Chocó completa más de 50 ataques del ELN en seis días mientras aumentan los hostigamientos con drones explosivos

El departamento del Chocó enfrenta una nueva escalada del conflicto armado tras registrar más de 50 acciones atribuidas al grupo terrorista Eln en un período de seis días, según información entregada por las autoridades.

Los hechos han afectado a varios municipios, donde se han reportado hostigamientos contra la Fuerza Pública, ataques con explosivos lanzados desde drones, combates y restricciones para la población, lo que ha incrementado la preocupación por el deterioro del orden público en esa región del Pacífico colombiano.

La ofensiva armada ha obligado a las autoridades civiles y militares a reforzar las operaciones de seguridad mientras los organismos de emergencia permanecen en alerta ante la posibilidad de nuevos ataques.

Los hechos también han generado llamados de distintos sectores para que el Gobierno Nacional adopte medidas adicionales que permitan contener la expansión de las acciones violentas y proteger a las comunidades que permanecen en medio de las confrontaciones.

La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba-Curi, informó que durante los últimos días la Fuerza Pública ha logrado impedir parte de las acciones ofensivas ejecutadas por el Eln en diferentes municipios del departamento.

A través de un pronunciamiento publicado en su cuenta oficial de X, la mandataria explicó que las operaciones militares han permitido repeler más de dos decenas de ataques mientras continúan los enfrentamientos entre tropas del Ejército Nacional y miembros de esa organización armada.

No obstante, la gobernadora advirtió que la situación continúa siendo crítica debido a la persistencia de los ataques en distintas zonas del departamento.

Según indicó, la intensidad de las acciones evidencia un incremento de la presión ejercida por el grupo armado ilegal sobre varias poblaciones, lo que mantiene en estado de alerta tanto a las autoridades como a las comunidades.

Los reportes consolidados por las autoridades señalan que en menos de una semana se contabilizaron al menos 53 acciones violentas, cifra que refleja la dimensión de la ofensiva registrada en diferentes municipios del Chocó.

Entre los hechos documentados aparecen hostigamientos contra instalaciones oficiales, ataques con explosivos, enfrentamientos armados y otras acciones dirigidas contra la Fuerza Pública.

Uno de los elementos que más preocupación ha generado entre los organismos de seguridad corresponde al empleo de aeronaves no tripuladas modificadas para transportar artefactos explosivos.

De acuerdo con la información oficial, al menos diez de las acciones registradas fueron ejecutadas mediante drones acondicionados para lanzar explosivos sobre posiciones militares y policiales, una modalidad que ha venido siendo utilizada por diferentes grupos armados ilegales en varias regiones del país.

Las autoridades consideran que el uso de esta tecnología representa un reto adicional para las operaciones de seguridad debido a la dificultad que implica detectar y neutralizar estos dispositivos antes de que alcancen sus objetivos.

Por esa razón, el Ejército Nacional mantiene desplegadas capacidades especializadas para responder a este tipo de amenazas durante el desarrollo de las operaciones militares.

Uno de los episodios más relevantes ocurrió en el municipio de Tadó. Allí, la estación de Policía fue blanco de un ataque mediante explosivos lanzados desde el aire, lo que obligó a los uniformados a activar los protocolos de respuesta mientras se desarrollaban operaciones para contener la ofensiva.

Las autoridades iniciaron las verificaciones correspondientes para establecer el alcance de los daños y determinar las circunstancias del ataque.

Las acciones violentas registradas en Tadó hacen parte de una serie de hostigamientos reportados en varios municipios del departamento durante los últimos días.

Los organismos de seguridad mantienen presencia permanente en las zonas afectadas con el propósito de evitar nuevos ataques y garantizar las condiciones necesarias para el desarrollo de las actividades de la población.

En medio de este panorama, el Ejército Nacional informó sobre un resultado operativo distinto al desarrollo de la ofensiva del ELN. Durante las operaciones adelantadas en el departamento, ocho integrantes del Clan del Golfo decidieron someterse a la justicia y entregaron sus armas a las tropas desplegadas en la región.

Aunque las autoridades aclararon que este grupo no estaría relacionado con la reciente ola de ataques atribuidos al ELN, el sometimiento fue presentado como un resultado de las operaciones militares desarrolladas en el departamento.

El hecho adquiere relevancia luego del ultimátum formulado por el presidente electo Abelardo de la Espriella, quien recientemente instó a los integrantes de las organizaciones criminales a entregarse a las autoridades.

Entre las personas que abandonaron esa estructura figura alias Jair, identificado por las autoridades como presunto responsable de una comisión perteneciente a una subestructura que tendría presencia en la zona del Alto Baudó.

Su sometimiento hace parte de las acciones adelantadas por el Ejército para debilitar las organizaciones armadas ilegales que operan en el departamento.

El ministro de Defensa señaló que este resultado demuestra que los integrantes de grupos criminales cuentan con la posibilidad de abandonar esas organizaciones y someterse a la justicia.

Según manifestó, la presión ejercida por la Fuerza Pública mediante operaciones sostenidas busca reducir la capacidad operacional de estas estructuras y promover procesos de desmovilización individuales.

Mientras continúan las operaciones militares, diversos sectores han expresado preocupación por las consecuencias humanitarias derivadas del incremento de las hostilidades.

Habitantes de varias comunidades permanecen expuestos a las confrontaciones armadas, situación que afecta la movilidad, las actividades económicas y las condiciones de seguridad en diferentes zonas del departamento.

Frente al deterioro del orden público, la Iglesia católica también hizo un llamado para detener la confrontación. El obispo de la diócesis de Istmina-Tadó, monseñor Mario Álvarez, pidió el cese de las acciones armadas y solicitó a las instituciones del Estado mantener su presencia en el territorio para atender las necesidades de las comunidades afectadas por la violencia.

El pronunciamiento del prelado se suma a las solicitudes formuladas por autoridades regionales y organizaciones sociales que han insistido en la necesidad de fortalecer la respuesta institucional ante el aumento de las acciones armadas.

Mientras continúan los operativos militares, el Chocó permanece bajo vigilancia permanente de las autoridades, que buscan contener una ofensiva que, en menos de una semana, ha dejado más de medio centenar de ataques y ha reavivado la preocupación por la seguridad en una de las regiones históricamente más afectadas por el conflicto armado colombiano.