Medicina Legal hizo observaciones al decreto que regularía manejo de muertes en operaciones militares

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses presentó una serie de observaciones al borrador de decreto que prepara el Gobierno nacional para establecer los procedimientos que deberán seguirse cuando se registren muertes durante operaciones de la Fuerza Pública.

A través de un concepto enviado al ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, el director de la entidad, Ariel Emilio Cortés, manifestó su respaldo a la iniciativa de fortalecer la coordinación entre las autoridades judiciales, forenses y operativas en este tipo de casos.

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No obstante, planteó varios ajustes al articulado para evitar afectaciones en el desarrollo de las investigaciones.

Uno de los principales reparos está relacionado con la propuesta de trasladar automáticamente los cuerpos a la sede de Medicina Legal más cercana. Según la entidad, esta medida podría comprometer los exámenes ante la falta de infraestructura y especialistas en algunas unidades.

Además, Medicina Legal recomendó revisar los plazos previstos para la elaboración de informes de policía judicial. La entidad señaló que la duración de las necropsias y de los estudios complementarios depende de criterios estrictamente técnico-científicos, por lo que no siempre es posible ajustarse a tiempos previamente definidos.

La entidad también sugirió ajustar los tiempos periciales de 36 horas para informes de policía judicial, pues la duración de las necropsias y otros estudios complementarios se dan estrictamente en criterios técnico - científicos.

Otro de los puntos incluidos en las observaciones tiene que ver con las funciones institucionales. Medicina Legal precisó que no le corresponde realizar labores de levantamiento, traslado o custodia de cuerpos, ya que estas competencias recaen en otras autoridades judiciales y de policía judicial.

Entre las recomendaciones formuladas, la entidad pidió precisar que la prohibición de manipular o trasladar cuerpos o elementos materiales probatorios por parte de la fuerza pública no solo cobija las evidencias recolectadas en la escena, sino también el cadáver y las pertenencias de la víctima.

Asimismo, advirtió que Medicina Legal no debe asumir funciones relacionadas con el levantamiento, traslado o custodia de los cuerpos en las coordinaciones operativas de este tipo de casos, ya que esas competencias corresponden a otras autoridades.

La última recomendación prioritaria al proyecto de decreto busca precisar las responsabilidades de la fuerza pública en la preservación de la escena de los hechos y en la notificación inmediata a la Fiscalía o a la policía judicial, con el fin de garantizar la práctica oportuna de los actos urgentes dentro de las investigaciones.

Ahora, el Gobierno deberá revisar estas recomendaciones antes de la expedición definitiva de la norma.

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