En el Amazonas, donde las fronteras se desdibujan y la ley se vuelve porosa, a Fabio Eduardo Grueso Rodríguez lo intentaron matar a plena luz del día. Era septiembre de 2021 cuando cuatro sicarios ejecutaron un ataque que le destrozó el rostro, le hizo perder un ojo y le dejó secuelas de parálisis facial. Sobrevivió.
Desde entonces, su nombre quedó inscrito en un expediente que, según la Fiscalía, no es un caso cerrado, sino una operación inconclusa: detrás del atentado se articuló una alianza entre tres estructuras criminales transnacionales con base en Brasil —Comando Vermelho, Los Cría y el PCC—, junto con el llamado zar del Plan de Alimentación Escolar (PAE) en el Amazonas, Édgar Iván Guevara Cuéllar.
Hoy, mientras hace parte de la campaña presidencial de su familiar Paloma Valencia, junto con Pedro Agustín Valencia y Aurelio Iragorri, las señales no apuntan a que el peligro haya cesado. Por el contrario: aunque las autoridades advierten que buscan “rematarlo”, y la Unidad Nacional de Protección, UNP, definió su nivel de riesgo como extraordinario, redujo su esquema de seguridad.
En concreto, Grueso Rodríguez, ya no tiene el servicio de vehículo blindado, una persona de protección menos ni medio de comunicación. A cambio tiene ahora; un chaleco blindado, una persona de protección y un giro mensual de un salario mínimo al mes para transporte.
A su vez, en el ámbito penal, la situación no es menos inquietante. la Fiscalía envió parte del caso al Amazonas, devolviendo la investigación al mismo territorio donde intentaron silenciarlo.
El origen
Era el 10 de septiembre de 2021. Había llegado a Litografía Colombia a cumplirle una cita a la entonces diputada Karina Bocanegra para cotizar la publicidad de su campaña. Justo allí, en Leticia, capital del Amazonas. Un lugar donde las fronteras se diluyen y los silencios pesan.
A plena luz del día, a Fabio Eduardo Grueso Rodríguez, un ingeniero industrial, casado con una prima de la candidata presidencial Paloma Valencia, lo llamaron por su nombre. No escuchó la ráfaga de disparos. Cayó al piso con el rostro destrozado, bañado en sangre. Le habían estallado el globo ocular; tenía heridas en la región temporal derecha, fracturas en el paladar y el tabique, impactos en el cuello y la frente; las balas quedaron alojadas a tres milímetros del cerebro.
Aunque se desangraba y su vida dependía de un milagro, en el pulmón del trapecio amazónico, surgieron las trabas: no permitieron que usara la ambulancia porque la entonces representante Yénica Acosta no la había entregado “oficialmente”.
Supuestas fallas en la torre de control del aeropuerto Alfredo Vásquez Cobo impedían que despegara el avión medicalizado con su cuerpo o, mejor, con lo que quedaba de él.
Fue necesaria una orden de la Aeronáutica Civil desde Bogotá para poder partir de esas selvas que amenazaban con tragárselo. Cada minuto parecía diseñado para dejarlo atrapado en la selva de las mafias políticas, los contratistas corruptos y las organizaciones criminales transnacionales con sede en Brasil: los Vermelho y los Crías.
La mano de Dios logró que el avión despegara cinco minutos antes del cierre del aeropuerto, en medio de la nada. Fue atendido en el Hospital San Ignacio y sobrevivió. La campaña, sin embargo, quedó marcada: perdió el ojo derecho, fue sometido a cirugías reconstructivas y él, su esposa y su hija pasaron a vivir cada día con la sensación de que sería el último. Su cara, su vida y su familia quedaron trituradas.
De retorno al lugar del atentado
Con la dignidad intacta y la terquedad que lo caracteriza, semanas después Grueso regresó a Leticia en un intento por salvar su campaña. Sabía que no querían matarlo a él, sino mantener una estructura de poder político y económico que continuara manejando al centímetro cada peso público en ese lugar.
El 25 de enero de 2022 regresó. Aún faltaban siete semanas para los comicios electorales. Regresó a la selva con escoltas de la UNP. En la puerta de la Gobernación del Amazonas, Édgar Iván Guevara Cuéllar, el zar del Plan de Alimentación Escolar (PAE), junto con otro hombre, le gritó: “tuerto hijueputa”, “te dio miedo venir solo” y sentenciaron que “ahora sí acabarían con su vida”, al tiempo que hacían señas de degüello y de disparo. La situación fue tan delicada que los escoltas tuvieron que evacuarlo y huir del lugar incluso en contravía.
La Agencia de Periodismo Investigativo (API), en cuatro reportajes de investigación, evidenció el entramado criminal. Édgar Iván Guevara Cuéllar, el zar del PAE en ese departamento, una pieza estructural de esta historia que durante años controló esa contratación junto con su esposa e hija, de la mano de tres cabecillas de las organizaciones criminales transnacionales Comando Vermelho, Los Cría y el PCC (Primer Comando de la Capital), participó en el ataque sicarial.
La Fiscalía General de la Nación, a través de un curtido fiscal adscrito a una unidad especial en Bogotá, corroboró lo dicho por API en los cuatro reportajes. Tras cientos de horas de interceptaciones telefónicas y otras labores investigativas, y bajo tres noticias criminales, fue evidenciada la participación de más de diez personas en este caso, pero aún faltan más, muchas más.
Guevara Cuéllar, con el agua al cuello de la justicia, negoció un principio de oportunidad: aceptó ser integrante de la estructura criminal de los Vermelho. Juan David Alarcón Vargas, alias Príncipe, y Hayder Santiago Pereira Batalla, alias Pancho, señalados como coautores materiales del atentado, también fueron judicializados. Uno de ellos ya fue condenado y el otro sigue en juicio oral, pues no aceptó los cargos.
Carta a la UNP
El pasado 20 de enero de 2026, preocupado por la seguridad de Fabio Grueso y su familia, en virtud de la continuación de las investigaciones que evidenciaban otro ataque sicarial inminente, el fiscal de la unidad especial le envió una carta a Augusto Rodríguez, director de la UNP, quien está bajo la lupa luego del magnicidio del candidato presidencial del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, quien en reiteradas ocasiones le solicitó aumentar su esquema de seguridad, sin respuesta efectiva. Hasta que, en 2025, en medio de una reunión política en el barrio Morelia, fue sicariado.
Hoy, un año después, se conoce que fue la Segunda Marquetalia la que ordenó eliminar al precandidato presidencial, con un hecho no menor en este caso: la estructura criminal de los Vermelho está vinculada a las FARC en el Amazonas, según fuentes en dicho departamento.
En medio de un expediente que no deja de crecer y de una amenaza que, lejos de disiparse, se consolida, el fiscal 22 de la Unidad Especial de Investigación le envió una comunicación. No era una carta protocolaria. Era una advertencia.
En siete páginas, el fiscal dejó consignado que el caso de Fabio Grueso no es un atentado que se pueda analizar en pasado, sino una operación criminal inconclusa. Un plan que falló, pero que —según la evidencia— sigue en curso.
“El señor Fabio Eduardo Grueso Rodríguez ha sido víctima en reiteradas oportunidades, donde grupos armados organizados al margen de la ley, al parecer contratados por personas reconocidas, han intentado intimidarlo y acabar con su vida”, escribió el fiscal en el documento dirigido a la UNP.
La Fiscalía reveló que, tras nuevas pruebas recaudadas, se logró establecer que para asesinar a Grueso no actuó una sola estructura criminal, sino una alianza de alto nivel entre organizaciones transnacionales.
“Para asesinar al señor Fabio Eduardo Grueso Rodríguez, se reunieron los cabecillas principales de tres grupos ilegales: Comando Vermelho, Los Cría y el PCC – Primer Comando de la Capital”, advirtió el fiscal.
La carta describe una escena que no corresponde a un atentado improvisado, sino a un plan de ejecución con lógica militar: cuatro sicarios, cada uno con dos armas de fuego, con la orden de ingresar al lugar y asesinar no solo a Grueso, sino a cualquier persona que estuviera con él.
Una orden de exterminio
Pero el elemento más inquietante aparece en el corazón del documento, en una frase que revela la lógica de estas estructuras criminales: “Tienen como política NUNCA fallar en sus casos, y al no poder acabar con la vida de Grueso Rodríguez, continúan con su misión de terminar el ‘trabajo’”.
Y sobre esa base, eleva una solicitud directa a la entidad encargada de proteger su vida: “Se solicita verificar, validar y, si es del caso, reforzar las condiciones de seguridad del señor Fabio Eduardo Grueso Rodríguez y su familia, toda vez que sus vidas continúan corriendo peligro”.
Ubicó el origen del atentado en una estructura que ya había sido expuesta por la Agencia de Periodismo Investigativo, API, el control del Plan de Alimentación Escolar en el Amazonas. Dichos reportajes generaron que fuera perfilado y amenazado el equipo periodístico de esta agencia.
Durante semanas, esta Agencia se comunicó con la UNP para indagar por qué Fabio Grueso no tenía resolución de esquema de seguridad desde hacía un año. Ninguno de los dos funcionarios Edgar Pacheco y Laura Villanueva entregaron respuesta en una entidad caótica.
A pesar de la advertencia de la Fiscalía sobre el riesgo que corre la vida de Fabio Grueso y su familia, en las dos últimas semanas de marzo sucedieron dos hechos inexplicables: la UNP disminuyó sustancialmente el esquema de seguridad de Grueso y su familia, y la Fiscalía remitió una de las noticias criminales al Amazonas, justo en momentos en los que se estaban evidenciando inconvenientes con los investigadores y quienes son los determinadores políticos detrás del ataque sicarial.
La resolución
El 20 de marzo de 2026, mediante la Resolución DGRP 002499, la Unidad Nacional de Protección hizo lo que, a la luz del expediente, resulta difícil de explicar: modificó el esquema de seguridad de Fabio Grueso y su familia, a pesar de reconocer que el riesgo en su contra seguía siendo extraordinario.
La contradicción quedó escrita en el propio acto administrativo. “El nivel de riesgo del señor Fabio Eduardo Grueso Rodríguez se mantiene como extraordinario”, concluyó la UNP en su evaluación. Sin embargo, en la misma decisión resolvió desmontar parte sustancial de su protección.
La entidad pasó de un esquema robusto —que incluía vehículo blindado, dos hombres de protección y medios de comunicación— a uno significativamente reducido: un solo escolta, chaleco blindado y un apoyo de transporte equivalente a un salario mínimo. Es decir, el Estado no negó el riesgo. Lo confirmó. Pero, aun así, decidió disminuir la protección.
Para justificar la medida, la UNP argumentó que no existían amenazas “concretas” recientes, pese a que en el mismo documento reconoció información de inteligencia que indicaba lo contrario. “Se conoció mediante investigador de la Fiscalía que… se refieren a Grueso como ‘el tuerto’ y que debían acabar con lo que empezaron”, dejó consignado el acto administrativo. Aún con ese antecedente, la entidad concluyó que el escenario actual correspondía a una “amenaza presunta” y de “baja intensidad”.
Una calificación que contrasta de manera directa con lo advertido semanas antes por la Fiscalía, que hablaba de estructuras criminales transnacionales activas y de una misión inconclusa para asesinarlo. La resolución también sustentó la reducción en un argumento territorial: Fabio Grueso ya no se desplaza al Amazonas. “No se evidencian desplazamientos recientes al departamento del Amazonas, lugar donde ocurrieron los hechos de mayor afectación”, señaló la UNP.
Pero esa conclusión omite un hecho esencial del expediente: precisamente no regresa porque lo quieren matar. El propio documento reconoce que su vínculo político con la región se mantiene y que continúa siendo una figura activa. “Es militante activo del Partido Conservador por el departamento del Amazonas”, admite la resolución.
Contradicciones y trasfondo
La paradoja es aún más profunda si se revisa el historial reciente. Un año antes, en 2025, la misma UNP había ratificado un esquema de mayor nivel, reconociendo la gravedad del caso. Sin embargo, en 2026, con un proceso penal aún abierto, con capturas, condenas y nuevas pruebas sobre la participación de estructuras criminales internacionales, la entidad decidió reducir la protección.
Sin desmontar el riesgo. Sin desvirtuar las amenazas. Sin explicar por qué un peligro “extraordinario” ahora requiere menos defensa. En términos técnicos, la entidad fijó una ponderación de 52,22 %, suficiente para mantener la categoría de riesgo extraordinario, pero no para sostener el esquema anterior.
En términos reales, dejó a Fabio Grueso con menos protección frente a los mismos enemigos. Los mismos que, según la Fiscalía, ya lo intentaron matar una vez. Y que, como quedó escrito en interceptaciones y testimonios, “no terminan trabajos a medias”.
Paradójicamente, el PAE continúa intacto en ese departamento. API reveló en uno de sus reportajes cómo, tras la captura de Édgar Iván Guevara Cuéllar como autor del atentado sicarial contra Fabio Grueso, las rejas no lo frenaron para continuar con el manejo de dicho negocio.
Pero, mientras la Fiscalía avanzaba en demostrar que el atentado contra Fabio Grueso estaba ligado a una estructura criminal que operaba alrededor del Plan de Alimentación Escolar (PAE), en el Amazonas ocurría un fenómeno que resulta aún más inquietante: la contratación no se detuvo. Por el contrario, continuó. Y lo hizo con los mismos nombres.
Édgar Iván Guevara Cuéllar, señalado como determinador del atentado y posteriormente judicializado, no figuraba directamente en los contratos. Sin embargo, el engranaje que durante años sostuvo el control del PAE siguió operando a través de su círculo más cercano: su esposa, Sandra Milena Castaño Álvarez, y su madre, Dora Liliana Cuéllar Cuéllar, quienes aparecen como las contratistas formales.
Lluvia de contratos
Las cifras hablan por sí solas. Entre 2017 y 2022, la estructura familiar de Guevara Cuéllar acumuló más de 112 contratos con el Estado, principalmente con la Gobernación del Amazonas, por valores que superan los 6.000 millones de pesos. Un flujo constante de recursos públicos en una de las regiones más pobres del país, donde miles de niños dependen del PAE como única fuente de alimentación.
Incluso cuando el cerco judicial ya se cerraba, los contratos no se detuvieron. El 29 de noviembre, mediante la Resolución 03663, la Gobernación del Amazonas adjudicó un contrato por 739 millones de pesos a la empresa Amazonas S. A. S., cuyo representante legal es Sandra Milena Castaño Álvarez, esposa de Guevara Cuéllar. El objeto: dotación de menaje y electrodomésticos para los restaurantes escolares del departamento.
Pero ese no fue un hecho aislado. Apenas 17 días después, mediante la Resolución 04061, se adjudicó un nuevo contrato, esta vez por $3.751 millones, a nombre de Dora Liliana Cuéllar Cuéllar, madre del procesado, para el suministro de víveres destinados a estudiantes de residencias escolares en zonas apartadas del Amazonas. Es decir, mientras uno de los principales operadores del esquema enfrentaba a la justicia, su núcleo familiar consolidaba una bonanza contractual.
La revisión de las bases de datos contractuales permite dimensionar el fenómeno. La sociedad Representaciones Amazonas S. A. S., vinculada al entorno familiar, firmó al menos 32 contratos entre 2017 y 2022 por cerca de $3.893 millones. A esto se suman contratos suscritos directamente por Sandra Milena Castaño como persona natural y otros 70 contratos firmados por Dora Liliana Cuéllar, que superan los $1.696 millones.
Un modelo que no solo se mantuvo, sino que se expandió. Y que, según la Fiscalía, no operaba únicamente bajo lógicas administrativas. Detrás de esos contratos, según el expediente, existía una estructura que combinaba presión, intimidación y violencia. Funcionarios públicos amenazados, bienes atacados y decisiones contractuales que, en varios casos, habrían sido adoptadas bajo coacción.
En ese contexto, el atentado contra Fabio Grueso deja de ser un hecho aislado. Se convierte en una pieza dentro de un engranaje mayor. Uno en el que el control del PAE —un programa destinado a alimentar a niños vulnerables— habría sido defendido, “a sangre y fuego”.
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