Así funciona la poderosa red del microtrafico en pleno centro de Bogotá: asesinatos, amenazas y explosivos

La Fiscalía General de la Nación judicializó a 10 presuntos integrantes de la organización criminal conocida como “Los Boyacos”, señalada de cometer homicidios, ataques con explosivos y amenazas para mantener el control del tráfico de estupefacientes en el barrio Santa Fe, en el centro de Bogotá.

Las investigaciones relacionan a esta estructura con un atentado con granada que dejó una persona muerta y 18 heridas, además de por lo menos seis homicidios registrados durante 2026.

La organización tiene presencia en el sector desde al menos 2024 y operaría mediante una estructura jerarquizada, con cabecillas, administradores de expendios, distribuidores, vendedores, vigilantes y un grupo armado encargado de ejecutar acciones violentas contra quienes representaran una amenaza para sus actividades ilegales.

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Entre los judicializados se encuentra Miguel Vargas Parra, conocido con los alias de “Yimi” o “Boyaco”, identificado por los investigadores como uno de los principales dinamizadores de la organización.

También figura un hombre conocido como “Miguel” o “El Viejo”, quien presuntamente coordinaba la distribución de sustancias ilícitas en seis zonas del barrio Santa Fe, administraba las ganancias obtenidas mediante el microtráfico y participaba en la financiación de la estructura.

Según los elementos materiales probatorios recopilados por la Fiscalía, estos dos hombres habrían ordenado asesinatos contra personas sospechosas de suministrar información a las autoridades, comercializar estupefacientes sin autorización de la organización o intentar retirarse de sus actividades.

Para ejecutar estas órdenes, la estructura presuntamente contaba con un grupo de sicarios que estaría bajo la coordinación de dos hombres conocidos con los alias de “Carramán” y “Drilococo”.

Entre los señalados de integrar este componente armado se encuentran Osneiber Rafael Sabino Aguache, alias “Mailo”, y Reinaldo de Jesús Hernández Bonett, alias “El Diablo”, quienes, según la investigación, habrían participado en acciones violentas y en la protección de los puntos de expendio de estupefacientes.

Uno de los episodios investigados ocurrió el 22 de enero de 2026, cuando una granada fue lanzada contra un grupo de personas que permanecía en una zona concurrida del barrio Santa Fe. La explosión ocasionó la muerte de una persona, lesiones a otras 18 y daños materiales.

La Fiscalía sostiene que el atentado habría sido ordenado por los cabecillas de “Los Boyacos” como represalia contra personas que comercializaban estupefacientes ajenos a la organización, una actividad que, según la hipótesis investigativa, afectaba el control que ejercía la estructura sobre el mercado ilegal de drogas en el sector.

Las investigaciones señalan a alias “Mailo” como el presunto responsable de lanzar el artefacto explosivo desde una motocicleta. Esta atribución forma parte de la hipótesis de la Fiscalía y deberá ser evaluada por las autoridades judiciales competentes.

Además del atentado con granada, los investigadores relacionan a la organización con al menos seis homicidios cometidos durante 2026. Los crímenes habrían ocurrido en medio de disputas por el control del microtráfico, sospechas de colaboración con las autoridades e incumplimientos de las condiciones impuestas por los responsables de la estructura.

Las actividades de policía judicial permitieron identificar posibles maniobras para ocultar estos delitos. Entre ellas se encuentran la eliminación de grabaciones de cámaras de seguridad y el traslado de cuerpos a otros sectores de Bogotá, con el propósito de dificultar el esclarecimiento de los homicidios.

En esta parte de la investigación aparece Yermmy Rincón Alza, alias “Chatico”, señalado de brindar apoyo logístico a la organización y de intervenir en actuaciones posteriores a uno de los asesinatos para favorecer el ocultamiento de lo sucedido.

La Fiscalía indicó que una funcionaria de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá imputó a los 10 procesados, de acuerdo con su posible responsabilidad individual, los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio agravado y terrorismo.

También fueron formulados cargos relacionados con fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido o privativo de las Fuerzas Armadas, o explosivos; ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio, y favorecimiento agravado.

La imputación de estos delitos no significa que todos los procesados hayan sido acusados de las mismas conductas.

La Fiscalía precisó que las responsabilidades fueron individualizadas de acuerdo con los elementos probatorios recopilados durante la investigación.

El resultado judicial fue producto de una investigación estructural desarrollada por la Fiscalía General de la Nación en coordinación con la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) de la Policía Metropolitana de Bogotá.

Mediante análisis criminal, asociación de casos y labores de policía judicial, los investigadores establecieron el posible funcionamiento de la red, sus niveles de coordinación y sus vínculos con distintos hechos violentos ocurridos en la capital.

Las autoridades buscan determinar el alcance de las actividades de la organización y establecer las responsabilidades penales de sus presuntos integrantes en los homicidios y ataques investigados.

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