Por primera vez desde 1959: el régimen cubano abre la economía a los exiliados

El Gobierno de Cuba anunció una serie de reformas económicas destinadas a permitir una mayor participación de los cubanos residentes en el exterior en la economía de la isla, incluyendo la posibilidad de invertir, asociarse con empresas locales y operar cuentas bancarias en divisas. El anuncio fue realizado por autoridades del Ejecutivo cubano en medio de una profunda crisis económica que atraviesa el país.

Las medidas implican un cambio significativo respecto a décadas de políticas restrictivas hacia la diáspora cubana, que tradicionalmente ha tenido limitaciones para invertir o participar directamente en negocios dentro del país.

De acuerdo con funcionarios del gobierno, la apertura busca atraer capital y dinamizar sectores productivos afectados por la escasez de divisas, la caída de importaciones y el deterioro de la infraestructura económica.

Entre las disposiciones anunciadas se encuentra la autorización para que cubanos residentes fuera del país puedan ser propietarios o socios de empresas privadas dentro de Cuba.

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Estas asociaciones no se limitarían únicamente a pequeños negocios, sino que podrían abarcar proyectos de mayor escala, incluyendo infraestructura, turismo u otras actividades económicas.

Asimismo, se permitirá que los cubanos que viven en el exterior establezcan alianzas comerciales con empresas privadas ya existentes en la isla y con entidades estatales, ampliando el margen de cooperación económica entre el Estado y el sector privado emergente.

Otra de las medidas contempla la posibilidad de que estos ciudadanos participen en el sistema financiero del país.

Según autoridades cubanas, los residentes en el exterior podrán abrir cuentas bancarias en divisas dentro de bancos de la isla, lo que facilitaría transacciones e inversiones.

El paquete de reformas también prevé otorgar tierras en régimen de usufructo para el desarrollo de proyectos agrícolas o productivos, una fórmula que el gobierno cubano ha utilizado anteriormente para estimular la producción sin transferir la propiedad plena de los terrenos.

Con este mecanismo, inversionistas o empresarios vinculados a la diáspora podrían desarrollar iniciativas productivas en cooperación con actores locales, bajo supervisión del Estado.

Contexto: crisis económica y energética

El anuncio se produce en un contexto de deterioro económico profundo en Cuba. La isla enfrenta escasez de alimentos, falta de divisas y frecuentes apagones eléctricos derivados del envejecimiento de su infraestructura energética y de la disminución de importaciones de petróleo.

En los últimos meses se han registrado apagones generalizados que afectan a millones de personas, reflejo de la fragilidad del sistema eléctrico nacional. Analistas advierten que la crisis energética y la falta de liquidez han presionado al gobierno a buscar nuevas fuentes de inversión y financiamiento.

Paralelamente, la economía cubana también ha enfrentado restricciones financieras. Informes de medios y fuentes empresariales han señalado que el país ha limitado la extracción y transferencia de divisas depositadas por empresas extranjeras en bancos locales, una señal de la escasez de liquidez en moneda fuerte.

En los últimos años el gobierno cubano ha comenzado a permitir la expansión de las denominadas mipymes (micro, pequeñas y medianas empresas privadas), lo que ha significado la primera apertura significativa al sector privado en décadas.

En 2026, nuevas disposiciones legales también han autorizado la creación de empresas mixtas público-privadas, algo inédito desde la revolución de 1959.

Especialistas señalan que estas medidas reflejan un intento del gobierno por reactivar la economía sin modificar el sistema político centralizado.

Sin embargo, el alcance real de las reformas dependerá de su implementación y del contexto internacional, especialmente de las sanciones y restricciones comerciales que afectan a la isla.

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