Eva Ferrer acusa a Verónica Alcocer de transportar droga y US$2.5 millones desde Venezuela

Eva Ferrer, exasesora de Verónica Alcocer y antigua consejera del Gobierno de Gustavo Petro, formuló una serie de denuncias sobre presuntas operaciones de narcotráfico, tráfico de armas, movimientos de dinero desde Venezuela y posibles irregularidades en la financiación de campañas políticas.

Según su testimonio, la ex primera dama habría participado en el traslado de 2,5 millones de dólares desde territorio venezolano hacia Colombia y mantenido relaciones con personas vinculadas, según información que recibió de terceros, a actividades ilícitas.

Las declaraciones fueron entregadas en una entrevista concedida a Vicky Dávila y publicada por la revista Semana.

Durante la conversación, Ferrer sostuvo que Alcocer encabezaba una estructura de personas que presuntamente aprovechaban sus relaciones políticas para obtener beneficios económicos. “A día de hoy digo que sí”, respondió cuando le preguntaron si consideraba que la ex primera dama era la jefe de una organización criminal.

La exfuncionaria explicó que llegó a Colombia durante la campaña presidencial de 2022 para trabajar en una estrategia dirigida a las mujeres y posteriormente ocupó una consejería en el Ejecutivo.

Aseguró que su relación con Alcocer se deterioró cuando comenzó a conocer actuaciones de personas de su entorno que, según afirmó, buscaban intervenir en nombramientos, contratos y decisiones administrativas.

Uno de los señalamientos principales corresponde a un viaje realizado a Venezuela en enero de 2023. Ferrer afirmó que Manel Grau, identificado como integrante del círculo cercano de Alcocer, le contó que durante ese desplazamiento se habían trasladado 2,5 millones de dólares hacia Colombia.

De acuerdo con su relato, Grau le habría explicado que parte del dinero estaba destinado a financiar la campaña política de Mario Fernández Alcocer, primo de la entonces primera dama. La entrevistada sostuvo que, cuando preguntó si Gustavo Petro conocía el movimiento de recursos, recibió una respuesta negativa.

Asimismo, aseguró que posteriormente tuvo conocimiento de otros presuntos traslados de dinero entre Venezuela y Colombia. En esas operaciones mencionó a Grau, Fernández Alcocer y Agmeth Escaf, de quienes afirmó que mantenían relaciones con Alcocer.

También sostuvo que existieron desacuerdos económicos entre la ex primera dama y Escaf, aunque no presentó en la entrevista documentos que permitieran establecer el origen o destino de esos recursos.

Las acusaciones se extendieron al supuesto transporte de sustancias ilícitas. Ferrer manifestó que recibió información sobre fotografías en las que Alcocer aparecería descendiendo de una aeronave con maletas grises que, según le dijeron, contenían droga.

Al ser interrogada sobre la participación de Grau, respondió que este le había confirmado que en los viajes existían movimientos relacionados con estupefacientes.

Respecto de las aeronaves utilizadas, precisó que los desplazamientos se habrían realizado en un avión asignado a la primera dama. Agregó que la coordinación de esos vuelos estaba a cargo de Carolina Plata y que las operaciones se manejaban con reserva.

Sin embargo, su testimonio no incluyó registros de vuelo, fotografías verificadas, documentos de carga ni otras pruebas materiales que acreditaran el supuesto transporte de droga.

En relación con el tráfico de armas, Ferrer mencionó a un grupo de ciudadanos italianos, entre ellos Enrico Romagnoli, a quien dijo haber conocido durante una reunión en Barcelona y encontrado posteriormente en Colombia. También señaló que Romagnoli habría acompañado a Alcocer durante una visita a Suecia.

La exasesora explicó que sus sospechas surgieron después de recibir una llamada en la que le advirtieron que algunas de las personas sobre las que había hablado estaban relacionadas con negocios de armas y drogas. No obstante, reconoció que no participó en varias de las reuniones que mencionó y que parte de su conocimiento provenía de conversaciones con terceros.

Sobre la financiación de la campaña presidencial de 2022, Ferrer aseguró que el empresario Euclides Torres entregó recursos en efectivo para actividades políticas relacionadas con Verónica Alcocer. Calculó que el aporte pudo alcanzar los 250.000 euros, aunque aclaró que se trataba de una estimación personal.

La entrevistada sostuvo que Torres respaldó una estrategia orientada a movilizar el voto femenino. Cuando le preguntaron si esos recursos habían sido reportados oficialmente, remitió la pregunta a Ricardo Roa, quien fue gerente de la campaña, y a la organización correspondiente.

Otro de los episodios relatados involucró a Diego Marín, conocido como “Papá Pitufo”. Ferrer dijo que una persona le contó que Alcocer habría enviado a recoger 50.000 euros supuestamente aportados por Marín durante la campaña.

Según esa versión, el encargado se negó a recibir el dinero. La exasesora reconoció que no conocía personalmente a Marín y que no presenció la presunta entrega.

También afirmó que, durante la campaña, Manel Grau organizaba encuentros con personas interesadas en reunirse con Alcocer y que, según información recibida por ella, cada reunión podía costar 50.000 euros. No identificó a quienes habrían efectuado esos pagos ni aportó comprobantes de las transacciones.

Las denuncias incluyeron el supuesto manejo de recursos por parte de Carolina Plata y su esposo, Danilo Romero. Ferrer los señaló como posibles administradores de dinero de la ex primera dama y aseguró que en 2024 Romero habría acudido a la Casa de Nariño para presentar información sobre sus gastos.

Según su versión, Alcocer habría gastado más de un millón y medio de euros o dólares durante aproximadamente año y medio. La entrevistada no precisó la moneda de esa cifra ni presentó soportes contables que permitieran establecer el monto exacto.

De igual manera, manifestó que había recibido información sobre el ingreso de bolsas con dinero a dependencias privadas de la Presidencia y a una residencia relacionada con Grau. Atribuyó a Plata la supuesta coordinación de esos movimientos y de los viajes de Alcocer.

Ferrer también hizo señalamientos sobre presuntas operaciones de lavado de activos en España. Mencionó al exembajador Eduardo Ávila y una posible adquisición inmobiliaria por 3 millones de euros, cuya procedencia de recursos, según afirmó, habría despertado interrogantes.

Sostuvo que organismos de inteligencia conocían movimientos financieros relacionados con esas operaciones, pero se abstuvo de identificar las fuentes de esa información.

En cuanto a la administración pública, la exconsejera señaló que personas cercanas a Alcocer habrían ejercido influencia sobre nombramientos y decisiones en ProColombia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la subdirección del Departamento Administrativo de la Presidencia, Ecopetrol, la Sociedad Portuaria de Cartagena, la Agencia Nacional de Infraestructura, el Fondo Adaptación y el Icetex.

La entrevistada sostuvo que Mario Fernández Alcocer y Agmeth Escaf habrían intervenido en asuntos relacionados con algunas de esas entidades.

En particular, los acusó de promover cambios de funcionarios y de buscar beneficios económicos mediante el control de cargos públicos.

Sobre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, aseguró que ambos habrían ejercido presión para conseguir la salida de una directora. También mencionó presuntas actuaciones contra Carmen Caballero en ProColombia y afirmó que personas del mismo entorno intentaron influir en decisiones relacionadas con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

Ferrer vinculó sus sospechas sobre esta última entidad con las gestiones que, según su relato, realizaban Fernández Alcocer y Escaf alrededor de las emergencias y de actividades en La Guajira.

Afirmó estar convencida de que Alcocer y su primo habían intervenido en esos asuntos, pero no detalló operaciones contractuales concretas ni presentó documentos que demostraran esa participación.

En relación con Ecopetrol, sostuvo que Alcocer y Grau habían respaldado la designación de Ricardo Roa como gerente de la campaña presidencial y que posteriormente personas cercanas a ese grupo habrían conseguido vínculos con la compañía. También aseguró que Grau realizó negocios relacionados con la empresa, sin especificar contratos, montos o fechas.

Las declaraciones abordaron, además, posibles intereses de personas cercanas a la ex primera dama en Suecia, durante el proceso de adquisición de los aviones de combate Gripen. Ferrer mencionó la presencia de Romagnoli y Grau en ese país y las diferencias que, según su percepción, surgieron alrededor del embajador Guillermo Reyes.

Sin embargo, no describió una operación ilícita específica ni aportó evidencia de una intervención irregular en la negociación.

Otro de los señalamientos se refiere a la relación entre Alcocer y Angie Rodríguez. Ferrer afirmó que la ex primera dama habría agredido físicamente a Rodríguez después de su nombramiento como directora del Departamento Administrativo de la Presidencia.

Según la exasesora, Alcocer habría reaccionado contra el nombramiento con insultos y zarandeos. Añadió que recibió información según la cual se habrían borrado grabaciones de seguridad de la Casa de Nariño. Estas afirmaciones tampoco estuvieron acompañadas de registros audiovisuales o documentación en el material publicado.

La exconsejera también describió conflictos personales y laborales con Alcocer. Aseguró que fue retirada de su despacho, que recibió presiones para renunciar y que posteriormente le advirtieron sobre posibles acciones contra su reputación y sus proyectos profesionales.

En ese contexto, sostuvo que personas relacionadas con su antiguo entorno político la amenazaron después de la publicación de unos audios divulgados por Semana el primero de agosto. Relató que recibió una llamada en la que le preguntaron si quería que le dispararan y que, desde entonces, llevaba aproximadamente dos meses escondida.

Las amenazas, según Ferrer, también alcanzaron a su familia en España. Manifestó que personas no identificadas llamaron a su domicilio y advirtieron a sus familiares que tuvieran cuidado al desplazarse. La exfuncionaria afirmó que desconoce la identidad de quienes realizaron esas comunicaciones.

Durante la entrevista solicitó protección al presidente Abelardo de la Espriella y manifestó su disposición a colaborar con la Fiscalía General de la Nación.

“Necesito protección”, reiteró al explicar las razones por las que decidió hacer públicas sus acusaciones.

En cuanto a Gustavo Petro, Ferrer aseguró que el expresidente conocía algunas de las actuaciones de personas cercanas a Alcocer. Sostuvo que, en una conversación, el entonces mandatario habría cuestionado la conducta de Mario Fernández Alcocer y Agmeth Escaf, y que posteriormente le expresó su inconformidad por las declaraciones contra la madre de sus hijos.

La exasesora también responsabilizó políticamente a Petro por permitir, según su interpretación, que integrantes de su círculo cercano obtuvieran beneficios económicos. No obstante, admitió que desconocía el alcance de su participación en varios de los hechos denunciados.

Otro episodio descrito estuvo relacionado con la posesión presidencial de 2022. Ferrer aseguró que durante la organización del evento surgió un faltante de 350 millones de pesos correspondiente al IVA que no había sido incluido en los presupuestos iniciales.

Según explicó, ese dinero fue conseguido mediante un préstamo del empresario Antonio López, gestionado con ayuda de Mauricio Vélez. Afirmó que el compromiso de devolución no se resolvió oportunamente y que posteriormente se produjeron disputas por el pago de las obligaciones.

También relató que había prestado sus propios ahorros a varias personas relacionadas con sus actividades profesionales y políticas, entre ellas Vélez, Celia Buitrago y Leonardo Collazos. Aseguró que los incumplimientos en la devolución de esos recursos contribuyeron a una crisis personal y económica.

Ferrer sostuvo, además, que le quedaron pendientes cuatro meses de honorarios correspondientes a su trabajo durante la campaña presidencial y que no recibió remuneración por determinadas actividades relacionadas con la posesión y viajes oficiales.

En materia de contratación, mencionó un proyecto de cocinas que habría sido tramitado durante su paso por la consejería. Explicó que solicitó una revisión externa porque consideraba elevado su costo y que posteriormente recibió información sobre movimientos de recursos cercanos al millón de dólares.

No precisó el valor definitivo del contrato ni identificó documentos que demostraran una apropiación irregular.

Finalmente, la exasesora aseguró que teme por su seguridad y que evalúa abandonar Colombia para establecerse en un lugar donde pueda recibir protección. Incluso manifestó que ha considerado renunciar a la nacionalidad colombiana por razones de seguridad.

Le puede interesar: