Gobierno confirma nueva reforma tributaria: el proyecto se presentará el 20 de julio y prevé aumento de impuestos

El presidente de la República, Gustavo Petro, confirmó que el Gobierno nacional presentará ante el Congreso una nueva iniciativa de reforma tributaria que implicará mayores contribuciones fiscales para determinados sectores de la población.

De acuerdo con lo expuesto por el mandatario, el proyecto de ley será radicado el próximo 20 de julio, fecha en la que se instalará el nuevo periodo legislativo del Congreso de la República.

El anuncio se produjo durante el Consejo de Ministros del 16 de marzo, escenario en el que el jefe de Estado señaló que la iniciativa buscará responder a las necesidades fiscales del país y cubrir el faltante presupuestal proyectado para el año 2026.

Según explicó, el Presupuesto General de la Nación (PGN) para esa vigencia presenta un déficit estimado en $16 billones, situación que, a juicio del Ejecutivo, exige la adopción de nuevas medidas de carácter tributario.

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Durante su intervención, Petro sostuvo que la propuesta será presentada nuevamente después de que iniciativas similares fueran rechazadas por el Congreso y cuestionadas en decisiones de la Corte Constitucional.

En ese contexto, indicó que el curso que siga la reforma dependerá de la conformación política del nuevo Congreso y de las decisiones que adopte el electorado.

“La reforma tributaria se presentará el 20 de julio como proyecto de ley. Dependerá del pueblo y de su elección si retrocede o no”, manifestó el presidente ante los integrantes del gabinete.

Reforma orientada a reducir el déficit fiscal

El Gobierno explicó que el nuevo proyecto de ley tendrá como uno de sus objetivos centrales la reducción del déficit fiscal y el fortalecimiento de la estabilidad macroeconómica.

Entre las medidas consideradas se encuentra la eliminación definitiva de subsidios a los combustibles, así como ajustes relacionados con el manejo de la deuda pública.

Petro señaló que la suspensión de estos subsidios permitirá reducir presiones sobre las finanzas estatales y mejorar los indicadores fiscales. En su exposición afirmó que la política de subsidios a la gasolina ya llegó a su fin.

“Ya no vamos a pagar el subsidio a la gasolina. Eso permite que el déficit primario disminuya y también reduce el costo de la deuda y los flujos de pago”, afirmó el mandatario.

En años anteriores, el financiamiento del subsidio a los combustibles generó obligaciones significativas para el Estado.

De acuerdo con las cifras mencionadas por el Gobierno, los pagos destinados a cubrir el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) alcanzaron aproximadamente $70 billones en distintos periodos.

La eliminación de este mecanismo, según la administración nacional, permitiría redirigir recursos hacia otras obligaciones presupuestales.

Postura frente a la situación financiera del sistema de salud

Durante la misma sesión del Consejo de Ministros, el presidente también se refirió a la situación financiera del sistema de salud, en particular a las deudas acumuladas por varias Entidades Promotoras de Salud (EPS).

El mandatario expresó que el Gobierno no considera viable aumentar el endeudamiento público para cubrir los pasivos de dichas entidades.

Según expuso, asumir esas obligaciones mediante deuda estatal tendría consecuencias negativas para las finanzas públicas.

“Sacar 50 billones de deuda del Gobierno para pagar la deuda de las EPS, es decir, para pagar a los dueños privados de las EPS, sería un suicidio para Colombia. Es preferible liquidarlas”, sostuvo el presidente.

En ese sentido, instruyó a los ministros de Hacienda y de Salud para que se adelanten procesos de liquidación en aquellas EPS que se encuentren en situación de insolvencia.

De acuerdo con lo expresado por el jefe de Estado, la decisión responde a la falta de aprobación de la reforma estructural al sistema de salud en el Congreso.

“Ministro de Hacienda y ministro de Salud: todas las EPS que estén en quiebra se liquidan, dentro o fuera. El Congreso no aprobó la reforma y solo queda este último acuerdo”, manifestó.

Cuestionamientos a la política monetaria

El presidente también formuló críticas a la política monetaria aplicada en el país, en particular al nivel de las tasas de interés. En su intervención indicó que tasas elevadas afectan el acceso al crédito y repercuten en diferentes sectores de la economía.

Según explicó, el aumento de las tasas incide en la financiación de vivienda y limita el consumo de los hogares.
“Subir la tasa de interés daña la calidad de vida de los colombianos”, expresó el mandatario.

El jefe de Estado sostuvo que la política monetaria también tiene efectos en el mercado inmobiliario y en la dinámica del tipo de cambio, al influir en la apreciación del peso frente a otras monedas.

Críticas a decisiones del Congreso y de la Corte Constitucional

Horas antes del Consejo de Ministros, el presidente Petro se refirió a la discusión legislativa que enfrentaron las iniciativas fiscales impulsadas por el Gobierno.

En declaraciones públicas, señaló que el Congreso de la República y la Corte Constitucional impidieron la aprobación de cambios orientados a modificar la estructura tributaria.

Según el mandatario, la negativa a aumentar la tributación sobre determinados tipos de ingresos considerados no productivos limitó la posibilidad de avanzar en un sistema fiscal que, en su concepto, debería ser más progresivo.

Petro afirmó que el país necesita fortalecer su estructura de recaudo y ampliar la base tributaria para garantizar el funcionamiento del Estado y cumplir compromisos presupuestales.

Debate sobre recortes al gasto público

En el marco de la discusión fiscal, el presidente también se refirió a propuestas formuladas por economistas y analistas que han planteado la posibilidad de aplicar recortes significativos al gasto estatal.

En particular, mencionó el debate internacional sobre programas de ajuste fiscal aplicados en otros países. Sin mencionar medidas específicas, aludió a políticas implementadas en Argentina durante la administración del presidente Javier Milei, en las que se han planteado reducciones en el gasto público.

El mandatario colombiano expresó que un ajuste fiscal basado en recortes de gran escala podría generar efectos contrarios a los principios del Estado Social de Derecho consagrado en la Constitución.

Según explicó, reducciones amplias en el gasto podrían afectar la garantía de derechos fundamentales y el funcionamiento de programas estatales en áreas sociales.

Impuestos sobre rentas consideradas especulativas

El presidente reiteró que, desde la perspectiva del Gobierno, el equilibrio fiscal debe alcanzarse principalmente mediante el crecimiento de la producción y el aumento de impuestos sobre rentas catalogadas como especulativas.

Durante su intervención mencionó el concepto de “renta diferencial”, con el cual se refiere a ingresos generados en determinados sectores económicos cuya estructura de mercado podría permitir la aplicación de nuevos tributos sin trasladar necesariamente el costo al consumidor final.

Entre los sectores mencionados por el mandatario se encuentran:
El sistema financiero
El sector eléctrico
La actividad minera
El arrendamiento de tierras

De acuerdo con el presidente, las reformas orientadas a modificar la tributación en estos sectores enfrentaron obstáculos durante su trámite legislativo. Indicadores económicos mencionados por el Gobierno.

En su exposición, Petro también hizo referencia a variables económicas relacionadas con la inversión y el consumo. Señaló que la inversión nacional, medida a través de la adquisición de maquinaria, insumos y contratación de mano de obra, ha registrado un crecimiento.

Asimismo, indicó que el nivel de confianza del consumidor en Colombia se ubica por encima del registrado en otros países integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Según explicó, la evolución de la tasa real de interés tiene efectos en el comportamiento del tipo de cambio y en la actividad del sector inmobiliario.

Antecedentes: la reforma tributaria presentada en 2025

La nueva iniciativa anunciada por el Gobierno se produce después de que el Congreso rechazara en 2025 un proyecto de ley de financiamiento que buscaba respaldar el presupuesto nacional proyectado para 2026.

Ese proyecto, presentado ante el Congreso en septiembre de 2025, tenía como objetivo apoyar un Presupuesto General de la Nación estimado en 556 billones de pesos.

En su momento, el ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, explicó que la propuesta pretendía introducir modificaciones graduales en el sistema tributario con el fin de aumentar el recaudo estatal.

Según el ministro, el diseño de la reforma priorizaba el aumento de impuestos a personas naturales con mayores ingresos, con el propósito de reducir el impacto sobre el empleo y el crecimiento económico.

“Está dirigida a personas naturales de mayores ingresos más que a las empresas, porque queremos no afectar la generación de empleo y el crecimiento económico del país”, señaló entonces el funcionario.

Estructura del proyecto de ley rechazado

El texto normativo presentado en 2025 tenía una extensión de 53 páginas y estaba compuesto por 95 artículos distribuidos en cuatro capítulos principales:

Gasto tributario
Impuesto sobre la renta y patrimonio
Otros impuestos
Medidas administrativas relacionadas con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)

La iniciativa incluía modificaciones en distintos tributos y proponía la creación de nuevos gravámenes en varios sectores de la economía.

Cambios tributarios propuestos en la iniciativa

Entre las medidas planteadas en el proyecto rechazado por el Congreso se encontraban las siguientes disposiciones:

Ajustes en el impuesto al valor agregado (IVA)
Se proponía aplicar la tarifa del 19% a diferentes servicios y actividades, entre ellos:
Bebidas alcohólicas
Juegos de azar
Hospedaje prestado a personas no residentes
Servicios de software en la nube
Procedimientos de cirugía estética
Arrendamiento de espacios para exposiciones
Servicios de transporte de valores
También se contemplaba aplicar esa tarifa al carbón carburante a partir de julio de 2026.
Aumento gradual del IVA a combustibles

La propuesta incluía incrementos progresivos en la tributación de la gasolina y el ACPM hasta alcanzar una tarifa del 19% en 2027, medida que, según el Gobierno, buscaba reducir el consumo de combustibles fósiles.
Impuesto al patrimonio

El proyecto planteaba un esquema escalonado de impuesto al patrimonio que podría alcanzar una tarifa de hasta 5% para los niveles más altos de riqueza.

Ganancias ocasionales

La tarifa aplicable a ganancias derivadas de rifas y apuestas pasaría del 20% al 30%.
Sobretasas sectoriales

Entre los cambios propuestos figuraban:

Aumento de la sobretasa para el sector financiero, que pasaría del 35% al 50%.

Creación de una sobretasa del 15% para la extracción de carbón

Establecimiento de un impuesto del 1% sobre la primera venta o exportación de petróleo crudo y carbón, con excepción de pequeños productores

Dividendos enviados al exterior

La iniciativa proponía aumentar el gravamen sobre dividendos enviados al exterior del 20% al 30%.

Ampliación de la base tributaria

El proyecto también contemplaba la aplicación del IVA sobre el componente inflacionario de los rendimientos financieros y sobre los servicios de hospedaje prestados a visitantes no residentes.

Impuestos al consumo de bienes específicos

Entre las disposiciones adicionales se incluían incrementos en el impuesto al consumo de determinados bienes y servicios, entre ellos:
Vehículos
Yates
Motocicletas
La tarifa pasaría del 16% al 19%.
Asimismo, se planteaba aplicar gravámenes a las boletas de espectáculos cuyo valor superara los 500.000 pesos, y establecer un IVA del 30% para cigarrillos electrónicos.

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