Procuraduría alerta irregularidades en Corpamag por suspensión del ferry en Salamina

La Procuraduría General de la Nación encendió las alertas por posibles irregularidades en la gestión de la Corporación Autónoma Regional del Magdalena (Corpamag), en relación con la suspensión del servicio de ferry en Salamina, una decisión que ha generado serios impactos sociales y económicos en la zona. El ente de control emitió un informe preventivo con fines disciplinarios en el que advierte presuntas omisiones y falta de diligencia por parte de funcionarios de la autoridad ambiental.

Según el documento, Corpamag habría incurrido en fallas en el manejo del proceso sancionatorio contra las empresas operadoras del ferry y en el trámite del permiso de ocupación transitoria del cauce del río Magdalena. La suspensión del servicio, adoptada de manera preventiva desde agosto de 2025 por la falta de permisos ambientales, afecta a más de 60.000 habitantes que dependen de este transporte para movilizarse, abastecerse y acceder a servicios esenciales en municipios como Salamina, Pivijay y El Piñón.

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El informe señala que esta situación no es nueva, sino el resultado de décadas de falta de control oportuno por parte de las autoridades. Aunque la medida se justificó bajo el principio de precaución ambiental, la Procuraduría advierte que habría generado un impacto desproporcionado en los derechos fundamentales de las comunidades ribereñas.

Entre los hallazgos destacados, el ente de control menciona posibles inconsistencias en el trámite administrativo realizado por Corpamag, como la modificación injustificada del objeto de un permiso ambiental solicitado por una de las operadoras, así como deficiencias en la motivación técnica utilizada para negarlo. Además, cuestiona la falta de coherencia en la valoración de pruebas y la imposición de requisitos técnicos adicionales que no habrían sido exigidos en etapas anteriores del proceso, lo que podría vulnerar principios como la buena fe, la confianza legítima y el debido proceso.

El organismo también insiste en que, si bien existen procesos de erosión en la zona, estos responden principalmente a dinámicas naturales del río Magdalena y no hay evidencia concluyente de que la operación del ferry sea la causa directa de esta afectación.

La Procuraduría remitió el informe a las instancias disciplinarias competentes para que determinen la posible responsabilidad de los funcionarios involucrados. 

Finalmente, hizo un llamado a las autoridades para avanzar en soluciones que permitan restablecer el servicio de ferry bajo criterios de sostenibilidad ambiental, garantizando tanto la protección del ecosistema como los derechos de las comunidades que dependen de esta conexión vital.

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