Calarcá, dos meses después del terremoto: necesita $290.000 millones para reconstruirse

A dos meses del sismo de magnitud 7,4 que sacudió el occidente colombiano, el alcalde Sebastián Ramos advierte que los recursos municipales están comprometidos y que 608 familias perdieron sus viviendas o no pueden habitarlas.

El municipio de Calarcá, Quindío, necesita aproximadamente 290.000 millones de pesos para financiar la reconstrucción y la recuperación económica de las zonas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto de 2026.

Dos meses después de la emergencia, más de 5.000 viviendas presentan daños de diferente gravedad, 608 familias no pueden regresar a sus hogares y cerca de 40 permanecen en alojamientos temporales, mientras la administración municipal espera la llegada de recursos del Gobierno nacional para avanzar en las intervenciones.

El alcalde de Calarcá, Sebastián Ramos, advirtió este sábado 10 de octubre que la capacidad financiera del municipio resulta insuficiente para atender las consecuencias del desastre.

El mandatario explicó que el presupuesto de la administración local ya se encuentra comprometido para la vigencia de 2026, circunstancia que ha limitado las posibilidades de ejecutar obras de reparación, proporcionar soluciones habitacionales y atender las necesidades de las familias damnificadas.

La situación afecta tanto a los habitantes de la zona urbana como a las comunidades rurales de Calarcá, uno de los principales municipios del Quindío. Según el balance entregado por el alcalde, aproximadamente 3.400 viviendas registran afectaciones, otras 1.200 presentan daños de mayor gravedad y 608 sufrieron colapsos parciales o totales o quedaron en condiciones que impiden su ocupación.

Las cifras corresponden a las categorías descritas por la administración municipal y, en conjunto, representan algo más de 5.000 inmuebles afectados.

La pérdida de viviendas constituye una de las principales dificultades para la recuperación del municipio. Las 608 familias identificadas por la Alcaldía como afectadas por daños que impiden habitar sus inmuebles necesitan alternativas de alojamiento mientras se determina cuáles edificaciones pueden repararse y cuáles requieren intervenciones de mayor alcance.

El mandatario señaló que estas personas continúan a la espera del primer subsidio de arrendamiento, una ayuda destinada a facilitar su traslado a viviendas temporales.

El terremoto ocurrió el lunes 10 de agosto de 2026, a las 7:34 de la mañana, con una magnitud de 7,4 y epicentro en San José del Palmar, Chocó, de acuerdo con los registros oficiales incorporados por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

El movimiento telúrico ocasionó pérdidas humanas, destrucción de viviendas, daños en infraestructura y afectaciones económicas en diferentes departamentos del centro y occidente colombiano.

La dimensión de la emergencia llevó al Gobierno nacional a declarar la situación de desastre mediante el Decreto 1171 del 11 de agosto. Posteriormente, el 19 de agosto, se expidió el Decreto 1261, mediante el cual se declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.

Estas medidas establecieron el marco para adoptar mecanismos extraordinarios de atención y recuperación de los territorios afectados.

En el caso de Calarcá, la Alcaldía elaboró y radicó ante la UNGRD un Plan de Acción Específico que contempla las necesidades derivadas del terremoto. El documento, según explicó Ramos, incorpora los daños en viviendas, las intervenciones necesarias para la recuperación y las afectaciones al comercio y a las actividades económicas locales.

La estimación de 290.000 millones de pesos corresponde al conjunto de estas necesidades y no exclusivamente a la reparación de inmuebles residenciales.

El mandatario también manifestó que Calarcá se encuentra entre los 20 municipios más afectados por el terremoto. Esta clasificación fue expuesta por el alcalde durante la entrevista, aunque no se dispone de una relación oficial consultada que permita establecer la posición exacta del municipio dentro del balance nacional de daños.

La atención humanitaria continúa siendo una obligación diaria para la administración municipal. Cerca de 40 familias permanecen distribuidas en alojamientos temporales ubicados en Calarcá y Barcelona, localidad perteneciente al municipio.

Durante los dos meses posteriores al terremoto, las autoridades locales han procurado organizar los espacios disponibles para garantizar condiciones de alojamiento y cierta privacidad a los hogares que perdieron la posibilidad de permanecer en sus viviendas.

Además del alojamiento, la Alcaldía mantiene la entrega semanal de mercados para que las familias puedan preparar sus alimentos. Este mecanismo permite atender parte de sus necesidades básicas mientras se concretan las soluciones habitacionales.

Sin embargo, la permanencia prolongada en los albergues representa una responsabilidad económica y operativa para una administración que, según su alcalde, carece de recursos adicionales suficientes para asumir simultáneamente la asistencia humanitaria y la reconstrucción.

La llegada de los subsidios de arrendamiento permitiría que las familias que cumplan los requisitos puedan trasladarse a inmuebles temporales y abandonar progresivamente los albergues.

También facilitaría que el municipio reorganice los recursos destinados al sostenimiento de estos espacios y los concentre en otras necesidades de recuperación.

Sobre este mecanismo, la UNGRD expidió la Resolución 0765 del 26 de agosto de 2026, que establece el procedimiento administrativo, técnico y financiero para reconocer y pagar apoyos económicos temporales a los damnificados directos del terremoto.

La disposición contempla como potenciales beneficiarios a los hogares registrados oficialmente cuyas viviendas fueron destruidas o declaradas no habitables, siempre que cumplan los requisitos establecidos.

Entre las condiciones previstas por la resolución se encuentran la inscripción en el Registro Único de Damnificados, la certificación municipal de residencia y la identificación de la vivienda como destruida o no habitable. La ayuda constituye una solución temporal y no reemplaza los programas de reparación o construcción definitiva de los inmuebles afectados.

La UNGRD informó el 10 de septiembre que había destinado 42.754 millones de pesos para financiar el primer mes de apoyo económico de vivienda en los territorios afectados, dentro de un esquema previsto inicialmente para tres meses.

No obstante, esa asignación nacional no permite establecer que las 608 familias identificadas por la Alcaldía de Calarcá hayan recibido efectivamente los pagos.

Por el contrario, Ramos sostuvo que los hogares de su municipio continuaban esperando el primer desembolso.
Otro de los problemas expuestos por el mandatario corresponde a la disponibilidad de materiales de construcción para intervenir las viviendas que presentan daños reparables.

Una parte de los inmuebles afectados registra deterioros en paredes, cubiertas y otros elementos que, de acuerdo con la valoración de la Alcaldía, podrían atenderse mediante trabajos de reparación, sin necesidad de sustituir completamente las edificaciones.

Para estas intervenciones se ha planteado la utilización de un banco de materiales que permita entregar insumos a los hogares damnificados. Sin embargo, Ramos cuestionó la insuficiencia de las cantidades disponibles frente al número de viviendas afectadas.

Como ejemplo, mencionó que contar con apenas 1.000 ladrillos y 100 tejas resulta insuficiente para responder a las necesidades de un municipio con aproximadamente 5.000 inmuebles dañados.

La administración local considera necesario disponer de mayores cantidades de materiales y de recursos que permitan establecer prioridades de intervención. Las reparaciones deberán atender las condiciones particulares de cada vivienda y las evaluaciones técnicas correspondientes, especialmente en los casos en que existan daños estructurales o riesgos para sus ocupantes.

En materia de financiación, una de las principales expectativas está concentrada en el Fondo Milagro, creado por el Gobierno nacional mediante el Decreto 1379 del 9 de septiembre de 2026.

De acuerdo con la Presidencia de la República, este mecanismo funciona como un patrimonio autónomo destinado a gestionar y financiar programas de asistencia humanitaria, recuperación, rehabilitación, reconstrucción, reactivación económica y reducción del riesgo en los territorios afectados por el terremoto.

Aunque el instrumento fue creado jurídicamente en septiembre, su puesta en funcionamiento ha requerido procedimientos administrativos y financieros adicionales.

El alcalde de Calarcá señaló que, al momento de su entrevista, apenas habían transcurrido dos días desde la constitución operativa del fondo. La formalización de una fiducia con Fiducoldex constituye uno de los pasos para administrar los recursos destinados a la reconstrucción.

Ramos aseguró que el Fondo Milagro contaba con una disponibilidad inicial de 642.000 millones de pesos para atender las necesidades de los territorios afectados.

Esa cifra fue mencionada por el mandatario municipal y no debe confundirse con el costo total estimado de la reconstrucción nacional ni con una asignación específica aprobada para Calarcá.

La magnitud de las necesidades supera ampliamente la capacidad financiera de una sola administración municipal. En agosto, el presidente Abelardo de la Espriella había señalado que los daños materiales ocasionados por el terremoto podrían demandar inversiones superiores a 30 billones de pesos, de los cuales 24,5 billones corresponderían a edificaciones y 5,5 billones a infraestructura, según una evaluación preliminar divulgada por la Presidencia.

Frente a este escenario, el alcalde de Calarcá insistió en la necesidad de coordinar las actuaciones del Gobierno nacional, la Gobernación del Quindío y las alcaldías.

Explicó que ya se han desarrollado esfuerzos conjuntos entre las autoridades territoriales, pero reconoció que estos no alcanzan para financiar las reparaciones, atender a las familias desplazadas de sus viviendas y restablecer las actividades económicas afectadas.

La reconstrucción también depende de la consolidación de los planes técnicos que orientarán la distribución de los recursos.

El pasado 7 de octubre, la UNGRD anunció que había finalizado la versión preliminar del Plan de Acción Específico para la Recuperación de los territorios afectados por el terremoto, elaborado a partir de evaluaciones de daños, pérdidas, riesgos e impactos.

Según la entidad, para estructurar esta propuesta se analizaron aproximadamente 950.000 datos, se elaboraron 94 informes situacionales y se realizaron más de 100 reuniones técnicas con diferentes sectores y expertos nacionales e internacionales.

El proceso busca identificar necesidades, priorizar proyectos y establecer mecanismos de financiación para la recuperación de las zonas afectadas.

La UNGRD informó que el documento será presentado al Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres el próximo miércoles 14 de octubre, después de la revisión correspondiente, con el propósito de obtener su aprobación.

Una vez surtido ese procedimiento, las entidades nacionales deberán asumir las responsabilidades de ejecución que les correspondan en coordinación con las administraciones territoriales.

Entretanto, Calarcá llega al segundo mes de la emergencia con una parte de sus habitantes fuera de sus viviendas, necesidades de reparación pendientes y una solicitud de financiación que alcanza los 290.000 millones de pesos.

La Alcaldía espera que la puesta en funcionamiento de los mecanismos nacionales de reconstrucción permita avanzar en el pago de los subsidios de arrendamiento, la entrega de materiales y la ejecución de las obras necesarias para recuperar las zonas urbanas y rurales afectadas.

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