Las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), son una organización que dejó de circunscribir su presencia a sectores montañosos del Magdalena para proyectarse sobre corredores estratégicos, zonas urbanas, áreas rurales y rutas que conectan la Sierra Nevada de Santa Marta con La Guajira y Cesar.
Desde el 2 de diciembre de 2025 se había advertido su crecimiento. El Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría y varios informes de inteligencia conocidos por la Agencia de Periodismo Investigativo, API, indicaron que la disputa entre las ACSN y el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) ponía en riesgo a habitantes de 21 municipios de Magdalena, La Guajira y Cesar.
El organismo y los reportes clasificados como confidenciales no solo describieron únicamente una confrontación entre dos estructuras armadas: identificaron un modelo de control territorial que combina capacidad militar, economías ilegales, coerción sobre la población y mecanismos de regulación social.
Las advertencias detallaron el modus operandi en Santa Marta, Ciénaga, Puebloviejo, Zona Bananera, El Retén, Aracataca, Fundación y Algarrobo, en Magdalena; Riohacha, Dibulla, San Juan del Cesar, Distracción, Fonseca, Barrancas, Hatonuevo y Albania, en La Guajira; y El Copey, Bosconia, El Paso, Valledupar y Pueblo Bello, en Cesar.
Con tres vertientes de la Sierra Nevada: norte, occidental y suroriental, mostrando que la confrontación había adquirido una dimensión regional y que los límites municipales o departamentales ya no permitían entender por separado la operación de estas organizaciones.
Se clasifica a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada como una estructura con fuerte arraigo territorial, sucesora de organizaciones que operaron previamente en la región, entre ellas Los Pachenca, Los Leales a Giraldo y Los Giraldos.
Se señala además que el grupo fue catalogado como Grupo Armado Organizado, GAO, por decisión adoptada en agosto de 2025.
Ese origen permite explicar una característica central de las ACSN: no son presentadas como una organización que simplemente llegó desde otra región para ocupar nuevos territorios.
Evolución criminal
Su estructura se construyó sobre redes, relaciones sociales, economías ilegales y formas de control que tienen antecedentes de varias décadas en la Sierra Nevada de Santa Marta.
Evolucionó con estructuras surgidas después de la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia y, especialmente, con organizaciones herederas del aparato armado que históricamente tuvo influencia en Santa Marta y sectores de la Sierra Nevada.
Ese proceso produjo sucesivas transformaciones de nombres, liderazgos y estructuras, pero mantuvo elementos territoriales y económicos que facilitaron la permanencia del fenómeno.
Uno de los conceptos más relevantes de la Alerta 020-25 es el de “control hegemónico”. La Defensoría utiliza esta categoría para describir territorios donde las ACSN no se limitan a transitar o ejecutar acciones ocasionales, sino donde han conseguido mantener una posición predominante, regular dinámicas locales y contener la entrada de estructuras rivales.
El resumen oficial de la alerta indica que las ACSN ejercen ese tipo de control y, paralelamente, buscan penetrar territorios dominados por el EGC para expulsarlo y afectar sus rentas ilegales.
Su estrategia combina violencia letal y no letal. Esto significa que el dominio no depende exclusivamente de homicidios, enfrentamientos o ataques armados.
También incluye amenazas, restricciones a la movilidad, cobros extorsivos, imposición de reglas, intimidación y mecanismos de control sobre la vida cotidiana de las comunidades.
Gobernanza armada ilegal
Ese modelo aparece definido en los documentos de inteligencia como una forma de “gobernanza armada ilegal”. El término resulta central para entender la estructura porque señala una pretensión que supera la obtención de rentas criminales: los grupos buscan intervenir en funciones que corresponden al Estado o a las propias comunidades, imponiendo reglas de comportamiento, decidiendo quién puede transitar, regulando actividades económicas y ejerciendo mecanismos de castigo.
Otro documento ratifica la operación de sus integrantes. La Alerta 014-2026, emitida siete meses después para Sitionuevo y la Ciénaga Grande de Santa Marta, confirmó que estas prácticas seguían presentes.
Allí, la Defensoría y otros reportes de las Fuerzas Militares describieron actuaciones sistemáticas orientadas al control territorial, al dominio de corredores acuáticos y a la regulación coercitiva de la vida social y económica.
La entidad relacionó esas prácticas con patrones históricos de violencia asociados al antiguo paramilitarismo.
Una de las fortalezas de las ACSN radica precisamente en su capacidad para combinar presencia armada con control social. Esto reduce la necesidad de exhibir permanentemente grandes contingentes de hombres y permite que la organización ejerza autoridad mediante redes locales, amenazas y mecanismos de vigilancia.
El control social comprende la imposición de reglas sobre conductas individuales, horarios, movilidad, relaciones comunitarias y actividades económicas.
En los territorios afectados pueden presentarse reuniones coercitivas, vigilancia permanente, sanciones y sistemas de resolución de conflictos que funcionan al margen de las instituciones.
Otros agentes especiales designados en el caso, identificaron posteriormente estas prácticas en áreas del Magdalena, donde estructuras armadas impusieron normas de comportamiento, controlaron entradas y salidas, desarrollaron vigilancia y utilizaron formas de “justicia” de facto.
“Estas dinámicas terminan limitando la autonomía de las comunidades y generando condiciones de temor”, detalló uno de los expertos que hizo el trabajo de campo en la zona.
Estrategia y rentas
La importancia estratégica de Santa Marta dentro de ese entramado deriva de su posición geográfica. La ciudad se encuentra en el punto de conexión entre el macizo de la Sierra Nevada, el mar Caribe, corredores viales hacia La Guajira y el interior del Magdalena, zonas turísticas, áreas portuarias y corredores rurales que comunican con municipios vecinos.
“Esa ubicación permite que una estructura con presencia en la montaña pueda simultáneamente tener incidencia sobre rutas terrestres, acceso al Caribe, corredores de narcotráfico, comercio, turismo y sectores urbanos”, precisó otro experto en el tema.
La propia distribución territorial muestra que Santa Marta no puede analizarse de manera aislada. La vertiente norte vincula a la capital del Magdalena con Dibulla y Riohacha; la vertiente occidental conecta el área con Ciénaga, Puebloviejo, Zona Bananera, El Retén, Aracataca y Fundación; y la vertiente suroriental amplía el escenario hacia Cesar y el sur de La Guajira.
La disputa territorial no ocurre solamente por la ocupación física de determinados lugares. Informes de inteligencia señalan que detrás de ella existe una competencia por corredores estratégicos y economías ilegales.
Entre las actividades identificadas aparecen el narcotráfico, el contrabando, la tala ilegal y los préstamos informales conocidos como “gota a gota”.
A estas actividades se suman las extorsiones, una de las fuentes de financiación y de control que la Defensoría identifica repetidamente en los territorios donde operan grupos armados.
La extorsión cumple dos funciones. La primera es económica: genera recursos para la organización. La segunda es territorial: permite determinar quién puede desarrollar una actividad comercial o productiva y bajo qué condiciones.
La imposición de cobros a comerciantes, transportadores, productores, operadores turísticos, pescadores u otros sectores crea una relación de subordinación que fortalece la capacidad del grupo para saber qué ocurre en el territorio y sancionar a quienes se resistan.
También se documentó ese mecanismo en la Ciénaga Grande. Allí se identificaron exigencias sistemáticas de dinero a pescadores, comerciantes y operadores turísticos, además de ocupación de viviendas e infraestructuras comunitarias para almacenar armas o desarrollar actividades relacionadas con drogas.
Narcotráfico
El control de los corredores de narcotráfico constituye otro elemento estructural. El Magdalena ofrece conexiones entre la Sierra Nevada, la Ciénaga Grande, el río Magdalena y el Caribe. Esas características convierten la región en un espacio de interés para el tránsito de sustancias ilícitas, armas y recursos.
En junio de 2026, otro informe confidencial reportó la utilización de corredores como caño Mico, caño Pájaro y caño Pancú para movilizar estupefacientes desde la Sierra Nevada hacia el complejo lagunar y posteriormente hacia el mar Caribe.
También identificó custodia armada de puntos estratégicos, patrullajes terrestres y fluviales e incluso utilización de drones.
Ese nivel de organización muestra que el territorio bajo disputa no se reduce a carreteras o centros poblados. Incluye cuerpos de agua, caños, ciénagas, zonas protegidas, caminos rurales y accesos marítimos.
Unas características naturales de la región favorecen la movilidad clandestina. La Sierra ofrece zonas montañosas de difícil acceso; la Ciénaga Grande cuenta con numerosos canales y cuerpos de agua; y el Caribe permite proyectar rutas hacia mercados internacionales.
Para las comunidades, sin embargo, esos mismos espacios son fundamentales para su subsistencia. Pescadores, campesinos, indígenas y habitantes de zonas rurales dependen de caminos, ríos, caños y áreas de pesca que pueden convertirse simultáneamente en corredores de interés para estructuras armadas.
Esa superposición explica por qué la expansión criminal genera efectos directos sobre la población civil.
En Sitionuevo, por ejemplo, la Defensoría documentó expulsión de pescadores de lugares tradicionales de faena, destrucción o retiro de cambuches y restricciones para entrar a determinadas zonas del complejo lagunar.
Las restricciones afectan la economía familiar, pero también fortalecen el control territorial. Una estructura que determina quién puede navegar, pescar o circular termina controlando buena parte de la información y de los movimientos dentro de una zona.
Los jóvenes clave
Otro componente inquietante señalado en los informes es la vinculación de jóvenes. Las organizaciones pueden aprovechar contextos de pobreza, desempleo, aislamiento y falta de oportunidades para incorporar o utilizar población joven.
Además, la Alerta 014-2026 describe mecanismos de cooptación basados tanto en incentivos económicos como en presión. Los jóvenes de sectores periféricos y de difícil acceso se encuentran entre las poblaciones más expuestas.
En el caso de la Alerta 020-25, la Defensoría incluyó entre las manifestaciones de riesgo el reclutamiento, uso y utilización de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, junto con homicidios, secuestros, amenazas y cobros extorsivos.
La organización territorial también está estrechamente relacionada con la confrontación con el EGC. En algunos puntos existen áreas consolidadas; en otros hay intención de expansión; y en corredores intermedios se presentan disputas que pueden trasladarse rápidamente hacia poblaciones vecinas.
La lógica de las ACSN, según la caracterización oficial, es conservar sus áreas de influencia y simultáneamente penetrar territorios controlados por su rival, buscando desplazarlo y afectar sus fuentes de financiación.
El resultado es un escenario de confrontación que puede producir homicidios selectivos, desapariciones, desplazamientos, confinamientos, restricciones de movilidad y retaliaciones contra personas acusadas de colaborar con el grupo contrario.
Por esto, se advirtió expresamente en 2026 que la superposición entre ACSN y EGC podía generar confrontaciones en áreas pobladas y afectar simultáneamente varias comunidades.
La ley del silencio
Otro aspecto estructural es la utilización del miedo como instrumento de gobierno territorial. Las amenazas públicas o privadas no necesariamente buscan únicamente provocar el desplazamiento de una persona. También pueden enviar mensajes colectivos sobre las consecuencias de denunciar, colaborar con las autoridades o incumplir reglas impuestas por la estructura.
Ese fenómeno produce lo que la Defensoría denomina un contexto de silencio forzado. Habitantes de determinadas zonas evitan relacionarse con las instituciones porque temen ser considerados informantes.
En Sitionuevo, el organismo advirtió que tanto las ACSN como el EGC habían restringido el acceso de autoridades a algunos sectores y que habitantes podían ser señalados como colaboradores del grupo contrario. Ese escenario debilitaba la denuncia y contribuía a consolidar órdenes paralelos.
La expansión de las ACSN también debe analizarse sobre una estructura territorial históricamente marcada por el paramilitarismo. La Defensoría establece conexiones entre las dinámicas actuales y periodos anteriores de violencia en la región.
En la Ciénaga Grande, por ejemplo, recuerda las masacres de la vereda Trinidad en 1997, Nueva Venecia y Trojas de Cataca en 2000 y el asesinato de seis leñadores en Palermo en 2001. El organismo señala que la presencia del Bloque Norte de las AUC instauró formas de estigmatización y control social cuyos efectos aún inciden sobre las comunidades.
No se trata, por tanto, de afirmar que la estructura actual sea idéntica a las organizaciones paramilitares de aquella época, sino de reconocer una continuidad territorial y social que la Defensoría considera relevante para comprender la configuración actual del riesgo.
El organismo señala además que la vulnerabilidad institucional resulta funcional a la expansión armada. La ausencia o limitada presencia permanente del Estado en zonas rurales, corredores fluviales y áreas de difícil acceso permite a estas estructuras ocupar espacios de regulación social.
En determinadas comunidades, el poder criminal termina apareciendo donde debería existir institucionalidad: resolución de conflictos, seguridad, movilidad, administración de sanciones o regulación de actividades económicas.
Precisamente por esta razón, las recomendaciones de la Alerta 020-25 no se limitaron a solicitar operaciones militares. La Defensoría formuló 38 recomendaciones distribuidas entre seguridad, investigación judicial, prevención, política social, paz, asistencia humanitaria y coordinación interinstitucional.
Perspectiva
Entre las medidas se planteó fortalecer la coordinación estatal, estudiar mecanismos relacionados con los acercamientos de paz, atacar las estructuras criminales, proteger comunidades vulnerables, judicializar integrantes y atender las condiciones sociales que facilitan reclutamiento y control territorial.
La Defensoría dedicó seis recomendaciones específicamente a superar vulnerabilidades sociales. Entre ellas incluyó medidas relacionadas con territorios colectivos, resguardos indígenas y acceso de jóvenes a empleo formal o educación superior. La inclusión de esas medidas refleja que el organismo considera que la seguridad no depende exclusivamente del despliegue de uniformados, sino también de reducir las condiciones que las estructuras armadas aprovechan para ganar capacidad de influencia.
En materia judicial, la alerta planteó cuatro recomendaciones y señaló como prioridad el desmantelamiento de estructuras del EGC y de las ACSN, así como el desarrollo de investigaciones con enfoques diferenciales y étnicos.
La Alerta 014-2026 reforzó posteriormente esa orientación. Solicitó una estrategia integral destinada a debilitar las capacidades de control territorial, movilidad, financiación y constreñimiento sobre la población civil de estas organizaciones. También pidió coordinación entre Fuerza Pública y Fiscalía para facilitar la judicialización y desarrollar acciones sostenidas de desmantelamiento.
El panorama descrito, en síntesis, que las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada funcionan a través de varias capas simultáneas.
Existe un componente armado encargado de conservar territorio, confrontar organizaciones rivales y proteger corredores. Existe una estructura económica sustentada en rentas ilícitas y mecanismos de extorsión. Existe una capacidad logística para movilizar personas, armas y mercancías.
Y existe, además, una dimensión social basada en vigilancia, intimidación, imposición de normas y creación de mecanismos ilegales de autoridad.
Esa combinación explica por qué la organización puede mantener influencia incluso sin exhibir permanentemente grupos numerosos de hombres armados.
El poder territorial no depende exclusivamente del número de fusiles visibles. También se sostiene en información, redes locales, capacidad de intimidación, rentas, conocimiento del terreno y temor acumulado entre los habitantes.
El riesgo aumenta cuando esas capacidades coinciden con territorios caracterizados por pobreza, aislamiento, baja presencia institucional y economías informales. Es allí donde la organización dispone de mayores posibilidades para presentarse como autoridad y penetrar actividades legales e ilegales.
La advertencia estructural de diciembre de 2025 adquirió una dimensión especial después de los acontecimientos posteriores en Magdalena.
La nueva alerta de junio de 2026 describió la expansión de las dinámicas hacia la Ciénaga Grande y advirtió sobre presencia armada visible, reuniones coercitivas, extorsiones, control de la pesca, utilización de corredores hídricos y posibles confrontaciones.
Así, todos los informes permiten observar una misma secuencia: arraigo histórico, consolidación territorial, regulación social, explotación de economías ilegales, disputa por corredores y expansión hacia nuevos espacios.
Por esto la intervención del gobierno con el reforzamiento de la estructura militar y policial con más de mil hombres en la zona, es clave para comenzar a combatir una organización criminal que domina la región desde hace décadas.
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