CIDH alerta por ataques y estigmatización a la prensa en Colombia y señala al gobierno de Gustavo Petro

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos advirtió que el ejercicio del periodismo en Colombia se mantiene en un entorno de alto riesgo, marcado por asesinatos, amenazas, atentados y presiones judiciales, especialmente en zonas con presencia de grupos armados.

El informe, basado en evidencias recogidas en 34 municipios, revela que el 24% de los medios de comunicación ha recibido amenazas directas exigiendo suspender coberturas, mientras que el 35% de los periodistas reconoce haber omitido información por razones de seguridad. Según la Relatoría Especial, esta presión sistemática ha consolidado la autocensura como mecanismo de protección.

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Los testimonios recopilados evidencian el temor a abordar temas relacionados con el orden público o las economías ilegales, lo que limita de manera grave la libertad informativa y el derecho de la ciudadanía a estar informada.

La violencia, advierte el informe, no se limita a agresiones físicas. También incluye amenazas digitales y campañas de acoso en plataformas como WhatsApp, Telegram y Facebook. La Fundación para la Libertad de Prensa respalda estas denuncias y señala que, hasta ahora, no ha habido una respuesta eficaz por parte de las autoridades frente a este tipo de hostigamientos.

La CIDH también alertó que la intimidación y deslegitimación de la prensa no provienen únicamente de actores armados. El documento recoge declaraciones de altos funcionarios, incluido el presidente Gustavo Petro, quienes han calificado a periodistas como “desinformadores”, “mentirosos” o “criminales” y “muñecas de la mafia”. Según la Relatoría, este tipo de discursos puede generar un clima que legitime represalias o el uso de mecanismos judiciales como formas indirectas de censura.

Casos como los de Rafael Prieto Zartha y Carlos Alberto Vélez son citados como ejemplos de presiones judiciales y estigmatización promovidas por funcionarios locales, lo que, según la CIDH, constituye un mecanismo indirecto para limitar la labor periodística.

En el caso de las mujeres periodistas, la Relatoría hizo énfasis en la violencia de género, especialmente en entornos digitales. Se han documentado ataques dirigidos específicamente a silenciar voces femeninas, lo que ha derivado en pronunciamientos y acciones legales por parte de figuras públicas, incluidos congresistas y el Ministerio del Interior.

Además, la Corte Constitucional, citada en el informe, ha reiterado que los discursos que constituyen violencia de género no están protegidos por la libertad de expresión, particularmente cuando buscan restringir la participación de las mujeres en el debate público.

La CIDH concluye que la libertad de expresión en Colombia enfrenta una amenaza estructural derivada de la combinación de violencia directa, hostigamiento institucional y discriminación, lo que pone en riesgo la función democrática de la prensa y el derecho de la sociedad a acceder a información de interés público.

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