Defensoría del Pueblo alerta por riesgos a derechos humanos ante emergencias por lluvias en Colombia

La Defensoría del Pueblo expresó su preocupación por las eventuales vulneraciones de derechos humanos durante las emergencias asociadas a las lluvias registradas en Colombia durante el primer mes de 2026, que han provocado inundaciones, deslizamientos y lluvias torrenciales en varias regiones del país.

Según la entidad, estos fenómenos han generado daños materiales, pérdidas económicas y graves afectaciones a comunidades confinadas, aisladas e incomunicadas, representando riesgos significativos para la vida, la integridad personal y el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales.

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La Defensoría señaló que lo ocurrido es consecuencia de falencias históricas en la planeación territorial, la ocupación inadecuada de zonas de alto riesgo y la degradación de los ecosistemas, factores que han incrementado la vulnerabilidad de amplios sectores de la población frente a eventos climáticos extremos.

Entre los departamentos más afectados se encuentran Córdoba, Sucre, Nariño, La Guajira y Cundinamarca, así como Tolima, Antioquia, Bolívar y Valle del Cauca, donde se han reportado daños en viviendas, pérdidas en cultivos y ganadería, además de afectaciones graves a la infraestructura vial y de servicios públicos, impactando directamente los medios de subsistencia de las comunidades.

Ante este panorama, la Defensoría recordó a alcaldes, gobernadores y a las entidades responsables de la gestión del riesgo en los niveles nacional, departamental y municipal, su obligación constitucional y legal de implementar medidas preventivas y de mitigación, fortalecer los planes de gestión del riesgo, activar oportunamente los comités correspondientes y garantizar una atención integral a la población afectada, priorizando a los grupos en situación de mayor vulnerabilidad.

La entidad solicitó con urgencia la activación de las Estrategias de Respuesta a Emergencias para asegurar la entrega de asistencia y ayuda humanitaria, y pidió que, una vez superadas las capacidades locales y realizada la caracterización rigurosa de las personas afectadas, se tramiten las solicitudes de apoyo a los niveles territoriales superiores.

Asimismo, hizo énfasis en que los alojamientos temporales para las personas evacuadas deben cumplir con condiciones mínimas de habitabilidad, seguridad y salubridad, y contemplar las necesidades diferenciadas de mujeres, hombres y personas LGBTIQ+, atendiendo a sus particularidades.

La Defensoría también recomendó implementar rutas de protección integral para niñas, niños, adolescentes y adultos mayores durante la atención de las emergencias, además de promover la participación efectiva de las comunidades y de las autoridades propias en la toma de decisiones, garantizando los derechos colectivos sobre el territorio.

Finalmente, instó al Gobierno nacional a fortalecer el acompañamiento técnico, financiero y operativo a las entidades territoriales, poniendo en marcha medidas inmediatas de prevención y reducción del riesgo, garantizando albergue, acceso a agua potable, atención en salud y protección integral a las familias afectadas, fortaleciendo los sistemas de alerta temprana y avanzando en soluciones estructurales de ordenamiento territorial y restauración de ecosistemas. 

La Defensoría del Pueblo aseguró que continuará con el seguimiento y acompañamiento para exigir una respuesta oportuna, integral y sostenible que salvaguarde los derechos humanos de las comunidades.

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