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Nuevos decretos de emergencia elevan cargas tributarias y reducen controles sobre recursos públicos
Medidas excepcionales del Gobierno generan preocupación por transparencia y confianza institucional, manifiesta Fenalco.
La expedición de una nueva cascada de decretos de emergencia económica por parte del Gobierno Nacional ha encendido alertas en el sector empresarial y en organismos de control, al profundizar las cargas tributarias y flexibilizar reglas de manejo de recursos públicos en un contexto preelectoral.
El presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, advirtió que estas disposiciones configuran, en la práctica, una reforma tributaria por decreto, con nuevos impuestos y mayores cargas que afectan al sector productivo, desincentivan la inversión y erosionan la confianza en la estabilidad de las reglas del juego.
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Entre las medidas más sensibles destaca el Decreto 0240 de 2026, que amplía el impuesto extraordinario al patrimonio a establecimientos permanentes y sucursales de empresas extranjeras, incrementando la complejidad de su aplicación y deteriorando el clima para la inversión extranjera.
No obstante, las preocupaciones van más allá del ámbito tributario. Varios decretos expedidos bajo la emergencia económica relajan controles institucionales, reducen exigencias de transparencia y amplían márgenes de discrecionalidad en el manejo de recursos públicos.
El Decreto 0245 de 2026 permite entregar transferencias monetarias extraordinarias con criterios de focalización definidos posteriormente por el DPS, sin publicidad previa de las decisiones administrativas. Por su parte, el Decreto 0243 de 2026 autoriza a alcaldes y gobernadores a realizar modificaciones presupuestales y contratar créditos de tesorería sin los controles ordinarios de concejos y asambleas, incluso suspendiendo temporalmente el seguimiento sobre recursos del Sistema General de Participaciones.
Asimismo, el Decreto 0244 de 2026 establece subsidios y garantías para créditos productivos sin incorporar mecanismos claros de transparencia sobre beneficiarios ni trazabilidad suficiente sobre el uso de los recursos.
“El mensaje es grave: más discrecionalidad para asignar recursos y menos controles para vigilar su uso”, enfatizó Cabal, al señalar que estas medidas evidencian un uso expansivo de las facultades excepcionales, con cambios estructurales en materia tributaria, presupuestal y administrativa sin el debido debate democrático en el Congreso.
El dirigente gremial concluyó que la atención de la crisis no puede convertirse en justificación para debilitar controles esenciales, afectar la seguridad jurídica ni comprometer la confianza institucional.
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