Carlos ‘Pesebre’ rompe el silencio y asegura que el tarimazo de La Alpujarra fue usado con fines políticos

Freyner Ramírez, conocido con el alias de ‘Carlos Pesebre’ y reconocido como uno de los voceros de las estructuras criminales de Medellín que participan en la mesa de conversaciones sociojurídicas con el Gobierno nacional, entregó nuevas declaraciones sobre el desarrollo del proceso de diálogo y se refirió por primera vez al acto público realizado en la Plaza de La Alpujarra el 21 de junio de 2025, conocido como el denominado "tarimazo", en el que participaron el presidente Gustavo Petro, integrantes del Gobierno y varios representantes de organizaciones ilegales privadas de la libertad.

En entrevista concedida a Caracol Radio, Ramírez sostuvo que el evento había sido presentado previamente a los participantes como un espacio destinado a informar a la ciudadanía sobre los avances alcanzados en la mesa de conversaciones y a dar a conocer algunos programas diseñados dentro del proceso.

Sin embargo, aseguró que el desarrollo de la jornada tomó un rumbo distinto al inicialmente planteado y terminó convirtiéndose, según su versión, en un escenario atravesado por debates de carácter político.

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De acuerdo con el vocero, la información entregada a quienes hacen parte del mecanismo de diálogo indicaba que durante el encuentro serían presentadas varias iniciativas orientadas a fortalecer la estrategia de paz urbana que se buscaba construir en Medellín.

Entre ellas mencionó un plan piloto enfocado en combatir la extorsión, una estrategia denominada Barrios Sin Tusi y un programa formulado junto con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), dirigido a desarrollar acciones preventivas con comunidades vulnerables.

Ramírez afirmó que esas iniciativas sí fueron anunciadas durante el evento e incluso señaló que la directora del ICBF hizo referencia a una de ellas. No obstante, manifestó que dichos anuncios terminaron perdiendo protagonismo debido a la controversia política que se generó durante el acto público.

Según explicó, las discusiones posteriores sobre asuntos relacionados con la reelección presidencial y otros temas de coyuntura desviaron la atención de los objetivos que, desde la perspectiva de los voceros de las estructuras criminales, justificaban su participación en esa actividad.

Durante la entrevista, el representante de la organización conocida como Los Pesebreros señaló que los participantes esperaban asistir a una jornada centrada exclusivamente en la construcción de paz y en la socialización de los avances alcanzados dentro de la mesa sociojurídica.

En ese sentido, afirmó que el resultado final del encuentro produjo inconformidad entre varios de los asistentes, quienes consideraron que el propósito inicial había sido reemplazado por una discusión política ajena a los compromisos establecidos dentro del proceso de diálogo.

Las críticas de Ramírez no se limitaron al evento de La Alpujarra. El vocero también cuestionó la forma como, a su juicio, ha sido conducida la mesa de conversaciones desde el Gobierno nacional.

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Sus observaciones se dirigieron especialmente hacia la metodología utilizada para desarrollar el proceso, la definición de protocolos, la planeación de las actividades y la comunicación de los avances alcanzados.

Según explicó, durante las primeras etapas del diálogo se adelantó un trabajo para construir reglas de funcionamiento y elaborar una agenda de actividades que, afirmó, nunca fue presentada públicamente.

A su juicio, esa circunstancia terminó afectando el desarrollo de la mesa y generó diferencias entre quienes participaban en ella. Ramírez sostuvo que existieron fallas relacionadas con la conducción del proceso, la concreción de los compromisos y la manera como estos fueron comunicados tanto a los participantes como a la opinión pública.

El vocero indicó además que esas diferencias fueron acumulándose hasta llevarlo a presentar su renuncia al espacio de conversaciones en febrero de este año.

Aunque posteriormente continuó pronunciándose sobre el proceso, explicó que la decisión obedeció al desacuerdo que mantenía con la forma en que, según él, estaba siendo orientada la mesa de diálogo.

En sus declaraciones también hizo referencia al papel desempeñado por la senadora Isabel Zuleta, quien asumió la coordinación del proceso tras cambios en la estructura de conducción de la mesa. Ramírez señaló que, durante esa etapa, se buscó desarrollar una metodología de trabajo y avanzar en la elaboración de protocolos, aunque insistió en que muchas de esas iniciativas no lograron traducirse en resultados concretos.

El vocero igualmente evaluó el trabajo de los altos comisionados para la Paz que han participado en el proceso durante el actual Gobierno. Sobre Danilo Rueda, manifestó que las primeras conversaciones estuvieron marcadas por una disposición inicial al diálogo, aunque sostuvo que posteriormente no observó avances políticos suficientes para consolidar los compromisos discutidos entre las partes.

Respecto a Otty Patiño, Ramírez afirmó que la experiencia del funcionario en anteriores procesos de paz generó expectativas entre quienes hacían parte de la mesa. Sin embargo, aseguró que, tras un primer encuentro con los voceros de las estructuras, la continuidad de las reuniones fue limitada y que durante varios meses no volvió a sostener contactos presenciales con ellos, situación que, según manifestó, afectó el desarrollo de las conversaciones.

Otro de los aspectos abordados por el representante de Los Pesebreros fue el contexto político alrededor del proceso de paz urbana. Ramírez aseguró que, con el paso del tiempo, la mesa terminó involucrándose en disputas entre el Gobierno nacional y la administración distrital de Medellín, encabezada por el alcalde Federico Gutiérrez.

En su criterio, esa confrontación política terminó incidiendo sobre el ambiente de trabajo y dificultó la consolidación de consensos alrededor de los objetivos del mecanismo sociojurídico.

El vocero sostuvo que las diferencias institucionales terminaron trasladándose al escenario de las conversaciones, lo que, según afirmó, afectó la percepción pública sobre el proceso y redujo la posibilidad de avanzar en los acuerdos inicialmente previstos.

En ese sentido, insistió en que la discusión sobre la mesa dejó de centrarse exclusivamente en temas relacionados con la disminución de la violencia para convertirse, en varios momentos, en motivo de confrontación política.

Pese a sus cuestionamientos, Ramírez afirmó que el proceso también produjo resultados que considera relevantes para Medellín. Entre ellos destacó la disminución de hechos violentos registrada durante el tiempo en que los voceros de las diferentes estructuras han permanecido vinculados a la mesa de conversaciones.

Según expresó, uno de los principales efectos del mecanismo ha sido contribuir a preservar vidas mediante la reducción de confrontaciones entre organizaciones ilegales.

El representante señaló igualmente que quienes participan actualmente en ese espacio lo hacen en calidad de voceros dentro del proceso de diálogo y no como responsables directos de la conducción operativa de las estructuras criminales, una afirmación que forma parte de la posición que han sostenido algunos de los participantes durante el desarrollo de las conversaciones con el Gobierno nacional.

Las declaraciones de alias ‘Carlos Pesebre’ se conocen en un momento en el que continúa el debate sobre el futuro de la mesa sociojurídica de Medellín, un proceso impulsado por el Gobierno como parte de su política de paz total y que ha estado acompañado de cuestionamientos políticos, jurídicos e institucionales sobre su alcance, metodología y resultados. Mientras las autoridades mantienen la evaluación del mecanismo, las manifestaciones del vocero reflejan las diferencias que persisten entre algunos de sus participantes respecto a la forma en que ha sido conducido el diálogo desde su instalación.