Asesinó a 28 personas en los Llanos Orientales y es condenado a 27 años de prisión

Durante cerca de dos años, entre junio de 2014 y febrero de 2016, una estructura criminal conocida como los Libertadores del Vichada ejecutó una serie de homicidios selectivos en distintos municipios del Meta.

Las víctimas quedaron en medio de una confrontación entre organizaciones ilegales que buscaban controlar el tráfico de estupefacientes y consolidar su dominio sobre territorios estratégicos del oriente colombiano.

Uno de los responsables de aquella ofensiva fue Alexander Herrera Ramírez, conocido con el alias de Capi Ortiz, quien terminó condenado a 27 años y ocho meses de prisión.

La decisión fue adoptada por un juzgado penal del circuito especializado de Villavicencio, que avaló un preacuerdo suscrito entre la Fiscalía General de la Nación y Herrera Ramírez.

Según informó el organismo investigador, el condenado participó en una serie de hechos violentos que dejaron 28 asesinatos, además de otros ataques armados ocurridos durante el periodo en el que ejerció funciones de mando dentro de la organización ilegal.

La investigación estableció que alias Capi Ortiz no actuaba únicamente como integrante de los Libertadores del Vichada. Su posición de cabecilla le permitió asumir la coordinación y ejecución de homicidios por encargo, utilizados tanto para enfrentar a organizaciones rivales como para intimidar a las comunidades que se oponían a las actividades criminales de la estructura.

Los hechos se concentraron en Puerto Gaitán, Puerto López y Villavicencio, tres municipios del departamento del Meta que aparecen identificados en el expediente judicial como escenarios de la actividad delictiva.

Allí, la organización desplegó acciones armadas relacionadas con la disputa por el control del negocio de las drogas, una confrontación en la que los asesinatos se convirtieron en instrumentos para imponer autoridad y neutralizar la resistencia de otros grupos.

La Fiscalía señaló que los homicidios selectivos respondían a dos propósitos. El primero consistía en fortalecer el dominio territorial de los Libertadores del Vichada frente a estructuras criminales que disputaban las rentas del narcotráfico.

El segundo buscaba generar temor entre los habitantes de las zonas donde operaba la organización, particularmente entre quienes manifestaban oposición a sus actividades ilegales.

En ese escenario, Herrera Ramírez asumió responsabilidades que iban más allá de su pertenencia al grupo. De acuerdo con lo acreditado por la justicia, participó en la coordinación y ejecución de acciones violentas durante el periodo investigado.

La sentencia establece su responsabilidad penal por homicidio agravado y homicidio agravado en grado de tentativa, en concurso homogéneo.

Uno de los episodios reconstruidos por los investigadores ocurrió el 10 de febrero de 2016, cuando integrantes de la Policía Nacional adelantaban una diligencia de registro y allanamiento en el municipio de Mosquera, Cundinamarca.

El procedimiento tenía como propósito capturar a Alexander Herrera Ramírez, pero terminó en un enfrentamiento violento que dejó a dos uniformados afectados.

Durante la operación, Herrera Ramírez intentó escapar en un vehículo desde el cual se realizaron disparos con armas de fuego contra los policías que participaban en el procedimiento.

Uno de los agentes resultó herido por la agresión armada, mientras que otro fue atropellado por el automotor utilizado durante la huida.

El ataque quedó incorporado a la investigación penal como uno de los hechos que permitieron establecer la participación del cabecilla en acciones violentas contra integrantes de la fuerza pública.

La diligencia, inicialmente dirigida a hacer efectiva su captura, terminó convirtiéndose en otro episodio de la trayectoria delictiva que fue examinada por las autoridades judiciales.

La reconstrucción de estos acontecimientos estuvo a cargo de un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, dependencia de la Fiscalía General de la Nación que adelantó las labores investigativas para identificar los hechos atribuidos a Herrera Ramírez y establecer su responsabilidad.

Como resultado de ese trabajo, los investigadores identificaron 28 eventos delictivos en los que participó el condenado.

El comunicado oficial presenta estos hechos dentro de la investigación por la ola de asesinatos y ataques armados, aunque no individualiza a las víctimas ni precisa las circunstancias de tiempo, modo y lugar de cada uno de los homicidios.

El proceso judicial culminó con la suscripción de un preacuerdo entre la Fiscalía y Alexander Herrera Ramírez.

Este mecanismo permitió que el acusado aceptara responsabilidad penal en los términos pactados con el organismo investigador, sujetos a la revisión y aprobación del juez competente.

Tras examinar el acuerdo, el juzgado penal del circuito especializado de Villavicencio lo avaló y declaró responsable a Herrera Ramírez por los delitos de homicidio agravado y homicidio agravado en grado de tentativa, en concurso homogéneo.

La pena principal quedó fijada en 27 años y ocho meses de prisión, equivalentes a 332 meses de privación de la libertad.

Además de la condena de prisión, el despacho judicial impuso una sanción de 20 años de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas. Esta decisión constituye una pena adicional a la privación de la libertad y forma parte de las consecuencias jurídicas establecidas en el fallo.

La trayectoria de alias Capi Ortiz ya había sido objeto de investigaciones policiales años antes de conocerse esta condena.

En febrero de 2016, las autoridades reportaron su captura en Bogotá, después de una operación de seguimiento relacionada con sus actividades en el departamento del Meta.

Para entonces, Herrera Ramírez figuraba entre los integrantes de los Libertadores del Vichada buscados por su presunta participación en homicidios y extorsiones.

Según los reportes de aquella época, el operativo de captura se desarrolló en una vivienda del barrio San Francisco, en la localidad de Ciudad Bolívar, en Bogotá.

La detención estuvo a cargo de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) de la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía 74 de la Unidad contra el Crimen Organizado.

Las informaciones conocidas entonces también daban cuenta de las disputas internas que atravesaban los Libertadores del Vichada después de la muerte de Martín Farfán Díaz González, alias Pijarbey, ocurrida en septiembre de 2015.

Su desaparición dejó una confrontación entre distintos mandos de la organización por el control del narcotráfico y de su aparato armado.

En ese contexto, Herrera Ramírez adquirió influencia sobre las actividades criminales desarrolladas en Puerto Gaitán y Puerto López.

Los reportes de 2016 lo identificaban como uno de los hombres que buscaban consolidar su poder dentro de la estructura, en medio de enfrentamientos con otros cabecillas interesados en controlar las operaciones ilegales de la organización.

La investigación que ahora concluye con una condena permite establecer judicialmente parte de las responsabilidades penales de Herrera Ramírez durante aquel periodo.

Los asesinatos selectivos, la intimidación contra las comunidades y los ataques armados quedaron vinculados a las actividades de los Libertadores del Vichada en el departamento del Meta.

Sin embargo, el comunicado de la Fiscalía no precisa la identidad de las 28 víctimas mencionadas en su encabezado, ni establece cuántos de los 28 eventos delictivos identificados corresponden exclusivamente a homicidios consumados y cuántos a tentativas u otros ataques.

Tampoco informa si existen otros procesos judiciales pendientes contra el condenado o investigaciones relacionadas con los demás integrantes de la organización.

La decisión del juzgado especializado de Villavicencio cierra así una etapa judicial relacionada con hechos cometidos hace más de una década.

La sentencia establece una pena de 27 años y ocho meses de prisión para Alexander Herrera Ramírez, alias Capi Ortiz, por su responsabilidad en la violencia ejercida por los Libertadores del Vichada en el oriente del país.

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