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El Paraíso del Marino Club de Cartagena se pronuncia por pagos vinculados a la EPS Coosalud
La discoteca rompe el silencio tras revelaciones sobre uso indebido de recursos de la salud.
El establecimiento nocturno El Paraíso del Marino Club, ubicado en Cartagena, emitió un comunicado oficial en el que aseguró que desconoce el origen de los recursos utilizados por sus clientes para pagar consumos, luego de conocerse transacciones por $800.000 efectuadas desde una cuenta de Inversiones Portichelly, empresa vinculada a la Cooperativa Coosalud, durante el periodo en que esta organización se encontraba bajo intervención estatal.
El pronunciamiento, fechado el 26 de octubre de 2026 y firmado por las directivas del establecimiento, se produjo después de que una investigación periodística de la revista Cambio revelara movimientos bancarios relacionados con pagos en un casino, un establecimiento para adultos y retiros de efectivo realizados durante 2025.
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En el documento, las directivas de El Paraíso del Marino Club señalaron que reciben diariamente clientes de diferentes perfiles y actividades económicas, sin disponer de información sobre la procedencia del dinero empleado en las transacciones comerciales.
“Como establecimiento comercial abierto al público, recibimos diariamente visitantes de diversos perfiles y actividades económicas, sin contar con información sobre el origen de los recursos que utilizan para realizar sus consumos”, manifestó la administración del negocio.
El establecimiento, que funciona en el barrio Vista Hermosa de Cartagena y ofrece servicios de entretenimiento nocturno, atención VIP, espectáculos y venta de bebidas, también expresó su disposición para atender los requerimientos de las autoridades relacionados con las operaciones reportadas.
En su comunicación, las directivas manifestaron que comprenden la preocupación generada por los hechos y expresaron su solidaridad frente al caso. Asimismo, reiteraron su compromiso de desarrollar sus actividades comerciales conforme a la legislación colombiana.
El pronunciamiento está relacionado con dos transacciones de $400.000 cada una, registradas el 28 de noviembre de 2025 en El Paraíso del Marino Club. Según los extractos bancarios revelados por Cambio, los pagos se realizaron desde una cuenta de Inversiones Portichelly, sociedad dedicada a la confección de uniformes y vinculada al grupo empresarial de la Cooperativa Coosalud.
Las operaciones se efectuaron cuando la cooperativa se encontraba bajo administración de interventores designados por la Superintendencia de la Economía Solidaria durante el Gobierno de Gustavo Petro.
Los movimientos forman parte de una serie de operaciones identificadas en documentos de empalme elaborados después de que los asociados recuperaran el control de la cooperativa. En esa revisión se encontraron pagos y retiros de efectivo para los cuales, de acuerdo con el informe conocido por Cambio, no se hallaron soportes suficientes en la documentación entregada.
Además de los $800.000 registrados en El Paraíso del Marino Club, los extractos bancarios reportaron cuatro transacciones realizadas el 23 de septiembre de 2025 en Texas Luxury Casino, ubicado en el barrio El Bosque de Cartagena.
Esos pagos sumaron $5 millones, distribuidos en dos operaciones de $1 millón cada una, otra de $2 millones y una cuarta por $1 millón.
A estos movimientos se agregaron retiros de efectivo efectuados entre agosto y diciembre de 2025, cuyo valor neto ascendió a aproximadamente $56,7 millones.
En conjunto, los pagos realizados en los dos establecimientos y los retiros de efectivo alcanzaron aproximadamente $62,5 millones, según el informe de empalme citado en la investigación periodística.
Durante el periodo en que se efectuaron las operaciones, la administración de la Cooperativa Coosalud estaba a cargo del agente interventor Andrés Felipe Arango, designado por la entonces superintendente de la Economía Solidaria, María José Navarro.
Por su parte, Jhonathan Mauricio Ortiz figuraba como representante legal de Inversiones Portichelly, sociedad desde cuya cuenta se realizaron los movimientos bancarios cuestionados.
La exsuperintendente María José Navarro también se pronunció sobre los hallazgos y aseguró que las transacciones no correspondían a recursos destinados a la prestación de servicios de salud.
Según explicó, los pagos fueron realizados desde una empresa de confección de uniformes perteneciente al grupo empresarial de la cooperativa y no directamente desde una cuenta de Coosalud EPS.
Navarro sostuvo que la administración cotidiana de la cooperativa y sus empresas correspondía al agente interventor y a los responsables designados para dirigir las respectivas sociedades.
La exfuncionaria indicó que la Superintendencia ejercía funciones de supervisión sobre la intervención, pero no administraba directamente las cuentas bancarias ni autorizaba individualmente las operaciones comerciales.
También aseguró que el gerente de Portichelly fue retirado de su cargo en diciembre de 2025 y que, el 13 de febrero de 2026, Soluinnova, otra empresa vinculada al grupo Coosalud, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación por los hechos identificados.
“Los controles funcionaron y se activaron las vías legales”, afirmó Navarro al referirse a las actuaciones adelantadas durante su administración.
Los hallazgos sobre Inversiones Portichelly se conocieron en medio de la revisión de las operaciones administrativas, financieras y contractuales desarrolladas durante la intervención de la Cooperativa Coosalud.
En ese proceso también fueron identificados dos contratos por un valor conjunto de $972 millones celebrados entre Soluinnova y Transsem, empresa cuyo representante legal, Alejandro González Pérez, figuraba simultáneamente como representante legal suplente de Soluinnova.
De acuerdo con los documentos conocidos por Cambio, esta relación empresarial fue incluida entre los hallazgos del proceso de empalme por las posibles situaciones de conflicto de interés relacionadas con la contratación.
Navarro aseguró que durante su gestión no tuvo conocimiento de esa doble vinculación entre los representantes de las sociedades involucradas.
La intervención de la Cooperativa Coosalud había sido adelantada por la Superintendencia de la Economía Solidaria. Posteriormente, una decisión judicial ordenó devolver su administración a los asociados, al considerar insuficientes las razones expuestas para prolongar la medida.
Tras la restitución del control administrativo, la nueva dirección de la cooperativa emprendió la revisión de los movimientos financieros y de las actuaciones desarrolladas por los responsables de las sociedades vinculadas al grupo empresarial.
En cuanto a El Paraíso del Marino Club, sus directivas limitaron su pronunciamiento a explicar la naturaleza comercial del establecimiento, la atención de clientes y el desconocimiento sobre el origen de los recursos utilizados para pagar sus consumos.
El comunicado no identifica a las personas que efectuaron las dos transacciones por $400.000 ni precisa los servicios o productos adquiridos mediante esos pagos.
El establecimiento concluyó su pronunciamiento reiterando su disposición para colaborar con las autoridades y su intención de continuar desarrollando sus actividades comerciales en Cartagena.
“El Paraíso del Marino Club continuará concentrado en desarrollar su actividad comercial con responsabilidad, respeto por la ley y compromiso con Cartagena y Colombia”, señalaron sus directivas en la comunicación oficial.
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