Ministro Indalecio Dangond le ofrece subsidio a senador Iván Cepeda para que haga “algo productivo”

El ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Indalecio Dangond Baquero, provocó una controversia durante un debate de control político en el Senado de la República, este martes al afirmar que le daría un subsidio al senador Iván Cepeda Castro para “ver si hace algo productivo en su vida”. La declaración generó reclamos de varios congresistas, quienes exigieron respeto al funcionario por la expresión dirigida al integrante del Pacto Histórico.

El episodio ocurrió durante la comparecencia del jefe de la cartera agropecuaria ante el Congreso, donde había sido citado por Cepeda para responder por las decisiones adoptadas por el Gobierno nacional en materia de tierras, producción de alimentos y política agraria.

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La afirmación de Dangond estuvo dirigida personalmente al senador de oposición y provocó intervenciones de otros parlamentarios, quienes cuestionaron el lenguaje utilizado por el ministro durante el ejercicio de control político.

El debate había sido convocado para examinar las medidas implementadas por el Ministerio de Agricultura desde el comienzo del Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, particularmente las relacionadas con la derogatoria de resoluciones que establecieron las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) durante la administración de Gustavo Petro.

Cepeda había calificado las decisiones del Ejecutivo como parte de una “contrarreforma agraria” y solicitado explicaciones sobre los cambios introducidos en los mecanismos de protección de tierras destinadas a la actividad agrícola.

La discusión se desarrolló después de varios enfrentamientos entre el ministro y congresistas del Pacto Histórico por el alcance de las políticas rurales, los programas de financiación agropecuaria y las facultades del Gobierno para modificar las delimitaciones de los territorios destinados a la producción alimentaria.

Las APPA fueron incorporadas al ordenamiento jurídico mediante el artículo 32 de la Ley 2294 de 2023, correspondiente al Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026. Esta disposición estableció instrumentos para identificar y proteger áreas de especial importancia para la producción de alimentos, con incidencia en las decisiones de ordenamiento territorial.

Durante el gobierno anterior se declararon zonas de protección en diferentes regiones, entre ellas La Guajira, Antioquia, Santander, Tolima y Cundinamarca. Las delimitaciones buscaban priorizar la utilización de determinados terrenos para actividades agrícolas y establecer condiciones frente a otros usos del suelo.

El 2 de octubre de 2026, el Ministerio de Agricultura anunció la derogatoria de las disposiciones que habían establecido las APPA en ocho municipios del sur de La Guajira, sobre una extensión aproximada de 80.000 hectáreas. La primera delimitación de esta naturaleza había sido adoptada mediante la Resolución 161 del 20 de junio de 2024.

Posteriormente, Dangond anunció la revocatoria de seis resoluciones relacionadas con 15.839 hectáreas en municipios de la Sabana Centro de Cundinamarca, entre ellos Sopó, Nemocón, Cogua, Tenjo y Tabio.

El Gobierno ha sostenido que las delimitaciones presentaban dificultades técnicas y jurídicas, relacionadas con la reglamentación de la figura y las competencias de los municipios para definir el ordenamiento de sus territorios.

Por su parte, Cepeda y otros dirigentes del Pacto Histórico han cuestionado la eliminación de esas áreas, al considerar que las decisiones pueden afectar la protección de suelos agrícolas y las condiciones de producción de alimentos.

La controversia también involucró al expresidente Gustavo Petro y a la senadora Johana Osorio, quienes cuestionaron la derogatoria de las APPA en La Guajira. Petro señaló que la decisión podría favorecer actividades mineras en territorios cercanos al río Ranchería, donde mencionó la existencia de yacimientos de cobre y plata. Esos señalamientos corresponden a las denuncias formuladas por el exmandatario.

Otro de los asuntos incluidos en los cuestionamientos de la oposición es la administración del agua destinada a las actividades agropecuarias, especialmente en territorios donde la disponibilidad del recurso determina las condiciones para la producción agrícola.

La citación inicial de Cepeda estaba programada para el 13 de octubre. Dangond solicitó su aplazamiento mediante una comunicación dirigida a la presidencia del Senado, en la que informó que se encontraba cumpliendo una misión oficial en el exterior entre el 6 y el 15 de octubre.

La comisión había sido autorizada mediante el Decreto 1487 del 5 de octubre de 2026 e incluía reuniones de cooperación técnica agropecuaria en Israel, actividades con Agroseguro en España y participación en el Foro Mundial de la Alimentación y el Foro de Inversión Mano de la Mano de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en Roma.

Tras recibir la solicitud, Cepeda pidió reprogramar la comparecencia del ministro y sostuvo que el control político debía realizarse oportunamente. El encuentro quedó fijado para este martes 27 de octubre.

Horas antes del debate, el Ministerio de Agricultura había expresado públicamente su inconformidad por la cantidad de citaciones y solicitudes de información presentadas por congresistas del Pacto Histórico durante los primeros 75 días de la administración De la Espriella.

Según el balance divulgado por la entidad, con corte al 20 de octubre, el Ministerio había recibido 30 citaciones a debates de control político, de las cuales 20 procedían de integrantes del Pacto Histórico.

La cartera señaló que esas convocatorias equivalían a una frecuencia de asistencia al Congreso de hasta tres de los cinco días hábiles de la semana. También informó que los cuestionarios relacionados con los debates contenían 378 preguntas.

En el mismo periodo, el Ministerio registró 124 derechos de petición y solicitudes de informes congresionales, de los cuales 61 fueron presentados por integrantes de esa colectividad. Esos requerimientos incluían 614 preguntas.

La entidad sostuvo que el conjunto de solicitudes había generado una carga de 1.626 preguntas durante los primeros 75 días del Gobierno, equivalente a más de 21 requerimientos diarios.

En su pronunciamiento institucional, el Ministerio reconoció que el control político del Congreso constituye una función esencial del sistema democrático, consagrada en la Constitución Política. Al mismo tiempo, afirmó que la magnitud y concentración de las solicitudes podrían representar una utilización de esos instrumentos contraria a su finalidad constitucional.

La cartera utilizó la expresión “asedio institucional” para referirse a la frecuencia de las citaciones y requerimientos de información que ha recibido de congresistas de oposición.

Las diferencias entre Dangond y el Pacto Histórico también se han extendido a la orientación de los programas de apoyo a los pequeños productores rurales.

Durante un debate de control político celebrado el 22 de septiembre ante la Comisión Quinta del Senado, el ministro presentó cinco prioridades de su administración: capacitación de productores, aumento de la producción agrícola, modificación del sistema de financiación agropecuaria, inversión en mecanización y riego, y reorganización de la política de tierras.

En esa sesión, Dangond anunció la intención de ampliar en 1,5 millones de hectáreas el área productiva del país durante los siguientes cuatro años y fortalecer los mecanismos de financiación destinados a pequeños productores.

También propuso vincular a los agricultores con empresas compradoras e industrias mediante instrumentos de financiación y comercialización respaldados por el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro), el Fondo Agropecuario de Garantías y la Bolsa Mercantil de Colombia.

El funcionario planteó que los procesos de adjudicación de tierras estuvieran acompañados de proyectos productivos, asistencia técnica, acceso a tecnología y financiación. Asimismo, mencionó iniciativas para modernizar el régimen agrario, establecer disposiciones especiales para la Orinoquía y avanzar en un Código Agrario único.

Estas propuestas forman parte de la política que el Gobierno ha denominado “Campo Milagro”, orientada a incrementar la producción agropecuaria y modificar los instrumentos de apoyo financiero y técnico a los productores.

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