La Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional no es una oficina de discursos: es una sala de máquinas. Desde allí se define cómo se financia el Estado cuando el recaudo no alcanza, cómo se refinancia lo que vence, cuánto cuesta la caja cada semana y qué tanto puede estirarse el mercado local sin que las tasas se disparen.
En ese tablero, el nombre de Javier Andrés Cuéllar Sánchez de nuevo se convierte en pasó de foco público por una operación que rompió la normalidad: una venta directa de Títulos de Tesorería (TES) por $23 billones, adjudicada a un único inversionista extranjero cuya identidad, en el momento del anuncio, no fue revelada por el Ministerio de Hacienda.
No es la primera vez que Cuéllar es cuestionado por sus movidas. El 29 de julio pasado, el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo advirtió de su riesgoso proceder con los dineros públicos.
Esto tras conocerse de una inversión en francos suizos con el aparente propósito de reducir el costo de la deuda pública.
“La Dirección de Crédito Público no está para jugar al “carry trade” ni para improvisar maniobras de ingeniería financiera que comprometan la credibilidad fiscal del país. Su rol debe ser el de garante de estabilidad, no el de apostador de corto plazo. Operaciones como esta pueden dar réditos momentáneos, pero su costo potencial es alto y su transparencia, baja. No es con especulación que se construye confianza y la confianza es certidumbre y crecimiento”, precisó Restrepo.
Lo cierto es que Cuéllar apareció casi de la nada. Con conocimiento en inversiones públicas tras la salida del gobierno de ministro de Hacienda José Antonio Ocampo y los vacíos técnicos en inversiones de sus sucesores, Cuéllar, califica en el dicho popular de que ‘en tierra de ciegos el tuerto es rey”.
Con cargo de profesional en gobierno Duque, supo mimetizarse y se mantuvo en el gobierno del presidente Gustavo Petro, casi una excepción junto al superintendente de sociedades Billy Escobar.
Expertos en inversiones públicas consultados por la Agencia de Periodismo Investigativo, API, coinciden y lo definen de una manera particular: “Cuéllar es una especie de Juan Carlos Ortiz, el comisionista de bolsa condenado que generó la debacle de Interbolsa, arriesgado, sin límites, en un sector que da duras lecciones cuando no se tiene prudencia”.
Inmune a técnicos y jueces
Cree que ha tocado el cielo con las manos. El presidente Gustavo Petro poco lo conoce, sus ex jefes y jefes como Ricardo Bonilla, hoy en prisión, Diego Guevara y ahora Germán Ávila, lo miran con recelo, pero Cuéllar ávido de poder a toda costa, busca incidir en más entidades oficiales que manejen billonarios recursos del Estado.
De hecho cumple una aparente doble función, director de Crédito Público y encargado del Fondo Nacional de Garantías, donde lo secunda Nataly Vera Castellanos, su directora de Asuntos Públicos en la entidad a quien delega diversas vueltas.
Tiene un rol similar al de María Alejandra Benavides, antes del escándalo. Se trata ahora de la testigo clave en Minhacienda que prendió el ventilador en el caso UNGRD y hoy goza de inmunidad total concedida por la Fiscalía.
Ante la justicia Cuéllar también funge desafiante. No responde a derechos de petición. Se refugia en el silencio ante cualquier tutela. Los jueces parecen no importarle.
Evita responder por un pasado de negocios que algunos consideran polémicos. Por ejemplo, su grado de participación, funciones desempeñadas, monto de inversión y tipo de participación societaria en el negocio conocido comercialmente
como T4.
O su grado de intervención, aportes, inversión y participación societaria en el negocio denominado Supernova, incluyendo el periodo y tipo de vinculación empresarial.
Sus cercanos cuentan que mira por encima del hombro a los técnicos financieros del sector público y privado y se muestra indiferente a las causas en los juzgados.
Una postura que al parecer no cambia cuando organismos de control han anunciado indagaciones por el proceder del funcionario.
Antecedentes
“Venía de tiempo atrás, era del departamento del Tolima. Tenía un cargo de tercer nivel, no me relacionaba con él. Se que en su momento hizo campaña por el candidato Petro”, es la referencia que dio a esta Agencia un exministro de Hacienda.
Cuéllar aparece en el SIGEP como Director Técnico 0100 Grado 22 del Ministerio de Hacienda en la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, con fecha de inicio 3 de abril de 2025.
En el mismo registro figura, además, como presidente (e) del Fondo Nacional de Garantías (FNG) desde el 25 de septiembre de 2025, y como presidente del FNG desde el 7 de marzo de 2023, un dato relevante porque muestra la concentración de responsabilidades en dos instituciones sensibles para el flujo del crédito: una que garantiza y otra que endeuda.
Su formación académica, según reportó al SIGEP, incluye pregrado en Finanzas y Relaciones Internacionales, especialización en Finanzas y dos maestrías: MBA y MPA.
La experiencia laboral que registró lo ubican, con paso por el sector financiero y público: Banco de Bogotá, Fogafín, State Street Bank and Trust y, desde 2017, con paso en el Ministerio de Hacienda, asesorías y subdirecciones antes de ascender al Fondo Nacional de Garantías FNG y luego a Crédito Público.
Allí no solo se ejecuta; se diseña estrategia. Y esta, en 2025, aterrizó en un punto crítico: conseguir liquidez en medio de señales de estrés fiscal y de una discusión abierta sobre recortes y financiamiento del presupuesto siguiente.
Operación billonaria
En ese contexto, la operación por $23 billones fue presentada como “hito” y como prefinanciamiento de 2026; pero el mercado y los economistas no leyeron únicamente la magnitud, sino el método: venta directa, no subasta abierta.
La inversión pública, con los datos disponibles, deja tres preguntas en primer plano: quién compra, a qué tasa real y bajo qué marco de reglas se aparta el Estado del mecanismo habitual de subastas.
Una operación descrita como una adjudicación que “rompió” el esquema tradicional, subrayando que se asignó a un solo inversionista y que el Gobierno no reveló su identidad, mientras en el mercado circulaban nombres como Pimco y otros nombres.
Al reconstruir lo conocido, reportó que el Ministerio no dio mayores detalles y que en el mercado se hablaba de tasas cercanas o superiores al 13%, con dudas sobre condiciones pactadas y posibles tratos preferenciales a un comprador único.
Cuéllar salió brevemente del anonimato y explicó en W Radio la inversión: “le pusimos un techo a las tasas eliminando el riesgo de liquidez”.
Ese argumento no es menor: implica que la administración de deuda estaría comprando hoy una tasa alta para evitar una tasa potencialmente peor mañana, bajo el supuesto de que el mercado castigaría la falta de caja con rendimientos aún más altos en 2026.
Ruleta rusa
El problema, según varios economistas consultados, es que el “techo” no es un techo si el precio lo pone el mercado y si la transparencia se debilita en el camino.
En contraste otro experto del sector económico explicó que Cuéllar es: “es un funcionario serio y capaz, toma mucho riesgo para mi gusto, está haciendo lo que el gobierno le pide pero las consecuencias de sus actos se verán más adelante”.
A su vez Marc Eichmann señaló: “Las decisiones tomadas por el astuto operador financiero Cuellar, oriundo de la tierra del bunde y el bambuco, tendrán repercusiones en las finanzas del país durante un extenso periodo, no al ritmo sereno de la música tolimense, sino al estridente compás del hard rock metalero, en lo que será recordado como la era en que Colombia dejó a un lado la seriedad fiscal”.
El exministro de Hacienda José Manuel Restrepo cuestionó de nuevo la noción misma de control estatal sobre las tasas: sostuvo que el Gobierno es “precio aceptante” y que las tasas las determina el mercado, no el Ejecutivo.
En esa misma línea, el exministro José Antonio Ocampo afirmó que la operación “rompe toda la tradición” de venta de TES y planteó que debía discutirse incluso el marco legal aplicable a una colocación de ese volumen a un solo inversionista.
Otros testimonios fueron más allá del debate de forma y entraron al de costo. José Ignacio López, presidente de ANIF, dijo que una emisión privada por 23 billones a tasas del 13% en una operación “poco transparente” refleja mala programación fiscal y falta de caja.
Otros expertos
Camilo Pérez, director de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá, habló de un posible sobrecosto: señaló que, dependiendo del plazo, las tasas habrían estado unos 40 puntos básicos por encima de las vigentes.
Mauricio Santamaría , expresidente de ANIF, enfatizó el elemento de excepcionalidad (emitir en diciembre) y lo conectó con el deterioro de la “predictibilidad” del mercado cuando el Estado cambia los rituales.
A su vez, el saliente director de Fedesarrollo, quien advirtió que endeudarse por 23 billones con acreedor no identificado y tasa no divulgada impide evaluar conveniencia, se aleja de mejores prácticas y “erosiona la confianza del mercado”.
La lista de voces incluye, además, lecturas desde el lado de banca de inversión y research.
César Pabón, de Corficolombiana, dijo que le preocupa que no haya información sobre quién es el inversionista y cuáles fueron los términos, porque operaciones de esa dimensión sin información elevan la incertidumbre.
Munir Jalil, economista jefe para la región Andina de BTG Pactual, ubicó la operación dentro de una estrategia mayor: un desplazamiento de pagos que alivia un periodo pero puede encarecer el costo financiero en el tiempo; habló de ahorros en intereses en el corto plazo, con un costo que se paga después en tasas y mayores intereses.
El propio exministro Ocampo añadió un matiz que conecta con la inquietud ciudadana: dijo que no le veía “tanta lógica” y que le parecían altos los intereses, incluso frente a niveles ya elevados.
Y el decano de Economía de la Universidad Externado, Juan Pablo Herrera, puso el foco donde suele nacer una investigación: no en la necesidad del dinero, sino en la “forma” de la contratación, es decir, el mecanismo escogido.
El debate no es abstracto. En una operación de deuda interna, cada punto de tasa termina convertido en servicio de deuda: plata que compite con inversión social, funcionamiento, transferencias, infraestructura.
A la cabeza Javier Cuéllar, el enigmático y arriesgado hombre de las finanzas públicas. Un funcionario del gobierno Duque y el gobierno Petro con más sombras que luces.
Le puede interesar
