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Las pruebas de las ‘chuzadas’ ilegales

Este jueves 31 de enero se presenta la acusación contra cuatro personas, entre ellas, el general (r) de la policía Humberto Guatibonza. Señalados de seis delitos se defienden de los cuestionamientos de la justicia. La Agencia de Periodismo Investigativo, API, accedió a un voluminoso dossier y revela al detalle de cómo funcionaba el negocio de ofertar interceptaciones ilegales de comunicaciones privadas a particulares y empresas. Son 41 elementos, entre informes, interceptaciones, seguimientos, inspecciones a procesos, interrogatorios y búsqueda en base de datos.

Norbey Quevedo Mié, 30/01/2019 - 07:32

Luego de ocho meses de investigaciones de la justicia con el propósito de establecer si de nuevo había aparecido en el país, una red que efectuaba interceptaciones ilegales a personas naturales y empresas, la Agencia de Periodismo Investigativo, API, accedió a documentos, informes, testimonios y otras pruebas que dan cuenta del surgimiento de una supuesta organización que cobraba por prestar estos servicios. Una acusación que compromete al general (r) Humberto Guatibonza, al otrora jefe de investigaciones de la empresa Coca-Cola (Femsa), Julián Villarraga, el ingeniero Juan Carlos Madero y el comunicador Carlos Arenas.

Una historia que se empezó a cocinar en el contexto de la presentación de informes de inteligencia que detallaron el modus operandi de un grupo de empresas que ofertaban a particulares la prestación de servicios de interceptación ilegal de comunicaciones privadas. De igual manera, y de acuerdo a varias conversaciones monitoreadas en el marco de la investigación, se evidenció la preocupación de los socios de estas firmas en el sentido de que se oficializara el nombramiento del general Humberto Guatibonza. uno de los más destacados oficiales de la policía, durante más de 30 años, en un alto cargo del sector público, al parecer como director de la institución, en momentos en que ya se había elegido a Iván Duque como presidente de la República.

Así las cosas, el 16 de mayo de 2018, el capitán Mario Salamanca y el intendente Wilson López, agentes de la Dirección de Investigación Criminal, Dijin, autorizados por un juez, iniciaron la interceptación de dos abonados telefónicos. En esencia, se trataba de verificar, si era cierta la versión sobre la existencia de empresas de consultoría y asesoría que estaban ofreciendo a particulares el servicio de interceptar ilegalmente comunicaciones de teléfonos móviles, satelitales, interferir mensajes de WhatsApp, ubicar equipos de telefonía en tiempo real, así como verificar móviles para determinar si estaban o no interceptados y suministrar sábanas con listados de llamadas, entre otros servicios.

De esta manera, se identificaron las empresas JHS Consultores, Quarkcom SAS, Globalock Security, VIP Security Ltda, A&G Seguridad Ltda y HGC Consultoría SAS. Se trata de compañías que supuestamente ofrecían el servicio y que tenían bajo su mando a exoficiales de inteligencia del Ejército y la Policía, quienes por su antigua labor institucional poseían conocimiento y destrezas en el oficio de interceptar comunicaciones. De igual forma, eran exfuncionarios que tenían contacto para la adquisición de equipos tecnológicos a fin de prestar el servicio ofrecido.

Dijin

En este contexto, se produjeron los primeros resultados. El 3 de agosto de 2018, fueron capturadas en Ipiales, (Nariño), cuatro personas. Según las autoridades, el coronel (r) del Ejército Jorge Humberto Salinas Muñoz, señalado de liderar la actividad, así como el mayor (r) Luís Mesías Quiroga Cubillos, también del coronel (r) Carlos Andrés Pérez y la exfuncionaria del Ministerio de Tecnologías, Marialicia Pinzón Montenegro, quienes fueron los gestores de los servicios ofertados de interceptación. De hecho, con el agua al cuello y en los interrogatorios, no solo aceptaron su participación si no que además delataron a otros aliados e iniciaron un proceso de colaboración con la justicia. Por eso, en el caso de las denominadas chuzadas hay dos procesos, uno para los de Ipiales y otro por los de Bogotá.

Entonces señalaron a otras cuatro personas. Allí apareció el general Humberto Guatibonza, Juan Carlos Madero, Carlos Eduardo Arenas y Julián Villarraga. En concreto, sus antiguos socios indicaron que estos últimos eran consientes de que los servicios que prestaban eran ilegales. Advirtieron, que su función en la organización era conseguir clientes con los cuales acordaban el valor del trabajo y la forma de recibir de manera ilegal la información y entregarla, así como la remisión de sábanas de algunos abonados de los operadores de telefonía celular en Colombia.

La Agencia de Periodismo Investigativo, API, conoció diversas grabaciones, en donde se establecen los asuntos que se manejaron en las prestación de los servicios ilegales. Por ejemplo, en una conversación del 15 de diciembre de 2017, el coronel Jorge Humberto Salinas, quien de hecho, tuvo una experiencia de más de 20 años en asuntos de inteligencia en el Ejército, conversa con Marialicia Pinzón Montenegro, exfuncionaria de MinTic y se refieren a varios asuntos.

En esencia, la conversación señala: “como le fue en la reunión diciéndole que solo con Pepsico sin sacar los números ya que eso quedó cerrado con Guatibonza y es problema de ellos dos, le manifiesta que toca seguir con el control de doña Inés, con los cuatro números, abrir las llaves de todos para ver cuánto más sabe esa red, además de buscar al doctor Rivera para saber quién es entre sus contactos. Marialicia le pide enviar los números nuevamente para confirmarlos y empezar la fase II en limpio. HD manifiesta que ya se arregla con Lucho y hay que desempolvar los archivos viejos, ya que se debe subir los archivos solo, añade referente a Prosegur les dará un trabajo pendiente, le pide enviarle lo pendiente para hoy viernes 15/12/2017 que es Herencia, Médicos y Prosegur”.

Guatibonza

Estas interceptaciones, fueron las que pusieron en evidencia al general Guatibonza y a sus supuestos colaboradores. De esta forma también, se empezaron a conocer que existían unas empresas asociadas a la actividad de ofrecer servicios de supuesta prevención de fraudes, seguridad informática y consultoría en investigación privada.

Otras interceptaciones dan más detalles de las actividades. Por ejemplo, que al alcalde del municipio cundinamarqués, Mesitas del Colegio, le estaban llegando mensajes hostiles y amenazas, por ello ofrecieron los servicios. También que el general estaba asesorando a una adinerada familia de un secuestrado en Antioquia. Además de la intención de abrir una oficina en Ecuador. Incluso en un diálogo interceptado, el general Guatibonza le indaga al coronel Salinas sobre la reunión pendiente con “los vecinos”, refiriéndose a funcionarios de ese país, la cual fue aplazada porque una de las personas con las que se reunirían había sido nombrado como coordinador de la secretaría de inteligencia en Esmeraldas. Así mismo, se evidenció el caso denominado “Cobre” en referencia a la pérdida de un material de una empresa petrolera en los llanos orientales y hasta apareció un caso de infidelidad.

Grabaciones adicionales efectuadas entre enero y julio de 2018, detallan la preocupación de Mauricio Molina de la empresa A&G, aliado del Coronel Jorge Humberto Salinas, quienes en una interceptación expresan su preocupación por un posible nombramiento de Guatibonza en un cargo público. Según la conversación, ello, “dificultaría adelantar negocios utilizando el nombre de este oficial”…que él de la cara a cualquier cosa no va a salir con nosotros, o sea la relación comercial con él se va a acabar…porque es una inhabilidad”. Sin embargo, en otra conversación, esta vez, entre el coronel Salinas y una persona identificada como Luis Fernando Jiménez se refieren al mismo tema indicando que el nombramiento de Guatibonza en un alto cargo los podría beneficiar porque podrían tener posiblemente acceso a diferentes contratos. “que le den alguna otra dirección…que nos llegue trabajitos”.

En cuanto a Carlos Eduardo Arenas, otro de los vinculados, subgerente de la empresa del general Guatibonza, las interceptaciones dan cuenta de otras actividades, por ejemplo, que Arenas, estaba haciendo un trabajo especial por un hurto de marca en Davivienda sin el consentimiento del oficial. De manera adicional en un interrogatorio, el coronel Salinas lo señaló como el encargado de referirle clientes. Así las cosas, aparecieron la empresa Pepsico, un caso de dinero de las Farc y una reunión en el norte de Bogotá con un exoficial de inteligencia israelí que mostró interés en los trabajos ofrecidos por los sistemas y la capacidad que brindaban.

Expedientes

El ventilador del coronel Salinas también afectó a Julián Villarraga referido como jefe de investigaciones de Femsa, Coca-Cola. Al respecto, señaló que era la persona encargada de conseguir la información de bases de datos como registro de sábanas de llamadas, datos biográficos, temas de IMSI, IMEI, decadactilares y algunos estudios financieros.

Vinieron más delaciones de Salinas. Entre estas, la de Juan Carlos Madero Mendieta, a quien identificó como su socio, a través de la empresa Quarkcom SAS de la que es gerente. Su rol, según la investigación, era la de, mediante utilización  de la referida empresa como fachada, conseguir potenciales usuarios de la información privilegiada y obtenida de manera ilegal a cambio de una remuneración económica.

Algunas comunicaciones destacan que cobraba $3 millones por hacer el monitoreo permanente de un correo electrónico o un abonado celular, durante 15 días. Sin embargo, su principal cliente, según la Fiscalía, resultó siendo el senador Armando Benedetti.

En concreto, un informe fechado el 23 de agosto de 2018 señala que el coronel Jorge Humberto Salinas informó que Juan Carlos Madero además de ofrecerle los servicios de su empresa Quarkom afirmó que se reunió con Benedetti o “barbas” como lo llamaba. “Es más en una ocasión en una entrevista con Vicky Dávila me comentó que estuvo en esa entrevista acompañando a Benedetti, entonces eso me confirma que tenía relación directa con Benedetti, del trabajo para Benedetti recibió un pago de $4 millones, se le trabajó y se le entregaron resultados y fueron tan buenos que llegó al punto que el señor pidió realizar un tracking de ubicación de unas fechas en particular, extracción de mensajes de WhatsApp e información del teléfono del señor Fiscal General de la Nación, ahí fue cuando paramos y no quisimos continuar cuando se llegó a ese punto”.

Benedetti

Pero los señalamientos al senador Benedetti van más allá. Destaca que Madero trabajó para él por dos meses y medio o tres meses y afirma que la información se le entregaba quincenalmente, a través de correos electrónicos. Manifiesta que una ocasión se le remitieron en físico a través de su escolta, pero estos documentos fueron hurtados del carro, lo que generó una discusión entre los socios. Reitera que el senador era consiente de la forma en la que realizaban el trabajo, además estaba satisfecho con el mismo. Al respecto, el senador Armando Benedetti, ha dicho públicamente que nada tiene que ver en el asunto, que se trata de una persecución política en su contra y que sus actuaciones son ceñidas a la ley.

 Salinas, remata su declaración con una constancia, “hubo una información de unas cuentas de Jaime Lombana en Curacao, eso fue para el mes de abril o mayo de este año (2018), Madero me comentó que Benedetti lo estaba presionando para que le pasara más información de lo que estábamos llevando, Madero me comentó que en una ocasión fue a una reunión al centro de Bogotá con Benedetti y se vio obligado a pasarle la información de Lombana sobre las cuentas de Curacao, según me dijo él que fue presionado o amedrantado”.

En este mismo sentido el informe señala que el coronel Jorge Humberto Salinas informó que, fue Madero quien le dijo que su empresa hizo el seguimiento al hijo del abogado, Jaime Lombana. También que se reunía con Jesús Guerrero por el caso Servientrega. Además de otros casos como el de Víctor Maldonado en el Fondo Premium, un asunto en el que precisan no ejecutaron porque implicaba la interceptación del fiscal y el juez del proceso.

Pero el caso por este asunto de las empresas que ofrecían este tipo de servicios indebidos apenas comienza. Lo cierto es que hay dos procesos en curso que se siguen moviendo con base en las delaciones y las líneas celulares interceptadas al coronel Jorge Humberto Salinas y sus presuntos aliados Luis Mesías Quiroga y Marialicia Pinzón Montenegro, porque continúan pendiente de revisar decenas de carpetas.

Los casos para analizar e investigar interceptaciones ilegales, derivados de la información que se encontró en los computadores, son definidos así: Caso “negro”, caso “talleres”, caso “cobre”, caso “Acacias”, caso “ruano”, caso “Servientrega”, caso “Gaula”, caso “guasa”, caso “Carreño”, caso “Bucaramanga”, caso “Gaula II”, caso “cultivo de flores”, caso “cafeteros”, caso “Aída”, caso “gato negro”, caso “girasol”, caso “pines”, caso “Guatibonza”, caso “Prosegur”, caso “gordos o barbas”, caso “Avianca”, caso “Pepsico”, caso “Goodyear”, caso “fiduciaria Fiducia”, caso “Palmira o enfermera”, caso “Carpetas VIP”, caso “Sijin”, caso “Supergiros”, caso “Alcaldía Mesitas”, caso “Bayer”, caso “Davivienda”, caso “Oncor o Choachi”, caso “Berrío”, caso “Calera”, caso “Sanofi o Genfar”, caso “Rolex”, caso “Botero”, caso “Argos”, caso “Brujo”, caso “Llanos”, caso “Cúcuta”, caso “Panamá”, caso “España”, caso “Fernando”, caso “Tolima”, caso “Provicer o Plasticel”, caso “Campo”, caso “Pinocho”, caso “Siembra”, caso “Rosita I –II”, caso “herencia”, caso “oro”, caso “Jairo”, caso “Estudio 28.000”, caso “alertas”, caso “Premium” y caso “Santo Tomás”.

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