Juliana Guerrero y su esquema de seguridad: UNP responde

Las declaraciones de Angie Rodríguez sobre Juliana Guerrero siguen generando polémica, en medio de cuestionamientos por el esquema de seguridad otorgado a la joven y la aparente firma de la exfuncionaria en un documento de autorización.

El tema cobró fuerza luego de que se conociera que el esquema de protección de Guerrero habría sido aprobado con la firma digital de Rodríguez, hoy gerente del Fondo Adaptación. En respuesta a La FM, la exdirectora confirmó que la firma sí es suya, pero aseguró que nunca presentó dicho documento y anunció acciones legales al considerar que hubo “alteración y manipulación”.

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Rodríguez también cuestionó la rapidez con la que la Unidad Nacional de Protección (UNP) otorgó las medidas de seguridad a Guerrero, quien para ese momento se desempeñaba como jefe de gabinete del Ministerio del Interior. Este punto ha sido uno de los más controvertidos dentro del debate público.

A la discusión se sumó el representante electo Daniel Briceño, quien afirmó que el esquema estaría compuesto por tres carros blindados y al menos nueve escoltas, financiados con recursos públicos, en medio de la crisis de seguridad que enfrenta el país.

Sin embargo, el director de la UNP, Augusto Rodríguez, rechazó de manera contundente esas versiones. En diálogo con el medio mencionado, calificó las cifras como una “exageración enorme” y criticó la falta de rigor en la información difundida.

El funcionario explicó que los detalles de los esquemas de protección están cobijados por reserva legal para evitar riesgos contra las personas protegidas. Aun así, fue enfático en desmentir las cifras: aseguró que Guerrero no cuenta con tres vehículos blindados ni con nueve escoltas.

Sobre la continuidad del esquema, Angie Rodríguez explicó que la protección se originó cuando Guerrero era funcionaria del Ministerio del Interior, tras reportar riesgos que fueron evaluados por los comités técnicos correspondientes.

“Ella fue funcionaria del Ministerio del Interior y en ese momento reportó unos riesgos que fueron evaluados. A partir de ahí se recomendaron las medidas”, indicó.

Asimismo, aclaró que, tras su salida del sector público, el caso sigue en revisión bajo un trámite ordinario, ahora como parte de la población de activistas. “Hay procedimientos claros y las medidas no se asignan de manera arbitraria”, agregó.

En medio de la controversia también se conoció la carta enviada en marzo de 2025 por Angie Rodríguez, entonces directora del Dapre, solicitando a la UNP medidas de protección para Guerrero. Según explicó, la petición se tramitó con carácter urgente el mismo día en que la joven fue nombrada en su cargo.

Para el director de la UNP, este hecho evidencia una contradicción entre las actuaciones de ese momento y las declaraciones actuales. “Hay una curiosa contradicción entre lo que se hizo en su momento y lo que se dice ahora”, concluyó.

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