Abogado de Gustavo Petro niega fiestas con mujeres y alcohol en casas privadas: “Eran por seguridad nacional”

Alejandro Carranza, abogado del expresidente Gustavo Petro, negó que durante su mandato se hubieran realizado fiestas con mujeres y consumo de alcohol en viviendas particulares de Bogotá. El penalista aseguró que los desplazamientos del exmandatario a esos inmuebles respondían a informes de inteligencia sobre posibles atentados contra su vida y que los encuentros realizados fuera de la Casa de Nariño estaban relacionados con asuntos de seguridad nacional.

Las declaraciones fueron entregadas después de conocerse testimonios de antiguos funcionarios de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y miembros de la Policía sobre la utilización de varias viviendas de la capital durante la administración Petro.

“No hubo fiestas, alcohol ni mujeres. Eso es falso. Las reuniones que se dieron por fuera de Casa de Nariño fueron para tratar temas de seguridad nacional”, afirmó Carranza, quien explicó que había consultado previamente con el expresidente las respuestas a los señalamientos.

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El abogado reconoció que Petro se desplazaba a residencias particulares, pero sostuvo que esos movimientos estaban relacionados con amenazas detectadas por organismos de inteligencia. Según su versión, cuando existían advertencias sobre posibles ataques, se adoptaban medidas que incluían cambiar temporalmente el lugar de permanencia del entonces jefe de Estado.

Carranza mencionó dos circunstancias que, de acuerdo con su explicación, motivaron esos desplazamientos. La primera fue el supuesto retiro, por parte de Estados Unidos, de sistemas antidrones y equipos destinados a proteger la Casa de Nariño. La segunda estuvo relacionada con el hallazgo de un mortero que presuntamente iba a ser utilizado para atacar al mandatario.

“Cuando había informes de inteligencia sobre algún plan o atentado en su contra, el señor presidente se movía a esas casas”, manifestó el penalista, quien relacionó los cambios de ubicación con las alertas recibidas durante el gobierno anterior.

Las afirmaciones sobre el retiro de equipos de protección y las amenazas corresponden a la versión de la defensa. No se han divulgado los informes de inteligencia que permitan establecer las fechas, las características de los riesgos mencionados ni su relación específica con cada uno de los inmuebles.

La controversia surgió después de que se recogieran declaraciones de exfuncionarios de inteligencia y de integrantes de los esquemas de protección presidencial sobre la utilización de varias propiedades en Bogotá.

Entre los lugares mencionados aparecen dos viviendas ubicadas en el sector de Quinta Paredes, cerca de Corferias, y otra propiedad situada en el sur de la ciudad. Los testimonios señalan que algunos inmuebles eran utilizados para encuentros que no quedaban registrados en las instalaciones de la Presidencia.

Uno de los testimonios conocidos indica que por las propiedades habrían pasado funcionarios de alto nivel, entre ellos un director de la Policía, un integrante de una alta corte y un ejecutivo del grupo Ecopetrol. Según esa versión, las casas servían tanto para reuniones relacionadas con asuntos de Estado como para encuentros privados.

Sobre las visitas al sector de Quinta Paredes, Carranza explicó que Petro acudía a esa zona para encontrarse con un familiar. También rechazó que el entonces presidente hubiera impartido instrucciones para reducir la presencia de sus escoltas durante esos desplazamientos.

De acuerdo con el abogado, los integrantes del esquema de seguridad se distribuían por los alrededores de las propiedades y no permanecían concentrados frente a una sola vivienda.

Respecto de la casa localizada en el sur de Bogotá, donde los testimonios mencionaron la presencia de una organización delincuencial en el sector, el penalista negó que Petro hubiera permanecido en ese inmueble.

“El señor expresidente dice que él no hubiese tenido ningún inconveniente en quedarse en el sur de la capital. Sin embargo, eso nunca sucedió”, sostuvo Carranza.

Por su parte, Jorge Lemus, exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia, reconoció la existencia de casas utilizadas para actividades de inteligencia y reuniones que no se realizaban en la Casa de Nariño. Sin embargo, aseguró que Petro no asistió a esos inmuebles y rechazó que se hubieran destinado a las actividades privadas denunciadas.

Las versiones de Carranza y Lemus presentan diferencias sobre la presencia del expresidente en determinadas propiedades, aunque ambos rechazan que las viviendas de inteligencia se utilizaran para fiestas.

Las declaraciones del abogado también se producen en medio de las denuncias relacionadas con la presunta utilización de contratos estatales para obtener favores sexuales durante el gobierno Petro.

Una de las denunciantes es Deyci Jiménez, quien aseguró públicamente que habría recibido contratos con entidades del Estado a cambio de favores sexuales al entonces mandatario. Sus señalamientos forman parte de las actuaciones que adelantan las autoridades judiciales.

Jiménez compareció el jueves 29 de octubre ante la Corte Suprema de Justicia, donde ratificó sus acusaciones durante una diligencia que se prolongó cerca de cuatro horas.

La declaración fue recibida por el magistrado Javier Fernando Fonseca Alvarado. Durante la diligencia se abordaron aspectos relacionados con los contratos mencionados por la denunciante y los hechos que atribuye al expresidente.

Según la información conocida sobre esa comparecencia, Jiménez se comprometió a entregar su teléfono celular para una inspección de la Policía Judicial. También se conoció que no respondió algunas preguntas formuladas durante la diligencia.

En paralelo, el director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Carlos Andrés Ríos, denunció la presunta instrumentalización de 48 mujeres mediante contratos de prestación de servicios durante la administración anterior.

Los señalamientos se refieren a posibles vinculaciones contractuales que, según la denuncia, habrían estado relacionadas con exigencias de carácter sexual. La existencia de responsabilidades individuales por esos hechos no ha sido establecida mediante una decisión judicial definitiva.

Carranza rechazó las acusaciones contra su representado y anunció actuaciones legales frente a quienes han divulgado señalamientos sobre la conducta personal del expresidente. Entre las personas mencionadas por el abogado figura Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre, contra quien informó que se han presentado denuncias.

El penalista también aseguró que asumirá la representación de varias trabajadoras de la Presidencia que, según su relato, estarían siendo sometidas a presiones para entregar información sobre su relación laboral o personal con Petro.

Como parte de esos señalamientos, Carranza relató el caso de una mujer que habría sido citada el jueves 29 de octubre a una oficina del Dapre mediante un mensaje de WhatsApp.

De acuerdo con la versión del abogado, la trabajadora fue interrogada durante aproximadamente cuatro horas por dos hombres que se presentaron como investigadores y que, presuntamente, pertenecían a la Dirección Nacional de Inteligencia.

Las preguntas habrían estado relacionadas con su ingreso a la entidad, sus funciones y la relación que mantenía con el expresidente. Carranza sostuvo que posteriormente la mujer fue conducida a un baño, donde una integrante de la Policía adscrita a Protección Presidencial le habría exigido desnudarse para efectuar una requisa.

El abogado aseguró que también fueron revisadas sus pertenencias personales y que, desde el cambio de gobierno del 7 de agosto, la trabajadora no había recibido asignaciones laborales.

Carranza manifestó que solicitará investigar esos hechos y señaló que otras mujeres vinculadas al Dapre habrían enfrentado situaciones similares. Estas acusaciones corresponden a la versión de la defensa y no cuentan, hasta ahora, con una determinación judicial conocida.

El Pacto Histórico también ha denunciado presuntas presiones contra antiguas funcionarias y contratistas de la administración Petro, que, según esa colectividad, estarían orientadas a conseguir testimonios contra el expresidente.

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