Gobierno trasladará $750.000 millones del metro de Bogotá y la calle 13 para evitar apagón en el Caribe

El Gobierno nacional solicitó al Congreso de la República autorización para trasladar $750.000 millones inicialmente destinados a la primera línea del metro de Bogotá y a las obras de la calle 13, con el propósito de financiar medidas para enfrentar la crisis del sector eléctrico en la Costa Caribe y reducir el riesgo de interrupciones en el suministro de energía.

La propuesta fue presentada este martes 27 de octubre de 2026 por el ministro de Hacienda y Crédito Público, Miguel Gómez Martínez, durante el debate de las modificaciones al Presupuesto General de la Nación de 2026 en las comisiones económicas del Congreso.

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Según explicó el funcionario, los recursos corresponden a apropiaciones presupuestales que no serán ejecutadas durante la actual vigencia fiscal, debido a una reprogramación de los desembolsos previstos para los dos proyectos de infraestructura de Bogotá.

Del total de $750.000 millones, $437.000 millones corresponden a las obras de la calle 13, mientras que los $313.000 millones restantes estaban contemplados para la primera línea del metro de Bogotá.

El ministro sostuvo que la reorganización de los recursos responde a un proceso iniciado durante la administración del expresidente Gustavo Petro y concluido por el actual Gobierno, encabezado por Abelardo de la Espriella.

Gómez Martínez explicó que las modificaciones presupuestales se concentran en proyectos desarrollados en Bogotá y aseguró que no se reducirán las asignaciones destinadas a sistemas de transporte público de otras regiones del país.

La cartera de Hacienda precisó que el ajuste corresponde exclusivamente a las apropiaciones de 2026 y que no modifica los recursos previstos para 2027. La medida forma parte de una solicitud legislativa que requiere aprobación del Congreso para efectuar los movimientos presupuestales.

Los $750.000 millones provenientes de los proyectos de movilidad de Bogotá integran un traslado presupuestal de $1,2 billones que el Ejecutivo pretende destinar a la atención de las dificultades financieras del sector eléctrico.

Los otros $450.000 millones procederían del presupuesto del Ministerio de Minas y Energía, donde inicialmente estaban destinados al pago de subsidios del servicio de electricidad.

El Ministerio de Hacienda informó que el traslado busca proporcionar liquidez a las empresas de generación térmica, que enfrentan dificultades en la cadena de pagos del sistema eléctrico, particularmente por las obligaciones pendientes de la comercializadora Air-e.

La compañía, intervenida por el Estado desde septiembre de 2024, presta el servicio de energía eléctrica en Atlántico, Magdalena y La Guajira. De acuerdo con las cifras presentadas por el Gobierno, acumula obligaciones por $6,3 billones, de los cuales $1,7 billones corresponden a deudas con empresas generadoras térmicas.

El Ejecutivo señaló que estos compromisos financieros afectan la disponibilidad de recursos de las generadoras para adquirir los combustibles necesarios para producir electricidad. Por esta razón, solicitó que el traslado presupuestal permita atender las obligaciones relacionadas con la operación del sistema.

La destinación de los recursos se realizará a través de los mecanismos previstos para la atención financiera de las empresas del sector eléctrico, entre ellos el Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

La solicitud también está relacionada con las medidas anunciadas por el Gobierno para enfrentar los efectos del fenómeno de El Niño sobre el sistema energético nacional. El presidente Abelardo de la Espriella había solicitado el 12 de octubre al Congreso tramitar con urgencia el traslado de $1,2 billones para atender esta situación.

El mandatario señaló entonces que el Ejecutivo requería recursos dentro del presupuesto de 2026 para financiar las medidas destinadas a prevenir una emergencia en el suministro de electricidad.

Durante su intervención ante las comisiones económicas, Gómez Martínez advirtió sobre las consecuencias que tendría para el suministro de electricidad el incumplimiento de las obligaciones de Air-e con las empresas encargadas de generar energía.

“Si Air-e no le paga a las generadoras térmicas, las generadoras térmicas no pueden comprar el combustible con el cual generan electricidad y eso podría generar un problema muy serio de abastecimiento de energía en esa zona del país”, afirmó el ministro, según el comunicado oficial del Ministerio de Hacienda.

La ministra de Minas y Energía también intervino en la presentación de las modificaciones presupuestales y señaló que las dificultades de liquidez representan un riesgo para el conjunto del sector eléctrico. Explicó que los recursos solicitados permitirían financiar la compra de combustibles necesarios para mantener la operación de las centrales térmicas.

La propuesta presentada al Congreso comprende dos modificaciones al Presupuesto General de la Nación por un valor conjunto de $3,9 billones. Además del traslado de $1,2 billones para el sector energético, el Ejecutivo solicitó una adición presupuestal de $2,7 billones para atender las consecuencias del terremoto ocurrido el 10 de agosto de 2026.

Esta segunda partida se destinaría al Fondo Milagro, mecanismo previsto para financiar la atención de las comunidades afectadas, las actividades de recuperación y la reconstrucción de las zonas que sufrieron daños durante el movimiento sísmico.

El Ministerio de Hacienda explicó que los $2,7 billones procederían de los recursos recaudados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) mediante las medidas tributarias adoptadas para atender la emergencia, incluidos los mecanismos de alivio dirigidos a contribuyentes morosos.

A diferencia de la adición destinada a la reconstrucción, los $1,2 billones solicitados para el sector eléctrico corresponden a una redistribución de apropiaciones existentes dentro del presupuesto de 2026.

La decisión de incluir recursos inicialmente previstos para el metro de Bogotá y la calle 13 generó cuestionamientos de sectores de oposición, que señalaron al Gobierno por trasladar partidas destinadas a proyectos de infraestructura de la capital.

En respuesta, el ministro Miguel Gómez atribuyó la reprogramación de los desembolsos del metro a decisiones adoptadas durante la administración de Gustavo Petro. El funcionario sostuvo que el anterior Gobierno había modificado el calendario de aportes nacionales mediante un otrosí al convenio de cofinanciación del proyecto.

Gómez aseguró que esos desembolsos fueron trasladados de 2026 a 2027 y vigencias posteriores. También defendió la destinación propuesta por el Ejecutivo para atender las obligaciones financieras del sector energético en la Costa Caribe.

El antecedente de la modificación de los desembolsos se remonta a las decisiones presupuestales adoptadas durante 2025, cuando la Nación y el Distrito adelantaron ajustes a los cronogramas de financiación de proyectos de movilidad en Bogotá.

En ese proceso se revisaron los calendarios de aportes nacionales destinados a las obras de transporte, incluidos compromisos de cofinanciación del sistema metro y de infraestructura vial.

La Secretaría Distrital de Hacienda, por su parte, indicó que la reprogramación anunciada no modifica el valor total de los aportes nacionales comprometidos para el proyecto del metro de Bogotá.

El Gobierno mantiene su solicitud de trámite urgente ante el Congreso, debido a que los movimientos presupuestales deben efectuarse dentro de la vigencia fiscal de 2026, cuyo cierre está previsto para el 31 de diciembre.

Al concluir su intervención, el ministro Gómez Martínez insistió en la necesidad de aprobar las modificaciones para financiar las medidas destinadas al sector eléctrico y la atención de los damnificados por el terremoto.

“El tiempo lamentablemente corre no solo en contra del sector eléctrico de nuestro país, sino también, naturalmente, de las personas afectadas que necesitan atención urgente”, manifestó el jefe de la cartera de Hacienda.

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