Se hundió la Jurisdicción Agraria en el Congreso: Gobierno la volverá a presentar en julio

La iniciativa legislativa que buscaba reglamentar la jurisdicción agraria en Colombia no logró culminar su trámite en el Congreso de la República durante la actual legislatura, situación que llevó al Gobierno nacional a reconocer el hundimiento del proyecto y a anunciar que será presentado nuevamente después del inicio del próximo periodo legislativo.

La ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Martha Carvajalino, confirmó que la propuesta no alcanzó a avanzar dentro de los tiempos establecidos por el calendario del Congreso, lo que impidió su aprobación antes del cierre de las sesiones ordinarias.

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El proyecto tenía como propósito establecer las normas necesarias para el funcionamiento de la jurisdicción agraria y rural, una figura creada para atender controversias relacionadas con la propiedad, uso, tenencia y administración de la tierra.

Tras conocerse que la iniciativa no continuaría su curso en esta legislatura, la funcionaria expresó su preocupación por la falta de una discusión amplia sobre el contenido del articulado. Según explicó, el debate no se concentró en el análisis de los aspectos sustanciales de la propuesta, sino que terminó condicionado por diferencias políticas que impidieron avanzar hacia acuerdos entre los distintos sectores involucrados.

Carvajalino señaló que uno de los principales problemas durante el trámite fue la imposibilidad de exponer ante el país las distintas visiones existentes alrededor del proyecto.

En ese sentido, sostuvo que la ausencia de una deliberación profunda limitó la oportunidad de construir consensos frente a una reforma que, según el Gobierno, busca ofrecer herramientas para resolver conflictos sobre la tierra y fortalecer la institucionalidad agraria.

La ministra manifestó que algunos sectores mantuvieron posiciones que, a juicio del Ejecutivo, dificultaron el desarrollo de la discusión legislativa. Indicó que el escenario no permitió acercamientos suficientes para lograr una fórmula de consenso que facilitara la aprobación de la iniciativa antes de finalizar el actual periodo parlamentario.

Dentro de sus declaraciones, la titular de la cartera de Agricultura hizo referencia a la participación de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) en el debate. De acuerdo con la funcionaria, la posición asumida por la presidencia de ese gremio representó uno de los principales obstáculos para avanzar en la construcción de acuerdos alrededor del proyecto.

La ministra sostuvo que el Gobierno encontró dificultades para establecer espacios de concertación que permitieran superar las diferencias existentes frente a la propuesta. En su concepto, la falta de entendimientos entre los distintos actores redujo las posibilidades de sacar adelante una norma que el Ejecutivo considera necesaria para el sector rural.

Durante su pronunciamiento, Carvajalino también relacionó el resultado del trámite con el contexto político que atraviesa el país. Explicó que la proximidad del proceso electoral y la terminación del periodo legislativo incidieron en el desarrollo de las discusiones, lo que terminó afectando las posibilidades de que la iniciativa completara los debates requeridos para convertirse en ley.

La funcionaria afirmó que las principales consecuencias de este resultado recaen sobre la población campesina. Según indicó, la ausencia de una reglamentación de la jurisdicción agraria limita el acceso de muchos habitantes rurales a mecanismos especializados para la resolución de conflictos relacionados con la tierra.

Asimismo, señaló que el país pierde una herramienta que, en criterio del Gobierno, podría contribuir a mejorar la administración de los bienes públicos rurales y de los terrenos baldíos.

De acuerdo con la ministra, la falta de aprobación del proyecto también representa una dificultad para avanzar en políticas orientadas a la transformación del campo y a la resolución de disputas históricas asociadas al acceso y uso de la tierra.

Carvajalino insistió en que la justicia agraria constituye uno de los componentes contemplados dentro de los compromisos del Estado para atender las demandas del sector rural. En esa línea, reiteró que la creación de mecanismos especializados para tramitar conflictos agrarios es considerada por el Ejecutivo como una herramienta vinculada a los esfuerzos de construcción de paz en los territorios.

La ministra recordó que la jurisdicción agraria ha sido una de las solicitudes planteadas durante años por organizaciones campesinas y diversos sectores relacionados con el desarrollo rural. Por ello, expresó su expectativa de que el nuevo Congreso retome el estudio de la propuesta una vez se instale la próxima legislatura.

Según explicó, el tiempo restante en el actual periodo parlamentario ya no permite continuar con el trámite del proyecto, razón por la cual la discusión deberá comenzar nuevamente a partir de la siguiente legislatura, que iniciará después del 20 de julio.

El Gobierno nacional anunció que trabajará en la nueva radicación de la iniciativa con el propósito de reactivar el debate legislativo sobre la jurisdicción agraria.

La intención de la administración es que el Congreso vuelva a estudiar una propuesta orientada a definir las reglas de funcionamiento de esta jurisdicción y a establecer mecanismos para la atención de controversias relacionadas con la tierra en diferentes regiones del país.

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