Crisis financiera de TV Azteca pone en riesgo la conectividad de 788 municipios

La Contraloría General de la República advirtió que la continuidad de los servicios de conectividad en 788 municipios de Colombia podría verse afectada por las dificultades financieras y el proceso de reorganización empresarial de TV Azteca, compañía vinculada a la operación de la Red Nacional de Fibra Óptica, un proyecto financiado con recursos públicos cercanos a los $434.000 millones.

La advertencia fue emitida este martes 27 de octubre, en desarrollo de las actividades de vigilancia fiscal sobre proyectos de telecomunicaciones financiados por el Estado.

Lea también (Gobierno trasladará $750.000 millones del metro de Bogotá y la calle 13 para evitar apagón en el Caribe)

El organismo de control identificó riesgos de incumplimiento de obligaciones contractuales y posibles interrupciones del servicio que afectarían a instituciones públicas, proveedores de internet y comunidades de diferentes regiones del país.

La Contraloría señaló que la situación económica del operador está acompañada de antecedentes de fallas operativas en distintas zonas del territorio nacional.

Estas circunstancias motivaron una alerta preventiva sobre la infraestructura que permite transportar datos y prestar servicios de conectividad en municipios que fueron incorporados al Proyecto Nacional de Fibra Óptica.

La vigilancia fiscal comprende el Contrato de Aporte 437 de 2011, mediante el cual se desarrolló una red de telecomunicaciones destinada a ampliar la cobertura de fibra óptica en Colombia.

El proyecto fue estructurado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y adjudicado a la Unión Temporal Fibra Óptica Colombia, integrada por las compañías mexicanas TV Azteca y Total Play Telecomunicaciones.

El contrato permitió extender la infraestructura de transporte de datos hacia 788 municipios que hacían parte de la estrategia gubernamental para ampliar el acceso a servicios de telecomunicaciones.

La ejecución contempló el despliegue de fibra óptica y la instalación de puntos de conectividad para facilitar la prestación de internet en territorios con limitaciones de infraestructura.

De acuerdo con la información oficial del MinTIC, la iniciativa también incluyó 2.000 instituciones públicas pertenecientes a los sectores de educación, salud, defensa y cultura, que fueron incorporadas al proyecto como beneficiarias de servicios de conectividad durante el periodo establecido contractualmente.

La Contraloría explicó que una eventual suspensión o deterioro de los servicios soportados por esta infraestructura podría comprometer las comunicaciones de alcaldías, hospitales, establecimientos educativos, organismos de seguridad y otras entidades estatales.

Las posibles afectaciones también alcanzarían a comunidades que utilizan conexiones suministradas por operadores locales dependientes de la red de transporte. En esos municipios, la infraestructura mayorista permite que otras empresas comercialicen servicios de internet a hogares, establecimientos comerciales e instituciones.

La alerta se produce mientras Azteca Comunicaciones Colombia participa en un proceso de integración empresarial con Comunicación Celular S. A. (Comcel), compañía que opera comercialmente bajo la marca Claro. La operación se encuentra sometida al procedimiento de autorización de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).

El negocio contempla la incorporación de una red de aproximadamente 32.000 kilómetros de fibra óptica, con presencia en 893 municipios colombianos. Esta infraestructura es utilizada por más de 250 operadores de telecomunicaciones, incluidos proveedores regionales que dependen de sus enlaces para transportar tráfico de internet.

La extensión de 893 municipios corresponde a la cobertura de la infraestructura examinada en la integración empresarial, mientras que los 788 municipios señalados por la Contraloría están asociados al alcance del Proyecto Nacional de Fibra Óptica desarrollado mediante el contrato de 2011.

La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) ya había examinado las consecuencias de esta operación. En un concepto técnico publicado el 4 de septiembre de 2026, la entidad identificó riesgos para la competencia relacionados con el control de las rutas de transporte de datos y las condiciones bajo las cuales otros operadores podrían acceder a la infraestructura.

Según ese estudio, Comcel asumiría la administración de 874 rutas de Azteca Comunicaciones y se convertiría en el único proveedor de conectividad por fibra óptica en 778 de ellas. La CRC también estableció que la integración podría aumentar la concentración del mercado mayorista en distintos municipios.

El organismo regulador precisó que la operación podría generar mejoras en capacidad, cobertura y calidad de las redes de telecomunicaciones. Entre los efectos técnicos examinados se encuentran la ampliación de la infraestructura de transporte, el fortalecimiento de las conexiones de respaldo y la expansión de las redes móviles de cuarta y quinta generación.

Posteriormente, el 20 de octubre, la CRC remitió a la SIC un concepto complementario sobre los compromisos presentados por Comcel para atender los riesgos competitivos de la integración. En ese documento concluyó que las condiciones ofrecidas no permitían descartar todas las afectaciones identificadas.

La entidad encontró que algunos compromisos reproducían obligaciones regulatorias existentes, otros tenían una vigencia limitada y varios carecían de parámetros técnicos suficientes para verificar su cumplimiento.

El análisis identificó 582 municipios en los que, de aprobarse la integración en las condiciones examinadas, quedaría un único prestador de infraestructura de transporte. Otros 104 municipios presentarían una oferta limitada de proveedores.

La CRC también examinó las condiciones de acceso mayorista, los tiempos de reparación, la disponibilidad de capacidad, las rutas alternativas y los mecanismos de verificación del servicio. Estos elementos forman parte del concepto técnico remitido a la autoridad encargada de decidir sobre la operación empresarial.

En agosto de 2026, el regulador había advertido sobre otra situación relacionada con la infraestructura de TV Azteca. En esa oportunidad examinó una controversia contractual entre la compañía y Andean Tower Partners (ATP), vinculada con instalaciones utilizadas para soportar parte de la red de telecomunicaciones.

El informe oficial, publicado el 21 de agosto, identificó 419 sitios y 500 clientes potencialmente involucrados en la controversia. Entre ellos figuraban 245 pequeños proveedores de internet, 149 negocios, 92 empresas y 14 prestadores de redes y servicios de telecomunicaciones.

La CRC estableció que los 245 proveedores locales atendían 57.780 conexiones de internet fijo distribuidas en 261 municipios de 23 departamentos. Estas conexiones representaban aproximadamente una cuarta parte de los accesos registrados en esos territorios.

En 70 municipios, los proveedores vinculados a la infraestructura examinada concentraban más de la mitad de las conexiones de internet fijo, según los datos oficiales utilizados por la comisión.

El estudio identificó una presencia significativa de infraestructura potencialmente involucrada en Boyacá, con 72 nodos; Nariño, con 47; Cundinamarca, con 46, y Santander, con 45.

En cuanto a los servicios prestados por pequeños proveedores, Boyacá registraba presencia de estos operadores en 54 municipios y Cundinamarca en 36. Por número de conexiones, Chocó concentraba aproximadamente 15.000 accesos de internet fijo atendidos por proveedores que utilizaban la infraestructura de TV Azteca.

Estas cifras correspondían a la controversia contractual examinada en agosto y fueron utilizadas por la CRC para establecer el alcance de las posibles afectaciones sobre los usuarios y las empresas que dependen de la red.

En relación con la integración empresarial, la CRC señaló el 20 de octubre que la decisión de autorizar o rechazar la operación corresponde exclusivamente a la Superintendencia de Industria y Comercio.

También precisó que la eventual cesión del contrato del Proyecto Nacional de Fibra Óptica constituye un trámite independiente, cuya decisión corresponde al Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

La Contraloría, por su parte, mantiene la vigilancia fiscal sobre el Proyecto Nacional de Fibra Óptica y el Proyecto Nacional de Conectividad de Alta Velocidad, dos iniciativas destinadas a extender los servicios de telecomunicaciones hacia regiones con dificultades de acceso.

Otras noticias