Nueva ley de financiamiento reactivaría sobretasa al sector financiero y tributo a licores

El Gobierno Nacional volvió a expresar su inconformidad con el Banco de la República luego del anuncio del ajuste de la tasa de interés a 11,25% a partir del primero de abril. En esta ocasión, el presidente Gustavo Petro afirmó que insistirá en una nueva ley de financiamiento o, incluso, en un decreto de emergencia económica para responder a los efectos inflacionarios.

Petro sostuvo que, si las medidas adoptadas para enfrentar la inflación, como subsidios a fertilizantes, créditos para la industria y el campo, y restricciones a las exportaciones de carne, no resultan suficientes, retomará los puntos incluidos en la emergencia económica decretada en diciembre, hoy suspendida. Con ello, revivirían gravámenes como el impuesto a los licores, sobretasas al sector financiero y ajustes en el impuesto al patrimonio.

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En materia de bebidas alcohólicas, la propuesta contempla un aumento del impuesto del 5% al 19% para licores, vinos, aperitivos y similares, un componente específico de $750 por grado de alcohol y un ad valorem del 30% sobre el precio de venta. A esto se suma una sobretasa del 15 % en el impuesto de renta para el sector financiero, que elevaría la tarifa total al 50%.

El ajuste al impuesto al patrimonio, por su parte, incluiría tarifas progresivas que irían del 0,5% al 5% para patrimonios líquidos superiores a $2.094 millones. Asimismo, una nueva ley de financiamiento eliminaría la exención de IVA para importaciones de bajo monto, conocidas como de minimis, hasta por US$200, reduciendo el límite a US$50.

En el ámbito extractivo, las medidas contempladas en los decretos suspendidos proponían un impuesto del 1% a la primera venta o exportación de petróleo y carbón; una contribución parafiscal del 2,5% sobre la utilidad antes de impuestos de 2025 para financiar el fondo empresarial de la Superservicios; y un aporte en especie del 12% de la energía vendida en la bolsa del Mercado de Energía Mayorista.

El Ejecutivo defiende que el incremento decretado del 23,7% no genera aceleración inflacionaria y asegura que mantener una política monetaria restrictiva limita el crecimiento económico, desalienta la inversión y favorece únicamente a los tenedores de deuda pública y al sistema financiero. En esa misma línea, Petro afirmó que el endurecimiento monetario termina beneficiando a bancos, fondos y aseguradoras, mientras que las poblaciones más vulnerables asumen el costo mediante la reducción de recursos para gasto social, vivienda y actividad productiva.

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