La representante a la Cámara por Antioquia Luz Verónica Estrada Holguín, integrante del Pacto Histórico, figura como indiciada en tres investigaciones penales relacionadas con presuntas falsedades documentales, mientras la Universidad Nacional de Colombia sostiene que nunca le otorgó el título de Ingeniería de Minas y Metalurgia que presentó para acreditar su formación académica.
Los expedientes, conocidos por la Agencia de Periodismo Investigativo, API, en medio de los cuestionamientos públicos contra la congresista, permiten establecer que las primeras denuncias se remontan a 2024, dos años antes de su elección al Congreso de la República.
Varios documentos reúnen información sobre distintas situaciones judiciales con un denominador común; la presunta conducta de falsedad documental.
En ellas aparecen denuncias originadas en verificaciones realizadas por la Universidad Nacional, sede Medellín, y el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (Copnia), aunque en otros procesos la parlamentaria interviene como denunciante, víctima o testigo.
La información permite identificar tres noticias criminales en las que Estrada Holguín aparece como indiciada por presuntas irregularidades documentales.
Al respecto, la congresista no se ha pronunciado sobre estos tres nuevos procesos penales en su contra y que de haber sido fallados, al menos uno de ellos, hubieran impedido posesionarse como congresista.
Primer caso
La primera corresponde a hechos denunciados en marzo de 2024, la segunda a una actuación relacionada con octubre de 2025 y la tercera a documentos presentados para obtener una matrícula profesional en agosto de ese mismo año.
Los registros a los que accedió esta Agencia, señalan que las tres actuaciones se encuentran activas y en etapa de indagación.
Los líos de la hoy congresista comenzaron antes de que Estrada Holguín adquiriera notoriedad nacional como dirigente del Pacto Histórico.
En marzo de 2024, la empresa minera Continental Gold S. A. S. solicitó a la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, verificar la autenticidad de un diploma, un acta de grado y una certificación de finalización de estudios que habían sido presentados a nombre de Luz Verónica Estrada Holguín.
La solicitud dio lugar a una revisión de los archivos académicos de la institución. Según el relato incorporado al expediente penal, la universidad estableció que Estrada Holguín no figuraba como egresada y comunicó el resultado a Continental Gold mediante el oficio M100403-0310-24, fechado el 15 de marzo de 2024.
La actuación quedó vinculada a noticia criminal 2516, (cuatro últimos números) asignada a la Fiscalía 172 de Medellín, por el presunto delito de falsedad en documento privado, contemplado en el artículo 289 del Código Penal.
El expediente registra como fecha de los hechos el 14 de marzo de 2024 y señala que la congresista tiene la calidad de indiciada.
La denuncia surgió de una verificación documental solicitada por una empresa privada. El expediente lo que documenta es la presentación de certificados académicos atribuidos a la Universidad Nacional y la respuesta negativa de la institución educativa sobre su autenticidad.
De nuevo
El asunto volvió a aparecer en 2025, cuando Estrada Holguín inició un trámite ante el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería para obtener su registro como ingeniera de Minas y Metalurgia.
El 3 de agosto de ese año presentó la solicitud identificada con el radicado 8791 (cuatro últimos números). El expediente indica que aportó un formulario de registro profesional, su documento de identidad, un diploma digital y un acta de grado que figuraban como expedidos por la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.
En esos documentos aparecía como fecha de graduación el 16 de noviembre de 2021.
La solicitud obligó al Copnia a verificar la información con la universidad, conforme a las disposiciones de la Ley 842 de 2003, que regula el ejercicio de la ingeniería y establece los requisitos para obtener matrícula profesional.
La primera revisión no encontró a Estrada Holguín en los listados de graduados enviados por la institución educativa. Ante ese resultado, el 10 de agosto de 2025 el organismo profesional solicitó una certificación para determinar si efectivamente había obtenido el título universitario.
La respuesta llegó el 23 de octubre de 2025 mediante una comunicación de la División de Registro y Matrícula de la Dirección Académica de la Universidad Nacional, sede Medellín, identificada con el radicado 1301 (cuatro últimos números)
La institución informó que había revisado los archivos físicos y digitales de la dependencia sin encontrar registros de que Estrada Holguín fuera egresada del programa de Ingeniería de Minas y Metalurgia.
La universidad también manifestó que el registro de diploma presentado ante el Copnia no había sido expedido por esa sede.
Este pronunciamiento constituye uno de los principales elementos documentales del caso, porque no se limita a señalar una inconsistencia administrativa: establece que la institución educativa no reconoce la expedición del documento utilizado para solicitar la matrícula profesional.
La verificación tuvo consecuencias administrativas. Mediante la Resolución Regional RS2025ANTA001528, del 4 de noviembre de 2025, el Copnia negó la expedición de la matrícula profesional solicitada por Estrada Holguín.
Posteriormente, el 13 de febrero de 2026, el director general del organismo, Rubén Darío Ochoa Arbeláez, confirmó esa determinación mediante la Resolución Nacional RN2026NALA007831.
Fiscalía
La decisión mantuvo la negativa a conceder el registro y ordenó poner las irregularidades documentales en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación.
El 24 de febrero de 2026 se expidió una nueva resolución, identificada como RN2026NALA009770, para aclarar un aspecto relacionado con la parte firmante del acto administrativo anterior.
La actuación penal derivada de estos hechos aparece en la noticia criminal 8279 (cuatro últimos números), asignada a la Fiscalía 40 de Medellín, dentro de la unidad encargada de delitos contra el patrimonio y la fe pública.
La conducta investigada está registrada como uso de documento falso, prevista en el artículo 291 del Código Penal.
En el expediente figura como denunciante Manuel Alejandro Iragorri Velasco, secretario regional del Copnia en Antioquia, quien puso los hechos en conocimiento de las autoridades mediante un escrito fechado el 2 de marzo de 2026.
La denuncia reproduce las verificaciones realizadas por el organismo profesional y las comunicaciones de la Universidad Nacional. También señala que la negativa de la matrícula fue confirmada administrativamente y que el asunto debía ser investigado por las autoridades penales.
La Fiscalía registra a Estrada Holguín como indiciada y mantiene la actuación en etapa de indagación, según otro documento en poder de la Agencia de Periodismo Investigativo, API.
Tercer caso
Existe una tercera noticia criminal relacionada con su documentación académica. Está identificada con el número 8162 (cuatro últimos números) y fue asignada a la Fiscalía 59 de Medellín.
En este expediente, la Universidad Nacional figura como entidad denunciante por presunta falsedad documental.
La denuncia recoge la solicitud que el Copnia remitió a la universidad el 16 de octubre de 2025 para verificar un diploma de Ingeniería de Minas y Metalurgia atribuido a Estrada Holguín.
El documento indicaba que la congresista había obtenido su título el 16 de noviembre de 2021.
La División de Registro y Matrícula realizó una búsqueda en el sistema académico Universitas XXI y en sus archivos físicos.
Según la denuncia, mediante el oficio M.1.004.03-1451-25 se certificó que no existía ningún registro que acreditara a Estrada Holguín como egresada.
La universidad examinó además los datos que aparecían en el diploma presentado para su verificación. El documento incluía la referencia “Registro N.º 3645, folio 07 del Libro de Diplomas N.º 05”.
La consulta de los registros originales permitió establecer una inconsistencia adicional: el folio señalado correspondía a graduados de 2015 y no a Estrada Holguín, cuyo supuesto título estaba fechado seis años después.
La denuncia menciona entre las personas asociadas a ese registro académico a Yesenia Herrera Echeverri y otros graduados.
Para la institución, la utilización de referencias pertenecientes a registros existentes constituía un elemento que debía ser examinado por la justicia.
La universidad también dejó constancia de que había recibido anteriormente una solicitud de verificación de documentación académica presentada a nombre de Estrada Holguín.
Esta tercera actuación se encuentra identificada como un proceso activo, en etapa de indagación, según el registro incorporado al expediente.
Elemento común
Las investigaciones presentan un elemento común: la documentación académica atribuida a la congresista fue sometida a verificación en diferentes momentos y ante distintas entidades, y la Universidad Nacional respondió que no tenía registros que acreditaran su graduación.
Los cuestionamientos académicos adquirieron una dimensión adicional por la vinculación contractual que tuvo Estrada Holguín con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) durante 2025.
Según las denuncias, la entidad celebró con ella el contrato de prestación de servicios profesionales 00-050-2025, por 78 millones de pesos, para desarrollar actividades relacionadas con estudios, lineamientos y políticas de control y fiscalización del sector minero.
El contrato habría sido suscrito el 12 de marzo de 2025, con vigencia hasta el 31 de diciembre de ese año. Entre los requisitos establecidos para la contratación se encontraban la acreditación de formación profesional en determinadas disciplinas y experiencia relacionada con las funciones contratadas.
La información divulgada sobre ese proceso señala que Estrada Holguín acreditó un supuesto título de Ingeniería de Minas y Metalurgia expedido por la Universidad Nacional en noviembre de 2021.
El caso dio lugar a cuestionamientos sobre la documentación utilizada en la contratación y sobre los procedimientos de verificación que adelantó la entidad estatal.
La senadora Jennifer Pedraza promovió actuaciones ante organismos de control para que se estableciera si existieron irregularidades en el proceso contractual, en la acreditación de requisitos o en la supervisión del contrato.
Entre los aspectos sometidos a cuestionamiento aparecen las fechas consignadas en documentos académicos, los registros profesionales aportados y las certificaciones utilizadas para demostrar experiencia laboral.
Ni bachiller
Una de las inconsistencias señaladas en las denuncias consiste en que el diploma de bachiller atribuido a Estrada Holguín estaría fechado el 25 de noviembre de 2017, mientras que otros documentos presentados indicarían el inicio de estudios universitarios en agosto de 2016.
También se cuestionaron diferencias entre los números de matrícula profesional contenidos en diversas certificaciones y la fecha de expedición de un supuesto registro, que sería anterior a la graduación universitaria consignada en el diploma.
La controversia también llegó a la Corte Suprema de Justicia y a los organismos de control, después de que se conocieran denuncias contra la congresista por el presunto uso de documentos académicos irregulares.
La Universidad Nacional reiteró públicamente que no había expedido el título cuestionado. A su vez, el director del Copnia confirmó el 19 de noviembre que su entidad negó la matrícula profesional solicitada por la parlamentaria.
La controversia sobre las firmas incluidas en la documentación también fue objeto de pronunciamientos públicos. Verónica Botero, quien ocupó la decanatura de la Facultad de Minas, desconoció la firma que aparecía atribuida a ella en una imagen del supuesto diploma.
La autenticidad de los documentos, la identificación de sus autores y las circunstancias en las que fueron utilizados corresponden a aspectos que deben establecer las autoridades judiciales.
El caso se produjo cuando Estrada Holguín apenas comenzaba su primer periodo constitucional como representante a la Cámara por Antioquia, después de una trayectoria política construida principalmente en municipios del suroeste antioqueño y en sectores relacionados con la actividad minera.
Perfil
Su historia pública está vinculada con Caramanta, municipio cafetero del suroeste de Antioquia, donde nació y desarrolló parte de su actividad comunitaria.
De acuerdo con la biografía difundida por el Pacto Histórico, antes de llegar al Congreso se desempeñó en actividades campesinas, participó en procesos de liderazgo social y desarrolló trabajo político con mujeres rurales, jóvenes y organizaciones comunitarias.
También mantuvo vínculos con comunidades mineras del territorio.
Su actividad pública se concentró en asuntos relacionados con la defensa del agua, la situación de los pequeños mineros, la formalización de la actividad extractiva y las condiciones económicas de los habitantes de municipios con tradición agrícola y minera.
En su trayectoria aparece igualmente Marmato, Caldas, municipio reconocido por su actividad aurífera, donde desarrolló labores vinculadas con la minería.
La dirigente construyó parte de su posicionamiento político alrededor de la defensa de la pequeña minería y de la necesidad de establecer mecanismos de formalización que permitieran a las comunidades continuar con sus actividades económicas dentro de las exigencias ambientales y legales.
Su participación en organizaciones y escenarios políticos del suroeste antioqueño facilitó posteriormente su aproximación a la Colombia Humana y al Pacto Histórico.
Durante el proceso de selección de candidatos para las elecciones legislativas de 2026, Estrada Holguín participó en la consulta interna del movimiento político.
Obtuvo más de 7.000 votos, resultado que le permitió ocupar el segundo lugar de la lista cerrada del Pacto Histórico para la Cámara de Representantes por Antioquia.
Su candidatura estuvo vinculada con sectores de la Colombia Humana y recibió respaldo de dirigentes regionales, entre ellos el diputado Manuel García.
También se identificó políticamente con sectores cercanos a Carolina Corcho, una de las figuras nacionales del movimiento.
Otro lío
La ubicación en la lista le permitió acceder a una curul en las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026.
Antes de esa elección, su candidatura enfrentó un cuestionamiento ante el Consejo Nacional Electoral por una presunta situación de doble militancia.
El organismo estudió la solicitud de revocatoria de inscripción y la negó mediante la Resolución 1305 de 2026, publicada el 5 de marzo de ese año.
La decisión permitió mantener su candidatura en la lista del Pacto Histórico para Antioquia y participar en la elección.
Estrada Holguín inició su periodo legislativo el 20 de julio de 2026, como integrante de la Cámara de Representantes para el cuatrienio 2026-2030.
Fue asignada a la Comisión Segunda Constitucional Permanente, encargada de asuntos relacionados con política internacional, relaciones exteriores, defensa y seguridad nacional, entre otras materias. También integra la Comisión Legal de Inteligencia y Contrainteligencia del Congreso.
Su actividad legislativa ha incluido la participación en iniciativas relacionadas con la prohibición de la exploración y explotación de yacimientos no convencionales mediante fracturamiento hidráulico y con la eliminación de la figura del contrato sindical.
En el ámbito del control político, los registros de la Cámara incluyen actuaciones relacionadas con minería ilegal, política internacional y relaciones entre Colombia y Estados Unidos.
“Experta” en minería
La controversia sobre su formación profesional presenta una circunstancia adicional: la actividad minera ha sido uno de los principales ejes de su trayectoria política y de la experiencia que ha presentado públicamente.
No obstante, el ejercicio de la representación política en el Congreso no exige acreditar un título universitario. La controversia jurídica se concentra en la autenticidad de los documentos académicos y en los usos específicos que se les hayan dado para obtener registros profesionales o cumplir requisitos de contratación.
La trayectoria reciente de Estrada Holguín también está marcada por denuncias de amenazas y un ataque armado ocurrido antes de que asumiera su curul.
El 16 de marzo de 2026, pocos días después de las elecciones legislativas, presentó una denuncia ante la Fiscalía por una llamada telefónica que consideró intimidatoria.
Según su declaración, se encontraba en Bogotá cumpliendo actividades de su agenda cuando recibió una comunicación de un hombre que le preguntó por qué estaba promoviendo un paro minero en el Bajo Cauca antioqueño.
La persona le advirtió que no debía intervenir en asuntos que no le correspondían y terminó la llamada sin identificarse.
Estrada Holguín relacionó el episodio con una publicación de prensa que la vinculaba con la movilización minera.
En su denuncia rechazó haber promovido el paro y manifestó preocupación por los riesgos que podían derivarse de esos señalamientos.
El caso quedó registrado con la noticia criminal 0510 (cuatro últimos números), bajo conocimiento de la Fiscalía 561 de Bogotá, por el delito de amenazas, contemplado en el artículo 347 del Código Penal.
La parlamentaria afirmó que no conocía la identidad de quien realizó la llamada, que esa persona no se identificó como integrante de una organización armada y que no tenía elementos para señalar a un responsable.
Tres meses después ocurrió otro episodio relacionado con su seguridad. El 19 de junio de 2026, aproximadamente a las tres de la tarde, Estrada Holguín se desplazaba desde Urrao hacia Betulia, en Antioquia, acompañada por integrantes de su esquema de protección.
Cuando el vehículo transitaba por inmediaciones de la vereda El Volcán, una persona que se movilizaba en motocicleta habría disparado dos veces contra el automotor. Uno de los proyectiles impactó el costado derecho del vehículo.
Según la denuncia presentada ante la Fiscalía, los funcionarios encargados de su protección informaron lo ocurrido a la Policía y abandonaron inmediatamente el sector.
La dirigente manifestó que el agresor tenía el rostro cubierto con un pasamontañas y utilizaba casco, por lo que no fue posible identificarlo.
También señaló que la motocicleta observada era de color negro, aparentemente de marca AKT.
Ninguno de los ocupantes del vehículo resultó lesionado.
El expediente identifica como testigos a integrantes de la Policía Nacional y de la Unidad Nacional de Protección que acompañaban a Estrada Holguín durante el desplazamiento.
Los hechos fueron registrados con la noticia criminal 1052 (cuatro últimos números) asignada a la Fiscalía 152 de Antioquia, por amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos, conducta contemplada en el artículo 188E del Código Penal.
La investigación aparece activa y en etapa de indagación. El documento no identifica a los responsables del ataque ni establece que estuviera relacionado con las investigaciones sobre sus documentos académicos.
Hospital de Antioquia
La congresista también figura como denunciante en una investigación sobre presuntas irregularidades contractuales en el Hospital San Vicente de Paúl de Caldas, Antioquia.
El 18 de septiembre de 2026 puso en conocimiento de la Fiscalía hechos relacionados con una auditoría de la Contraloría General de Antioquia a la E. S. E. Hospital San Vicente de Paúl.
El informe de auditoría correspondiente a la vigencia 2025 identificó 31 hallazgos administrativos, cinco con presunta incidencia fiscal, dos con presunta incidencia penal y seis con presunta incidencia disciplinaria, según la información incorporada en la denuncia.
Entre los asuntos señalados aparecen operaciones de adquisición de equipos médicos y posibles deficiencias en procedimientos de contratación.
Uno de los hallazgos se refiere a la adquisición de un ecógrafo SonoScape P40 Elite mediante el contrato CV-001-2025, celebrado con Tienda Médica Medellín S. A. S.
La denuncia menciona pagos y aportes provenientes de la Gobernación de Antioquia y de la Corporación Club Rotario Medellín El Poblado, así como diferencias entre los valores registrados y el precio comercial informado al equipo auditor.
Otro hallazgo corresponde a un contrato de 1.601 millones de pesos para adquirir equipos de laparoscopia, endoscopia y colonoscopia.
De acuerdo con la documentación reseñada, se efectuó el pago total de los equipos pese a que algunos permanecían almacenados y sin instalar cuando se practicó la verificación física.
La actuación penal quedó registrada con la noticia criminal 0696 (cuatro últimos números), asignada a la Fiscalía 40 de Medellín, por el presunto delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
En ese expediente Estrada Holguín aparece como denunciante, mientras que Juan Carlos Sánchez Fernández, gerente de la institución hospitalaria mencionado en el informe de auditoría, figura como indiciado.
La existencia de esta denuncia constituye otro antecedente de la actividad pública de la congresista, pero no guarda una relación acreditada con las investigaciones sobre su formación académica.
Denunciada y denunciante
El conjunto de registros permite establecer que Estrada Holguín ha intervenido en distintas actuaciones judiciales bajo condiciones procesales diferentes.
En las investigaciones sobre la documentación académica aparece como indiciada. En las denuncias por amenazas y por el ataque contra su vehículo figura como denunciante y víctima. En el caso del hospital intervino como denunciante. También aparece como testigo en una investigación por presunta falsedad marcaria relacionada con la placa de una motocicleta.
Mientras las actuaciones penales continúan su trámite, el Pacto Histórico anunció la intervención de su Comité de Ética para examinar los cuestionamientos contra la representante.
La colectividad expresó su rechazo a las conductas que puedan afectar la fe pública y sostuvo que el procedimiento interno debe garantizar los derechos de la congresista, incluida la posibilidad de ejercer su defensa.
El caso también motivó pronunciamientos de dirigentes políticos que solicitaron explicaciones sobre los documentos académicos y las circunstancias en las que fueron utilizados.
La controversia se encuentra, por tanto, en dos escenarios diferentes. En el ámbito administrativo, la Universidad Nacional desconoce el título y el Copnia negó la expedición de la matrícula profesional.
En el ámbito penal, la Fiscalía debe establecer las circunstancias en las que se elaboraron y utilizaron los documentos cuestionados y determinar si existieron conductas constitutivas de delito.
En el escenario político, el Pacto Histórico deberá resolver las actuaciones internas anunciadas, mientras Estrada Holguín continúa registrada como representante a la Cámara por Antioquia para el periodo constitucional 2026-2030.
La historia de la dirigente de Caramanta, que pasó del trabajo con comunidades rurales y mineras a ocupar una curul en el Congreso, quedó atravesada por una controversia documental cuyos primeros antecedentes conocidos se remontan a marzo de 2024.
Los registros muestran que las verificaciones sobre su supuesto título universitario comenzaron antes de su elección y se repitieron en 2025, cuando solicitó su matrícula profesional.
Dos años después de la primera revisión de la Universidad Nacional, la representante enfrenta investigaciones penales y un procedimiento interno de su partido.
Las decisiones administrativas sobre el título cuestionado ya fueron adoptadas; las responsabilidades penales continúan pendientes de definición judicial.
Le puede interesar