Presidente Gustavo Petro ordena liquidar EPS en quiebra tras fallo judicial que frenó traslado de afiliados

El presidente de la República, Gustavo Petro, anunció que el Gobierno nacional procederá a liquidar las Entidades Promotoras de Salud (EPS) que se encuentren en situación de insolvencia financiera, luego de que el Tribunal Administrativo de Antioquia suspendiera un decreto mediante el cual el Ejecutivo buscaba reorganizar la distribución de afiliados dentro del sistema de salud.

La determinación fue comunicada durante un consejo de ministros, en el que el jefe de Estado se refirió al fallo judicial que dejó sin efectos la norma que permitía trasladar cerca de tres millones de afiliados hacia la Nueva EPS.

Según el mandatario, la decisión del tribunal impide aplicar medidas que, a juicio del Gobierno, buscaban reorganizar la atención de los usuarios y responder a las dificultades económicas que atraviesan varias entidades del sistema.

De acuerdo con la explicación presentada por el presidente, el decreto suspendido tenía como propósito redistribuir afiliados provenientes de EPS con dificultades financieras hacia la Nueva EPS, entidad que actualmente concentra una parte significativa de los usuarios del sistema.

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El Ejecutivo consideraba que ese traslado permitiría reducir el impacto de la crisis financiera que enfrentan varias aseguradoras y facilitar la continuidad en la prestación de servicios.

Sin embargo, el Tribunal Administrativo de Antioquia resolvió suspender la aplicación de esa norma. El fallo fue cuestionado por el presidente Petro, quien durante la reunión de gabinete manifestó que, en su criterio, ese tribunal no tenía competencia para adoptar una decisión sobre una disposición de alcance nacional.

“El tribunal no tenía competencia para tumbar una norma de carácter nacional”, afirmó el mandatario durante la sesión del consejo de ministros. En su intervención sostuvo que la determinación judicial limita la aplicación de medidas dirigidas a reorganizar el sistema de aseguramiento en salud y dificulta la ejecución de políticas orientadas a modificar el modelo actual de atención.

El presidente señaló que, desde la perspectiva del Gobierno, la suspensión del decreto afecta la posibilidad de implementar un esquema de atención preventiva organizado por regiones.

De acuerdo con su análisis, la decisión judicial impide adoptar medidas destinadas a reorganizar la estructura administrativa del sistema.

Durante su intervención, el jefe de Estado también se refirió a las consecuencias financieras que, según el Gobierno, se derivan del fallo. Petro sostuvo que la medida judicial bloquea la alternativa planteada por el Ejecutivo para enfrentar la situación económica de varias EPS y señaló que la falta de mecanismos para redistribuir afiliados puede profundizar la crisis de algunas entidades.

“El tribunal acaba completamente la posibilidad de eficiencia. Evitó la solución del Gobierno y eso conduce a que hoy todas las EPS estén quebradas”, afirmó el mandatario al explicar su posición frente a la suspensión del decreto.

En ese contexto, el presidente anunció que el Gobierno adoptará una decisión administrativa dirigida a liquidar las EPS que presenten estados financieros que evidencien incapacidad para continuar operando dentro del sistema.

La instrucción fue presentada como una medida para enfrentar el escenario que, según el Ejecutivo, se produjo después de la suspensión judicial del decreto de reorganización.

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“Todas las que estén en quiebra se liquidan, dentro o fuera”, indicó el jefe de Estado al referirse al destino de las entidades que, según la evaluación del Gobierno, no cuentan con capacidad económica para garantizar la atención de sus afiliados.

El anuncio se produce en un momento en el que el proyecto de reforma estructural al sistema de salud promovido por el Gobierno no logró avanzar en el Congreso.

La iniciativa fue archivada en el trámite legislativo, lo que obligó al Ejecutivo a replantear la estrategia para impulsar cambios en el modelo de aseguramiento.

Frente a ese panorama, el presidente Petro informó que el Gobierno presentará nuevamente un proyecto de reforma al sistema de salud cuando se inicie la próxima legislatura del Congreso.

Según lo señalado durante el consejo de ministros, la iniciativa será radicada el 20 de julio, fecha en la que se instala el nuevo periodo legislativo.

El mandatario explicó que el Ejecutivo buscará retomar el debate sobre la reorganización del sistema sanitario mediante un nuevo proyecto de ley que será presentado al Congreso.

La propuesta se sumará a una iniciativa de reforma tributaria que también será radicada en esa misma fecha.

De acuerdo con lo anunciado por el presidente, la reforma tributaria tendría como objetivo modificar el esquema de ingresos fiscales del Estado para respaldar las transformaciones que el Gobierno pretende introducir en distintos sectores, incluido el sistema de salud.

En paralelo con la decisión de liquidar las EPS que se encuentren en situación de insolvencia, el presidente se refirió a la situación financiera de la Nueva EPS, entidad que el Gobierno considera fundamental dentro de la reorganización del sistema.

Durante la reunión de gabinete, Petro explicó que el Estado participa como copropietario de esa entidad y que, en ese contexto, existen compromisos financieros que deben ser atendidos por el Gobierno.

Según indicó, el pago de esas obligaciones permitiría mejorar la situación contable de la EPS.

Para ese propósito, el mandatario ordenó al Ministerio de Hacienda iniciar el trámite correspondiente ante el Consejo Superior de Política Fiscal (CONFIS), instancia encargada de aprobar operaciones relacionadas con la política fiscal del Estado.

El objetivo de ese trámite, según explicó el presidente, es autorizar el pago de las deudas que el Estado mantiene con la Nueva EPS en su condición de copropietario.

El mandatario indicó que la cancelación de esas obligaciones podría influir en la situación financiera de la entidad.

“Eso puede generar que no esté en causal de liquidación”, señaló Petro al referirse al efecto que tendría el saneamiento financiero sobre la continuidad de la EPS.

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