Ministro de Hacienda detalla decreto de emergencia que busca recaudar $8 billones

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, dio a conocer los alcances del nuevo decreto de emergencia económica expedido por el Gobierno nacional para atender los efectos de la crisis climática que golpeó con fuerza al norte del país, especialmente al departamento de Córdoba.

Según explicó el funcionario, la nueva declaratoria —formalizada mediante el decreto C-250 de 2026— busca habilitar medidas tributarias extraordinarias que permitan recaudar más de 8 billones de pesos destinados a la recuperación de infraestructura, vivienda, vías, cultivos, colegios y hospitales afectados por inundaciones y fenómenos asociados a un frente frío.

Ávila señaló que la decisión se adoptó luego de que la Corte Constitucional suspendiera las medidas tributarias incluidas en la primera emergencia económica. Mientras no se levante esa suspensión, indicó, el Ejecutivo no puede utilizar las herramientas previamente expedidas.

Impuesto al patrimonio empresarial

El eje central del nuevo paquete será un impuesto al patrimonio dirigido exclusivamente a personas jurídicas. La propuesta contempla que las empresas con patrimonios líquidos superiores a 10.000 millones de pesos paguen una tarifa del 0,6%, mientras que aquellas que superen los 30.000 millones deberán aportar el 1,2%.

De acuerdo con los cálculos del Ministerio, cerca de 15.000 empresas asumirían este aporte extraordinario, que regirá únicamente durante 2026. El Gobierno estima que con esta medida se podrán recaudar más de 8 billones de pesos, aunque el ministro advirtió que la cifra podría ajustarse a medida que se consoliden los reportes definitivos de daños.

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Ávila defendió la iniciativa al recordar que tras el fenómeno de La Niña en 2009 y 2010 también se aplicó un impuesto a la riqueza. Además, sostuvo que las compañías con mayores patrimonios registran una tasa efectiva de tributación inferior al promedio del sector empresarial, lo que, en su criterio, justifica concentrar el gravamen en ese segmento.

Inversiones forzosas para reactivar el crédito

El ministro confirmó que el Gobierno evalúa reforzar el esquema de inversiones forzosas, un mecanismo que obliga a las entidades financieras a destinar parte de sus recursos hacia sectores estratégicos definidos por el Estado.

Aunque actualmente existen inversiones forzosas canalizadas a través de entidades como Finagro y el Banco Agrario, el Ejecutivo estudia ampliarlas para garantizar crédito con tasas compensadas al sector agropecuario, uno de los más afectados por las inundaciones.

Asimismo, se analiza dirigir recursos adicionales hacia Bancóldex para financiar a micro, pequeñas y medianas empresas en zonas urbanas y semiurbanas impactadas por la emergencia.

Ávila reconoció que el pacto previo con la banca comercial para dinamizar el crédito no ha tenido los resultados esperados, por lo que considera necesaria una intervención más decidida utilizando instrumentos ya existentes para reorientar recursos del sistema financiero hacia la recuperación productiva.

El ministro también descartó destinar en su totalidad recursos del Sistema General de Regalías para atender la emergencia, al señalar que la disponibilidad real es menor a la estimada por algunos sectores y que concentrarlos en una sola región afectaría proyectos en otras zonas del país.

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