Senadora Angélica Lozano advierte dilaciones en el trámite de la reforma laboral y señala al Gobierno

La senadora Angélica Lozano manifestó su preocupación ante los retrasos en el proceso legislativo de la reforma laboral y señaló directamente al Gobierno Nacional por presuntamente estar prolongando la discusión con fines políticos.

En Caracol Radio, Lozano sostuvo que la falta de votación final sobre el articulado evidencia una estrategia orientada a obstaculizar la aprobación del proyecto antes del cierre de la legislatura.

Según explicó la congresista, la reforma —que ya fue objeto de múltiples debates en Cámara y Senado— permanece en vilo por falta de definición en los últimos artículos. De acuerdo con sus declaraciones, la actual legislatura culmina este viernes y solo restan doce artículos por ser votados.

No obstante, la senadora denunció que, en lugar de avanzar con la votación, el Gobierno estaría optando por dilatar el procedimiento parlamentario mediante maniobras que, en su criterio, no tienen justificación técnica ni procedimental.

“Estamos frente a una maniobra política. El Gobierno convoca reuniones, aparenta voluntad de acuerdo y, luego de lograrse consensos, decide reversarlos sin explicación válida. Esto ha ocurrido en varias ocasiones en las últimas semanas. Perdimos un día y medio de sesiones en espera de acuerdos que, posteriormente, no fueron respetados. Lo mismo sucedió en la jornada más reciente”, afirmó Lozano.

La senadora destacó que una porción significativa del texto ya fue aprobada y que en ambos cuerpos legislativos existen artículos idénticos. Según dijo, al menos 39 artículos coinciden entre Cámara y Senado, y otros han sido objeto únicamente de ajustes menores de redacción para mayor precisión jurídica.

A pesar de este avance, el proyecto aún requiere votación final en los artículos restantes, algunos de los cuales involucran aspectos de implementación clave para sectores empresariales.

Uno de los puntos que ha suscitado mayor debate en el recinto es el de los recargos nocturnos a partir de las 7:00 p. m., que implicarían un incremento en el pago por hora laborada superior a los dos mil pesos.

Este aspecto cuenta con apoyo mayoritario, aunque algunos sectores han solicitado un tratamiento especial para las microempresas con menos de diez trabajadores.

Sobre este punto, Lozano argumentó que la ley ya contempla un periodo de gracia de seis meses, durante el cual puede elaborarse un plan de alivio tributario sin que se afecte la entrada en vigor del articulado.

La senadora también puso en tela de juicio las intenciones del Ejecutivo respecto a la reforma. En su opinión, el aplazamiento deliberado de la votación podría ser parte de una estrategia para convertir el debate laboral en una bandera de campaña con miras a una eventual consulta popular, cuya convocatoria ha sido impulsada desde la Casa de Nariño.

Según Lozano, dicha opción tendría más motivaciones electorales que sociales, y restaría legitimidad al procedimiento democrático ordinario del Congreso.

Lea también: (Registraduría remite a altas cortes definición jurídica sobre consulta popular)

“El Gobierno parece más interesado en conservar el tema de la reforma como argumento político, antes que en tramitarlo de manera definitiva. En el Congreso tenemos una obligación institucional de aprobar o rechazar leyes, pero no de servir de plataforma para campañas permanentes”, declaró.

Ante el contexto de polarización legislativa y la reciente propuesta de consulta popular anunciada por el presidente Gustavo Petro para el 7 de agosto, la senadora aseguró que el Congreso no debe dejarse arrastrar por provocaciones externas ni por escenarios alternativos que desvíen la atención de la labor parlamentaria.

Enfatizó que la reforma laboral debe ser discutida y resuelta en el marco de la institucionalidad vigente, y que los mecanismos extraordinarios como decretos o consultas masivas solo deberían emplearse en ausencia de funcionamiento legislativo, lo cual, en este caso, no ocurre.

Asimismo, criticó la posición cambiante del Gobierno frente al tratamiento a las microempresas. Según su relato, durante el trámite de la reforma tributaria ya se había aprobado un enfoque diferencial para este tipo de unidades productivas, el cual luego fue objetado por el propio Ejecutivo.

“En ese momento no les pareció adecuado. Ahora que les resulta conveniente para defenderse ante la opinión pública, lo presentan como si fuese una innovación. No hay coherencia”, señaló Lozano.

La senadora cerró su intervención con un llamado a sus colegas del Congreso y a los funcionarios del Gobierno a separar el trámite legislativo de las disputas partidistas.

Sostuvo que el enfoque debe ser técnico, orientado al bienestar de los trabajadores, y no político ni electoral. Recordó que la reforma contiene disposiciones que afectan de manera directa a grupos laborales históricamente excluidos, como el de las trabajadoras del servicio doméstico, quienes en la actualidad se enfrentan a jornadas extendidas sin remuneración por horas extras.

“Si esta legislatura termina sin que se apruebe la reforma, se habrá perdido una oportunidad para dignificar condiciones laborales y corregir inequidades. Cada hora que se pierde en el Congreso es una oportunidad menos para avanzar en derechos fundamentales. Estamos a tiempo de tomar decisiones responsables, pero el margen es limitado”, concluyó.

Otras noticias