Una respuesta oficial de 49 páginas entregada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) a la Agencia de Periodismo Investigativo (API) permite reconstruir parte de la estructura administrativa y judicial de la jurisdicción cuando comenzó su cuestionada gestión y llevaba varios años en funcionamiento.
El documento cobra vigencia en medio de la controversia por su presupuesto: mientras sectores políticos cuestionan el costo de la entidad y plantean recortes, la JEP advierte que una reducción de recursos puede afectar el cumplimiento de sus funciones.
Todo se evidenció el 23 de noviembre de 2022, cuando la Presidencia de la Jurisdicción Especial para la Paz respondió un derecho de petición presentado por la Agencia de Periodismo Investigativo (API).
La solicitud formulaba preguntas sobre sentencias, sanciones, libertades concedidas, procesos por violencia sexual, el homicidio de Álvaro Gómez Hurtado, permisos de los magistrados, salarios y uno de los asuntos que cuatro años después está en el centro de una nueva controversia: cuánto cuesta la sede de la JEP.
La propia JEP precisó que la información había sido suministrada por su Secretaría Ejecutiva y por las salas de Reconocimiento de Verdad, de Definición de Situaciones Jurídicas y de Amnistía o Indulto.
Los documentos entregados entonces adquieren otra dimensión a la luz de las cifras que la senadora María Clara Posada ha puesto sobre la mesa durante la discusión del presupuesto de la jurisdicción.
Posada sostiene que entre los gastos acumulados aparecen $114.202 millones por arrendamiento de la sede, $40.365 millones destinados a convenios para la defensa jurídica de exintegrantes de las Farc, $31.734 millones para operadores logísticos y eventos y $23.963 millones en tiquetes nacionales e internacionales. También afirmó que la nómina de la JEP para 2026 asciende a $404.477 millones.
El contrato de arrendamiento
El expediente entregado a API sí permite examinar uno de esos rubros desde sus antecedentes: el arrendamiento.
Ante la pregunta número 10 —“Anexe usted copia del contrato de arrendamiento de la sede de la JEP”—, la jurisdicción respondió que adjuntaba el contrato del edificio Torre Squadra.
Se trata del edificio ubicado en la avenida carrera Séptima n.º 63-44, en Bogotá. El contrato 495 de 2020 fue celebrado entre la JEP y Juan Gaviria Restrepo & Cía. SAS y comprendía un área arrendable de 15.400 metros cuadrados.
El valor establecido en ese contrato fue de $30.350.582.352, incluido IVA, para el periodo comprendido entre diciembre de 2020 y julio de 2022. El monto incluía no solamente el uso del inmueble, sino la operación y mantenimiento de equipos y los gastos, impuestos, tasas y contribuciones asociados al contrato.
El documento muestra que la relación contractual por Torre Squadra venía desde antes. El 15 de diciembre de 2017, el Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz había suscrito el contrato 572 de 2017 con Juan Gaviria Restrepo & Cía. para que el inmueble fuera utilizado como sede de la JEP. Ese contrato llegó hasta el 30 de junio de 2018.
Después, el 29 de junio de 2018, la propia JEP celebró el contrato 12 de 2018, inicialmente por cuatro meses y posteriormente prorrogado hasta el 17 de diciembre.
El 18 de diciembre de ese año suscribió el contrato 200 de 2018, cuya ejecución finalmente llegó hasta el 30 de noviembre de 2019. Un día antes de finalizar ese periodo, el 29 de noviembre de 2019, se celebró el contrato 412 de 2019 por otros 12 meses.
Para 2020 se produjo una nueva negociación. En medio de las dificultades fiscales derivadas de la pandemia, la Secretaría Ejecutiva solicitó una disminución del 20% en el canon. Los propietarios aceptaron un descuento del 10% durante 24 meses, desde diciembre de 2020 hasta noviembre de 2022.
Las cifras incluidas en el contrato muestran la dimensión mensual del gasto. Para 2021 fueron comprometidos $18.146 millones y, entre enero y noviembre, el pago mensual anticipado fue de aproximadamente $1.511 millones.
Para los primeros siete meses de 2022 se presupuestaron $10.720 millones, equivalentes a mensualidades anticipadas de aproximadamente $1.531 millones.
Cuatro años después, Posada asegura que el gasto acumulado en arrendamientos de la JEP llegó a $114.202 millones, con un promedio anual calculado por ella en $16.314 millones.
El senador Enrique Gómez, de Salvación Nacional, ha sumado otro elemento al debate al afirmar que el inmueble tendría un valor de compra ligeramente superior a $42.000 millones. Esa comparación constituye un planteamiento de Gómez y no aparece en la respuesta oficial entregada por la JEP en 2022.
Salarios millonarios
La respuesta a API también permite revisar cuánto recibían los funcionarios de la jurisdicción.
La JEP adjuntó la escala salarial correspondiente a 2022. Los valores no estaban limitados a la asignación básica: dependiendo del cargo incorporaban prima técnica, bonificación judicial, gastos de representación, prima especial de servicios y otras compensaciones.
Un magistrado titular de las Salas de Justicia registraba entonces un devengo mensual de $29.317.218. Para un magistrado titular del Tribunal para la Paz, la tabla señalaba $39.137.961 mensuales. El mismo valor aparecía para el secretario ejecutivo. Algunos cargos de dirección llegaban a $40.232.781 mensuales.
Los documentos de 2022 son relevantes ahora porque Posada sostiene que el costo total de la nómina para 2026 alcanza $404.477 millones, cifra que compara con los $52.868 millones que, según los datos presentados por la congresista, corresponden a la nómina del Ministerio de Justicia. Esa comparación forma parte de su argumentación a favor de revisar el presupuesto de la JEP.
Defensa para las Farc y sentencias
Hay, además, otro capítulo que ha generado controversia: los recursos destinados a la defensa de comparecientes.
Posada afirmó que se destinaron $40.365 millones en dos convenios para garantizar defensa jurídica a exintegrantes de las Farc. La cifra ha sido reproducida en el debate político de los últimos días.
Pero el derecho de petición revela otro elemento central para evaluar el funcionamiento de la JEP en aquel momento: sus resultados judiciales.
API preguntó expresamente cuántas sentencias había expedido la jurisdicción desde su entrada en funcionamiento frente a graves violaciones de derechos humanos y cuántas sanciones propias, ordinarias o alternativas había impuesto.
La contestación no relacionó sentencias condenatorias. La Sala de Reconocimiento explicó que adelantaba las actuaciones necesarias para que el Tribunal para la Paz emitiera las sentencias “en el momento procesal correspondiente”. A noviembre de 2022 reportó cinco autos de determinación de hechos y conductas y una resolución de conclusiones.
Entre esas decisiones figuraban el Auto 19 de enero de 2021 sobre hechos atribuibles a antiguos integrantes del Secretariado de las Farc por toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad; el Auto 125 de julio de 2021 sobre hechos ocurridos en Catatumbo; el Auto 128 sobre integrantes del Batallón La Popa; decisiones relacionadas con Dabeiba y Casanare, y la Resolución de Conclusiones 01 del 20 de octubre de 2022. Esta última presentó al Tribunal para la Paz siete propuestas de componentes reparadores y restaurativos para que fueran impuestas a máximos responsables.
La fotografía judicial era, por tanto, distinta de la actual: el documento demuestra que, al momento de aquella respuesta, la JEP todavía estaba recorriendo las etapas previas a sus primeras sentencias.
La jurisdicción explicó también que su metodología no consistía en investigar individualmente cada crimen. Su modelo se estructuraba sobre la identificación de patrones de macrocriminalidad y sobre tres etapas: agrupación, concentración y priorización.
Para entonces estaban abiertos diez macrocasos relacionados, entre otros asuntos, con secuestros de las Farc, ejecuciones extrajudiciales presentadas como bajas en combate, Urabá, norte del Cauca y sur del Valle, victimización de integrantes de la Unión Patriótica, reclutamiento de menores, actuaciones de agentes estatales asociados con grupos paramilitares y crímenes no amnistiables atribuidos a las extintas Farc.
El documento contiene, además, información que hasta ahora ha tenido menor exposición pública.
Sobre violencia sexual, por ejemplo, la JEP informó que el macrocaso 02 tenía identificados 152 hechos de violencia sexual y de género contra mujeres y niñas; el macrocaso 04 había identificado 312 hechos ocurridos entre 1986 y 1996; el macrocaso 05 estudiaba 39 casos; el 06 había identificado 23, y el macrocaso 07, 144 hechos.
Caso Álvaro Gómez Hurtado
API también preguntó específicamente por el asesinato del dirigente conservador Álvaro Gómez Hurtado. La contestación fue directa: “en la SRVR no cursa un proceso individual por el homicidio de Álvaro Gómez Hurtado”.
La JEP explicó que los defensores de Julián Gallo Cubillos, Pastor Alape y Pablo Catatumbo habían comunicado el interés de sus representados en realizar aportes tempranos de verdad sobre los homicidios de Gómez Hurtado, Hernando Pizarro, José Fedor Rey, Jesús Antonio Bejarano, Fernando Landazábal y Pablo Emilio Guarín.
Entre 2020 y 2021, la Sala recibió escritos, interrogó a los comparecientes y recopiló información sobre las estructuras urbanas de las antiguas Farc y su participación en homicidios selectivos.
Primeras 583 libertades concedidas
Otro capítulo de la investigación de API se concentró en las libertades concedidas.
La respuesta oficial señala que, entre 2018 y 2022, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas había concedido 538 libertades transitorias, condicionadas y anticipadas a integrantes de la Fuerza Pública, 12 a terceros y cuatro a agentes del Estado no integrantes de la Fuerza Pública.
La Sala de Amnistía o Indulto, por su parte, había otorgado 29 libertades condicionadas en 2018, 127 en 2019, 121 en 2020, 76 en 2021 y otras 52 hasta el 30 de septiembre de 2022. En total, 405 libertades condicionadas durante ese periodo.
Cuando se contestó el derecho de petición había además 33 solicitudes de libertad transitoria, condicionada y anticipada pendientes en la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas y 257 solicitudes de libertad condicionada esperando decisión en la Sala de Amnistía o Indulto.
La JEP se negó, sin embargo, a entregar a API la individualización solicitada de los beneficiarios, las fechas, los motivos, la organización a la que pertenecían y el estado de cada proceso. Argumentó que revelar esos datos podía ocasionar un daño al derecho a la vida, la salud o la seguridad de los comparecientes y citó como fundamento el artículo 18 de la Ley 1712 de 2014.
Festín de permisos a magistrados y postura actual de la JEP
La documentación entregada incluyó también una extensa relación de permisos remunerados de magistrados, revisada con base en las historias laborales hasta el 13 de octubre de 2022.
Allí aparecen permisos para asuntos personales, actividades académicas, cátedras, seminarios, conferencias, compensatorios y viajes, entre otros motivos. La JEP señaló que esos permisos eran autorizados por su presidente o por quien este delegara.
La controversia actual, sin embargo, tiene un contexto que no existía cuando API obtuvo aquella documentación. La JEP ya profirió sus primeras sentencias y ahora enfrenta una discusión presupuestal para 2027.
Posada sostiene que la jurisdicción ha recibido alrededor de $3,8 billones durante los últimos siete años y cuestiona la relación entre esos recursos, su estructura administrativa y sus resultados judiciales. También ha pedido una reducción sustancial del presupuesto.
Sus apreciaciones sobre la eficiencia, la impunidad o la proporcionalidad del gasto corresponden a su posición política y no constituyen conclusiones de los documentos oficiales revisados.
La JEP presenta una lectura diferente. Su presidente, Alejandro Ramelli, ha advertido que los recortes presupuestales pueden comprometer audiencias, seguridad y funcionamiento y ha señalado que la jurisdicción entra en una etapa de juzgamiento que requiere recursos.
La controversia se intensificó después de una propuesta para trasladar $100.000 millones de su presupuesto hacia la justicia ordinaria.
JEP entregó permisos remunerados a magistrados por asuntos personales, actividades académicas, cátedras, viajes y eventos, con cifras que inquietan frente a otras cortes.
Magistrado por magistrado
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) concedió entre 2018 y 2022 permisos remunerados a magistrados titulares del Tribunal para la Paz y de las Salas de Justicia para atender asuntos personales, participar en actividades académicas, dictar cátedra, intervenir en seminarios y congresos, asistir a eventos nacionales e internacionales, realizar chequeos médicos y hacer uso de días compensatorios, entre otros motivos.
El consolidado fue elaborado por la Subdirección de Talento Humano después de revisar las historias laborales con corte al 13 de octubre de 2022. La entidad precisó que, de conformidad con el artículo 65 del Acuerdo AOG 004 de 2022, los permisos remunerados de magistrados y magistradas son autorizados por el presidente de la JEP o por quien este delegue.
Entre los registros aparece el magistrado Adolfo Murillo Granados. En 2018 tuvo permisos por compromiso académico el 26 de enero; asuntos personales el 16 de marzo; invitaciones académicas entre el 17 y 18 de mayo, 21 y 22 de junio, 26 de octubre, 2 de noviembre y 22 y 23 de noviembre; y el 18 de octubre figura un permiso por firma de escritura pública e invitación al seminario “Derecho Penal y Género”. También registró permiso por asuntos personales e invitación académica los días 6 y 7 de diciembre.
Durante 2019, Murillo Granados registró invitaciones académicas el 25 de enero, 21 y 22 de febrero, 7 de marzo, 26 de abril y 14 de mayo; una invitación como ponente de un foro el 17 de septiembre; invitaciones por lanzamiento de doctorado los días 10 y 11 de octubre, esta última como ponente; una invitación como ponente sobre derecho penal el 25 de octubre; actividades académicas el 15 de noviembre y 28 y 29 del mismo mes, y un permiso para atender asuntos personales los días 5 y 6 de diciembre.
En 2020 aparece una invitación académica el 31 de enero y permisos personales el 18 de febrero y los días 27 y 28 de febrero. En 2022 figuran permisos para asuntos personales del 17 al 18 de febrero y del 19 al 20 de mayo.
El magistrado Juan José Cantillo Pushaina registró en 2018 permisos para asuntos personales el 6 de julio y el 6 de agosto, una invitación como ponente el 14 de septiembre y una sesión de clausura el 5 de diciembre. En 2019 aparece un permiso personal el 22 de noviembre y en 2020 otro el 2 de enero.
Para el magistrado Iván González Amado, el registro incluye cinco permisos para atender asuntos personales los días 2, 5, 6, 8 y 9 de agosto de 2018. En 2019 aparecen permisos académicos el 26 de julio, 26 de septiembre, 11 de octubre por cuatro horas, 8 de noviembre por cuatro horas y 6 de diciembre por tres horas y media. También tuvo un permiso personal el 15 de noviembre. En 2020 aparecen permisos académicos el 31 de enero por cuatro horas, del 20 al 21 de febrero y del 23 al 24 de julio.
Asuntos personales
El magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz registró permisos para atender asuntos personales el 1 de junio de 2018 y el 22 de junio de 2022.
El magistrado Pedro Elías Díaz Romero aparece con permiso electoral el 17 de junio de 2018. En agosto de 2019 figuran siete jornadas relacionadas con una invitación de la Fiscalía del Estado Plurinacional de Bolivia: 14, 15, 16, 20, 21, 22 y 23 de agosto. En septiembre de 2022 tuvo autorización para participar en un seminario penal durante dos días, el 22 y 23 de septiembre.
La magistrada Gloria Amparo Rodríguez presenta uno de los registros con mayor número de actividades académicas. En 2018 aparecen un permiso personal el 4 de julio; otro permiso entre el 16 y el 19 de julio en cuyo correo, según el documento, no se registró el motivo; permisos académicos el 30 de julio, 24 de agosto y 1 de diciembre; una invitación sobre Derechos de la Naturaleza el 10 de septiembre; una invitación a seminario los días 3 y 4 de diciembre, y un permiso personal entre el 21 y el 31 de diciembre, registrado por dos días.
En 2019, Rodríguez tuvo un permiso entre el 2 y 4 de enero cuyo correo no registraba motivo; un permiso académico entre el 21 de enero y el 29 de mayo por 19 horas; otro entre el 12 de agosto y el 25 de noviembre por 114 horas; permiso personal el 16 de agosto; invitación del Colegio de Abogados Rosaristas entre el 12 y 13 de septiembre por 12 horas; un permiso por el Premio a la Construcción de Paz del 21 al 25 de octubre, por cinco días, y otro académico el 29 de noviembre.
El documento también consigna “permiso de estudio y cátedra” y “permiso de cátedra”, este último por dos días y tres horas, aunque en el formato no aparecen las fechas correspondientes.
En 2020 figuran un permiso académico el 11 de febrero, uno personal el 28 de febrero y otro académico entre el 3 de agosto y el 23 de noviembre por 13 horas.
En 2021 aparecen permisos académicos del 25 de enero al 29 de mayo, por 180 horas, y del 26 de julio al 8 de noviembre, por 68 horas. Para 2022 aparece otro permiso académico entre el 24 de enero y el 3 de junio, por 154 horas; una invitación de la Escuela Judicial los días 28 y 29 de abril; y permisos personales el 13 de mayo, 22 de julio, 18 y 19 de agosto y 26 de agosto.
La magistrada María del Pilar Valencia García registró permisos personales y compensatorios desde 2018. Entre ellos aparecen asuntos personales el 2 de marzo de 2018; compensatorio el 6 de agosto; asuntos personales entre el 8 y 10 de agosto, el 28 y 29 de agosto y entre el 6 y 13 de noviembre; compensatorio entre el 31 de diciembre de 2018 y el 4 de enero de 2019; asuntos personales entre el 22 y 23 de abril de 2019; compensatorios entre el 2 y 3 de septiembre y del 23 al 27 de diciembre de 2019, y asuntos personales entre el 2 y 4 de marzo de 2020.
El magistrado Pedro Julio Mahecha Ávila tuvo permiso para asuntos personales entre el 30 de enero y el 1 de febrero de 2019; permiso compensatorio del 24 al 26 de julio de ese año; asuntos personales del 28 al 30 de octubre de 2020 y del 8 al 12 de febrero de 2021. En 2022 aparece una autorización entre el 10 y 13 de mayo para asistir a una audiencia en calidad de testigo y víctima y un permiso personal el 17 de mayo.
Otras autorizaciones
La magistrada Sandra Rocío Gamboa Rubiano registró un permiso personal el 22 de enero de 2018, un compensatorio el 28 de marzo y dos permisos identificados como “invitación coautora”: medio día el 5 de junio y dos días entre el 7 y 8 de junio.
La magistrada Diana María Vega Laguna tuvo permisos personales del 3 al 5 de febrero de 2021; 6 y 7 de junio de 2022; 29 de junio; del 6 al 8 de julio; del 29 al 31 de agosto; 8 y 9 de septiembre, y el 3 de octubre de 2022.
La magistrada Zoraida Anyul Chalela Romano aparece con permisos personales del 26 al 28 de marzo, 13 al 15 de junio y 1 al 5 de octubre de 2018; del 14 al 16 de mayo y del 7 al 11 de octubre de 2019; del 7 al 10 de enero de 2020; el 5 de abril de 2022; del 31 de mayo al 3 de junio, y del 1 al 5 de agosto de 2022.
La relación también contiene los permisos de las magistradas Xiomara Cecilia Balanta Moreno, Mirtha Patricia Linares Prieto y Marcela Giraldo Muñoz, con registros de asuntos personales, permisos compensatorios, académicos, de cátedra y participación en eventos. Entre las autorizaciones consignadas aparecen invitaciones como ponente, eventos de reconocimiento, actividades del Alto Comisionado y permisos que se extendieron hasta por cinco días.
En los archivos laborales aparecen además las magistradas Reinere de los Ángeles Jaramillo Chaverra, Julieta Lemaitre Ripoll y Ana Manuela Ochoa Arias, cuyos registros incluyen permisos personales, académicos, compensatorios y otras actividades consignadas por Talento Humano.
La relación continúa con las magistradas Claudia López Díaz, Sandra Jeannette Castro Ospina y Claudia Rocío Saldaña Montoya. En esos registros aparecen autorizaciones para asuntos personales, permisos académicos y compensatorios, además de actividades de cátedra y otras diligencias. Algunos permisos se concedieron por horas, otros por jornadas completas y algunos alcanzaron periodos de hasta cinco días.
Para la magistrada Belkis Florentina Izquierdo Torres se consignaron permisos en diferentes vigencias, mientras que la magistrada Catalina Díaz Gómez tuvo, entre otros, un permiso denominado expresamente “Permiso de Presidencia a Magistrados”, entre el 1 y el 7 de agosto de 2018, contabilizado por cuatro días. La magistrada Heydi Patricia Baldosea Perea también aparece con permisos personales y otras autorizaciones entre 2018 y 2019.
La magistrada Alexandra Doris Amelia Sandoval Mantilla presenta un registro que incluye permisos para asuntos personales, cátedra y atención médica.
Cinco años de permisos
Entre las autorizaciones reportadas aparecen asuntos personales en distintos periodos de 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022; un chequeo médico en Compensar el 30 de junio de 2022 y un permiso de cátedra el 19 de agosto de 2022 por cuatro horas.
La magistrada Nadiezhda Natazha Henríquez Chacín tuvo, entre otros, permiso compensatorio los días 2 y 3 de abril de 2018; asuntos personales del 3 al 6 de julio; una invitación a un panel del 30 de octubre al 2 de noviembre; permisos personales en diciembre de 2018, enero y marzo de 2019, junio de 2020, marzo y julio de 2021, y enero, marzo, julio y noviembre de 2022.
El registro contiene dos inconsistencias de fecha: un permiso aparece del 30 de diciembre de 2019 al 31 de diciembre de 2018 y otro del 23 de enero de 2020 al 24 de enero de 2019. Esas fechas corresponden literalmente a lo reportado en el documento de la JEP.
Para el magistrado Danilo Alfonso Rojas Betancourth aparecen permisos personales entre el 10 y 12 de octubre de 2018; otro del 9 de noviembre de ese año, en el que el correo no registró motivo; permisos académicos del 18 al 20 de noviembre de 2019 y del 20 al 21 de febrero de 2020; asuntos personales del 23 al 26 de marzo de 2021, del 29 al 30 de marzo de 2022 y del 28 de junio al 1 de julio de 2022.
La magistrada Lily Andrea Rueda Guzmán registró permisos compensatorios, personales y actividades institucionales. Entre ellos figuran un acto de exaltación el 14 de septiembre de 2018 y participación en la Semana de Derechos Humanos el 21 de septiembre de ese año, además de compensatorios y permisos personales durante los años siguientes. En octubre y noviembre de 2022 aparece un permiso de cinco días cuyo motivo no fue registrado en el formato.
El magistrado José Miller Hormiga Sánchez aparece con permisos personales desde agosto de 2018, así como una “Socialización Proyecto” el 19 de febrero de 2021 y permisos personales durante 2019, 2020 y 2022.
El magistrado Rodolfo Arango Rivadeneira tuvo, entre otras autorizaciones, una invitación a coloquio del 4 al 8 de febrero de 2018; una invitación para presentar una conferencia del 2 al 4 de mayo; una invitación como ponente los días 14 y 15 de agosto; participación en un foro sobre posconflicto el 7 de marzo de 2019; permisos de cátedra los días 27 y 28 de junio de ese año, cada uno por medio día; invitación a la Semana por la Paz el 16 de septiembre; permiso compensatorio los días 3 y 4 de octubre; asistencia a un simposio de la Universidad del Cauca el 8 de noviembre por medio día; otro compensatorio el 29 de noviembre; asuntos personales en octubre de 2020, julio de 2021 y febrero de 2022, y asistencia a una conferencia en Alemania del 23 al 27 de mayo de 2022, por cinco días.
El magistrado Camilo Andrés Suárez Aldana tuvo un permiso académico el 16 de marzo de 2018; un permiso el 28 de marzo de ese año cuyo correo no registró motivo, y permisos personales el 4 de enero, 29 de marzo y 22 de noviembre de 2019.
El magistrado Jesús Ángel Bobadilla Moreno aparece con una sucesión de permisos académicos durante 2018: 23 de marzo; del 10 al 12 de abril; 20 de abril; 25 de mayo; 22 de junio; 13 y 27 de julio; 31 de agosto; 26 de octubre y 23 de noviembre. También tuvo un acto protocolario el 30 de abril y permisos personales el 28 y 29 de junio, 3 de julio, 6 de agosto y 31 de diciembre. En 2019 aparece un homenaje a magistrados los días 16 y 17 de mayo y permisos personales el 7 de junio, medio día el 6 de septiembre, 9 y 10 de septiembre, del 31 de octubre al 1 de noviembre y el 13 de diciembre. En 2020 tuvo permiso personal los días 5 y 6 de marzo. En 2022 aparece un chequeo médico en Compensar el 13 de mayo y un permiso personal el 11 de agosto.
Academia y eventos
El magistrado Gustavo Adolfo Salazar Arbeláez tuvo permiso de cátedra el 8 de junio de 2018, permiso personal del 17 al 21 de septiembre de ese año, autorización para participar en la IV Reunión de Expertos sobre Desafíos (DHI) del 19 al 21 de junio de 2019 y permiso personal el 27 de octubre de 2021.
El magistrado Mauricio García Cadena registró permisos personales el 1 de junio, 6 de agosto y 28 de agosto de 2018; del 11 al 12 de abril y el 19 de julio de 2019; una audiencia de conciliación el 9 de septiembre de 2019, y permisos personales el 12 y 13 de mayo y el 16 de mayo de 2022.
El magistrado Raúl Eduardo Sánchez Sánchez tuvo, entre otras autorizaciones, permisos personales y académicos desde 2018. En su registro aparecen permisos académicos del 24 al 26 de abril, del 18 al 21 de octubre y del 30 al 31 de octubre de 2018; participación en la IV Reunión de Expertos sobre Desafíos (DHI) los días 20 y 21 de junio de 2019; permiso de cátedra los días 27 y 28 de junio de 2019; permiso académico entre el 25 de enero y el 29 de mayo de 2021 por 34 horas, y otro permiso académico los días 15 y 16 de junio de 2022.
El magistrado Juan Ramón Martínez Vargas aparece con actividades que incluyeron la presentación de un libro en la Universidad Externado el 22 de febrero de 2018; invitación de ACNUR del 11 al 13 de abril; permiso compensatorio el 30 de abril; invitación a seminario los días 22 y 23 de mayo; invitación a un diálogo los días 30 y 31 de mayo; permiso personal los días 21 y 22 de junio; participación como panelista en un foro del 17 al 19 de octubre, y una invitación a un congreso los días 23 y 24 de mayo de 2019.
También figura el magistrado Roberto Carlos Vidal López, con permisos consignados por la Subdirección de Talento Humano durante el periodo revisado.
Finalmente, el documento registra los permisos del magistrado Alejandro Ramelli Arteaga, actual presidente de la JEP. La relación comienza con una invitación como ponente el 10 de agosto de 2018. En 2019 aparecen permisos personales el 6 de marzo, 3 de mayo y 26 de julio; permiso compensatorio el 23 de agosto; permisos personales el 15 y 19 de septiembre; y compensatorio el 13 de diciembre.
En 2020, Ramelli tuvo permiso personal el 14 de febrero, compensatorio el 16 de febrero y permiso personal el 21 de diciembre. En 2021 registró permiso compensatorio el 22 de abril; permiso personal el 23 de abril; asuntos personales entre el 7 y 9 de julio, y permiso personal el 15 de diciembre. En 2022 aparecen asuntos personales el 4 de febrero; permiso compensatorio entre el 11 y el 14 de marzo, contabilizado como dos días; asuntos personales el 4 de mayo, y permisos personales los días 2 y 3 de junio.
El consolidado incluye además al magistrado Óscar Javier Parra Vera, para quien la JEP registró, entre otras autorizaciones, “Permiso de Presidencia a Magistrados” entre el 26 y 27 de julio de 2018, por dos días, y entre el 6 y 10 de agosto del mismo año, contabilizado por cuatro días.
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