Andrea Padilla, pionera del animalismo en Colombia gana litigio en la Corte a Esmeralda Hernández del Pacto Histórico

La Corte Suprema de Justicia dejó en firme la decisión de no abrir una investigación penal contra la senadora Andrea Padilla, del Partido Alianza Verde, dentro del proceso promovido por la congresista Esmeralda Hernández, del Pacto Histórico, quien la había denunciado por los presuntos delitos de injuria y calumnia tras una controversia pública relacionada con la autoría de varios proyectos de ley en materia de protección animal.

La determinación del alto tribunal pone fin a un litigio que se originó hace aproximadamente dos años y que estuvo marcado por diferencias políticas entre ambas parlamentarias, reconocidas por impulsar iniciativas legislativas enfocadas en la defensa y el bienestar animal.

El caso surgió luego de que Andrea Padilla afirmara públicamente que Esmeralda Hernández estaba presentando proyectos de ley con contenidos que, según sostuvo, correspondían a propuestas que ella había construido y anunciado desde su campaña al Senado en 2022.

Las declaraciones de Padilla se produjeron en medio del trámite de diversas iniciativas relacionadas con la agenda animalista en el Congreso. La senadora manifestó que varias de las propuestas impulsadas posteriormente por Hernández coincidían con proyectos que ella ya había diseñado y divulgado antes de su radicación, situación que calificó como una reproducción de su trabajo legislativo.

Tales afirmaciones motivaron la reacción de la congresista del Pacto Histórico, quien acudió a la jurisdicción penal al considerar que esas expresiones afectaban su buen nombre y su reputación.

Entre los antecedentes del desacuerdo aparece la discusión alrededor de la prohibición de las corridas de toros. Andrea Padilla había liderado un proyecto con ese propósito, pero la iniciativa no logró culminar exitosamente su trámite legislativo.

Posteriormente, otro proyecto con un objetivo similar fue presentado por Esmeralda Hernández y avanzó hasta convertirse en ley, circunstancia que profundizó las diferencias entre ambas senadoras y alimentó el debate sobre la autoría y el impulso de las iniciativas animalistas en el Congreso.

La denuncia presentada por Hernández fue analizada inicialmente por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.

Tras estudiar los hechos expuestos, el alto tribunal resolvió en mayo abstenerse de abrir una investigación formal contra Andrea Padilla al considerar que no se configuraban los elementos necesarios para iniciar un proceso penal por injuria y calumnia.

Inconforme con esa decisión, la senadora del Pacto Histórico interpuso un recurso para que el caso fuera revisado nuevamente. Sin embargo, la Corte examinó los argumentos presentados y confirmó la determinación inicial. La decisión fue adoptada luego del estudio de una ponencia elaborada por el magistrado César Augusto Reyes, con la que se ratificó el archivo definitivo del expediente.

Con la resolución del proceso, Andrea Padilla se pronunció públicamente sobre el desenlace judicial. La congresista recordó que las declaraciones que originaron la controversia fueron realizadas hace cerca de dos años y señaló que la confirmación de la decisión le permitía cerrar ese episodio.

También manifestó que no pretende desarrollar su actividad política a partir de confrontaciones personales y afirmó que prefiere concentrarse en el trabajo legislativo antes que en disputas entre dirigentes políticas.

El enfrentamiento entre ambas congresistas, sin embargo, no se limitó al escenario judicial. En julio de 2024 volvió a evidenciarse durante la elección de la Presidencia de la Comisión Quinta del Senado.

En esa oportunidad, Andrea Padilla decidió no respaldar la aspiración de Esmeralda Hernández, pese a que ambas integraban la coalición de Gobierno.

Durante la sesión correspondiente explicó públicamente que no estaba dispuesta a apoyar la candidatura de una persona a quien acusaba de haber impulsado una estrategia para desacreditarla y obstaculizar el trámite de sus proyectos legislativos.

Las diferencias también continuaron durante 2025. En marzo de ese año, Andrea Padilla inició nuevas actuaciones legales contra Esmeralda Hernández y contra el representante a la Cámara Juan Carlos Losada, después de que ambos afirmaran que la senadora verde se había opuesto a la aprobación de la legislación que prohibió las corridas de toros.

Padilla rechazó esas afirmaciones y sostuvo que afectaban su trayectoria dentro de la defensa de los derechos de los animales, una causa que ha constituido el eje principal de su actividad política desde antes de llegar al Congreso.

La controversia refleja además las tensiones que se han presentado en torno al liderazgo de la agenda animalista en el Legislativo.

Aunque las dos congresistas han promovido proyectos con objetivos similares en materia de protección animal, bienestar de los seres sintientes y regulación de actividades como la tauromaquia, las diferencias sobre la autoría de las iniciativas y el reconocimiento político de esos proyectos han derivado en enfrentamientos públicos, desacuerdos dentro del Congreso y actuaciones ante la justicia.

Andrea Padilla Villarraga es una de las figuras más reconocidas del movimiento animalista en Colombia y una de las principales impulsoras de la incorporación del bienestar animal en la agenda legislativa nacional.

Psicóloga de la Pontificia Universidad Javeriana, magíster en Criminología de la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica), magíster en Pensar y Gobernar las Sociedades Complejas de la Universidad Autónoma de Barcelona y doctora en Derecho de la Universidad de los Andes, construyó una trayectoria académica y profesional centrada en el reconocimiento jurídico de los animales como seres sintientes.

Su tesis doctoral dio origen al libro Derecho sintiente. Los animales no humanos en el derecho latinoamericano, una obra de referencia sobre la evolución del derecho animal en la región.

Antes de llegar al Congreso, Padilla desarrolló más de una década de activismo. Entre 2008 y 2019 fue vocera en Colombia de AnimaNaturalis Internacional, organización dedicada a la defensa de los derechos de los animales.

Posteriormente fue elegida concejal de Bogotá en 2019 y renunció a esa curul para aspirar al Senado, donde obtuvo más de 48.000 votos en las elecciones de 2022.

Desde entonces ha concentrado su labor legislativa en construir un marco jurídico para fortalecer la protección de los animales, promover políticas públicas de bienestar animal y consolidar el reconocimiento de estos como sujetos de especial protección dentro del ordenamiento colombiano.

En el Congreso ha liderado algunas de las iniciativas más relevantes sobre esta materia. Entre ellas se encuentran la Ley Ángel, que endureció las sanciones contra el maltrato animal; la Ley Lorenzo, dirigida a mejorar las condiciones de los perros utilizados en labores de vigilancia y seguridad privada; la Ley Empatía y la Ley Esterilizar Salva, además de proyectos como la Ley Simona sobre la custodia de animales de compañía en procesos de separación, la Ley Yoko para prohibir el cautiverio de grandes simios y diversas iniciativas encaminadas a fortalecer el Sistema Nacional de Protección y Bienestar Animal.

También promovió durante varios años proyectos para prohibir las corridas de toros, debate que abrió el camino para la aprobación posterior de la legislación que puso fin a esa práctica en Colombia.

Su trabajo parlamentario también se ha caracterizado por ejercer control político sobre entidades responsables de la protección animal y ambiental.

Ha impulsado debates relacionados con el tráfico ilegal de fauna silvestre, el funcionamiento de los centros de zoonosis, el abandono de animales domésticos, la situación de los animales utilizados en espectáculos públicos y la necesidad de incluir el bienestar animal dentro de los planes nacionales de desarrollo.

De hecho, una de sus principales gestiones fue lograr la incorporación del Sistema Nacional de Protección y Bienestar Animal (Sinapyba) en el Plan Nacional de Desarrollo, con el propósito de coordinar las políticas públicas dirigidas a esta materia.

Su formación académica es una de las más amplias entre los congresistas colombianos. Andrea Padilla posee un doctorado en Derecho, dos títulos de maestría y una formación profesional en Psicología, además de publicaciones científicas y experiencia como profesora universitaria.

Diversos perfiles públicos la identifican como una de las pocas congresistas con formación doctoral y una de las legisladoras que ha sustentado su actividad política en investigación académica sobre derechos de los animales y justicia restaurativa.

En el plano político, Padilla ha mantenido una agenda especializada que ha servido de referencia para otros sectores animalistas. Su liderazgo ha hecho que distintas iniciativas legislativas sobre bienestar animal sean promovidas posteriormente por otros congresistas, circunstancia que ha originado controversias públicas acerca de la autoría de algunos proyectos, como ocurrió en la disputa judicial recientemente resuelta por la Corte Suprema de Justicia con la senadora Esmeralda Hernández.

Andrea Padilla fue reelegida para el período constitucional 2026-2030 con 108.960 votos, una de las votaciones individuales más altas dentro de la Coalición Alianza por Colombia (Alianza Verde–Centro Esperanza).

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