Legalizan la captura de una jueza que dejó en libertad a un extraditable

La Fiscalía General de la Nación capturó a la jueza de Bogotá, Myriam Alcira Martínez, que habría concedido un hábeas corpus a un ciudadano neerlandés requerido en extradición por el delito de narcotráfico.

El caso comenzó en junio de 2026 cuando a su despacho llegó la solicitud de libertad bajo la figura para el extranjero.

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Sin embargo, luego de una investigación de la Fiscalía, se estableció que hubo un acuerdo criminal entre Martínez; Waldo Garavito Mejía, funcionario del Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao y Emperatriz Herrera Cuenca, abogada; para favorecer al narcotraficante.

“La Fiscalía General de la Nación investiga un posible acuerdo de 1.200 millones de pesos para favorecer con una decisión judicial a Jozef Marcus Hendrika Van der Voort, ciudadano de Países Bajos requerido con fines de extradición por narcotráfico”, señaló el ente acusador.

Como resultado de la investigación, una fiscal de la dirección contra la corrupción pidió a un juez expedir las órdenes de captura contra la jueza de control de garantías, el funcionario de la judicatura y la abogada, quienes fueron capturados en la tarde de este martes 27 de octubre.

“Estas personas, señaladas de articular sus actuaciones para que el extranjero quedara en libertad mediante un habeas corpus, fueron capturadas por servidores de la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional en Bogotá y Cota (Cundinamarca)”, señaló la Fiscalía luego de las audiencias preliminares.

Según las pruebas recopiladas por el ente acusador, el 4 de junio la abogada llegó al despacho de la jueza para concretar el acuerdo criminal y ese mismo día se entregaron 600 millones de pesos en efectivo, correspondientes al 50% de la negociación.

“Para la Fiscalía, Martínez López carecía de competencia para resolver la solicitud y no podía asumir el conocimiento de la acción. Finalmente, el 18 de junio, otro funcionario judicial revocó la decisión, por lo que Van der Voort continuó privado de la libertad mientras avanzaban los trámites de extradición”, explicó la Fiscalía.

Tras legalizar las capturas de los tres implicados, la fiscal de la Dirección contra la Corrupción imputó cargos por prevaricato por acción en contra de la jueza Martínez, argumentando que la evidencia resulta suficiente para una inferencia de autoría de responsabilidad o participación.

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