en Canadá, 22 en Estados Unidos, dos en Panamá, uno en Suiza y otro en Brasil. Existe, adicionalmente, una partida colectiva relacionada con empleados.
Deudas en el exterior y en Colombia
Las cifras muestran una particularidad de la estructura financiera de Canacol: mientras Colombia concentra el mayor número de registros, Estados Unidos reúne la mayor proporción del dinero adeudado.
Los acreedores con direcciones estadounidenses representan aproximadamente US$752,7 millones, equivalentes al 91,9 % del total.
Colombia aparece en segundo lugar, con US$61 millones, alrededor del 7,5 %. El resto de las obligaciones se distribuye entre Panamá, Canadá, Suiza, Brasil y una partida de empleados sin país especificado.
La diferencia entre ambas concentraciones revela dos dimensiones de la crisis. Por un lado, las obligaciones financieras de gran cuantía, relacionadas principalmente con instituciones internacionales. Por otro, las cuentas pendientes con empresas que participan en las operaciones industriales, técnicas, comerciales y administrativas de la compañía.
La mayor concentración de la deuda corresponde al sector financiero. Entre las instituciones identificadas se encuentran Citibank, Deutsche Bank Trust Company Américas y Macquarie Latam Private Credit.
En el caso de Citibank, registra una obligación de US$509.231.250. Deutsche Bank aparece con US$204.454.312,89, mientras que Macquarie registra US$37.996.972,69. Estas tres cifras suman aproximadamente US$751,7 millones, una cantidad que equivale a cerca del 91,8 % de todas las obligaciones conocidas de Canacol. La presencia de estas entidades refleja el peso de los compromisos financieros dentro de la estructura de acreencias.
El listado de KPMG diferencia las obligaciones garantizadas de las no garantizadas. Las primeras ascienden a US$37.996.972,69, mientras que las segundas alcanzan US$781.010.105,59. Esta clasificación es relevante porque las garantías y las condiciones contractuales pueden incidir en el tratamiento de los créditos durante una reorganización empresarial.
Los de la industria
Más allá de los bancos, las obligaciones alcanzan a compañías relacionadas directamente con la industria de hidrocarburos. En el sector de exploración y producción aparecen Ecopetrol, Gran Tierra Energy y ONGC Videsh, entre otras empresas vinculadas con la actividad petrolera y gasífera. La relación examinada identifica obligaciones representativas de US$724.498,24 con Ecopetrol, US$696.210,92 con Gran Tierra Energy y US$635.512,43 con ONGC Videsh. Estas tres partidas suman aproximadamente US$2,06 millones.
La presencia de estas empresas permite observar que las dificultades financieras de Canacol no se limitan a sus financiadores, sino que también involucran relaciones comerciales con participantes de la industria energética.
Otro grupo corresponde a los servicios petroleros especializados, indispensables para desarrollar actividades de exploración, perforación, completamiento de pozos, mantenimiento y operación de infraestructura.
En esta categoría aparecen compañías internacionales como Halliburton, Baker Hughes y Schlumberger Surenco. Entre las partidas consignadas en la clasificación utilizada figuran US$1.066.520,38 asociados a Halliburton, US$2.828.146,09 a Baker Hughes y US$2.014.713,95 a Schlumberger Surenco. La suma de esas tres obligaciones representativas alcanza aproximadamente US$5,91 millones.
Son empresas cuyas actividades comprenden distintas etapas de la operación petrolera y gasífera. Sus servicios pueden incluir desde la evaluación técnica de yacimientos hasta el suministro de herramientas, equipos y soluciones para el funcionamiento de los campos. La existencia de cuentas por pagar a estas compañías pone de manifiesto la participación de proveedores especializados dentro del conjunto de acreedores.
Promigas y termoeléctrica acreedores clave
El transporte y la comercialización de gas constituyen otro componente de la relación. Promigas figura entre los acreedores identificados, con una obligación representativa de US$8.050.705,86. También aparece Cangas Colombia, con US$754.522,41. En conjunto, ambas partidas suman aproximadamente US$8,81 millones.
La presencia de empresas relacionadas con el transporte y la comercialización de gas resulta especialmente significativa por el papel que Canacol ha desempeñado en el mercado colombiano. Durante años, la compañía desarrolló actividades de exploración y producción de gas natural, principalmente en la región Caribe, y participó en el suministro de este energético a distintos compradores.
La producción de gas depende de una cadena que comienza con la identificación de reservas y continúa con la perforación, el procesamiento, el transporte y la entrega del combustible. En esa cadena intervienen compañías con funciones diferentes, sujetas a contratos comerciales y obligaciones financieras específicas.
Por ello, la relación de acreedores de Canacol incluye empresas cuya actividad se desarrolla en distintos eslabones del negocio energético. También aparece el sector de generación eléctrica.
Entre los acreedores representativos se encuentra la Termoeléctrica El Tesorito, con una obligación identificada de US$3.358.808,60. Las centrales termoeléctricas que utilizan gas natural forman parte de la demanda de este combustible y participan en la generación de electricidad mediante procesos de combustión.
La relación entre productores de gas y generadores eléctricos adquiere importancia dentro de la estructura energética nacional, especialmente por la necesidad de garantizar el suministro del combustible utilizado en determinadas plantas.
Maquinaria y suministros a la espera de pagos
La industria de maquinaria y suministros también figura entre los sectores afectados por las obligaciones de Canacol. En esta categoría aparecen Tenaris Tubocaribe, National Oilwell Varco y Gecolsa, empresas relacionadas con la fabricación, comercialización y suministro de equipos utilizados en actividades industriales y energéticas.
Entre las obligaciones representativas se identifican US$2.175.528,92 con Tenaris Tubocaribe, US$319.639,34 con National Oilwell Varco y US$621.363,94 con Gecolsa. Las tres partidas suman aproximadamente US$3,12 millones.
El desarrollo de proyectos de exploración y producción requiere tuberías, maquinaria pesada, equipos mecánicos, repuestos y herramientas industriales. Estos suministros forman parte de los costos de inversión, operación y mantenimiento de las instalaciones. En consecuencia, las obligaciones con proveedores industriales constituyen otro componente de las cuentas pendientes de la compañía.
La relación también incluye empresas de transporte y logística, responsables de movilizar personal, materiales, equipos y suministros necesarios para las operaciones. Entre los acreedores representativos figuran Canaven Transportes de Colombia, Anker Logística y Transportes Montejo. Las partidas identificadas corresponden a US$651.937,35, US$557.262,52 y US$331.165,72, respectivamente. Su suma alcanza aproximadamente US$1,54 millones.
La presencia de compañías de transporte muestra que las obligaciones no se circunscriben a los grandes contratos financieros o técnicos. También incluyen actividades de apoyo necesarias para el funcionamiento cotidiano de las operaciones industriales.
Consultores, auditores y tecnológicas en el limbo
En el sector de consultoría y servicios profesionales aparecen firmas de auditoría, asesoría empresarial y servicios especializados. Entre ellas se encuentran Deloitte, PwC y Kroll, con partidas representativas de US$164.393,87, US$174.714 y US$325.714,79, respectivamente. Estas obligaciones suman aproximadamente US$664.823.
Las actividades de este sector incluyen auditoría, contabilidad, consultoría empresarial, asesoría financiera y otros servicios profesionales. La presencia de estas firmas evidencia que la relación de acreedores comprende tanto actividades directamente vinculadas con la extracción y comercialización de gas como servicios corporativos necesarios para la administración de una empresa con operaciones internacionales.
El componente tecnológico también aparece en el listado. Oracle, Telus y FactSet figuran entre los acreedores relacionados con servicios de software, telecomunicaciones, información y herramientas tecnológicas. Las obligaciones representativas identificadas ascienden a US$101.944,27, US$130.129,32 y US$91.120, respectivamente. En conjunto, estas partidas suman aproximadamente US$323.194.
Las compañías del sector energético utilizan herramientas informáticas para actividades administrativas, financieras, comerciales, técnicas y operativas. El listado permite identificar obligaciones con proveedores de este tipo de servicios, aunque no detalla en todos los casos los productos contratados ni las condiciones de pago.
Entidades publicas damnificadas
Entre los acreedores también aparecen entidades públicas colombianas. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) forman parte de la relación examinada. Las partidas representativas utilizadas en la clasificación corresponden a US$5.398.891,60 para la DIAN, US$4.281.101,39 para la ANH y US$121.865,05 para la CREG. En conjunto, representan aproximadamente US$9,8 millones.
La inclusión de estas entidades muestra que las obligaciones registradas no se limitan a relaciones comerciales privadas. En el caso de la ANH, su condición de autoridad encargada de administrar los recursos hidrocarburíferos de la Nación hace especialmente relevante la identificación de obligaciones de empresas que desarrollan actividades de exploración y producción.
Ni que decir de la Dirección de Impuestos y Aduanas, DIAN, es evidente que Canacol Energy no cumplió adecuadamente con las obligaciones tributarias. La gasífera también incumplió con la CREG.
Los indígenas y las comunidades
El listado también registra organizaciones comunitarias, cabildos indígenas y otras entidades sociales. Entre los nombres identificados aparecen el Cabildo Indígena Santiago Abajo y la Comunidad Montenegro del Pueblo Zenú, con partidas representativas de US$164.304 y US$102.500, respectivamente. Estas dos obligaciones suman US$266.804. La presencia de organizaciones comunitarias introduce otra dimensión en el conjunto de acreedores de la compañía.
Las actividades de exploración y producción de hidrocarburos se desarrollan en territorios donde existen comunidades rurales, organizaciones sociales y autoridades étnicas. Las relaciones entre empresas y comunidades comprenden compromisos contractuales, servicios, proyectos sociales y otras obligaciones.
Finalmente, aparecen proveedores de servicios diversos, entre ellos empresas relacionadas con seguridad, hotelería, alimentación, ingeniería, suministros y actividades de apoyo.
En la clasificación representativa figuran Andes Ingeniería y Cargas, Serviaseo y la Fundación Ambiental Fonam. Las partidas identificadas corresponden a US$116.566, US$98.310,60 y US$95.430, respectivamente. Su suma alcanza aproximadamente US$310.307.
Aunque estas obligaciones son considerablemente menores que las registradas frente a los grandes financiadores internacionales, forman parte del conjunto de compromisos económicos de la empresa gasífera.
Partidas internacionales y locales
La distribución geográfica de las acreencias permite observar otro aspecto de la situación financiera de Canacol. En Estados Unidos se registran 22 partidas por US$752.693.522,77. Es el país con la mayor concentración del valor adeudado.
En Colombia aparecen 406 registros por US$61.027.989,89. Aunque el monto es inferior al asociado con Estados Unidos, el número de registros colombianos representa aproximadamente el 86,2 % del total.
Canadá ocupa el segundo lugar por cantidad de registros después de Colombia, con 38 partidas que suman US$1.444.003,28. Panamá registra dos acreencias por US$1.772.880. Suiza aparece con una obligación de US$19.200 y Brasil con una de US$11.000. A estas cifras se agrega una partida de empleados por US$2.038.482,35.
La relación muestra así una estructura de deuda caracterizada por una fuerte concentración financiera internacional y una mayor dispersión de registros comerciales en Colombia.
La dimensión de las acreencias también permite identificar la diversidad de actores económicos relacionados con Canacol. En un extremo aparecen instituciones financieras internacionales con obligaciones de cientos de millones de dólares. En el otro, empresas de servicios, proveedores industriales, entidades territoriales y organizaciones comunitarias con partidas de menor cuantía.
Entre ambos grupos se encuentran compañías de exploración, producción, transporte y comercialización de gas, además de proveedores de maquinaria, tecnología, logística y consultoría. El resultado es una relación de obligaciones que abarca actividades desarrolladas dentro y fuera de Colombia.
La crisis financiera de Canacol se inscribe, además, en un contexto de especial importancia para el mercado colombiano del gas natural, por la participación que ha tenido la compañía en la producción de este combustible. Lo que permite establecer la relación de acreedores es la magnitud de los compromisos económicos conocidos y la diversidad de sectores involucrados.
La lista de KPMG deja identificada una red de obligaciones que supera las fronteras colombianas y alcanza seis países, mientras el reconocimiento definitivo de los créditos, sus condiciones de pago y las posibilidades de recuperación dependen de la evolución del procedimiento correspondiente.
Sobre los posibles responsables de la crisis, aún no se conocen señalamientos de la justicia penal. Sus principales directivos fueron removidos, como su CEO, Charle Gamba quien estuvo al frente de la compañía durante 18 años y salió el pasado 23 de febrero. Su junta directiva, con dos sillas, de representantes del Grupo Cisneros, siguen con recelo los desarrollos del caso, al tiempo que Peter Laurinatis asumió como director independiente de la compañía y no habla con los medios.
Las acciones de Canacol dejaron de negociarse en Colombia y Canadá. Muchos inversionistas en ambos países quedaron con los bolsillos vacíos, mientras al tiempo que los precios del gas siguen subiendo.
Lo cierto, es que sigilosamente, y cuando el próximo 18 de noviembre se cumpla un año de que Canacol Energy y sus subsidiarias se acogieron a la denominada Ley de Quiebras en EE.UU. tras declararse en insolvencia en Canadá, las deudas aumentan, 471 acreedores siguen en incertidumbre y la recuperación de US$819 millones en seis países parece esfumarse.
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