La eventual afectación de los tiempos de respuesta judicial, las dificultades operativas que podría ocasionar el traslado de oficinas, la posible redistribución de procesos, la congestión de expedientes y la reducción de los espacios de trabajo forman parte de las preocupaciones que rodean la decisión de trasladar a los fiscales delegados ante los tribunales de Bogotá y Cundinamarca a instalaciones del nivel central de la Fiscalía General de la Nación.
Una medida que plantea inquietudes sobre la continuidad de las actividades judiciales en un escenario de elevada carga laboral, como quiera que cada fiscal lleva más de 250 procesos, acumulación de expedientes y exigencias para el cumplimiento de los términos procesales.
Y es que desde hace cerca de dos semanas decenas de fiscales fueron sorprendidos por las determinaciones del ente acusador y la ausencia de respuestas y justificación de las determinaciones tomadas por la administración de la silenciosa fiscal Luz Adriana Camargo.
La Agencia de Periodismo Investigativo, API, habló con varios fiscales que en condición de anonimato expresaron su preocupación por lo que esta pasando al interior de la entidad, al tiempo que varios abogados penalistas cuestionaron la eficiencia de la fiscalía en diversos casos, particularmente en la administración vigente.
Uno de los fiscales expresó su preocupación por las determinaciones, “hay desmejoramiento de las condiciones físicas desde donde está atendiendo y suspensión del desarrollo normal de las investigaciones mientras se establecen en las nuevas oficinas que no cuentan además con una sala para toma de entrevistas ni una sala para reunión de los fiscales -sala de juntas”.
Otro fiscal fue más allá y aseguró que hay una clara afectación a los términos de periodo de prueba de los fiscales que ingresan, a ello se suma, “ la carencia de estudios técnicos para soportar tal medida de la cual se desconoce acto administrativo que la contenga y motivó”.
Una inconformidad que también comparte otro fiscal al evidenciar que la centralización de todos los delegados ante tribunales para luego regionalizarlos ha generado múltiples inconvenientes por la improvisación y rapidez con que se ordenó.
Pero hay más. Los fiscales delegados ante tribunales de Bogotá y Cundinamarca han mostrado su inconformidad de ser llevados al búnker a despachar en oficinas que comparativamente con las que hoy tienen en un claro desmejoramiento y sentencian que “el tema de adscribir a las direcciones nacionales fiscales de Gaula, ahora los delegados ante los tribunales, y próximamente otros, muestra un claro debilitamiento de las direcciones seccionales.
Es por esto que se preguntan al interior de la fiscalía y por fuera de ella. ¿Que hay detrás de estas medidas? que sin duda hacen más lentos los procesos y entorpecen la labor de los fiscales.
Otras dificultades
A ello se adiciona un eventual cambio en la asignación de procesos, sumado al traslado físico de los despachos y de la documentación judicial, que podría generar dificultades adicionales para el desarrollo de las actuaciones y prolongar los tiempos de atención de los asuntos a cargo de los funcionarios.
Preocupaciones que adquieren relevancia ante los casos de personas judicializadas que recuperan la libertad por vencimiento de términos, una circunstancia que ha puesto de manifiesto las consecuencias de las demoras en determinadas actuaciones penales.
A las inquietudes sobre el funcionamiento de los despachos se suma el deterioro de las condiciones materiales de trabajo denunciado por el Sindicato Nacional por la Dignidad de los Trabajadores de la Fiscalía General de la Nación (Sindifgn), que solicitó reconsiderar la decisión administrativa al advertir que las nuevas instalaciones ofrecen espacios considerablemente menores y condiciones funcionales inferiores a las que actualmente tienen los fiscales.
La reclamación fue presentada mediante el oficio número 0002 del 9 de septiembre de 2026, suscrito por Pedro Gabriel Medina Heredia, presidente de Sindifgn, y dirigido a la fiscal general de la nación, Luz Adriana Camargo; al director ejecutivo de la entidad, Alejandro Giraldo, y a Madeleyne Pérez Ojeda, directora especializada contra la corrupción.
En la comunicación, la organización sindical expresó su preocupación por las condiciones en las que los funcionarios tendrían que desarrollar sus responsabilidades después del traslado, particularmente por la reducción de los espacios disponibles para trabajar, atender ciudadanos, celebrar reuniones y custodiar documentación.
El sindicato sostuvo que la reubicación podría representar un desmejoramiento de las condiciones laborales de los fiscales delegados ante los tribunales, quienes desempeñan funciones relacionadas con procesos judiciales que requieren espacios adecuados para el estudio de expedientes, la preparación de actuaciones y las demás actividades propias de sus cargos.
“Al respecto, manifestamos nuestra preocupación debido al desmejoramiento que se pueda presentar a nuestros afiliados, asignándoles espacios reducidos e incómodos para poder cumplir con sus funciones y trabajo diario, teniendo en cuenta la relevancia de los procesos que deben llevar”, señaló la organización en su comunicación.
Los traslados
El traslado contempla a funcionarios que actualmente desarrollan sus labores en dos sedes de la capital. Los fiscales delegados ante el Tribunal de Cundinamarca ocupan oficinas de la Dirección Seccional situadas en la zona industrial de Montevideo, mientras que los correspondientes a Bogotá trabajan en instalaciones ubicadas en el centro de la ciudad, en el sector de la carrera Séptima con calle 12.
En ambas sedes, los funcionarios disponen de espacios destinados a sus actividades administrativas y judiciales, con escritorios, computadores, archivadores, mobiliario para reuniones y áreas utilizadas para organizar y conservar documentación.
Los registros fotográficos incorporados a la reclamación sindical muestran oficinas individuales y compartidas, divisiones internas, puestos de trabajo, estanterías y espacios de circulación.
En las instalaciones de Montevideo también se observan áreas equipadas con mesas de reuniones y mobiliario destinado al desarrollo de diferentes actividades institucionales.
En las oficinas del centro de Bogotá aparecen despachos con escritorios, sillas para atención de visitantes, computadores, armarios y divisiones que permiten separar los espacios de trabajo.
De acuerdo con Sindifgn, las nuevas instalaciones previstas en el nivel central presentan una reducción considerable del área física, situación que motivó la solicitud de reconsideración presentada ante las directivas de la entidad.
“En particular, se observa que la nueva oficina cuenta con un espacio físico considerablemente menor y no dispone de parqueadero, condiciones que representan una disminución objetiva frente a las facilidades actualmente disponibles y que pueden incidir en el normal desarrollo de las actividades laborales”, sostiene el documento.
Expedientes en riesgo
Uno de los asuntos que concentra la reclamación es la disponibilidad de espacios para el manejo y la custodia de expedientes y otros documentos relacionados con las funciones de los fiscales.
La organización sindical pidió que se evalúen expresamente las condiciones destinadas a conservar la documentación y los elementos de trabajo, debido a las necesidades materiales que implica el funcionamiento de los despachos.
La disminución de las áreas disponibles también genera preocupación por las condiciones para realizar entrevistas, reuniones y atender a los ciudadanos que acuden a las dependencias de la Fiscalía. Estas actividades fueron incluidas por el sindicato entre los aspectos que deben examinarse antes de ejecutar la reubicación.
La organización considera que el cambio de oficinas no puede representar una reducción de las condiciones necesarias para el cumplimiento de las funciones institucionales, particularmente cuando los servidores requieren espacios adecuados para desarrollar sus responsabilidades. La solicitud también comprende las condiciones de seguridad de las instalaciones y las facilidades de acceso y desplazamiento.
Según el sindicato, la nueva ubicación debe ofrecer condiciones que permitan a los fiscales desarrollar sus actividades sin una disminución de las facilidades materiales y funcionales de las que disponen actualmente.
A estas inquietudes se suma la pérdida de parqueaderos, identificada en el documento como otra de las diferencias entre las oficinas actuales y las instalaciones propuestas.
La organización sindical manifestó que el traslado no debe traducirse en un deterioro de las condiciones laborales y solicitó que la administración realice una comparación de los espacios antes de adoptar una decisión definitiva sobre la reubicación.
“La presente solicitud no obedece a una oposición infundada al ejercicio de las facultades de organización de la administración, sino a la necesidad de que cualquier modificación del lugar de trabajo preserve unas condiciones adecuadas, dignas, seguras y funcionales para el cumplimiento de las funciones institucionales”, indicó el sindicato.
La organización también invocó los principios de razonabilidad y proporcionalidad que deben orientar las decisiones administrativas relacionadas con la modificación del lugar donde los servidores públicos prestan sus servicios.
En ese sentido, señaló que las facultades de organización de la administración comprenden la posibilidad de modificar la ubicación de las dependencias, pero sostuvo que su ejercicio no debe ocasionar un desmejoramiento injustificado de las condiciones materiales y funcionales de los trabajadores.
La petición presentada a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, y a los demás directivos comprende cuatro solicitudes relacionadas con el traslado.
En primer lugar, Sindifgn pidió reconsiderar la decisión de reubicar las oficinas actualmente asignadas a los fiscales delegados ante los tribunales de Bogotá y Cundinamarca.
Asimismo, solicitó evaluar la posibilidad de mantener las dependencias en sus ubicaciones actuales o, alternativamente, asignar espacios que conserven condiciones equivalentes o superiores a las existentes.
En caso de mantenerse la decisión, la organización pidió conocer las razones objetivas, técnicas y administrativas que sustentan el traslado, especialmente las relacionadas con el espacio físico, la seguridad, la funcionalidad de las instalaciones y la disponibilidad de parqueadero.
Finalmente, solicitó que las decisiones de organización administrativa se armonicen con las condiciones necesarias para el cumplimiento de las funciones institucionales.
La solicitud formal fue suscrita por Pedro Gabriel Medina Heredia, presidente del Sindicato Nacional por la Dignidad de los Trabajadores de la Fiscalía General de la Nación, identificado con el registro I-129 de 2026 del Ministerio del Trabajo.
La reclamación se centra en la reducción de las condiciones materiales y funcionales de trabajo que, según la organización, ocasionaría el traslado de los fiscales delegados ante los tribunales de Bogotá y Cundinamarca, así como en la necesidad de preservar espacios adecuados para la atención de ciudadanos, el manejo de expedientes y el desarrollo de las actuaciones judiciales a cargo de estos despachos.
Lo cierto es que con el pasó de los días la administración de la fiscal Luz Adriana Camargo no solo recibe las criticas externas por su gestión. Son ahora, los mismos fiscales los que ponen en entredicho su labor e inconformes hacen publicas las consecuencias de las determinaciones. Estas que pueden tener efectos más allá de unos repentinos traslados en Bogotá y Cundinamarca, justo cuando a la fiscal general tan solo le quedan 17 meses en el cargo; un periodo que culmina el 22 de marzo de 2028 con más dudas que certezas.
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