El Paujil, Caquetá, es uno de los municipios más golpeados por la violencia en Colombia. Sus más de 19.000 habitantes han enfrentado masacres, terrorismo, presencia paramilitar, disidencias de las Farc, minería ilegal y una inseguridad que parece no darles tregua.
Como si ello no fuera suficiente, mientras la atención se concentra en los enfrentamientos entre grupos armados, la contratación pública municipal enfrenta cuestionamientos. El más reciente episodio de violencia ocurrió el pasado 12 de octubre, cuando un ataque en una discoteca dejó tres muertos y un herido.
En medio de ese panorama, la alcaldesa Latia Sindy Castillo Muñoz; Israel Fonseca, representante legal de la Fundación Victoria Amazonia, posteriormente denominada Proyecto Vida y Desarrollo, y Jorge Eduardo Ardila Rojas, contador de la organización, fueron incluidos en una denuncia penal por presuntas irregularidades en la contratación municipal.
Al respecto la alcaldesa Castillo Muñoz, no se pronunció sobre los cuestionamientos, pese a que la Agencia de Periodismo Investigativo, API, envió un cuestionario con ocho preguntas, el pasado 12 de octubre vía Whatspp y a su correo electrónico institucional.
El origen
La alcaldesa Latia Sindy Castillo Muñoz asumió la Alcaldía de El Paujil, Caquetá, el primero de enero de 2024, tras ganar las elecciones territoriales de octubre de 2023 con 3.324 votos, equivalentes al 48,58 % de los sufragios válidos.
Fue elegida por una coalición del Partido Conservador y la Alianza Social Independiente (ASI), superando al candidato liberal Edinson Rojas Villegas, quien obtuvo 1.894 votos.
Era su segunda aspiración al cargo, pues en 2019 había conseguido 2.252 sufragios, pero fue derrotada por Ludivia Hernández Calderón, elegida con 3.381 votos.
Nacida en Bogotá, Castillo Muñoz es administradora de empresas, ingeniera industrial y tecnóloga en Gestión Empresarial. Su trayectoria política incluye actividades de liderazgo comunitario y el ejercicio como concejal en 2020.
Al llegar a la Alcaldía puso en marcha el plan de desarrollo “Avancemos Juntos Paujil 2024-2027”, orientado a proyectos de infraestructura, vivienda, desarrollo social y mejoramiento de las condiciones de vida de la población.
La mandataria también enfrenta cuestionamientos por presunta participación indebida en política. El 31 de mayo de 2026, la Procuraduría Regional de Instrucción de Caquetá ordenó su suspensión provisional y abrió una investigación disciplinaria por un video difundido en TikTok, en el que aparecía con prendas alusivas al dirigente político Iván Cepeda.
Las autoridades buscaban establecer si utilizó su condición de funcionaria pública para favorecer una campaña electoral. El caso también fue relacionado con actuaciones de la Fiscalía.
Líos de contratación
Los señalamientos comprenden la presunta adulteración y falsificación de certificaciones de experiencia, contratos, firmas y soportes documentales atribuidos a la Fundación Huellas de Mi Tierra, actualmente denominada Planeta Azul.
La denuncia, presentada ante la Fiscalía General de la Nación por José Guillermo Claros Penna, representante legal de esta última organización, relaciona 11 procesos contractuales de 2024 y 2025 en los cuales la fundación representada por Fonseca habría utilizado documentos ajenos para acreditar experiencia y cumplir requisitos habilitantes.
La Ley 80 de 1993, que regula la contratación estatal y es de obligatorio cumplimiento, junto con las normas que la modifican y complementan, establece el marco legal de estos procedimientos.
Según el denunciante, las certificaciones cuestionadas habrían permitido acreditar una experiencia contractual cuya autenticidad desconoce la organización supuestamente emisora.
Uno de los primeros casos corresponde a la invitación pública de mínima cuantía PSMC-007-2024, adelantada en marzo de 2024 para el suministro de papelería y útiles de oficina.
La Fundación Proyectando Vida y Desarrollo presentó una certificación sin fecha, atribuida a Huellas de Mi Tierra, sobre un supuesto contrato 023 de 2015 por $50 millones.
Claros Penna sostiene que el documento es falso. El procedimiento terminó con la aceptación de oferta CSU-002-2024, del 3 de abril de 2024, por $29.153.115, a favor de la fundación representada por Israel Fonseca.
Días después, en la invitación PSMC-008-2024, destinada a adquirir elementos de cafetería y aseo, se habría utilizado otra certificación cuestionada, correspondiente al supuesto contrato 001 de 2019 por $41 millones. La Alcaldía aceptó la oferta mediante el contrato CCV-003-2024, por $27.970.755.
Los valores de $50 millones y $41 millones corresponden a los antecedentes contractuales utilizados para acreditar experiencia, mientras que las cuantías de $29.153.115 y $27.970.755 pertenecen a los contratos municipales adjudicados. La denuncia cuestiona la autenticidad de los primeros documentos, no las diferencias entre esos valores.
Convocatoria dudosa
La presunta utilización de certificaciones falsas también aparece en la convocatoria CNV-006-2024, relacionada con el convenio de asociación CNV-007-2024, destinado a atender a 150 adultos mayores de El Paujil.
Para acreditar experiencia en ese procedimiento se habrían aportado dos certificaciones atribuidas a Huellas de Mi Tierra, por $103 millones y $88 millones.
El convenio celebrado con la administración municipal tenía un valor de $101.975.833 y contemplaba servicios de alimentación, acompañamiento y atención integral.
Otro de los documentos cuestionados corresponde al supuesto contrato de prestación de servicios 012 de 2019, acompañado de una certificación de experiencia por $252 millones.
Según la denuncia, presenta inconsistencias en la identificación del representante legal, los plazos de ejecución y las cuantías registradas.
El encabezado identifica a Sandra Milena Claros Penna como representante de Huellas de Mi Tierra, pero la firma corresponde a José Guillermo Claros Penna. Además, mientras la certificación menciona una ejecución aproximada de tres años, el contrato establece seis meses.
También existen diferencias económicas dentro del mismo soporte: el encabezado y la certificación registran $252 millones, pero las cláusulas primera y séptima mencionan $100 millones.
Este antecedente aparece relacionado con el procedimiento que culminó en la aceptación contractual CPS-202400071, del 6 de diciembre de 2024.
Las certificaciones
El contador Jorge Eduardo Ardila Rojas figura en la denuncia por la expedición de certificaciones de facturación que habrían incorporado operaciones comerciales desconocidas por Huellas de Mi Tierra.
Una de ellas, fechada el 11 de diciembre de 2024, hace referencia al supuesto contrato 043 de 2022 y fue utilizada en el procedimiento PSMC-056-2024. El expediente también contiene una certificación por $35.300.000 atribuida a Sandra Milena Claros Penna, quien, según el denunciante, ya no ejercía la representación legal cuando fue expedida.
Ese proceso terminó relacionado con la aceptación de oferta CVV-013-2024, por $16 millones. Otra certificación suscrita por el contador, del 9 de abril de 2025, incluyó un supuesto contrato 001 de 2021 y aparece vinculada al procedimiento PSMC-018-2025.
Las presuntas irregularidades también alcanzan el proceso PSMC-061-2024, en el que se presentaron documentos atribuidos a profesionales y representantes de organizaciones.
Entre ellos aparece una carta supuestamente firmada por Pablo Daniel Ortiz Oviedo para desempeñarse como capacitador, además de certificaciones atribuidas a Deysy Herrera Jiménez, de Progan Caquetá; José Guillermo Claros Penna, del Consorcio Huellas y Ganado, y Gressy Sahamara Álvarez Ninco, del Consorcio Huertas Caqueteñas.
El denunciante solicita verificar la autenticidad de esas firmas y documentos. El procedimiento culminó con la aceptación del contrato CVV-014-2024, del 24 de diciembre de 2024, por $28 millones.
Convenio millonario
Durante 2025 continuaron los procesos cuestionados. En el procedimiento competitivo 002-2025 se habrían presentado certificaciones de experiencia atribuidas a Huellas de Mi Tierra, incluida una por $100 millones, junto con copias de supuestos contratos anteriores y una certificación laboral.
En ese expediente se relaciona el convenio de asociación CNV-001-2025, por $340.732.234,60. La denuncia contiene una inconsistencia en la fecha, pues lo identifica con la vigencia 2025, pero señala como fecha de celebración el 24 de febrero de 2026.
Los señalamientos también incluyen las invitaciones PSMC-016-2025, PSMC-017-2025 y PSMC-018-2025, en las que se habrían incorporado documentos atribuidos a Huellas de Mi Tierra para acreditar experiencia contractual.
El primero terminó relacionado con el contrato CPS-202500082, del 14 de abril de 2025, por $30 millones. Los otros dos corresponden a las aceptaciones de oferta CCV-004-2025 y CCV-003-2025, expedidas durante abril.
Para Claros Penna, la reiteración de documentos atribuidos a su organización evidencia una presunta utilización de experiencia contractual ajena para acceder a procedimientos de selección pública.
La Fiscalía deberá determinar si existieron falsificaciones y si esos soportes incidieron en la habilitación de las propuestas y en la contratación municipal.
La denuncia también solicita investigar las actuaciones de los funcionarios responsables de evaluar las ofertas y verificar el cumplimiento de los requisitos legales.
A declarar
En particular, pide recibir declaración de la alcaldesa Latia Sindy Castillo Muñoz para establecer qué conocimiento tenía de los documentos cuestionados, cuáles fueron los controles aplicados por la administración y si recibió advertencias sobre posibles irregularidades.
Se plantea, además, que se examine una eventual relación entre la fundación contratista y el secretario de Gobierno municipal o sus familiares.
Entre las pruebas solicitadas figuran análisis periciales de firmas y documentos, revisión de expedientes contractuales, verificación de registros contables y declaraciones de las personas cuyos nombres aparecen en las certificaciones.
Claros Penna también pide que se examine la posible comisión de delitos de falsedad en documento privado, uso de documento falso, fraude procesal, celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y estafa agravada.
La denuncia solicita igualmente la intervención de los organismos de control para establecer eventuales responsabilidades disciplinarias y fiscales.
La investigación deberá esclarecer si la Fundación Proyectando Vida y Desarrollo utilizó documentos falsificados para acreditar experiencia en los procesos de contratación de El Paujil y si existieron responsabilidades de particulares o funcionarios públicos. Entre tanto, el municipio caqueteño sigue padeciendo su otro mal endémico, la violencia.
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