Paraguay inicia juicio político contra el presidente Santiago Peña por la crisis de Ueno Bank

La Cámara de Diputados de Paraguay inició el trámite de un juicio político contra el presidente Santiago Peña y el vicepresidente Pedro Alliana, en medio de la crisis financiera desatada por la intervención de Ueno Bank. La iniciativa, presentada inicialmente por 35 legisladores, sumó el respaldo de la bancada oficialista, que anunció su voto a favor de la acusación y dejó el camino despejado para alcanzar la mayoría necesaria.

El anuncio fue divulgado por el diputado Rodrigo Gamarra, integrante de la Asociación Nacional Republicana (ANR), quien informó que los 36 miembros de esa bancada acompañarán la acusación. Además, el bloque B del oficialismo ya había anticipado su respaldo, por lo que los promotores de la iniciativa cuentan con votos suficientes para superar el umbral requerido en la Cámara Baja.

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En cuanto al contenido del proyecto contra Peña, este sostiene que el mandatario habría incurrido en un conflicto de intereses por su vinculación accionaria con Ueno Holding. Asimismo, cuestiona la designación de Carlos Carvallo, expresidente de Financiera Ueno, como titular del Banco Central del Paraguay (BCP). Los legisladores firmantes señalan también que el presidente habría impulsado modificaciones a las normas sobre conflictos de intereses y permitido que el Instituto de Previsión Social (IPS) mantuviera depósitos en Ueno Bank por encima de los límites establecidos.

Por su parte, en el caso del vicepresidente Pedro Alliana, la acusación sostiene que habría intervenido políticamente para proteger a la entidad frente a los cuestionamientos y habría respaldado el destino de los recursos previsionales. Igualmente, se le atribuye haber guardado silencio ante las advertencias sobre los límites de crédito concedidos a empresas vinculadas al banco.

De esta manera, ambos expedientes plantean que las autoridades conocían la situación financiera de la entidad y habrían privilegiado intereses corporativos sobre la protección de los recursos de los ciudadanos. Cabe aclarar que se trata de señalamientos contenidos en los libelos acusatorios, cuya procedencia deberá ser evaluada durante el trámite político.

Por otro lado, la controversia se produjo después de que el Banco Central del Paraguay activara el proceso de resolución de Ueno Bank, tras detectar que su índice de solvencia había caído por debajo del 50 % del mínimo exigido. Como consecuencia, el martes 3 de noviembre cerca de tres millones de usuarios quedaron sin posibilidad de gestionar o retirar sus recursos. La entidad tenía aproximadamente tres millones de clientes en un país con menos de siete millones de habitantes.

Finalmente, la magnitud del perjuicio también fue cuestionada por organizaciones sindicales y sociales. Según un pronunciamiento del Frente Sindical y Social del Paraguay, las pérdidas rondarían los US$900 millones, de los cuales unos US$350 millones corresponderían a fondos previsionales del IPS.

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