Gobierno autoriza la hidrólisis alcalina en cadáveres: alertan por posible eliminación de ADN y evidencia forense

El Ministerio de Salud expidió la Resolución 717 de 2026, mediante la cual actualiza la normativa sobre el manejo integral de cadáveres en Colombia e incorpora, por primera vez, la hidrólisis alcalina como método de disposición final.

La medida, conocida en primicia, introduce lineamientos bajo un enfoque de salud pública y control de riesgos sanitarios.

En ese marco, establece que cualquier procedimiento que implique la transformación del cuerpo humano deberá cumplir condiciones equivalentes de bioseguridad, independientemente de la técnica utilizada.

La hidrólisis alcalina consiste en la descomposición de los tejidos mediante el uso de agua y soluciones alcalinas sometidas a altas temperaturas y presión.

Como resultado, se obtienen restos óseos y un efluente líquido que debe ser tratado conforme a los estándares ambientales vigentes.

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La resolución amplía el alcance de la regulación y redefine el manejo de cadáveres como una actividad sujeta a control estatal, dejando de considerarse exclusivamente privada.

La normativa aplica a todos los actores del proceso post mortem, incluyendo EPS, IPS, autoridades sanitarias, servicios funerarios, cementerios y ciudadanía.

El documento divide la atención en dos fases. La primera corresponde al sistema de salud, encargado de determinar la causa de muerte y certificar la defunción. La segunda abarca la entrega del cuerpo a los servicios funerarios y su disposición final.

La decisión revive un debate que ya había sido tramitado en el Congreso de la República, donde la iniciativa se hundió en su último debate.

En ese momento, distintas entidades advirtieron posibles riesgos en materia ambiental y de salud pública.

En 2024, el entonces viceministro de Protección Social, Jaime Urrego, expresó reparos frente a la implementación de esta tecnología.

A pesar de esas objeciones, el Ministerio de Salud dio vía libre al método mediante resolución fechada el 21 de abril de 2026, lo que reactiva la discusión sobre su conveniencia y los mecanismos de control.

Expertos en medicina forense también han manifestado preocupaciones sobre eventuales usos indebidos.

El exdirector del Instituto Nacional de Medicina Legal, Carlos Valdés, advirtió que la hidrólisis alcalina podría eliminar rastros genéticos, lo que, en contextos de violencia, dificultaría la identificación de cuerpos y podría facilitar su desaparición.

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Desde el punto de vista científico, la hidrólisis alcalina —también denominada “aquamación” o “cremación sin llama”— es un proceso fisicoquímico en el que los tejidos humanos se descomponen mediante una solución acuosa altamente alcalina (generalmente hidróxido de sodio o potasio), sometida a temperaturas entre 150 y 180°C y presión controlada.

Este entorno acelera la ruptura de proteínas, lípidos y ácidos nucleicos, produciendo como resultado una fase líquida estéril compuesta por aminoácidos y sales, y una fase sólida correspondiente a restos óseos que luego se pulverizan, similar a la cremación tradicional.

Diversas evaluaciones técnicas han destacado que el proceso reduce significativamente la huella ambiental frente a la cremación convencional, al requerir menos energía y no generar emisiones directas de gases contaminantes como dióxido de carbono o mercurio.

Sin embargo, este mismo carácter químico y la generación de un efluente líquido —que en muchos casos se descarga al sistema de aguas residuales tras su tratamiento— ha sido uno de los puntos más controvertidos desde el punto de vista ético, sanitario y regulatorio.

En el plano internacional, la regulación es fragmentada. En Estados Unidos, la hidrólisis alcalina está permitida en más de 20 estados, aunque su adopción ha sido desigual y sujeta a debates políticos y religiosos.

En contraste, ha enfrentado prohibiciones o retrocesos regulatorios en algunos territorios: por ejemplo, el estado de New Hampshire la prohibió en 2008 tras presiones sociales y religiosas, y rechazó su relegalización en 2013.

Las objeciones más recurrentes en distintos países no se limitan al plano cultural o religioso —donde se cuestiona la dignidad del cuerpo humano y el destino final del líquido resultante— sino que también incluyen preocupaciones técnicas sobre bioseguridad, trazabilidad y control estatal. Instituciones religiosas, por ejemplo, han señalado que el método puede considerarse “innecesariamente irrespetuoso” debido al tratamiento del cuerpo y la disposición final de sus residuos.

En el ámbito forense, uno de los cuestionamientos más sensibles es la posible pérdida irreversible de evidencia. La hidrólisis alcalina destruye tejidos blandos, ADN y otros elementos biológicos que suelen ser clave para la identificación de cuerpos, la determinación de causas de muerte o la reconstrucción de hechos violentos.

A diferencia del enterramiento o incluso de la cremación parcial, el proceso está diseñado precisamente para eliminar material orgánico, lo que dificulta la recuperación de perfiles genéticos o toxicológicos en investigaciones judiciales posteriores.

Desde la perspectiva de la medicina legal, esto implica un riesgo potencial en contextos de desaparición forzada, homicidio o conflictos armados, donde la conservación de evidencia biológica resulta crucial.

Además, aunque el proceso garantiza la inactivación de la mayoría de patógenos debido a la combinación de alta temperatura y pH extremo, especialistas han advertido que su aplicación exige controles estrictos en la cadena de custodia y en la certificación previa de la causa de muerte.

Sin estos controles, el método podría utilizarse para ocultar delitos, al eliminar rápidamente rastros que en otros métodos de disposición pueden persistir durante años.

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