¿Quién es Analisa Torres? La jueza de origen puertorriqueño que llevará el caso de Nicolás Maduro

El proceso judicial por narcoterrorismo y narcotráfico contra el expresidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fue reasignado este miércoles 28 de octubre de 2026 a la jueza federal Analisa Torres, después del fallecimiento del magistrado Alvin K. Hellerstein, de 92 años, quien tenía a su cargo el expediente en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York.

Hellerstein falleció este miércoles en Nueva York, según confirmó Edward Friedland, administrador ejecutivo del Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York. El magistrado había permanecido vinculado a esa jurisdicción durante casi tres décadas y continuaba atendiendo audiencias y resolviendo asuntos judiciales a pesar de su avanzada edad.

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El juez había presidido el expediente relacionado con Maduro desde marzo de 2020, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció cargos contra el entonces mandatario venezolano y otros funcionarios de su administración por presuntos vínculos con organizaciones dedicadas al narcotráfico internacional.

Tras la captura de Maduro durante una operación militar estadounidense realizada en Venezuela el 3 de enero de 2026 y su posterior traslado a Nueva York, Hellerstein continuó al frente del proceso. También supervisó las actuaciones relacionadas con Cilia Flores, quien fue detenida junto con su esposo y vinculada al procedimiento judicial estadounidense.

La nueva responsable del expediente, Analisa Nadine Torres, nació en Nueva York en 1959 y cuenta con una trayectoria profesional en tribunales estatales y federales. Fue nominada por el entonces presidente Barack Obama el 4 de enero de 2013 para ocupar una plaza en el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York.

El Senado estadounidense confirmó su nombramiento el 18 de abril de ese año y recibió oficialmente su comisión judicial el 23 de abril de 2013, de acuerdo con los registros del Centro Judicial Federal de Estados Unidos.

Torres estudió en la Universidad de Harvard, donde obtuvo su título universitario en 1981, y posteriormente cursó Derecho en la Universidad de Columbia, institución de la que se graduó en 1984.

Comenzó su trayectoria profesional en el ejercicio privado de la abogacía en Nueva York, donde trabajó entre 1984 y 1992. Durante ese periodo estuvo vinculada a firmas jurídicas como Kaye Scholer, Coudert Brothers y Patterson, Belknap, Webb & Tyler.

En 1992 trabajó como asesora jurídica de la organización South Bronx Overall Economic Development Corporation. También ejerció como asistente judicial del magistrado Elliott Wilk, del Tribunal Supremo del Estado de Nueva York, entre 1992 y 1999.

Su experiencia en la administración pública incluyó una participación en la Comisión de Planificación de Nueva York entre 1993 y 1995. Posteriormente ingresó a la judicatura de la ciudad, donde ocupó distintos cargos antes de alcanzar la jurisdicción federal.

Entre 2000 y 2002 fue jueza del Tribunal Penal de Nueva York y entre 2003 y 2004 ejerció funciones en el Tribunal Civil de la ciudad. Desde 2004 estuvo vinculada al Tribunal Supremo del Estado de Nueva York, donde conoció asuntos penales hasta su nombramiento federal en 2013.

La magistrada pertenece a una familia de juristas de ascendencia puertorriqueña. Su padre, Frank Torres, fue juez del Tribunal Supremo del Estado de Nueva York en el Bronx y miembro de la Asamblea estatal. Su abuelo, Felipe N. Torres, también ejerció como juez de familia y legislador estatal.

Durante su trayectoria en la jurisdicción federal, Analisa Torres ha conocido procesos civiles, penales y controversias relacionadas con actividades empresariales y financieras, dentro de las competencias del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York.

El expediente que ahora tendrá bajo su responsabilidad incluye las acusaciones formuladas por la Fiscalía Federal estadounidense contra Maduro, a quien las autoridades de ese país señalan de haber participado en una presunta estructura de narcotráfico que habría facilitado el envío de cocaína hacia territorio estadounidense.

La acusación presentada originalmente en marzo de 2020 atribuyó al entonces mandatario venezolano presuntas relaciones con integrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y con funcionarios venezolanos que, según los fiscales, habrían participado en actividades de tráfico de estupefacientes.

Las autoridades estadounidenses identificaron esa presunta estructura como el “Cartel de los Soles”, denominación utilizada en sus investigaciones sobre la participación de miembros de organismos estatales venezolanos en operaciones de narcotráfico.

Maduro ha rechazado las acusaciones formuladas en su contra. Los señalamientos de la Fiscalía constituyen cargos penales que deberán ser examinados dentro del procedimiento judicial correspondiente.

El caso también comprende cargos relacionados con conspiración para importar cocaína a Estados Unidos y delitos vinculados con armas de fuego y dispositivos destructivos, conforme a las imputaciones federales.

La causa penal ha incluido actuaciones relacionadas con otros antiguos funcionarios venezolanos, entre ellos Hugo Armando Carvajal Barrios, conocido como “El Pollo Carvajal”, quien fue director de inteligencia militar durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro y posteriormente fue procesado en Estados Unidos por delitos de narcotráfico.

Hellerstein también tuvo a su cargo actuaciones judiciales relacionadas con Carvajal, quien se declaró culpable en 2025 de cargos federales vinculados con el tráfico de drogas y otras conductas delictivas.

En las semanas anteriores a su fallecimiento, el magistrado continuó presidiendo audiencias relacionadas con Maduro y Flores. Una de sus últimas comparecencias en este expediente tuvo lugar durante octubre, cuando el tribunal examinó asuntos vinculados con la continuación del proceso penal.

El juicio contra Maduro y Flores había sido programado para el 14 de junio de 2027. Asimismo, se contemplaban nuevas actuaciones relacionadas con las solicitudes presentadas por sus abogados, entre ellas argumentos sobre inmunidad soberana y peticiones dirigidas a cuestionar la acusación.

La muerte de Hellerstein ocurrió después de una trayectoria judicial que comenzó en la jurisdicción federal en 1998, cuando fue nombrado por el entonces presidente Bill Clinton. En 2011 adquirió la condición de juez federal sénior, bajo la cual continuó ejerciendo funciones judiciales.

Antes de ingresar a la judicatura federal, Hellerstein estudió Derecho en la Universidad de Columbia, prestó servicio como abogado militar en el Ejército estadounidense y desarrolló una carrera de varias décadas en el ejercicio privado de la profesión.

Entre los asuntos que estuvieron bajo su responsabilidad figuraron litigios derivados de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, incluidos procesos relacionados con las víctimas y con trabajadores que sufrieron enfermedades por su participación en las labores de rescate y recuperación en la zona del World Trade Center.

También conoció controversias judiciales relacionadas con Donald Trump. En uno de esos procesos rechazó los intentos de trasladar a la jurisdicción federal el caso penal que se adelantaba contra Trump en los tribunales estatales de Nueva York por la falsificación de registros comerciales.

En 2020, Hellerstein ordenó la liberación de Michael Cohen, antiguo abogado de Trump, después de considerar que las restricciones impuestas en su caso vulneraban sus derechos constitucionales.

El magistrado también presidió procedimientos relacionados con fraude financiero, operaciones empresariales y demandas civiles contra entidades bancarias internacionales.

La jueza Analisa Torres sucede ahora a Hellerstein en el proceso contra Maduro y Flores, cuya tramitación continuará ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, la jurisdicción encargada de examinar las acusaciones presentadas por el Departamento de Justicia estadounidense.

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