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Sectores políticos reaccionan a suspensión del aumento del salario mínimo
Dirigentes de oposición y candidatos presidenciales cuestionaron el decreto del 23% suspendido por el Consejo de Estado.
La decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el decreto que fijaba un aumento del 23 % en el salario mínimo para 2026, expedido por el presidente Gustavo Petro, desató una ola de reacciones desde distintos sectores políticos, tanto de oposición como del propio espectro oficialista.
Una de las voces más críticas fue la representante a la Cámara y candidata al Senado por la Alianza Verde, Katherine Miranda, quien aseguró que el mandatario conocía de antemano los riesgos jurídicos de la medida. “Gustavo Petro se burló de los colombianos. Él sabía que no podía decretar un aumento del 23 % del salario mínimo sin un sustento técnico y legal y aun así lo hizo en plena época electoral para vender una ilusión”, afirmó la congresista.
En contraste, el candidato presidencial Mauricio Cárdenas planteó un camino intermedio: defender el incremento, pero con ajustes que permitan a los empresarios asumir el impacto. “Propongo que no se eche para atrás el incremento del salario mínimo, pero que al mismo tiempo los empresarios lo puedan pagar bajándoles las cargas tributarias”, señaló.
El expresidente Álvaro Uribe Vélez, líder del Centro Democrático, también respaldó la idea de mantener el aumento, aunque insistió en la necesidad de reducir el tamaño del Estado y aliviar la carga impositiva. “Menos costos en el Estado, menos impuestos para los emprendedores y buen salario mínimo”, expresó, en línea con una propuesta impulsada por la candidata de su colectividad, Paloma Valencia.
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Por su parte, el candidato presidencial Juan Fernando Cristo calificó la decisión del alto tribunal como “incomprensible y sin precedentes”. A su juicio, la suspensión afecta los derechos de los trabajadores y contradice los principios del Estado social de derecho.
Desde el Ejecutivo, el presidente Petro cuestionó con dureza la determinación del Consejo de Estado, al considerar que impacta directamente el poder adquisitivo de los trabajadores. “Disminuir la demanda por alimentos vitales en Colombia en las actuales circunstancias llevaría a detener la economía nacional y a aumentar el hambre y la desnutrición infantil. Eso atenta contra la vida”, afirmó el mandatario.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, también criticó la decisión judicial y señaló que las altas cortes y el Congreso han limitado las iniciativas del Gobierno en materia social y tributaria.
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