A comienzos de marzo uno de los hombres más adinerados del mundo, el fundador de Amazon, el magnate Jeff Bezos llegó en compañía del presidente Iván Duque hasta el Parque Nacional Natural de Chiribiquete en el Amazonas.
Sonrió, posó para las cámaras y quedó asombrado con la selva y el poder ambiental de la región. Prometió regresar con una gran inversión para luchar contra el cambio climático y se fue.
Sin embargo, el que sí no ha podido regresar al Amazonas es el candidato a la Cámara por el Partido Conservador, Fabio Grueso Rodríguez. Se trata de un empresario de tecnologías en blindajes quien desde hace varios años se propuso la quijotesca misión de cambiar una región azotada por el narcotráfico, la corrupción, la pobreza y una cuestionada clase política.
Grueso, no es político como algunos miembros de su familia pero en el último tiempo se dejó tentar. Es cuñado del exministro Aurelio Iragorri. casado con una prima de la senadora del partido Centro Democrático, Paloma Valencia y quien a su vez era el yerno consentido del exbarón electoral del Cauca, Aurelio Iragorri Hormaza que falleció víctima del Covid-19, a finales del 2020.
El pasado 10 de septiembre el empresario Grueso Rodríguez fue víctima de un intento de sicariato que derivó en la pérdida de su ojo derecho, así como gran parte de la estructura ósea y muscular de su cara.
Un intento de asesinato a plena luz del día. Ocurrió en la carrera quinta con calle séptima de Leticia. En la Litografía Colombia, a donde había llegado para cumplir una cita a la diputada Karina Bocanegra quien el dia anterior le pidió a Grueso reunirse en ese lugar y de paso cotizar la publicidad de su campaña.
Dos sujetos que se desplazaban en una moto llegaron hasta el sitio, en pleno corazón de Leticia. Uno de ellos se bajó, caminó hasta el local comercial, ingresó, no vio a su objetivo y regresó. El campanero le indicó que Grueso sí estaba adentro, regresó, lo llamó por el nombre, él se giró y ahí se apagó todo, se desplomó.
Según la historia clínica, en poder de la Agencia de Periodismo Investigativo, API, los tres disparos realizados con un arma traumática en su cabeza le causaron, “estallido del globo ocular, herida en la región temporal derecha, fractura del paladar y del tabique, así como otro impacto en la región del cuello, y un tercero que alcanzó a rozar la frente”. Las balas estuvieron a tres milímetros de perforar su cerebro.
Ese día, el caos se apoderó de Leticia, una capital de 48.144 habitantes junto al imponente río Amazonas que colinda con Brasil y Perú. “Entre la zona urbana y la selva, es una región sin Dios ni ley¨, comenta uno de sus habitantes.
Las sigilosas estructuras políticas que tienen sin agua potable, energía eléctrica, vias, ni educación, y que literalmente se han carcomido el departamento con una corrupción rampante, actuaron con sevicia al punto que intentaron impedir que a Grueso se le brindara atención médica.
Tampoco le permitieron usar la ambulancia argumentando que la representante Yenica Acosta quién aspira a la reelección aún no la había entregado oficialmente, a pesar de que es un bien público. “Esa ambulancia no se puede usar hasta que ella la entregue”, indicó uno de los funcionarios en tono enérgico.
El drama se apoderó de sus amigos en Leticia. Entretanto, sus familiares en Bogotá angustiados gestionaron una avioneta medicalizada.
Extrañamente esa tarde la torre de control del único aeropuerto en Leticia, el Alfredo Vásquez Cobo, empezó a fallar y el piloto tuvo que recibir la orden de la Aeronáutica Civil desde Bogotá para poder despegar con Grueso Rodríguez desangrado, convulsionando y al borde de la muerte.
Los bloqueos en la atención médica, la ambulancia y hasta el uso del aeropuerto tenían una sola intención, impedir que el entonces precandidato pudiera salir de Leticia. En el entretanto, los sicarios buscaban el momento para rematarlo.
Todo quedó grabado en las cámaras de seguridad de la Litografía que justo el día anterior habían sido reparadas y los testimonios de la comunidad que entregaron detalles a las autoridades, hasta ese momento pasivas frente al atentado.
Para fortuna del empresario y por la gestión de sus familiares, finalmente pudo llegar a Bogotá en las horas de la noche. En el hospital San Ignacio, fue intervenido y los médicos le salvaron la vida, tras varios días críticos.
A ello se sumó que casi tres semanas después fueron capturados los sicarios. Se comprobó que todos son integrantes de la temible banda Comando Vermelho CV, en español Comando Rojo, considerada una de las organizaciones criminarles más poderosas de Brasil dedicada al narcotráfico, extorsión, hurto, secuestro y sicariato.
Fue fundada en 1979 por Rogério Lemgruber en la cárcel de alta seguridad Ilha Grande junto con integrantes de Falange Roja. Actualmente es el segundo cartel de drogas de Brasil y el más poderosos de Río de Janeiro cuenta con 50.000 integrantes.
Una organización criminal responsable de la asonada en 2019 que dejó a 57 prisioneros muertos y es considerada por la Policía de ese país como la más sanguinaria de Brasil. Tiene también una estrecha relación con disidencias de las Farc en el Amazonas con quien negocian rutas de narcotráfico.
Con el transcurrir de los días se evidenció la razón del intento de sicariato. Grueso Rodríguez se había convertido en una persona incómoda para los políticos tradicionales que han manejado la región a su antojo sin ningún control.
El haberle solicitado al gobernador del Amazonas, Jesús Galdino Cedeño que licitara transparentemente el Plan de Alimentación Escolar, PAE, se convirtió en su lápida. El mandatario fue contactado por esta Agencia este sábado pero no respondió los interrogantes planteados.
Grueso que gestionó activamente ayudas para ese departamento en plena pandemia no quería que se repitiera la historia que en su momento había advertido el entonces procurador Fernando Carrillo.
A Dora Liliana Cuellar y su hijo Édgar Iván Guevara Cuellar les habrían adjudicaron de manera irregular un contrato por $429 millones para suministrar alimentación a los niños en época de confinamiento y quienes dependían de este programa como único método de nutrición.
Esto conllevó a que en su momento la Corte Suprema de Justicia le abriera investigación al actual gobernador Jesús Galdino Cedeño, así como a sus secretarios de educación Victorio Manuel Mora y de gobierno Cristian Camilo Aldana.
Con otro hecho relevante. Dos meses después del atentado a Fabio Grueso hoy candidato a la Cámara de Representantes por el Partido Conservador, se conocieron nuevas intimidaciones del poderoso contratista del PAE y otros negocios en la región.
Fue el pasado 2 de noviembre, cuando Edgar Iván Guevara amenazó a la supervisora del contrato de alimentación Shirley Noriega. Una retaliación que hizo extensiva a la secretaria de Educación, Risoneydi Correa, porque según él no le habían pagado el contrato completamente.
Pero las amenazas y los insultos no pararon ahí. El mismo contratista accionista de la empresa Amazonas SAS también mandó mensajes intimidantes al procurador regional Miguel Hugo Miranda Nieto.
Un funcionario que una semana después del atentado a Grueso Rodríguez, había solicitado una audiencia al viceprocurador general Antonio Emiro Thomas Arias, pues había descubierto que su antecesor había engavetado graves procesos de corrupción.
Incluso, a comienzos de noviembre, el procurador regional Miranda Nieto, envió una carta a la procuradora general Margarita Cabello Blanco, informándole que estaba siendo victima de amenazas de muerte.
“A través de llamadas telefónicas y con el vigilante de la sede de la Procuraduría Regional en las cuales aseguran que me van a llenar de balas. Al prever esto se de a la investigación que se surte por el Programa de Alimentación Escolar PAE en el que están implicados políticos”.
En la comunicación le solicitó a Cabello la designación de un grupo especial para revisar la contratación de la Gobernación del Amazonas durante las vigencias 2019, 2020 y 2021. Sin embargo, lo que recibió, dos días después fue la declaratoria de insubsistencia por parte de la Procuradora Margarita Cabello Blanco.
Adicionalmente, en la tierra lejana del Amazonas, no terminan los hechos que enredan la administración departamental y a los organismos de control locales.
Una semana después, el 17 de noviembre Gildardo Alviar Gonsalvis, diputado a la Asamblea del Amazonas agobiado por la presión política denunció a sus homólogos de la Duma y de paso terminó confesando cómo se roban el departamento que tiene un presupuesto anual de inversión cercano a los $190.000 millones.
Ante la Procuraduría del Amazonas denunció que los diputados Oscar Sánchez, Eric Peláez, Henry Ipuchima, Fredy Acosta y Karina Bocanegra firmaron cada uno, cinco letras de cambio, cada una por $20 millones.
El acuerdo que hicieron evidencia uno de los pasajes más oscuros de la administración pública. Los diputados acordaron que el gobernador del Amazonas no pudiera tener mayoría en la Asamblea durante el periodo 2020 a 2023. Cómo no cumplió, le hicieron efectivas las letras de cambio que él propio mandatario habría firmado por $100 millones.
“Firmé las letras por un acuerdo de un grupo político, pero para extorsionar o chantajear a los políticos y contratistas. Los señores Eric Peláez, Oscar Sánchez, Fredy Acosta y Henry Ipuchina y la diputada Erika me están amenazando con hacerlas efectivas porque no cumplí el acuerdo de oponerme a todos los proyectos del gobernador. También solicitó que la diputada Karina me regresara mis letras”, resalta la denuncia en poder de esta Agencia.
Pero el gobernador de Amazonas Jesús Galdino Cedeño tampoco sale bien librado. El pasado 25 de noviembre se interpuso en la Fiscalía de Leticia una denuncia en contra del poderoso contratista del Amazonas a quien el gobernador le ha adjudicado desde el PAE hasta la construcción de pozos sépticos en las escuelas.
Rafael Moreno Godoy, personero de Leticia y esposo de la exsecretaria de Educación Amparo del Socorro Lozada, aseguró que la segunda semana de abril del año 2021 su vehículo, una camioneta Captiva apareció con el vidrio panorámico destruido. Eran apenas las 2:00 pm. Él pensó que se trató de un accidente de algún un niño travieso jugando con un balón.
Meses después un funcionario de la secretaría de Educación le aseguró que se había tratado de una advertencia y que la destrucción del panorámico la había ordenado Edgar Iván Guevara.
Él se dirigió a la cárcel de Leticia, Amazonas y pidió hablar con Miguel Ángel Sánchez el supuesto autor material de la destrucción de su vehículo. Este le confirmó que había sido contactado por Guevara Cuellar quien le pagó 4.000 reales por el hecho, es decir $3 millones.
“Me dijo que él no sabía quién era el propietario del vehículo, que simplemente el señor Guevara lo monta en la moto y lo hace pasar frente a mi residencia para que reconociera el vehículo el cual debía destruir”, detalló en la comunicación a la justicia.